Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 5408
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 5408-24 caratulada "CASTELLI FRANCO LUCIANO Y OTROS C/ SINDICATO DE LUZ Y FUERZA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", Expte. 63.111 del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 3, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia hizo lugar a la demanda instaurada, condenando en consecuencia a Sindicato de Luz y Fuerza de Pergamino, Claudio Schiavonni y Mauricio Chavero a abonar a cada uno de los actores: Franco Luciano Castelli, Julio Ignacio Montero, Marcelo Alejandro Gutierrez, Valentina Lauzzo, en su carácter de heredera del demandante Eduardo Lauzzo, Cristian Ruben Tesone Grasselli, Miguel Gorosito, Lorena Gisela Abraham, Cristian Eduardo Abrego, Cintia Busso, Luciana Noelia Bustos, Claudio Oscar Ginocchio, Diego Oscar Martinez, Claudia Noemi Pizzano, Javier Oscar Rodriguez, Daniel Rodriguez, Marisol Roldan, Joel Andres Toriano, Patricia Vanesa Turco, Adrian Alfredo Del Valle, María Laura Diaz, Jorge Antonio Giuliano, Pablo Martin Colautti, Sandra Nancy Marquez, Karina Veronica Fontana, Walter Osvaldo Gouk, Analia Julieta Lopez y Alvaro Gaston Repetto, dentro de los diez días de notificada la presente, la suma resultante del cálculo establecido en el Considerando V, con más sus intereses calculados del modo establecido en el mismo. Aplicó las costas a la parte demandada, que resulta vencida (Art. 68 C.P.C.). Rechazó la demanda entablada contra Mutual del Sindicato de Luz y Fuerza de Pergamino con costas a los actores perdidosos (Art. 68 del C.P.C.). Difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes y de los peritos, hasta que medie firme la respectiva liquidación de intereses y gastos (Art. 51 ley 14.967).-
Tal decisorio fue objeto de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora (23-8-2024) y por la demandada (21-8-2024), concedidos ambos libremente y en ambos efectos el 26-8-2024. Elevados los autos a esta Alzada con fecha 29-8-2024 se ordenó expresar agravios a la parte actora quien los fundo el 9-9-2024. El día 12-9-2024 se ordenó expresar agravios a la parte demandada quien los fundó el 23-9-2024. El 26-9-2024 se ordenaron los traslados recíprocos, los que fueron evacuados ambos con fecha 4-10-2024. El 8-10-2024 llamamiento de autos, providencia, que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.-
En sustento de la crítica recursiva, la parte actora expresa los siguientes puntos de agravio: 1) Desestimación de la demanda contra la Mutual de Luz y Fuerza 2) Falta de consideración del empobrecimiento que el incumplimiento de la parte demandada implicó para los accionantes al considerar que los pagos no representan un detrimento patrimonial para los actores al no poder acreditar que las mejoras no estuvieran instaladas en las viviendas. 3) Desconocimiento del perjuicio que alegan sufrido por los accionantes ante la posibilidad de hacerse de la vivienda entre el año 2007 y 2018. 4) Insuficiencia del daño moral concedido a los actores al no contemplar las diversas circunstancias negativas a la se vieron expuestos, 5) Fijación del daño punitivo a un valor histórico sin establecer una pauta actualizadora.
A su turno, la parte demandada desarrolla sus agravios en diversos postulados que habré de exponer a continuación. 1) Incorrecta acreditación de la relación jurídica contractual que se tuvo por celebrada entre los accionantes y el Sr. Schiavoni como representante del Sindicato por cuanto la autenticidad de los documentos acompañados fue oportunamente negada, así como también los recibos de pago, convenios relativos a la incorporación de mejoras y pagos alegados por los demandantes, 2) Indebida interpretación de los alcances del contrato al entender que la parte demandada se obligó a realizar con el dinero del pago de los predjudicatarios la infraestructura de los servicios de agua, cloaca, gas y cordón cuneta, toda vez que en la disposición pertinente no se especifica a que se refiere con infraestructura, 3) Ausencia de enriquecimiento de la parte demandada ya que el dinero abonado por los adjudicatarios en relación al contrato suscripto en el 2007 se habría utilizado de manera íntegra en la adquisición de los lotes y realización completa de los trámites correspondientes a la escrituración y a la preparación del terreno como ser estudio del suelo, estudio hidráulico en tanto gestiones onerosas y necesarias para la realización de la infraestructura posterior. 4) Improcedencia del daño moral por cuanto las demoras ocasionadas se habrían debido a un hecho imputable al Instituto de la Vivienda como ente estatal encargado de ejecutar las obras. 5) Indebida aplicación de la ley de defensa del consumidor puesto que el vínculo entre el sindicato y los actores se basa en acuerdos cooperativos para el desarrollo de viviendas y no en una prestación de servicios o la adquisición de bienes por parte de los actores como consumidores finales. 6) Falta de mención a la actuación personal del Sr. Schiavoni en orden a justificar la atribución de responsabilidad a su parte.
Posteriormente, la parte actora -mediante presentación electrónica de fecha 4/10/2924- contestó el traslado. En tal dirección, expresó su desacuerdo respecto al agravio relativo a la supuesta falta de reconocimiento de la documentación por parte de los demandados, ya que estos habrían cumplido con la carga procesal de negar los documentos acompañados de manera puntual y específica, conforme los arts. 354 inc. 1° y 484 del CPCCBA. En cuanto a la determinación de los hechos de la litis, consideró que la sentencia de primera instancia valoró correctamente la falta de prueba aportada por los accionados, quienes no habrían participaron activamente en los trámites procesales ni presentaron prueba relevante que refutara el reclamo. Argumentó que los agravios relacionados con la resolución contractual fueron correctamente desestimados, dado que los demandados habrían incumplido las obligaciones asumidas, generando un empobrecimiento patrimonial de los actores. En vinculación al daño moral, adujo que la cuantificación de dicho perjuicio fue correctamente efectuada en función de la discrecionalidad judicial. En punto a la aplicación de la legislación consumeril, refirió que la sentencia calificó acertadamente al Sindicato como proveedor de servicios conforme al objeto contractual y su estatuto considerando que los actores no son afiliados al Sindicato. Por último, puntualizó que los agravios contra la atribución de responsabilidad solidaria entre el Sindicato y los codemandados estarían sustentados en el aprovechamiento de la figura sindical por los representantes en detrimento de los actores.
En la misma fecha, hace lo propio la accionada respecto al recurso interpuesto por la parte actora. Principió pidiendo que se declare la deserción del recurso de apelación, por no cumplir la actora con los requisitos del art. 260 CPCC, al no formular críticas concretas ni razonadas a los fundamentos de la sentencia de grado. Seguidamente, descalificó el agravio respecto a la responsabilidad de la entidad demandada, argumentando que no se probó el incumplimiento alegado ni el supuesto enriquecimiento ilícito, dado que las mejoras fueron instaladas y solo se abonaron cuatro de las treinta y seis cuotas pactadas. Apuntó también que no se acredita incumplimiento contractual por parte del Sindicato de Luz y Fuerza, ya que las viviendas fueron entregadas y los supuestos retrasos se deben a la intervención del Instituto de la Vivienda. En lo atinente al daño moral, objetó la pretensión actoral de un monto mayor al ya fijado, considerando que la cuantificación del daño moral es arbitrio judicial y se ajustó a parámetros razonables. Finalmente, en relación al daño punitivo, sostuvo que se trata de una multa de carácter sancionatorio y disuasivo, no indemnizatorio, y el monto otorgado por el juez fue razonable y acorde a su finalidad.
I. Entrando a resolver, es dable puntualizar que la temática sometida a revisión gira en torno a la responsabilidad que le fuera atribuida a la parte demandada con motivo de la relación jurídica contractual que deriva de los convenios celebrados por éstas (en el año 2007 y 2013 respectivamente) con la totalidad de los accionantes que impulsan este proceso en punto a la adjudicación de lotes de vivienda. Y subsecuentemente, en la procedencia y cuantía del contenido de la condena pecuniaria que impone la sentencia apelada.
II. Como cuestión previa, resulta importante aclarar que en orden a resolver lo atinente al examen de la responsabilidad y cuantificación del daño patrimonial en tanto concepto de naturaleza intrínsecamente patrimonial que integra la fórmula de condena, el juez de grado se ha servido de la teoría del enriquecimiento sin causa como esquema lógico-jurídico para determinar la medida de la obligación restitutoria a cargo de las partes codemandadas.
Sin perjuicio de las reservas que me merece la pertinencia técnica del referido instituto al presente caso, habré igualmente de ajustar mi análisis a partir de dicha base analítica, habida cuenta de que su utilización en aras de justipreciar la procedencia del reclamo ha sido consentida tácitamente por la parte actora (en tanto no se ha agraviado sobre la atingencia del método utilizado) y por la parte demandada (en tanto su disgusto apunta principalmente a la falta de configuración de los requisitos de procedencia de la figura, más no a su improcedencia como criterio resolutivo -siendo deficitaria por abstracta y genérica la crítica basada en el carácter subsidiario de la mentada teoría-).
Me apresuro en aclarar que aquí no está en juego una cuestión netamente jurídica que pueda ser suplida oficiosamente mediante el principio "iura novit curia", toda vez que desde el prisma del citado instituto no sólo se cifran cuestiones de neto corte jurídico, sino presupuestos fácticos y valoraciones probatorias que ya han direccionado la actividad procesal de las partes en uno u otro sentido conforme se desprende del tenor de los escritos constitutivos de sus respectivas expresiones de agravios de fecha 9/9/2024 y 23/9/2024.
De manera que la modificación en esta instancia del epicentro normativo y analítico de la responsabilidad endilgada a las codemandadas resultaría sorpresiva para las partes en tanto -como he dicho ut supra- éstas han estructurado su faena impugnatoria desde aquella premisa básica.
III. Formulada la aclaración aludida, considero que resulta necesario de modo preliminar traer a colación los lineamientos jurídicos principales que regulan el funcionamiento del instituto mencionado en orden a garantizar su correcta aplicación en el caso concreto.
Desde tal atalaya, es dable referir que el eje cardinal de la teoría del enriquecimiento sin causa están en el tránsito de un valor sin causa de un patrimonio a otro. Este supuesto o antecedente es precisamente el que va a generar una obligación restitutoria que tiene como acreedor al empobrecido por la traslación de un bien o valor de su patrimonio y como deudor al enriquecido.
El punto de partida debe ser entonces fijado en derredor de esta premisa básica: como regla, los enriquecimientos que experimentan las personas deben permanecer dentro de su patrimonio, salvo que exista una causa legal que determine lo contrario. Está en juego aquí el valor seguridad jurídica.
Como consecuencia lógica de lo anterior, cualquier pretensión restitutoria orientada a desvirtuar esa realidad requiere de una sólida justificación que la torne preferible a la seguridad que aquella permanencia proporcione. De ahí que, en caso de duda, por la permanencia del desplazamiento patrimonial y por la no mutación de la situación fáctica existente.
El fundamento de la figura radica en una exigencia de equidad que impide que alguien pueda enriquecerse sin causa a expensas de otro. Por lo que dicho valor jurídico operaría como argumento suficiente para gestar la obligación restitutoria hasta la concurrencia del provecho obtenido.
A nivel positivo, el Código de Vélez -aplicable a la especie por ultraactividad (art. 7 del CCyC) atento a que el traspaso patrimonial injustificado como causa originante de la figura data de una fecha anterior a la entrada en vigencia del Código actual- no contiene una legislación sistemática del instituto. Empero, la vigencia de la regla puede inferirse a partir de sus numerosos supuestos particulares de aplicación. Verbigracia, acción de empleo útil en los casos de nulidad de contrato (art. 1165), gastos funerarios (art. 2307), gestión de negocios impropia (art. 2301), etc. A su vez, el Código vigente contiene una regulación general de la figura en los arts. 1794 y 1795. Y aún cuando esta no resulte inmediatamente aplicable al caso por las razones explicadas ut supra, es dable de ser considerada como argumento interpretativo. En tal orientación, este Tribunal ha dispuesto que: "si bien el citado cuerpo normativo no resulta inmediatamente aplicable al caso, tal circunstancia debe ser tenida en cuenta como pauta interpretativa coadyuvante" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino, "DAVICINO JORGE NEREOC/ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)" , 4/11/2022).
Configurado el enriquecimiento sin causa, nace contra el enriquecido un acción restitutoria que actualmente es conocida como acción de enriquecimiento sin causa o acción "in rem verso". Se trata de una acción conferida a toda persona que ha experimentado sin justa causa una disminución patrimonial a raíz del desplazamiento de un bien que ha salido de su patrimonio, contra quien se ha beneficiado injustamente por ello (GARRICA, Román, El enriquecimiento sin causa: sus caracteres y efectos, JA 1949-IV-685).
Concebida de tal modo la cuestión, es menester la presencia de cinco requisitos básicos: enriquecimiento del demandado, empobrecimiento del actor, correlatividad entre empobrecimiento y enriquecimiento, ausencia de justa causa y subsidiariedad.
1. El enriquecimiento consiste en la obtención de una atribución patrimonial o ventaja económica. Se trata de un concepto amplio que puede ser inferido a través de una comparación entre el estado actual del patrimonio y aquél que presentaría en caso de no haber operado el desplazamiento injustificado de valores.
El enriquecimiento puede producirse de diferentes maneras: a) Por un incremento patrimonial proveniente de un aumento que afecte al activo, tal es lo que sucede cuando se hace ingresar al patrimonio un derecho nuevo (vgr. la propiedad de un auto) o se incrementa el valor de uno ya existente (vgr. se beneficia el propietario de una finca por las edificaciones realizadas en ellas); o bien, por un aumento que afecte al pasivo patrimonial, como sucede cuando se cancela sin fundamento jurídico una deuda que grava el patrimonio de otro. b) Por no disminución patrimonial en circunstancias en que ésta debería producirse. Opera por ahorro o economía de gastos. Tal es lo que sucede cuando se le evita a alguien un desembolso en circunstancias normales debería afrontar (vgr. se sustenta económicamente a un niño, descargando con ello el deber de sus progenitores).
2. Empobrecimiento del demandante: consiste en una merma experimentada por el actor que proviene del egreso de bienes incorporados al patrimonio, o la destrucción o deterioro injustificado de los mismos, como el no ingreso de aquellos que deberían incorporarse.
La necesidad de empobrecimiento es exigida como requisito indispensable de la figura y también tiene importancia para determinar la medida de la acción.
Por regla, el empobrecimiento debe ser tomado en cuenta en el momento en que tuvo lugar. Por tratarse de una deuda de valor no sometida al principio nominalista, deberá tenerse en cuenta tal circunstancia al momento de calibrar la condena.
3. Correlatividad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. Ambos términos deben ser correlativos, expresión que debe entenderse como fenómenos concomitantes. En efecto, es indispensable que exista correspondencia entre ambos. Uno se empobrece porque el otro se enriquece y a la inversa (Cf. MOSSET ITURRASPE, Jorge, El enriquecimiento sin causa, JA, Doctrina, 1970-445).
La intermediación patrimonial de un tercero no es obstáculo para la procedencia de la acción en la medida de que resulte comprobable que el enriquecimiento se ha producido exclusivamente por el empobrecimiento del actor.
4. Ausencia de justa causa: es preciso que no exista una causa legítima que justifique dicha situación de mutación patrimonial.
A contrario sensu, el enriquecimiento es con causa cuando éste tiene una fuente regular, tal es lo que sucede cuando deriva de un acto jurídico válido o de una regla legal o consuetudinaria.
La expresión "causa" alude, en este sentido, a la causa eficiente del enriquecimiento obtenido por el demandado o, lo que es igual, a la existencia de un título legítimo que pueda ser opuesto al demandante para enervar su pretensión restitutoria y mantener el bien o valor incorporado al patrimonio.
La causa debe ser valorada en relación a ambos protagonistas de la acción, conclusión que deviene lógica si se tiene en cuenta el carácter correlativo que debe presidir al enriquecimiento y empobrecimiento.
5. Carencia de otra acción o también llamada subsidiariedad legal: tiene lugar cuando el demandante no dispone de otra acción contra el enriquecido que le permita revertir los efectos del empobrecimiento, obteniendo un beneficio equivalente.
El fundamento de este recaudo se vincula con el carácter de la figura como doctrina praeter legem que condiciona la aplicabilidad de la teoría a otras soluciones semejantes de derecho positivo (PIZARRO, Ramón Daniel, VALLESPINOS, Carlos Gustavo, Obligaciones, Tomo IV, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2008, pag. 112).
IV. Expuestos ya los postulados principales del instituto aplicado en la sentencia apelada, procederé al tratamiento de los agravios expresados por las partes.
IV.1. Ya impuesta en la correspondiente faena, advierto que la primera de las críticas dirigidas por la parte actora radica en que el Juez de grado no habría considerado que los pagos realizados por los adquirentes de los terrenos en cuestión configuran un empobrecimiento.
Una lectura atenta de la resolución apelada me convence de la inexactitud de la diatriba expuesta, por cuanto dichos pagos han sido considerados, más no del modo en que pretende el recurrente. Lo que sentenció el Juez de grado fue que los pagos efectuados que permitieron tener por configurado el enriquecimiento fueron aquellos oblados en cumplimiento del primer convenio celebrado correspondiente al año 2007 obrante a fs. 1300. Tal es así que el convenio concertado entre las partes en el año 2013 que consta a fs. 1308 tiene por objeto la ejecución de las mejoras sobre la vivienda -lo que proporciona la pauta de que las mismas no fueron realizadas-.
Ahora bien, si lo que pretendía el apelante era controvertir que los actos solutorios correspondientes al convenio de pago sobre mejoras del plan de viviendas del año 2013 también debían ser estimados como parte del empobrecimiento sufrido por la parte actora, tenía la carga de atacar el fundamento expresado por el Juez de origen para resolver en sentido contrario, es decir que no se demostró que las mejoras no estuviesen instaladas. El apelante no sólo no ha acreditado dicho extremo, sino que en su expresión de agravios ha rec
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