Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 5011
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 5011-23 caratulada "CIRO NORA BEATRIZ C/ BANCO SUPERVIELLE S.A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", Expte. N° 76.517 del Juzgado Civil y Comercial n° 1, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Roberto Manuel Degleue, Graciela Scaraffia, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor Juez Roberto Manuel Degleue dijo:
El magistrado de la anterior sede hizo lugar a la demanda instaurada por Nora Beatriz Ciro, condenando en consecuencia al Banco Supervielle S.A., a abonar a la actora dentro de los diez días de notificada la presente la suma de pesos ochocientos setenta mil cuatrocientos cuatrocientos treinta y nueve ($870.439), con más sus intereses. Aplicó las costas a la parte demandada vencida. Difirió la regulación de honorarios de los letrados y peritos intervinientes.
Dicho decisorio es apelado por la parte actora el 21-6-2023 y por la apoderada del Banco Supervielle S.A. el 15-6-2023, concedidos en relación sendos recursos el 22-6-2023, ambas partes presentaron sus respectivos memoriales el 26-6-2023 y 27-6-2023, confiriéndose los traslados pertinentes el 28-6-2023, siendo contestados por las partes el día 3-7-2023. Ingresados los autos a esta Alzada el 4-7-2023, se llama a autos para resolver, providencia que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser resuelta.
AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA.
Principia su queja agraviándose en forma parcial contra la sentencia dictada en autos respecto al rubro Daño Moral dado que el a quo al momento de mensurar el mismo, fija una suma que no responde a un criterio de equidad, destacando que su parte percibe desde que accedió al beneficio de la jubilación el haber jubilatorio mínimo establecido no pudiendo cubrir sus necesidades básicas, afectando su estado de ánimo y su vida en relación, y teniendo además a su hijo discapacitado a su cargo.
Dice que en los meses de mayo y noviembre de 2017 se le ha retenido el 100% de sus ingresos por la entidad bancaria, siendo el haber jubilatorio mínimo único sustento y tildándo tal proceder como abusivo.
Remarca además, la persecución y las tácticas agresivas que efectuara la empresa vinculada con la demandada que es GEDCO S.A. según surge del informe fechado 24 de octubre de 2022 adjuntado por dicha empresa, exigiera en pandemia el pago de los préstamos adeudados cuando la normativa de emergencia suspendió tales ejecuciones.
Dice que establecer como monto indemnizatorio por daño moral la suma de pesos trescientos mil ($300.000,00) que equivale a una vez y media la canasta básica actual según el INDEC1, resulta insuficiente a tal fin, solicitando se ajuste el mismo al contexto económico y las circunstancias acreditadas en autos.
Señala respecto al daño punitivo reclamado que el monto indemnizatorio impuesto al banco por este ítem, resulta insuficiente, consignando doctrina en apoyo de su postura.
Para dimensionar la ineficacia sancionatoria del monto fijado en tal concepto, propone acudir a un parámetro que permita modular el alcance de la sanción que se persigue con este concepto. Aduce que el importe fijado de pesos trescientos mil ($300.000,00) resulta el equivalente a un (1) salario básico de empleado bancario que inicia la actividad. Manifiesta que resulta así claramente insuficiente para logra el objetivo sancionatorio, incluso, teniendo en cuenta que ésta es una práctica que alcanza a la generalidad de los jubilados y pensionados, siendo éste un caso concreto.
Solicita se haga lugar al recurso interpuesto y se ajusten los montos de los rubros de daño moral y daño punitivo.
AGRAVIOS PARTE DEMANDADA.
Refiere en primer término que se agravia por cuanto el a quo hace lugar a la demanda por daños y perjuicios contra el Banco Supervielle S.A..atendiendo a la valoración de la prueba producida en autos.
Afirma que el objeto del litigio resulta ser carente de todo asidero fáctico, motivo por el cual deviene improcedente la condena a su mandante por daños y perjuicios en los términos de la sentencia en apelación.
Que en cuanto a la valoración de la prueba efectuada por el a quo agravia a su mandante que el mismo no hubiere efectuado una valoración de toda y cada una de las pruebas producidas en autos, como asimismo que hubiere valorado parcialmente las elegidas y así haber arribado a su decisorio final en perjuicio de su representada.
Destaca que como lo menciona el sentenciante de grado no ha existido controversia en cuanto a que la actora fue cliente de su mandante desde enero 2015 y hasta octubre de 2019, y que durante 4 años utilizó los servicios del banco: usaba tarjeta de crédito, solicitó 5 préstamos personales que fueron ingresados a la cuenta de la actora y dispuestos por ésta, e incluso que la misma dejó de pagar los créditos solicitados y mantiene deuda con la entidad bancaria.
No obstante, se agravia en cuanto a que el Sr. Juez ha tenido por válidos los dichos de la actora en lo que se refiere a que hubo un aprovechamiento de su indefensión y necesidad.
Considera que el otorgamiento de los préstamos que fueron solicitados por la actora con la debida información de todos los recaudos que establece la ley, que fueron suscriptos por la misma en plena libertad, cuyos montos ingresaron en su cuenta y fueron dispuestos por la misma, y los cuales adeuda hasta el presente han constituidos todos ellos una operatoria irregular.
Refiere que se ha probado con la pericia caligráfica que la firma inserta en los contratos de préstamo le corresponden a la actora, es decir que la misma estaba al tanto de los términos y alcances de su operatoria y el monto de las cuotas y fechas en que debía abonar de cada uno de los créditos que solicitó.
Asevera que su mandante cumplió acabadamente con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Defensa al Consumidor, que fija las características del préstamo en cuanto a la descripción del bien o servicio que se compra o contrata, el precio al contado en los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios, el importe a desembolsar inicialmente y el monto financiado, la tasa de interés anual que regirá el contrato, el total de los intereses a pagar o el costo financiero total de la operación, el sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses, la cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar, los gastos extras, seguros u otros gastos adicionales que pueden darse. Asevera que la entidad bancaria cumplió con el deber de información, no hubo conducta abusiva, ni afectación a la confianza del consumidor, ni falta de buena fe en el obrar de mi mandante. Por el contrario, sostiene que la actora siempre recibió un trato digno y contó con información veraz y completa de los compromisos que asumía y ello se refleja en la documentación agregada en autos y que fuera reconocida por la actora y en la pericia caligráfica.
Apunta que el juez sentenciante omite dos pruebas fundamentales, en aras de fundar su propia decisión. En primer lugar surge del informe del Banco Central de la R.A que fuera ofrecido como prueba documental en mi conteste punto VI, ap.A-5), y que no fuera desconocido por la actora, que la misma tenía deuda con otras entidades financieras y crediticias: Banco de Servicios y Transacciones SRL; CFN SA; Banco de Servicios Financieros SA, Compañia Financiera Argentina SA; Electronica Megatone SA, Garbarino SAICeI, por lo que no se estaría ante una persona de avanzada edad que desconocía como funcionaban las empresas o entidades que proveen servicios financieros, sino todo lo contrario tenia otorgados prestamos en varias entidades lo que demuestra que conocía bien el funcionamiento de los prestamos, y por lo tanto su supuesto sobreendeudamiento no tuvo que ver con una operatoria irregular de su mandante, sino por su propia conducta.
Por otra parte, puntualiza que se ha omitido considerar lo expuesto por el Sr. perito contador en cuanto a que la actora adeudaba a su mandante las sumas que le fueron concedidas en préstamo y que fueran consumidas por ésta.
Arguye que tampoco se ha valorado que la actora voluntariamente y al solo efecto de no abonar su deuda, se cambió de banco para la percepción de sus haberes jubilatorios en el mes de noviembre/2019.
Sostiene que no se ha probado que la actora sufriera afectación a su integridad psicofísica, los testigos -hija y el nieto de la actora- reconocen que la Sra. Ciro tenía crédito con otras entidades y que los usaba para comprar cosas para la casa y para el consumo de bienes, es decir que la afección invocada y el supuesto desequilibrio económico por variadas deudas no puede imputarse a su parte.
Se agravia también las indemnizaciones de condena establecidas por el juez sentenciante y su cuantificación. Dice que la determinación del daño emergente es arbitraria y sin fundamento alguno. Explica que no ha existido en el caso de autos un perjuicio en el patrimonio de la actora. Por el contrario, los prestamos otorgados fueron incorporados a su patrimonio y dispuestos por ésta.
De manera que otorgar una suma por este rubro constituiría, a su criterio, un error conceptual, ya que configuraría un enriquecimiento sin causa a su favor, por cuanto los consumos por tarjeta de crédito y los préstamos otorgados fueron utilizados por la actora sin que los hubiera cancelado hasta el presente y a fin de evitar su cobro inicia esta aventura jurídica a fin de percibir algo que por derecho no le corresponde.
En relación al rubro daño moral, refiere que la condena por la suma de $300.000, con fundamento en que se ha visto acreditado en autos el padecimiento del actor por haber tenido que reclamar su derecho en forma jurisdiccional, deviene improcedente, no habiendo quedado de modo alguno acreditados los hechos que el a quo menciona en su CONSIDERANDO, y por ello es que mal puede condenarse a su mandante por este rubro.
Dice que el a quo en orden a fundar dicho rubro aduce circunstancias que no ocurrieron en estos autos y refiere a un proceso distinto en clara muestra de que se ha copiado párrafos de otra sentencia. En tal sentido, transcribe el segmento de la sentencia respectivo.
Aduce que cuando la responsabilidad es de raíz contractual, la prueba del daño moral corresponde siempre al actor; en tanto que si la misma resultase de fuente aquiliana, dicho perjuicio se presumiría iuris tantum; y como fundamento de ello, se señala que "esos criterios aparecen indudablemente influidos por lo que sucede más o menos habitualmente ya que, de ordinario, en el incumplimiento contractual sólo resulta afectado un interés económico, siendo excepcional que se produzca un agravio moral".
En el caso de autos, afirma que no concurren en relación a su mandante los presupuestos necesarios para que se haga efectivo el resarcimiento por daño moral. Cita jurisprudencia en tal sentido.
Otro agravio que alega sufrir es por cuanto ha sido condenado a abonar la suma de $300.000 en concepto de Daño Punitivo, condena que por este rubro no resultaría procedente, puesto que la conducta de su mandante no ha resultado ser disvaliosa ni ha vulnerado derecho constitucional alguno de la actora.
Resalta que la aplicación del daño punitivo tiene carácter verdaderamente excepcional y está reservada para casos de gravedad, en los que el sujeto hubiera actuado, precisamente, con dolo -directo o eventual- o culpa grave -grosera negligencia-, no siendo suficiente el mero incumplimiento de las obligaciones “legales o contractuales con el consumidor” mencionadas por el precepto, sino una particular subjetividad, representada por serias transgresiones o grave indiferencia respecto de los derechos ajenos.
Destaca que en estos obrados no se ha probado un obrar doloso de parte de su mandante, tampoco ha omitido cumplir con el deber de colaboración en el presente proceso sino que ha colaborado en la medida de sus posibilidades brindando la totalidad de la información a la que ha tenido acceso y que tampoco ha obtenido un enriquecimiento indebido proveniente del supuesto accionar dañoso aducido por la Sra. Ciro.
Concluye que en el presente caso no se encuentran configurados los mínimos recaudos de admisibilidad necesarios para otorgar la multa civil pretendida.
Por todo lo expuesto, afirma que deberá el superior revocar la sentencia de condena al Banco SUPERVIELLE S.A. por los rubros en cuestión o en su defecto reducirlos sensiblemente y/o ajustarlos a sus correspondientes límites.
En oportunidad de contestar el traslado correspondiente a la expresión de agravios de la parte actora, la accionada refiere que el recurso interpuesto por aquella carece de sustento fáctico y jurídico, remitiéndose en lo sustancial a los argumentos expresados al momento de fundar su propia memoria.
Y en lo que respecta a la contestación del traslado correspondiente a la expresión de agravios de la parte demandada, aduce que la demandada confunde deber de información con los recaudos del contrato de mutuo, pretendiendo dar por cumplida tal obligación con ello, despreciando el carácter de consumidor hipervulnerable de la parte demandada. Asimismo, le resta relevancia a los préstamos contraídos por la actora en otras entidades financieras. Reafirma la procedencia de los rubros indemnizatorios solicitados.
I. Entrando a resolver la cuestión sometida a revisión, advierto que en el presente se han recurrido dos aspectos fundamentales de la sentencia apelada. Por un lado, los agravios de la parte accionada procuran poner en crisis la declaración de responsabilidad del banco demandado. Y por otro, los agravios de ambas partes, aunque con sentidos opuestos, se proyectan sobre la cuantificación de la obligación indemnizatoria impuesta.
II. Por razones de tipo metodológico, y siendo que la declaración de responsabilidad constituye una condición ineludible para ingresar al análisis de la determinación de la extensión del resarcimiento debido a la víctima, he de principiar el análisis por el tratamiento de los agravios expresados por la parte actora.
A tal efecto, me centraré en los argumentos críticos que, a mi juicio, revisten carácter dirimente, recordando, como ha dicho el Alto Tribunal Provincial, que "la obligación de tratar todos los temas esenciales no conlleva la de seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones" (conf. doctr. causas C. 120.221, "Parisi", resol. de 2-XII-2015; C. 120.744, "Del Vasto", resol. de 15-VI-2016; C. 121.440, "Agroservicios El Sauce S.R.L.", resol. de 23-V-2017; entre tantas).
III. En aras de visualizar apropiadamente las implicancias derivadas de la primera cuestión, conviene descomponer el procedimiento lógico-jurídico mediante el cual el operador determina la existencia de la obligación resarcitoria.
Frente a una acción de daños y perjuicios, la secuencia lógica del operador jurídico se divide en dos etapas: 1) la declaración judicial de la responsabilidad o no del sindicado, 2) en caso de que se lo considere responsable, la determinación de la indemnización. Y dentro de ella, la selección cualitativa de los daños que integran la obligación indemnizatoria, y la cuantificación de esos daños con miras a traducirlo en una indemnización.
La primera etapa -de carácter necesario y esencial a todo juicio de daños-, se realiza mediante la verificación acumulativa de los presupuestos de la responsabilidad civil: a) conducta antijurídica, b) el daño resarcible, c) la relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño, d) el factor de atribución de responsabilidad. Si se verifican todos los presupuestos, corresponderá declarar la responsabilidad del sindicado. Caso contrario, corresponderá declarar su irresponsabilidad.
En caso de que se declare la responsabilidad del demandado, se abre la segunda etapa -de carácter eventual y condicionada a la verificación positiva de la primera- en la que el operador procede sin más a determinar el contenido de la obligación indemnizatoria, equiparando en principio la medida del resarcimiento con la medida del daño jurídico en relación de causalidad adecuada con la conducta según factor de atribución reconocido y conforme a los límites establecidos por el orden jurídico.
De manera que el primer presupuesto que tenemos que considerar en orden a determinar si existe responsabilidad del demandado es la pretendida antijuridicidad de la conducta que le imputa.
Cabe señalar que los arts. 1066 y 1074 del Código de Vélez identificaban a la antijuridicidad con la ilicitud, al definir a la primera como prohibición legal expresa. Luego, no cualquier hecho generador del daño podría ser calificado como antijurídico, ya que bien podría ocurrir que éste no se encontrara vedado, o bien que se hallase permitido en virtud de una causa de justificación.
No obstante, la doctrina y jurisprudencia han ido suplantando esta idea de antijuridicidad formal por una idea de antijuridicidad material consistente, no ya en la contradicción entre la conducta y la ley, sino más bien en la inadecuación de la primera al ordenamiento jurídico globalmente considerado como conjunto de normas y principios jurídicos.
El Código Civil y Comercial acoge, en efecto, esta última solución en el art. 1717 adoptando un concepto más amplio e integral de antijuridicidad.
En este aspecto, el actor centra la antijuridicidad del obrar del Banco demandado en la violación del deber de información emergente del art. 4 de la ley 24.240. En tanto que la sentencia recurrida es aún más amplia en la identificación del accionar contrario a derecho imputado, al referirse abiertamente a términos tales como abuso de derecho, conducta abusiva, falta de buena fe y no suministro de debida información al consumidor.
Sin embargo, es dable observar que la sentencia apelada no ha especificado las puntuales omisiones en que incurriera el accionado y las conductas que de acuerdo a la diligencia le eran exigible a un proveedor financiero en una situación como la planteada en autos.
Sin perjuicio de ello, y en atención al principio de plenitud de jurisdicción que vincula a esta Alzada en tanto el radio comprensivo de los agravios vertidos así lo permite, se ha de ponderar aquí tal aspecto a fin de establecer si la conducta obrada por la demandada ha estado o no en contradicción con el orden jurídico objetivo.
En este escenario, advierto que constituye un hecho reconocido por ambas partes, y refrendado por la pericia de fecha 7/9/2022 que la parte actora poseía una relación comercial con la demandada, de la cual derivaban las siguientes situaciones: 1) Préstamo otorgado el 18/04/2017 por un monto de $ 76.195.-, pagadero en 48 cuotas de $ 4.128.- cada una, venciendo la primera cuota el 17/06/2017. 2) Préstamo otorgado el 01/08/2017 por un monto de $ 69.734.-, pagadero en 48 cuotas de $ 3.388.- cada una, venciendo la primera cuota el 19/09/2017, 3)
Préstamo por un monto de $ 36.920.-,pagadero en 36 cuotas de $ 2.192.- cada una, venciendo la primera cuota el 15/01/2018. 4) Préstamo otorgado el 26/04/2018 por un monto de $ 10.200.-, pagadero en 48 cuotas de $ 496.- cada una, venciendo la primera cuota el 19/06/2018.
5. Préstamo otorgado el 14/09/2018 por un monto de $ 35.000.
Estamos pues ante típicos contratos de mutuo financiero que ciertamente encuadran en lo dispuesto por el art. 36 de la ley 24.240 en cuanto constituyen operaciones financieras de crédito entre un consumidor (el cliente bancario) y un proveedor (el banco demandado).
Observo a partir de los términos expresados en la demanda que el actor se explaya en consideraciones generales en torno al deber de información, pero no resulta fácil determinar con exactitud
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.