Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Quilmes, Sala II · Causa 26843
En la Ciudad de Quilmes, en la fecha de la firma digital del presente resolutorio, reunida en acuerdo ordinario la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes, integrada con los Sres. jueces Gonzalo A. López Cardoso y Diego De Rosa, con la presencia de la Sra. Secretaria, Dra. Tatiana Kolesnik, se trajeron para dictar sentencia los autos caratulados "MARITANO MAXIMILIANO C/ DESPEGAR.COM.AR S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", causa Nº 26843.
Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 263 y 266 del CPCC, se practicó el sorteo de ley, que dio el siguiente orden de votación: Dr. Gonzalo A. López Cardoso y Dr. Diego De Rosa.
LA CÁMARA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1. ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?
2. ¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ LÓPEZ CARDOSO DIJO:
Viene el expediente al Tribunal a fin de resolver la apelación interpuesta por las demandadas contra la sentencia definitiva dictada en la anterior instancia el 24/10/2025.
La Sra. magistrada de grado rechazó la defensa de falta de legitimación pasiva articulada por Despegar.com.ar S.A., e hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por el Sr. Maximiliano Maritano contra dicha empresa y Gol Linhas Aéreas S.A., condenándolas al pago de la suma de pesos seis millones quinientos sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis ($ 6.564.546), de acuerdo al siguiente detalle: (i) daño material $1.057.121, (ii) daño moral $1.500.000, (iii) daño punitivo $4.000.000 y (iv) gastos de mediación $7.425.
En materia de intereses, declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 7 de la ley 23.928 y dispuso la actualización del capital mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumidor. Asimismo, estableció para los rubros daño material, daño moral y daño punitivo una tasa pura del seis por ciento (6 %) anual desde la fecha de cancelación del vuelo (12/02/2022) hasta la sentencia y, a partir de allí, sobre los importes actualizados, igual tasa hasta el efectivo pago. Respecto de los gastos de mediación, ordenó su actualización desde la notificación de la demanda y la aplicación de una tasa pura del seis por ciento (6 %) anual hasta su cancelación.
Rechazó el planteo de pluspetición inexcusable formulado por las accionadas, les impuso las costas y difirió la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna.
En lo sustancial, el actor expuso que adquirió a través de la plataforma Despegar.com.ar S.A. pasajes aéreos operados por Gol Linhas Aéreas S.A. para viajar desde Buenos Aires a Natal (Brasil), abonando íntegramente su precio mediante tarjeta de débito. Luego de sucesivas reprogramaciones y modificaciones del vuelo, decidió cancelar la reserva y solicitar el reintegro de las sumas abonadas, recibiendo únicamente una devolución parcial inmediata en concepto de gastos administrativos.
En resumidas cuentas, la referida accionada centró sus críticas en el escrito presentado el 17/12/2025, el que mereció réplica de la contraria (01/02/2026).
Se agravia de la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 24.240. Sostiene que la controversia debió resolverse conforme las normas específicas que regulan el transporte aéreo internacional, en particular el Convenio de Montreal de 1999, el Código Aeronáutico y demás normativa aeronáutica aplicable.
Cuestiona la responsabilidad atribuida a su parte por la falta de reintegro de las sumas abonadas por el actor. Alega que efectuó oportunamente el reembolso correspondiente a la agencia intermediaria y que, por consiguiente, no puede responder por las consecuencias derivadas de la demora en la restitución de dichos fondos al consumidor.
Se queja de la procedencia y cuantificación del daño moral, desde que considera que no se encuentra acreditada la existencia de un perjuicio resarcible atribuible a su parte, y que la sentencia prescinde de las reglas específicas que gobiernan la responsabilidad derivada del transporte aéreo internacional.
Se disconforma con la condena impuesta en concepto de daño punitivo. Estima que no se verifican los presupuestos legales que habilitan la aplicación de dicha sanción, y que la misma resulta incompatible con el régimen previsto por el Convenio de Montreal de 1999.
Reitera el planteo relativo a la limitación de responsabilidad prevista en el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional suscripto en Montreal en 1999.
Reserva el caso federal.
A su turno, la demandada Despegar presentó sus agravios mediante el escrito del día 19/02/2026, que fue contestado por la actora el 04/03/2026.
Cuestiona el rechazo de la defensa de falta de legitimación pasiva y la responsabilidad atribuida a su parte. Sostiene que actuó como mera intermediaria en la comercialización de los pasajes y que la sentencia aplicó erróneamente el régimen de responsabilidad solidaria previsto en el artículo 40 de la ley 24.240, prescindiendo de la normativa específica que regula la actividad de las agencias de viajes.
Asimismo, afirma que la cancelación del vuelo y la ulterior demora en el reintegro de los fondos obedecieron a circunstancias ajenas a su esfera de actuación y control, imputables exclusivamente a la aerolínea.
Se agravia de la valoración de la prueba efectuada en torno a la demora en la restitución de los importes abonados por el actor. Sostiene que la sentencia tuvo por configurada una retención indebida de fondos pese a que fue su parte quien gestionó y obtuvo el reembolso por parte de la transportista aérea, afirmando que la falta de acreditación inmediata obedeció a cuestiones operativas y a la ausencia de los datos bancarios necesarios para concretar la transferencia.
Cuestiona la procedencia y cuantificación del daño moral. Argumenta que no se encuentra acreditada una afectación espiritual indemnizable, que la prueba producida no demuestra la existencia del perjuicio invocado y que el monto reconocido resulta excesivo. Igualmente, objeta la aplicación de intereses sobre dicho rubro.
Se agravia de la procedencia del daño punitivo. Considera que no se encuentran configurados los presupuestos legales exigidos para la aplicación de la multa civil prevista por el artículo 52 bis de la ley 24.240, en tanto no existió una conducta dolosa ni gravemente culposa atribuible a su parte.
Impugna, además, los fundamentos desarrollados en el pronunciamiento en crisis para justificar su imposición.
En subsidio, cuestiona el monto fijado en tal concepto por considerarlo desproporcionado, carente de adecuada fundamentación y ajeno a las circunstancias comprobadas de la causa.
Objeta la declaración de inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928 y el mecanismo de actualización e intereses establecido en la sentencia, toda vez que la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) conjuntamente con una tasa pura del seis por ciento (6 %) anual vulnera el principio nominalista y produce una repotenciación irrazonable de la deuda.
Se disconforma con la aplicación de intereses sobre el daño punitivo desde una fecha anterior a la sentencia. Expone que, dada la naturaleza sancionatoria de dicho instituto, los intereses únicamente podrían devengarse desde el nacimiento de la obligación o, en su caso, desde la mora en el cumplimiento de la condena.
Reserva el caso federal.
4. Conferidos y contestados los traslado de ley, el 07/04/2026 se llamaron autos para dictar sentencia mediante providencia que ha adquirido firmeza, lo cual habilita el dictado del presente pronunciamiento (artículo 263 del CPCC).
4. PUESTO A RESOLVER, corresponde recordar que nuestro más Alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo las que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros y remarcado por destacada doctrina: Fassi–Yánez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado, t.1, p. 825).
En su mérito, no habré de seguir a la parte recurrente en todas y cada una de sus alegaciones sino, tan solo, en aquellas que sean conducentes para decidir este conflicto.
Asimismo, tampoco es deber del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino las que estime apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 274:113; 144:611, entre otros), razón por la cual me inclinaré por las que produzcan mayor convicción, en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa. En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama jurídicamente relevantes (Proceso y Derecho Procesal, Aguilar, Madrid, 1960. p. 791, párrafo 1527), o singularmente trascendentes, como los denomina Calamandrei (La génesis lógica de la sentencia civil, en Estudios sobre el proceso civil, p. 369 y siguientes). A ello puede agregarse que constituye una atribución propia de la magistratura, en el marco del deber de dictar sentencias razonablemente fundadas (argumento artículos 1, 2, 3 y concordantes del CCCN), aplicar el derecho a las cuestiones sometidas a su conocimiento y, por ende, efectuar la calificación jurídica de los hechos controvertidos alegados (en sentido similar: SCBA LP C 122523 S, 10/07/2019, Sumario Juba B 26424; asimismo: FALCON, Enrique M., Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Santa Fe, Rubinzal–Culzoni, 2014, tomo X, p. 180/181).
“Las limitaciones impuestas al juez en cuanto a los hechos (…) no rigen tratándose del derecho, porque aunque las partes no lo invoquen o lo hagan en forma errónea, al juez corresponde calificar la relación sustancial en la litis y determinar la norma jurídica que rige” (ALSINA, Hugo, Tratado teórico práctico de Derecho Procesal, Buenos Aires, Ediar, 2002, tomo II, p. 246).
Corresponde referir que arriba incontrovertido a esta instancia que el 26/10/2021 el Sr. Maximiliano Maritano adquirió a través de la plataforma Despegar.com.ar S.A. pasajes aéreos operados por Gol Linhas Aéreas S.A. para viajar desde Buenos Aires a Natal (Brasil), con fecha de salida el 29/03/2022 y de regreso el 11/04/2022, operación que fue abonada mediante tarjeta de débito.
Asimismo, que luego de sucesivas reprogramaciones y modificaciones del vuelo, el actor decidió cancelar la reserva y solicitar el reintegro de las sumas abonadas, recibiendo únicamente una devolución parcial inmediata en concepto de gastos administrativos.
En cambio, subsiste controversia respecto de las siguientes cuestiones: (i) la responsabilidad atribuida a las empresas demandadas por el reintegro de los importes abonados; (ii) la procedencia y cuantificación de los daños reconocidos; (iii) los accesorios establecidos en el pronunciamiento apelado; y; (iv) la falta de legitimación pasiva invocada por Despegar.
Por razones de buen orden, corresponde comenzar con el tratamiento de los agravios postulados en torno al rechazo de la falta de legitimación pasiva opuesta por Despegar.
La referida se agravia del rechazo de la falta de legitimación, en tanto sostiene que actuó sólo como intermediaria en la comercialización de los pasajes, y que la sentencia aplicó erróneamente el régimen de responsabilidad solidaria previsto en el artículo 40 de la ley 24.240, prescindiendo de la normativa específica que regula la actividad de las agencias de viajes.
La falta de legitimación para obrar encuentra su fundamento en la imposibilidad de quien interviene o es llamado al proceso, de ser parte por no ser titular del derecho cuya tutela jurídica se reclama. Debe distinguirse de la representación procesal, pues, mientras ésta supone la actuación en juicio por cuenta de otro, la legitimación exige que quien demanda o es demandado tenga aptitud para intervenir respecto de un derecho propio que lo vincula directamente con la relación jurídica debatida (Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1998, tomo VI, p. 96 y ss. y 132 y ss.).
En el presente caso y a tenor de los argumentos vertidos en la apelación, corresponde determinar si Despegar puede ser demandada y, eventualmente, resultar alcanzada por la sentencia en su carácter de agencia de viajes intermediaria, como se estableció en la anterior instancia.
Analizadas las actuaciones, adelanto que no le asiste razón a la apelante. La propia empresa ha reconocido haber participado en la operación precisamente en calidad de agencia de viajes intermediaria. Siendo así y encontrándose la contratación comprendida dentro de las previsiones de la ley 24.240, tal como lo sostuvo la Sra. magistrada de grado, dicha intervención le confiere el carácter de proveedora dentro de la cadena de comercialización y, en consecuencia, la posibilidad de resultar comprendida, en caso de corresponder, por el régimen de responsabilidad previsto por dicho ordenamiento junto con la empresa transportista.
En sentido similar se ha dicho que: "los contratos celebrados con agencias de viajes turísticos quedan comprendidos por la legislación de defensa del consumidor, en tanto es un contrato por el cual la agencia se obliga a prestar un servicio (la obtención de los tickets para realizar el viaje) en beneficio final de los cocontratantes, a cambio de una suma de dinero" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, "Alterini, María José c/ Despegar.com.ar S.A. s/ sumarísimo", sentencia del 03/06/2025).
Nada obsta para arribar a tales conclusiones, lo manifestado en torno a que la restitución de los importes abonados dependía de la actuación de la empresa transportista. Tales circunstancias se vinculan exclusivamente con las relaciones jurídicas internas entre las empresas que intervinieron en la contratación y, por lo tanto, carecen de aptitud para impedir que Despegar pueda ser demandada en las presentes actuaciones.
Acreditada la relación de consumo y su intervención como proveedora dentro de la cadena de comercialización, los eventuales inconvenientes operativos, administrativos, burocráticos e incluso las relaciones jurídicas habidas entre las firmas intervinientes, no resultan oponibles al consumidor, quien permanece completamente ajeno al modo en que aquéllas han distribuido entre sí las funciones y responsabilidades asumidas para la prestación del servicio.
Quien celebra un contrato de consumo para la adquisición de un pasaje aéreo, no puede quedar expuesto a la distribución interna de funciones y responsabilidades existente entre los distintos proveedores que intervinieron en la operación, aun cuando una de esas empresas actúe como agencia de viajes intermediaria. Aceptar la postura de la recurrente importaría trasladarle las consecuencias de circunstancias completamente ajenas a su esfera de actuación, solución que resulta incompatible con el sistema protectorio vigente.
"Si hubiera colisión entre una norma especial y otra que protege a los consumidores, primará esta última, siempre que sea más favorable a éstos (...) Por lo tanto, del régimen de derecho que surge de la LDC y de la actual redacción del Código de fondo importaría no sólo complementar sino también modificar o derogar, siquiera parcialmente, las normas de otras ramas jurídicas que se apliquen a la relación de consumo que concretamente se considere, con fundamento en el principio de la interpretación más favorable al consumidor" (Junyent Bas, Francisco y otros, Ley de Defensa del Consumidor, comentada, anotada y concordada, Buenos Aires, Errepar, 2013, p. 12/13).
Tampoco puede ser de recibo lo esgrimido en lo concerniente al régimen especial de las agencias de viajes, toda vez que, en la misma línea de lo sostenido por la anterior magistratura, dada la naturaleza de la cuestión y el orden público que informa la materia, corresponde acudir a la interpretación más favorable al consumidor y, por consiguiente, no resulta jurídicamente posible excluir a Despegar de la posibilidad de ser demandada y, llegado el caso, resultar alcanzada por el pronunciamiento que corresponda dictar en definitiva.
En consecuencia, propondré al Acuerdo el rechazo del agravio vinculado a la legitimación pasiva de la codemandada Despegar.com.ar S.A.
La demandada Gol se agravia de la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 24.240. Considera que la cuestión debió resolverse de conformidad con las normas específicas que regulan el transporte aéreo internacional, en particular el Convenio de Montreal de 1999, el Código Aeronáutico y demás normativa aeronáutica aplicable.
Compulsadas las presentes, se advierte que el marco normativo aplicable a la controversia quedó resuelto mediante la sentencia interlocutoria de fecha 18/08/2023, por la que se decidieron las defensas previas articuladas por ambas demandadas, difiriéndose únicamente el tratamiento de la falta de legitimación pasiva opuesta por Despegar.
Ahora bien, cualquiera sea la solución que finalmente corresponda adoptar respecto de los recursos de apelación deducidos, el encuadre normativo de la controversia ha quedado definitivamente fijado mediante el referido pronunciamiento sobre la base de la relación de consumo que vinculó a las partes. En tal virtud, deviene improcedente el tratamiento de los agravios formulados sobre dicho aspecto (argumento artículos 34, 36, 161, 242, 243, 260, 345, 484 y concordantes del CPCC).
La línea aérea demandada cuestiona la responsabilidad atribuida por la demora en el reintegro de las sumas abonadas. Sostiene que oportunamente efectuó el reembolso a la agencia intermediaria, por lo que no debe responder por la restitución tardía de dichos fondos al consumidor.
Arriba incontrovertido que el actor adquirió los pasajes aludidos como destinatario final, al tiempo que las demandadas, ambas empresas que desarrollan profesionalmente dicha actividad, participaron en la contratación celebrada.
La pretensión articulada no se dirige a cuestionar aspectos propios de la ejecución del transporte aéreo ni la aplicación de las normas que específicamente lo regulan, sino a obtener la reparación de los daños y perjuicios que el accionante dice haber sufrido como consecuencia del incumplimiento que endilga a las demandadas. Sostiene que abonó íntegramente el precio requerido, que el viaje no pudo concretarse por causas que les imputa y reclama el reintegro de las sumas abonadas a valores actuales, con más sus intereses y demás rubros resarcitorios.
De tal forma se advierte que nos encontramos frente a una controversia derivada de una relación de consumo, sin que la normativa especial invocada proporcione una respuesta suficiente para resolver debidamente las cuestiones aquí debatidas, todo lo cual permite subsumir el vínculo entre las partes dentro del sistema protectorio del consumidor (argumento artículo 42 de la Constitución Nacional; argumento artículos 1, 2, 3, 40 y concordantes de la ley 24.240 y argumento artículos 1092 y concordantes del CCCN).
Las expresiones vertidas no alcanzan a conmover el criterio seguido, desde que la especialización de las empresas demandadas, aun cuando una de ellas actuara
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