Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 3802
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) Hacer lugar al recurso de apelación deducida por la parte actora, revocando la sentencia de primera instancia. En consecuencia, hacer lugar a la demanda promovida por PARDO S. A. y condenar a la parte demandada a abonarle a la actora dentro del plazo de diez días de notificada la presente, la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y UNO CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 161.091,31) con más los intereses a la tasa pasiva digital desde la fecha del siniestro y hasta su efectivo pago .- b) Rechazar el daño punitivo pedido.- c) Costas de primera y segunda instancia a la parte demandada (art. 68 del CPCC y su doctrina).-
Diferir la regulación de honorarios de los letrados hasta tanto obre regulación en primera instancia.-
Registro N° 6 /2020
Fojas 41/47
En la ciudad de Pergamino, el 11 de febrero de 2020, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 3802-19 caratulada "PARDO S.A. C/ COOP. ELECT. SERV. ANEXOS DE VIV. Y CRDTO.PERGAMINO LTDA. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", Expte. 61.928 del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia rechazó la demanda que por DAÑOS Y PERJUICIOS instaurara PARDO S. A. contra COOP. ELECT. de SERV. ANEXOS y VIVIENDA DE PERGAMINO LTDA.. Aplicó las costas a la parte actora vencida (Art. 68 C.P.C.). Difirió la regulación de los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes en autos y a la mediadora que actuara en el conflicto. (arts. 23, 28 inc. b), 51 y ccdts. de la ley 14.967).
Tal decisorio fue objeto del recurso de apelación por la actora, mediante el escrito electrónico de fecha 12/11/2019, concedido en relación y al solo efecto devolutivo a fs. 205. Mediante el escrito electrónico de fecha 28/11/2019 es evacuado el traslado. A fs. 207 luce llamamiento de autos, providencia que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.
La queja desplegada por el recurrente achaca un análisis fragmentario de los hechos y de la prueba colectada en el decisorio de primera instancia; señala una omisión al considerar la naturaleza de la relación entre las partes y la conducta desplegada por la CELP en oportunidad del reclamo administrativo; dice que se ha quitado relevancia a la práctica abusiva desplegada por la demandada; que se posibilita un enriquecimiento sin causa de aquella y por ultimo que contribuye a la que instancia extrajudicial se transforme en una formalidad previa. Por los principios de economía y celeridad procesal me remito a los puntos detallados de su queja que fueron adjuntados mediante escrito electrónico respectivo.-
Lo cierto es que la sentencia de primera instancia dio por acreditado (teniendo en cuenta lo admitido por ambas partes) que el día 10/05/18 se produjo un cortocircuito en la entrada de alta tensión del transformador de la CELP que abastece el depósito de la actora sito en Parque Industrial de Pergamino, señalándose que concordaron en sus relatos relativos al reclamo efectuado por la actora del que da cuenta la documental aportada a fs. 22 y por la demandada a fs. 76/77, igual resultado acreditatorio se da en punto a los efectos del reclamo y la motivación del mismo (fs. 24, 28/30 y 87/90).-
Pero el magistrado de origen, -por fuera de la controversia acerca de la imperatividad o no de la obligación en cabeza de Pardo SA de colocar dispositivos de protección contra sobretensiones- desestima el reclamo actoral poniendo énfasis en que no se acreditó la existencia del daño invocado, ni que éste fuera específicamente el denunciado en la demanda; admitiendo el decisorio que hubo prueba relativa al valor de los bienes que se enunciaron como dañados pero no hubo acreditación de que los elementos presupuestados fueran los dañados, por lo cual entendió que la carga de acreditar los mismos pesaba sobre quien alega la existencia (art. 1744 CCyC y art. 375 del CPCC y ante el grado de insatisfacción de la misma decidió desestimar el reclamo, poniendo énfasis que no puede trasladarse a la demandada la carga de probar los mismos en tanto se trataría de " prueba diabólica".-
Este punto relativo a la insuficiencia de prueba de la existencia del daño que generó el rechazo de la demanda es precisamente lo que motiva la queja y abre la función revisora.-
No concuerdo con la postura asumida por el operador de primera instancia, lo que seguidamente expondré:
Con las facturas de luz agregadas a fs. 14/20 se acredita que el reclamante es usuario del servicio de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino a la fecha de la ocurrencia del siniestro, a fs. 22 consta la agregación de una nota de fecha 11/05/2018 donde el usuario pone en conocimiento a la CELP del siniestro ocurrido a las 16 hs. del día indicado, detallando un corto circuito en la entrada de alta tensión del transformador de la CELP que abastece el Depósito central de la firma Pardo S. A. situado en el Parque Industrial Pergamino, dejando constancia de una sobrecarga hacia el interior de las instalaciones que dañara varios circuitos detallándose los daños : interruptor difencial 4x4 A.30MA AC G3, cable unipolar 1x10, Terminal SCC 10/2 0 1/4, Reflector led 100 W alta potencia Fud, luz día con mésula, describiendo el total de materiales en $ 150.929 (iva incluido) y mano de obra $ 33.800 más iva, constando la recepción por parte de la CELP en el sello respectivo con fecha 14 de mayo de 2018. Adjuntándose presupuesto a fs. 23 de Raúl Raschetti Instalaciones Eléctricas con el importe de mano de obra descripto. Y factura de Permatel de fs. 25 con el precio de los distintos materiales afectados.-
La respuesta obra a fs. 24 por parte de la CELP señalándose "que con respecto al reclamo ingresado oportunamente notificamos que si bien se registró un evento en la subestación existente en el predio de la empresa, las protecciones exigidas según el tipo de artefactos deberían haber actuado, de manera de no producir el daño indicado en el reclamo". Nota que se repite a fs. 28/29 por la CELP en términos más detallados. En el formulario de reclamo de daños Nro. 3582 presentado por la demandada se consignan los elementos objeto del reclamo y se indica que "los artefactos y/o instalaciones dañadas serán verificados por la distribuidora en su domicilio sometiendo a inspeccionar los mismos" En cumplimiento de ello el 15/06/2018 la Celp se constituyó en la planta de PARDO S. A. con el objetivo de inspeccionar los artefactos dañados.
De esta comunicación epistolar quedó probado que efectivamente se denunció el siniestro, que el mismo fue admitido por la prestataria del servicio de energía eléctrica pero que la misma dije que "las protecciones exigidas deberían haber actuado". Y así lo recoge el juez en la sentencia cuando admite la ocurrencia del siniestro, por reconocimiento de las dos partes, premisa de la sentencia que quedara firme; aunque luego desestima por falta de acreditación probatoria de la existencia del daño.-
Nadie discute ya que las líneas conductoras de electricidad son cosas productoras de riesgo, pues en función de su naturaleza o según el modo de utilización generan una amenaza a terceros y que ante tales características y la índole del factor de atribución de responsabilidad de tipo objetivo, la víctima debe probar la presencia de la instalación y la relación de causalidad entre dicha cosa y el daño ocasionado (cfr doct Ac 33.743, Ac. 47.075, Ac. 51.750, Ac. 61.569 entre otros).-
Habiendo señalado la Corte Nacional que la responsabilidad de la empresa prestataria no sólo emana del carácter de propietaria de las instalaciones sino de la obligación de supervisión que es propia de su actividad, lo que obliga a ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que el servicio público se presta para evitar consecuencias dañosas" (causa A 1800.XXXVIII in re "Acuña, Liliana Soledad c/ Empresa Distribuidora del Sur S.A." Fallos 326:4495 SCBA LP 113015 S Juez DE LAZZARI).-
Trátase de premisas aplicables en la especie en aquella porción en que la demandada pretende exonerarse endilgando a la actora que "las protecciones exigidas según el tipo de artefactos deberían haber actuado de manera de no producir el daño indicado en el reclamo" (fs. 24). Máxime cuando la existencia de las mismas nunca fue objeto de intimación o contralor por la empresa pretastaria del servicio, por lo menos ello no surge de ninguna prueba acompañada.-
Otra cuestión que ha de ser evaluada a favor del reclamo actoral es que toda la legislación provincial (art. 3 Ley 11.769) ordena "proteger adecuadamente los derechos de los usuarios conforme el capitulo XV", creándose organismos de control de Energía Eléctrica (OCEBA) donde se dice expresamente en el art. 62 se encuentran los de "Defender los intereses de los usuarios, atendiendo a los reclamos de los mismos, de acuerdo a los derechos enunciados en el capítulo XV" reforzándose el ámbito protectorio.-
En este contexto normativo citado cabe recordar que la protección de los usuarios impone al prestatario del servicio la demostración que de su parte no hubo culpa en la causación del daño.-
Y máxime aún cuando en el marco de la relación de consumo, que en la especie efectivamente existe, en los términos de la ley 24.240 (según ley 24.999) si el daño resulta de la prestación del servicio, el responsable sólo se liberará total o parcialmente si demuestra que la causa del daño le ha sido ajena.-
Claro está que la demandada ha limitado su accionar a descalificar la conducta de la actora desatendiendo el plexo normativo citado.
Pero el nudo de la cuestión radica sobre la insuficiencia de prueba sobre la existencia del daño fallada por el a quo que causara el rechazo de la demanda, introducidas en la queja, porque las demás cuestiones quedaron firmes.-
Le asiste razón al apelante.-
En materia de consumo, relación acreditada en la especie entre prestador y prestatario de suministro eléctrico, se aplica un criterio de flexibilización probatoria así como la aplicación de las cargas dinámicas o prueba compartida (art. 53 ley 24.249) por el cual se permite hacer caer en ambos litigantes la obligación de aportar elementos de juicio, privilegiando la verdad objetiva sobre la formal.-
O sea aquí la premisa es "debe probar quien se encuentre en mejores condiciones" y así lo recepta la ultima reforma en el art. 53 establece que "los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida".-
En el mismo sentido la SCBA ha dicho que "..todo procedimiento en el que se encuentre en juego una relación de consumo importa la vigencia en materia probatoria de las "cargas dinámicas" principio que es llevado en estos casos a su máxima expresión (SCBA LP Rc 122.162 Int. 15/08/2018).-
Y esto resulta válido en cuanto junto a este principio resulta relevante también la prueba indiciaria puesto que no existe limitación probatoria alguna, permitiéndose que el conocimiento de los hechos que interesan a la litis se alcanza en forma indirecta mediante la prueba de ciertos y determinados hechos a partir de los cuales se los induce mediante un argumento probatorio. CC0000 D0 86250 24/04/2008 Juez Hankovits (SD) .-
En la especie por aplicación de esos principios enunciados, se han colectado una serie de elementos que permiten tener por acreditada la existencia y extensión del daño producto del siniestro, a saber: nota de fs. 22, presupuesto de fs. 23, responde de fs. 24, factura de materiales de fs. 25, 26, presupuesto de fs. 27, responde de fs. 28, 29, 30, el informe técnico de fecha 19/06/2018, la admisión por la CELP de la existencia de un cortocircuito en la entrada de alta tensión del transformador de la que abastece el deposito de la empresa reclamante; la inferencia de que frente a una sobrecarga eléctrica existe la mayor probabilidad de la afectación de los artefactos tales como los invocados como dañados, la descripción de los presupuestos y los materiales que coinciden en forma unívoca con los daños descriptos y resultan compatibles con la sobrecarga de tensión, conforme la documentación que ya he reseñado, (presupuestos y comprobantes de pagos efectuados).-
Conforme el análisis efectuado propicio el acogimiento del recurso, que lleva a la revocación de la sentencia, admitiendo el reclamo, más no en la extensión pedida.-
En efecto, de la documental traída y en orden a la cuantificación recogiendo las facturas y presupuestos de fs. 22, 25, 23, 26, 27, ha de admitirse el importe por mano cuya factura luce a fs. 23 y 27 abonada al electricista Raúl Raschetti por el importe de $ 40.898 (también está incluído el IVA), asimismo en concepto de materiales abonados a Permatel (fs. 25) el importe de $ 11.789,41 y respecto de la documental de fs. 26 de la empresa José Capobianco sólo ha de admitirse el concepto descripto como Reflector LED por el importe de $ 89.590 con más $ 18.813,90 la parte proporcional del IVA correspondiente al producto referido, no admitiéndose el resto de los elementos indicados en esa factura puesto que no fueron invocados específicamente en el rubro daño material detallado a fs. 38 vta. ni tampoco su acreditación fue instada por el actor al solicitar que se libre oficio informativo a José Capablanco S.R.L..-
Por tal motivo la suma de los elementos materiales y mano de obra que se admiten alcanzan el importe de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y UNO CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 161.091,31) en concepto de materiales con más los intereses a la tasa pasiva digital que deberán computarse desde la fecha del siniestro (10/05/2018).-
Más no he de hacer lugar al pedido de daño punitivo pedido en la demanda por diversas razones: Este Tribunal ha sido cuidadoso al momento de aplicar el daño punitivo, puesto que si bien normativamente se encuentra receptado en el art. 52 bis de la LDC consiste en un adicional que puede concederse al perjudicado por encima de la indemnización de los daños que correspondieran, tiene un propósito sancionatorio y está inspirado en el common law. La gravedad del hecho según nos enseña Picasso es tenida en cuenta por la norma para graduar la cuantía de la sanción, más no como condición para su procedencia, indicando que el juez no se encuentra constreñido más que por su buen sentido para que proceda la condena, debiendo tenerse en cuenta requisitos tales como: el incumplimiento del proveedor respecto de sus obligaciones legales con el consumidor, la solicitud de aplicación por el perjudicado, la graduación numérica teniendo en cuenta la gravedad del hecho, la independencia de esta pena con otras indemnizaciones, todo ello claramente expuesto por Picasso en Nuevas Categorías en la Ley de Defensa al Consumidor p. 133 citado por Jorge Mosset Iturraspe y Javier Wajntraub en Ley de Defensa al Consumidor Ley 24.240 y modificatorias Editorial Rubinzal-Culzoni.-
Debiendo tenerse en cuenta que: "El instituto del daño punitivo abastece tres funciones: I) sancionar al causante de un daño inadmisible; II) hacer desaparecer los beneficios injustamente obtenidos provenientes de la actividad dañosa, III) prevenir o evitar el acaecimiento de hechos lesivos similares al que mereciera la punición (CC0203 LP 124158 RSD-229-18 S 25/10/2018 - Carátula: Chacon Damián Esteban c/ Plan Ovalo S.A. de ahorro para fines determinados y otros s/ Daños y Perj. incump. contractual (Exc. estado) - sumario Juba:B356893). Al respecto, en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas en la ciudad de Santa Fe en septiembre de este año, la Comisión 4 sobre "Daño Punitivo" concluyó por despacho unánime que: "Los daños punitivos tienen finalidad preventiva, disuasoria y sancionatoria".
Si bien es cierto que la empresa demandada fue reticente en el reconocimiento de la existencia de los daños, no lo fue en relación a la ocurrencia del siniestro, ya que efectivamente admitió el mismo, aunque procesalmente descargara en la conducta de la reclamante la obligación de su evitación y en la de acreditar los daños. Más entiendo que esta postura ha sido netamente procesal y no puedo estimarla como abusiva o violatoria del principio de buena fe, en tanto es mi convicción que tuvo razones valederas de tipo técnico para sostener mínimamente la resistencia que opuso. Por tal motivo desde aquí se rechaza la pretensión de condena de daño punitivo otrora pedida en demanda.-
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado,
VOTO POR LA NEGATIVA
A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
A la segunda cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo: De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
a) Hacer lugar al recurso de apelación deducida por la parte actora, revocando la sentencia de primera instancia. En consecuencia, hacer lugar a la demanda promovida por PARDO S. A. y condenar a la parte demandada abonarle a la actora dentro del plazo de diez días de notificada la presente, la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y UNO CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 161.091,31) con más los intereses a la tasa pasiva digital desde la fecha del siniestro y hasta su efectivo pago.-
b) Rechazar el daño punitivo pedido.-
c) Costas de primera y segunda instancia a la parte demandada (art. 68 del CPCC y su doctrina).-
Diferir la regulación de honorarios de los letrados hasta tanto obre regulación en primera instancia.-
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
a) Hacer lugar al recurso de apelación deducida por la parte actora, revocando la sentencia de primera instancia. En consecuencia, hacer lugar a la demanda promovida por PARDO S. A. y condenar a la parte demandada a abonarle a la actora dentro del plazo de diez días de notificada la presente, la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y UNO CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 161.091,31) con más los intereses a la tasa pasiva digital desde la fecha del siniestro y hasta su efectivo pago .-
b) Rechazar el daño punitivo pedido.-
c) Costas de primera y segunda instancia a la parte demandada (art. 68 del CPCC y su doctrina).-
Diferir la regulación de honorarios de los letrados hasta tanto obre regulación en primera instancia.-
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.-
Fin de la sentencia