Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 5279
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, estableciendo el daño material en la forma indicada en el punto I de la presente sentencia con más sus intereses posteriores a la fecha de la aprobación de la determinación del daño en el modo indicado en el punto II de la presente sentencia, el daño moral en la suma de $ 1.600.000 y el daño punitivo en la suma de $ 2.000.000, confirmando en lo demás el pronunciamiento de grado.
2Imponer las costas de Alzada a la parte codemandada vencida (art. 69 del CCyC).
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad respectiva (art. 31 de la ley 14.967).
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 5279-24 caratulada "SARMIENTO HÉCTOR MARIO C/ COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.
INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", Expte. N° 66.023 del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Roberto Manuel Degleue y Graciela Scaraffía, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?.
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
A la primera cuestión el señor Juez Roberto Manuel Degleue dijo: El señor Juez de la anterior instancia falló en la presente haciendo lugar a la demanda instaurada, condenando en consecuencia a la parte demandada y a la citada en garantía a abonar al actor, las sumas indicadas en el considerando V, Aps. a) y b), con más los intereses los que se calcularán de acuerdo a lo establecido al tratar los respectivos ítems. Asimismo, condenó a la aseguradora Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A., a abonar a la parte actora una multa de un millón de pesos ($ 1.000.000), aplicó las costas a las demandadas y difirió la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta que medie firme la respectiva liquidación de intereses y gastos.
Mediante el escrito presentado en fecha 4/3/2024 - 16:11:43 hs. interpuso recurso de apelación la parte actora, fundando el mismo en la presentación del día 21/3/2024.
Se agravia en principio el apelante del daño material representado por el valor del vehículo siniestrado y la tasa de interés fijado para este rubro. Dice que si bien la sentencia primera hizo lugar a la condena, al dejar supeditado el monto de dicho rubro a la suma equivalente al valor de cobertura que la aseguradora brinde a un vehículo de similares características, omitió aclarar que dicho valor nunca deberá ser inferior al valor real de mercado del mencionado vehículo. Asimismo, al mencionar los intereses de este rubro los establece de manera incompleta ya que fija los mismos hasta el momento de su determinación y no hasta el momento de su efectivo pago.
Aduce que en el hipotético caso de que la suma asegurada fijada por la aseguradora resulte inferior al precio de mercado, debió aclararse en el fallo que, en tal supuesto, se tomaría este último como base para el cálculo a realizar, lo que evitaría una posible situación de infra seguro en perjuicio del consumidor, situación ésta que se daría en el supuesto caso que la aseguradora informe un valor irrisorio que no coincida con el valor de mercado que ostenta el vehículo siniestrado al momento de practicarse la liquidación. Consigna antecedente jurisprudencial en apoyo de su postura. Respecto de los intereses fijados para este rubro, sostiene que los mismos no resultan adecuados ni justos, ya que solo se aplican desde la fecha del hecho hasta la determinación del rubro, pero nada dice de los que genera la obligación a cargo de los demandados hasta su efectivo pago. Señala que debe corregirse dicha omisión y, en consecuencia, discriminar las tasas de interés que resultarán aplicables conforme a las diferentes etapas de éste proceso hasta lograr que el actor obtenga la satisfacción de su crédito.
Seguidamente solicita se adecue el monto fijado en concepto de daño moral por cuanto se estableció en la sentencia primera, un importe exiguo que no se condice con la realidad, ya que se tomó como parámetro para su fijación el costo promedio de un viaje como el descripto en la demanda, resultando ilógico que el mismo sea inferior al valor actual de mercado. Considera que el monto a fijarse para este rubro debe alcanzar la suma de dos millones de pesos ($ 2.000.000) y/o lo que en más o en menos se determine, con más los intereses fijados en la sentencia de la anterior instancia a contar desde la mora hasta su efectivo pago.
Se agravia asimismo de la no consideración del demandado como productor asesor de seguros, afirmando que el mismo se limita a propiciar un acercamiento entre las partes y a intermediar en la celebración del contrato sin convertirse en parte, carácter que, en cambio, sí tiene el vendedor, adhiriendo a una postura restrictiva a los alcances de la ley de defensa de consumidor y, en consecuencia, considera inaplicable la Ley 24.240 en relación a dicho co-demandado, eximiéndolo de la condena en relación al daño punitivo.
Advierte que el productor asesor de seguros ofrece a los usuarios en general los servicios de una determinada aseguradora. Por ende, realiza una actividad propia de comercialización, ya que comprende la prestación o provisión de servicios así como las prácticas y técnicas destinadas a favorecer la colocación de bienes en el mercado de consumo. Cabe destacar, además, que la “comercialización” es justamente una de las actividades que se encuentran alcanzadas en el concepto de proveedor tal como lo enumera el art. 2 de la Ley de Consumo.
Manifiesta que la responsabilidad de los productores no resulta solidaria sino concurrente al mencionar que todo proveedor es responsable en el cumplimiento de la ley, no debiéndose soslayar que se encuentra sujeto bajo el control estatal a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Se queja asimismo en lo que respecta a los sujetos condenados a abonar el daño punitivo como del monto fijado en la condena, al establecer que la misma alcance a la aseguradora, dejando fuera de la misma al productor de seguros, al considerar que éste último sería un sujeto ajeno a la relación de consumo. Considera el importe otorgado, claramente exiguo, remarcando que no se condice con la finalidad del instituto para el caso de autos al sostener que se trata de un consumidor vulnerable, adulto mayor y con certificado de discapacidad, quien luego de haber mantenido una relación de larga data con los accionados recibe la noticia por parte de la aseguradora que no se hará cargo de la cobertura basando dicha postura en hipótesis artificiosas, que en lugar de intentar buscar una solución rápida, los proveedores obligaron a que el actor tuviera que cursar un reclamo judicial para intentar que sus derechos no continúen siendo vulnerados. Dice que se evidenció un claro desprecio por parte de los proveedores quienes se han desentendido de la situación de la parte actora, sometiéndola a un trato indigno.
Peticiona finalmente que se haga lugar al recurso interpuesto con expresa imposición de costas a cargo de los demandados.
Que a su turno, el demandado apela en fecha 4/3/2024 y la aseguradora en fecha 5/3/2024, recursos que fueron declarados desiertos en fecha 17/4/2024.
Conferidos los traslados pertinentes, fueron evacuados por las partes mediante las sendas presentaciones acompañadas oportunamente. Arribados los autos a esta Alzada, previa vista al Ministerio Público Fiscal, se dictó el llamamiento de autos de fecha 21/5/2024, que habiendo adquirido firmeza, deja la causa en condiciones de ser falladas. Recapitulando, podemos sintetizar entonces los agravios de la parte actora en los siguientes puntos fundamentales: 1) procedimiento judicial adoptado para la determinación del daño material en tanto el a quo se habría apartado indebidamente del valor real del vehículo como módulo de referencia para definir la cuantía del perjuicio patrimonial derivado del incumplimiento contractual. 2) Omisión de establecer intereses por el tiempo transcurrido entre la fecha de aprobación del rubro y el efectivo pago de la indemnización objeto de condena. 3) Cuantificación insuficiente del daño moral en tanto la cifra fijada para la determinación cuantitativa del rubro de referencia no traduciría el valor del bien considerado como placer compensatorio. 4) Eximición del demandado Osvaldo Picco de la condena de daño punitivo y cuantificación insuficiente del monto de referencia, atento al trato indigno dispensado al asegurado y su condición de consumidor hipervulnerable.
Entrando a resolver, he de comenzar señalando que la cuestión sometida a revisión radica primordialmente en la determinación del daño indemnizable y, en particular, en definir la procedencia subjetiva del daño punitivo (es decir, si corresponde extender la condena al productor del seguro) y en evaluar la corrección de la cuantificación del daño material, moral y punitivo efectuada en la instancia de grado. Accesoriamente, la queja se extiende también a la fijación de los intereses por el daño material causado.
I. En relación al cuestionamiento vinculado al daño material, anticiparé mi postura favorable a la recepción del recurso.
Ello así por cuanto este Tribunal ya ha fijado su postura en la causa "Leidi" estableciendo que en los supuestos de destrucción total del vehículo objeto de cobertura corresponde determinar el rubro daño material comprensivo del bien asegurado destruido en función del valor real del mismo.
A fin de evitar reiteraciones innecesarias, he de limitarme a transcribir únicamente la conclusión de esta Alzada en aquel precedente: "En virtud de lo expuesto, entiendo que la convergencia conjunta y armónica de los argumentos expuestos -naturaleza jurídica de la deuda de valor (art. 772 del C.C.), efectos de la mora del deudor (art. 886 del C.C.), principio de reparación plena (art. 1740 del C.C.), las proyecciones del principio de buena fe (art. 9 del C.C.), la función indemnizatoria y protectoria del derecho del seguro (art. 3 de la ley 24.240 y art. 1 de la ley 17.418-, las consecuencias económicas distorsivas producidas por el proceso inflacionario en los últimos tres años en tanto hecho público y notorio (art. 384 del CPCCBA, el control de abusividad de las cláusulas integrativas de contratos de consumo (art. 37 de la ley 24.240), los lineamientos generales de la doctrina legal de la SCBA en materia de determinación de deudas de valor- establece la necesidad de acoger el agravio vertido por el apelante y determinar el rubro resarcitorio reclamado sobre la base del valor actual del automóvil y no sobre la base de la suma asegurada como importe nominal e histórico" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino, causa N° 4925-23 caratulada "Leidi Fatima Gisela c/ Cooperacion Mutual Patronal S.M.S.G. s/ daños y perj. incump. contractual (exc. estado)" . En la especie, nos encontramos con la particularidad decisoria de que el Juez de Primera Instancia estableció un mecanismo de actualización del valor asegurado diferente al previsto por esta Cámara. En concreto, el magistrado de origen dispuso que el resarcimiento del rubro daño material debía hacerse por una suma equivalente a la que actualmente la aseguradora demandada cubra para un vehículo de similares características.
Sin desconocer que el parámetro adoptado por el a quo refleja un evidente progreso sustancial en la tarea de preservar el valor económico real del bien asegurado pues es de público y notorio conocimiento que las compañías aseguradora han ido ampliando el importe nominal de sus coberturas teniendo en cuenta el incremento de los precios de los bienes asegurados como consecuencia del proceso inflacionario generalizado en Argentina, no es menos cierto que la evolución del tal reajuste no garantiza la íntegra cobertura del valor real del vehículo asegurado. En virtud de ello, entiendo que resulta jurídica y económicamente más adecuado establecer una pauta de referencia directamente ligada al valor actual del bien que otra que, si bien no es insensible a dicha variación, no guarda inmediata y exacta correspondencia con el parámetro referido.
Lo expuesto se condice con lo recientemente afirmado por la Corte Provincial en la causa "Barrios" en cuanto a que: "El juez o tribunal interviniente ha de establecer el mecanismo específico de preservación del crédito que, conforme a su estimación fundada, fuere el más idóneo para emplearse en el caso, en modo consistente con la plataforma de hecho que está en la base del litigio (a la luz, v.gr., de la índole del conflicto, la naturaleza de la relación jurídica en la que aquel se ha suscitado, la conducta observada por las partes y los demás factores relevantes comprobados de la causa judicial)". (SCBA, C. 124.096, "Barrios, Héctor, Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios"). Es dable resaltar que la directiva formulada por el Alto Tribunal brindada en la causa de referencia no sólo establece la necesidad de determinar los créditos judicialmente reconocidos a valores actuales siguiendo la propia pauta sentada en las causas "Vera" y "Nidera" (de manera directa en las obligaciones de valor, y de manera condicionada -a la procedencia del planteo de inconstitucionalidad- en las obligaciones dinerarias), sino también la prevalencia de aquellos mecanismos de preservación del crédito que resulten más idóneo para salvaguardar el valor económico comprometido en la obligación adeudada (cf. SCBA, "Vera, Juan Carlos contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", causa C. 120.536, 18/04/2018; SCJBA, "Nidera S.A. contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", C. 121.134, 3/5/2018).
Y es en este entendimiento que la adopción del valor real del automóvil en tanto modo de garantizar el crédito indemnizatorio del asegurado con base en la cobertura contratada se erige como el mecanismo más idóneo, específico y exacto para este tipo de situaciones, toda vez que correlaciona directamente el valor del crédito indemnizatorio con el valor real del bien que brinda fundamento a dicho resarcimiento.
Ahora bien, ocurre que en este caso tenemos que lo decidido por el Juez de grado ha quedado apelado únicamente por la parte actora (atento al decaimiento de los recursos interpuestos por las partes codemandadas según resulta de la resolución de fecha 17/4/2024). Por lo que proceder sin más a la sustitución del criterio aplicado por el a quo por el criterio propiciado por quien suscribe podría resultar potencialmente lesivo de la garantía de la reformatio in peius si de la comparativa entre ambos valores resultase mayor el primero.
En este último sentido, se ha dicho que: "La naturaleza de la Alzada es esencialmente revisora y opera, por elementales razones de congruencia procesal, en el marco de los agravios de las partes -arts. 266, 272 y ccdtes. del Código Procesal Civil y Comercial-, cobrando incluso virtualidad el principio de no reformatio in peius que veda modificar la resolución en perjuicio del propio apelante, en la medida en que no haya mediado recurso de la contraria" (CC0002 MO 56821 RSI-88-10 I 06/05/2010 - Carátula: Flah, Lily Rosa c/Alvarez Mónica del Carmen s/Ejecución Hipotecaria - Sumario Juba: B2351961).
Conjugando sendas razones es que estimo como procedente el agravio formulado por la parte actora para que se modifique el procedimiento de determinación del rubro de referencia. Y es por tal motivo que he de proponer desde aquí que se establezca como límite mínimo de la indemnización otorgada a la accionante por el rubro en cuestión el correspondiente al valor actual del vehículo en caso de que el resultado derivado del procedimiento previsto por el a quo arrojase una cifra inferior; de lo contrario deberá prevalecer este último.
Que dichos numerales habrán de determinarse por vía de incidente en la etapa liquidatoria. Al respecto, es dable referir que si bien en el citado precedente de este Tribunal se procedió directamente a determinar el valor real del bien asegurado en la sentencia de segunda instancia, advierto que aquí la necesidad de asegurar que la comparativa referida se efectúe sobre parámetros numéricos actuales (y no parcialmente corroídos por la inflación operada entre la presente sentencia y el ulterior incidente de liquidación) tornan aconsejable concentrar ambas determinaciones en una misma etapa procesal.
II. En cuanto a los intereses aplicados por el item daño material, advierto que asiste razón al apelante en cuanto a que el Juez de grado ha omitido aplicar intereses por el tramo temporal posterior a la aprobación de la determinación del rubro.
Atento a ello, y con fundamento en el art. 273 del CPCC que habilita al tribunal a decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia aunque no se hubiese pedido aclaratoria, y siempre que se solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar agravios, procederé a la determinación de los intereses aplicables entre la aprobación de la determinación del rubro daño material y el efectivo pago, propiciando que respecto a este segmento de la mora se aplique la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día de su efectivo pago (conf. arts. 7, 768 inc. c) C.C.C.; 622, 623, Cód. Civ.)" (SCBA, "Cabrera, Pablo David c/ Ferrari, Adrián Rubén s/ Daños y perjuicios", causa C. 119.176, 15/6/2016).
III. Transitando al examen del rubro daño moral, entiendo que el motivo de la disconformidad no radica en la elección del valor de referencia adoptado por el a quo como placer compensatorio o satisfacción sustitutiva (art. 1741 del CCyC), sino en la forma en que ha operado su traducción en una cuantía concreta.
En este sentido, el apelante se queja de que el numeral al que arribara el a quo se encuentra por debajo del valor actual de mercado establecido para ese tipo de oferta turística, es decir que no concordaría con lo que vale un viaje a Bariloche por 20 días en un hotel de 3 estrellas que incluya gastos de transporte, alimentación, paquetes turísticos. De manera que en aras de operativizar el criterio expuesto, la tarea que le incumbirá a esta Alzada será la de confrontar los datos de acceso público que existen en relación a un bien de similares características en los sitios web especializados relativos a esta gama de servicios, máxime teniendo en cuenta que a la fecha, y dada la etapa del proceso por la que transita la causa, no obran elementos probatorios en autos que permitan esclarecer el valor actual del bien en cuestión.
Compulsadas diferentes páginas de Internet ampliamente conocidas y dedicadas al rubro de referencia, y teniendo en cuenta las variables indicadas por el Juez de grado a la hora de individualizar la satisfacción sustituta (https://www.turismocity.com.ar/paquetes-turisticos - a - B R C - S a n _ C a r l o s _ d e _ B a r i l o c h e _ A r g e n t i n a ? r = 2 ; https://www.despegar.com.ar/trip/start/FH/CIT_982/CIT_901/2024-06-11/202 4-06-30/CIT_901/2024-06-11/2024-06-30/2?from=PSB&nw=true;
https://almundo.com.ar/packages/results?currencyCode=ARS&exactDate=tr ue&startDate=2024-05-31&endDate=2024-06-19&origin=1282466&destinati on=1282012&multidestination=false&brand=almundo&rooms=2&vh=true), advierto que la cifra dada por el aquo luce insuficiente para sufragar el viaje en cuestión, debiendo la misma elevarse a la suma de $ 1.600.000.-
IV. Llegado el turno de abordar el punto relativo a la procedencia del daño punitivo, he de señalar que, a pesar de que en este tramo particular de la sentencia la argumentación empleada por el juez de grado alcanza un nivel de generalidad que dificulta -pero no imposibilita- reconocer el exacto fundamento del rechazo de la pretensión de daño punitivo dirigida contra el codemandado Osvaldo Picco, advierto que la razón principal en virtud de la cual se ha excluido al accionado referido del radio subjetivo de la condena punitiva no ha estado basada -al menos, principalmente- en la aplicabilidad o no de la legislación consumeril, sino más bien en el carácter del incumplimiento imputable al mismo. Así lo expresa el magistrado de origen en uno de los tramos de la sentencia apelada: "Sin embargo, para la aplicación de la pena se requieren: "…supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva (Stiglitz, Rubén S. y Pizarro, Ramón D., "Reformas a la ley de defensa del consumidor", LL 2009-B, 949). Al presente esta postura se impone en la jurisprudencia nacional que, en forma ampliamente mayoritaria, considera que el mero incumplimiento de la normativa no basta para que proceda la aplicación de la multa civil, propugnando una interpretación sistemática del texto legal. En ese sentido, se señala que para la configuración del daño punitivo debe concurrir un elemento subjetivo agravado en la conducta del proveedor de bienes o servicios, que se traduce en culpa grave o dolo, negligencia grosera, actitud temeraria o notorio menosprecio por los derechos ajenos, así como un elemento objetivo consistente en un daño que por su gravedad, trascendencia social o repercusión institucional demande la imposición de una sanción ejemplar".
Frente al fundamento denegatorio aportado por el a quo, la parte apelante no ha desarrollado una crítica argumental concreta tendiente a su descalificación, sino que se ha explayado en otras consideraciones atinentes al instituto en cuestión, pero -insisto- no en relación a la razón esgrimida por el magistrado de origen para rechazar la aplicación del daño punitivo en perjuicio del apelante, por lo que debe desestimarse la crítica esbozada. En efecto toda expresión de agravios debe constituir una crítica concreta y objetiva al razonamiento judicial empleado por el juzgador y la identificación de un yerro lógico, fáctico o jurídico en la construcción de la solución jurídica aplicable al caso. De manera que si el a quo basó su decisión en el carácter no calificado del incumplimiento del codemandado Picco y el demandado no controvirtió ese aspecto argumental de la decisión, el agravio no puede tenerse por adecuadamente fundado en lo que a tal punto concierne.
Al respecto ha señalado la SCBA que "... el desarrollo de los agravios a la luz del art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial supone, como carga procesal, una exposición jurídica en la que mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencie su injusticia. Requiere así una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto, y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho (conf. Ac. 49.561, sent. del 31-V-1994 en "Acuerdos y Sentencias", 1994-II-383; Ac. 53.320, sent. del 19-XII-1995 en "Acuerdos y Sentencias", 1995-IV-674; conf. doct. C. 91.877, sent. del 13-XII-2006)"...(causa C 1128-13 S 16/07/2014).-
V. En cuanto al agravio vinculado a la cuantificación del daño punitivo, advierto que el monto establecido en la sentencia de grado luce insuficiente toda vez que no considera la totalidad de circunstancias objetivas y subjetivas relevantes para la definición de la exacta cuantía de la condena punitiva.
A fin de encarar debidamente esta cuestión, he de aclarar primeramente que este Tribunal tiene dicho que: "la graduación del daño punitivo constituye una tarea que necesariamente debe vincularse con las funciones del instituto. Esto es: i) sancionar al causante de un daño inadmisible ii) hacer desaparecer los beneficios injustamente obtenidos provenientes de la actividad dañosa, iii) prevenir o evitar el acaecimiento de hechos lesivos similares al que mereciera la punición. Y en la especie, resulta claro que la plataforma fáctica llama a efectivizar tales funciones: 1) la virtualidad sancionatoria ante el cumplimiento tardío de la obligación adeudada, 2) la desaparición de los beneficios injustamente obtenidos, toda vez que al no entregar el auto en cuestión en tiempo oportuno y descargar sobre el consumidor el costo de la espera, el proveedor no se vio envuelto en el infortunio de tener que salir a buscar un producto sustituto en el mercado nacional o extranjero con el consiguiente encarecimiento de la prestación que ello hubiese implicado (en este caso, el enriquericimiento operó por vía negativa, es decir por no disminución del patrimonio en circunstancias en que debió haber mermado), 3) prevenir el acaecimiento de hechos lesivos similares, por cuanto estas dilaciones suelen ser corrientes en el mercado automotriz bajo la modalidad de planes de ahorro" (Cf. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino, causa N° 5070-23 caratulada "BIGLIERI PABLO ERNESTO C/ SAUMA WAGEN SAN ISIDRO S. A. Y OTRO/A S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES", 29/2/24).
En este sentido, la cuantificación de los daños punitivos constituye una operación tendiente a traducir esta sanción en una expresión numérica.
Así pues, debemos partir de la base de que cuando hablamos de la valuación de la suma dineraria que se fijará en contra del demandado en concepto de daños punitivos no sólo nos enfrentamos a las dificultades típicas que trae aparejada la cuantificación de un daño (problemas por falta de criterios objetivos para su apreciación, por ausencia de una medida exacta para su ponderación, por insuficiencia de remedios idóneos para conseguir una reparación adecuada, etc.), sino que además nos encontramos con el singular inconveniente de que no nos estamos refiriendo a un daño en sentido estricto.
Sobre esta línea de pensamiento, y teniendo en cuenta las funciones que cumple el instituto, resulta en algunos casos difícil la fijación de pautas estrictamente objetivas para uniformidad a las cifras de condena, habida cuenta de que los principales parámetros que deben ser valorados revisten naturaleza predominantemente cualitativa.
Sin perjuicio de lo expuesto, no puede perderse de vista que, aunque quede librada al prudente arbitrio judicial, la cuantificación de cualquier daño, incluso el punitivo, debe estar debidamente fundada. Así lo dicho la Corte Nacional al sostener que el ejercicio de una facultad discrecional no constituye eximente del deber de fundar el pronunciamiento (CSJN, Fallos 311:66, 319:1740 y 320:451).
En el caso, y como ya he prevenido, el juez de grado ha identificado algunos aspectos agravantes de la sanción punitiva (carácter culposo y grave de la conducta del compañía de seguro codemandada, beneficio obtenido mediante el transcurso del tiempo, necesidad de evitar futuros incumplimientos) pero ha omitido otros que merecen ser adecuadamente valorados para alcanzar una condena sancionatoria justa.
Entre ellos, he de referir a la condición de octagenario con discapacidad auditiva del actor Héctor Mario Sarmiento en tanto merecedor de una tutela subjetiva acentuada -art. 75 inc. 22 y 36 Const. Pcial.- (tal y como surge del DNI incorporado en archivo adjunto en el escrito de demanda de fecha 4/11/2022 y del certificado de discapacidad acompañado en la ampliación de demanda del 8/11/2022), la relación de larga data desarrollada entre el asegurado y la asegurado en tanto situación que acentúa el deber de información respecto de la suspensión de cobertura en tanto deber de conducta derivado del principio de buena fe objetiva -art. 9 del CCyC- (circunstancia que ha tenido por probada el Juez de grado en la sentencia apelada y que ha quedado consentida por los codemandados en virtud del decaimiento de los recursos interpuestos), la falta de respuesta efectiva por parte de la empresa de traslado ofrecida por la aseguradora (cuestión que entiendo ha quedado probada en tanto la compañía codemandada se encontraba en mejores condiciones para aportar elementos al proceso que permitiesen desmentir tales asertos formulados por la parte actora -art. 53 de la ley 24.240-) y el volumen económico y comercial de la empresa demandada que se autopresenta en su sitio web oficial como una organización empresarial con más de 900.000 asegurados, 7.000 productores asesores, 640 colaboradores y 100 años en el mercado -ver https://mercantilandina.com.ar/quienes-somos/- (este factor también debe ser considerado por cuanto si el monto de la sanción resulta irrisorio para el agente dañador, la eficacia práctica del instituto se torna ilusoria y no desalentará la futura omisión de ilícitos -Cf. POLINSKY, Mitchell A., SHAVELL, Steven, Punitives damages: an economic analysis. Publicado en 111 Harv, L. Rev.869, 1998-).
Atento a lo expuesto, he de propiciar desde aquí una modificación de la condena punitiva que habré de proponer incrementarla a la suma de $ 2.000.000.
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffía por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.
A la segunda cuestión el señor Juez, Roberto Manuel Degleue dijo: De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, estableciendo el daño material en la forma indicada en el punto I de la presente sentencia con más sus intereses posteriores a la fecha de la aprobación de la determinación del daño en el modo indicado en el punto II de la presente sentencia, el daño moral en la suma de $ 1.600.000 y el daño punitivo en la suma de $ 2.000.000, confirmando en lo demás el pronunciamiento de grado.
2. Imponer las costas de Alzada a la parte codemandada vencida (art. 69 del CCyC).
3. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad respectiva (art. 31 de la ley 14.967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffía por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, estableciendo el daño material en la forma indicada en el punto I de la presente sentencia con más sus intereses posteriores a la fecha de la aprobación de la determinación del daño en el modo indicado en el punto II de la presente sentencia, el daño moral en la suma de $ 1.600.000 y el daño punitivo en la suma de $ 2.000.000, confirmando en lo demás el pronunciamiento de grado.
2. Imponer las costas de Alzada a la parte codemandada vencida (art. 69 del CCyC).
3. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad respectiva (art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese. Notifíquese por Secretaría (Ac. 4013 y mod. SCBA)
remitiéndose copia digital de la presente sentencia a los domicilios electrónicos de las respectivas partes. Devuélvase.
Fin de la sentencia