Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Quilmes, Sala II · Causa 32608
En la Ciudad de Quilmes, en la fecha de la firma digital del presente resolutorio, reunida en acuerdo ordinario la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes, integrada con los Sres. jueces Gonzalo A. López Cardoso, Diego De Rosa y el magistrado subrogante, Edgardo Pablo Molíns, con la presencia de la Sra. Secretaria, se trajeron para dictar sentencia los autos caratulados "RODRIGUEZ ROMINA GISELLE C/ GUIDO GUIDI SA Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)" , causa Nº 32608.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 263 y 266 del CPCC, se practicó el sorteo de ley, que dio el siguiente orden de votación: Dr. Gonzalo A. López Cardoso, Dr. Diego De Rosa y Dr. Edgardo Pablo Molíns.
LA CÁMARA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1. ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?
2. ¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ LÓPEZ CARDOSO DIJO:
Viene el expediente al Tribunal a fin de resolver la apelación interpuesta por Volkswagen Argentina S.A. contra la sentencia definitiva dictada el 21/10/2025.
La Sra. magistrada de grado hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por la Sra. Romina Giselle Rodríguez contra Guido Guidi S.A. y Volkswagen Argentina S.A. y las condenó a abonar $13.061.112, comprensivos de (i) $5.000.000 por daño moral, (ii) $1.000.000 por daño emergente y (iii) $7.061.112 por daño punitivo.
En materia de intereses, declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 7 de la ley 23.928 –según ley 25.561–, fijó la indemnización a valores actuales y adicionó al capital una tasa pura del 6% anual desde el hecho lesivo –18/03/2013– hasta la sentencia, disponiendo que, en caso de falta de pago dentro del plazo allí establecido, el capital se actualice conforme al Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Impuso las costas a las demandadas y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
En la demanda la actora manifestó que el 01/03/2011 adquirió en la concesionaria Guido Guidi S.A. un vehículo Volkswagen Suran, dominio JLP-097 y que durante el período de garantía comenzó a presentar diversos desperfectos mecánicos.
Desde el 06/02/2012 debió ingresarlo reiteradamente al servicio técnico por el encendido del testigo de avería, ruidos, filtraciones de agua y problemas en el freno de mano, sin que las sucesivas reparaciones solucionaran definitivamente los inconvenientes.
El 04/02/2013 lo ingresó nuevamente por un fuerte zumbido y vibraciones en la caja de cambios, permaneciendo allí hasta el 12/03/2013 y persistiendo la falla luego de su retiro. El 18/03/2013, mientras circulaba con su familia, la caja de cambios se rompió, por lo que el vehículo fue nuevamente llevado al servicio técnico el 26/03/2013 y devuelto el 28/03/2013, presuntamente reparado y sin constancia de los trabajos efectuados.
Atribuyó los perjuicios reclamados al fabricante y al vendedor, como integrantes de la cadena de comercialización, por el incumplimiento de los deberes de seguridad y reparación a su cargo.
Reclamó daños y perjuicios por la suma de $255.592, o lo que en más o en menos resultara de la prueba, con más intereses, costos y costas.
La accionada centró sus críticas en el escrito presentado el 11/12/2025.
Cuestiona la responsabilidad solidaria atribuida a Volkswagen Argentina S.A. y el rechazo de la falta de legitimación pasiva.
Afirma que no intervino en la compraventa celebrada entre la actora y Guido Guidi S.A. y que el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor no permite responsabilizarla automáticamente por actos propios del concesionario.
Solicita que se admita la defensa o, subsidiariamente, que la responsabilidad recaiga sobre la concesionaria.
2.2. Segundo agravio. Valoración de la prueba en lo atinente al cumplimiento de la garantía
Objeta la valoración de la prueba relativa al cumplimiento de la garantía. Considera que cumplió sus obligaciones al poner a disposición la red oficial de servicio postventa y suministrar las piezas necesarias, siendo la eficacia de las reparaciones responsabilidad del concesionario.
Agrega que no se acreditó un defecto de fabricación irreparable o estructural y pide ser eximida de responsabilidad.
Se agravia del daño moral fijado en $5.000.000 frente a los $52.500 reclamados.
Considera que no se acreditó una lesión espiritual que exceda las molestias derivadas de las reparaciones y solicita el rechazo del rubro o su reducción.
Impugna el daño emergente fijado en $1.000.000 frente a los $5.892 reclamados.
Afirma que los gastos corresponden al mantenimiento y accesorios ordinarios del vehículo, por lo que no resultan indemnizables ni habilitan la estimación prevista en el artículo 165 del CPCC. Solicita el rechazo del rubro o su reducción a lo reclamado y probado.
Critica el daño punitivo fijado en $7.061.112 por ausencia de dolo, culpa grave o grave menosprecio hacia la consumidora y de un beneficio indebido para la fabricante.
Objeta, además, su cuantía y la utilización de Canastas Básicas Totales para determinarla.
Solicita su revocación o reducción.
Se queja de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928 y la actualización por IPC, por considerar que vulnera la prohibición de indexar y, al aplicarse sobre valores actuales junto con una tasa pura del 6% anual desde el hecho, produce una doble recomposición.
Solicita dejar sin efecto la actualización o, subsidiariamente, aplicar una tasa judicial sobre valores históricos o, de mantenerse los actuales, computar la tasa pura desde la sentencia.
El memorial fue contestado por la actora el 28/12/2025. 4) Arribados a este tribunal de alzada, con fecha 22/09/2026 se llamaron autos para dictar sentencia mediante providencia que ha adquirido firmeza, lo cual habilita el dictado del presente pronunciamiento (artículo 263 del CPCC).
PUESTO A RESOLVER, corresponde recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino únicamente aquellas que resulten conducentes para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi–Yáñez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado, t. 1, p. 825).
Del mismo modo, tampoco deben ponderar todas las pruebas producidas, sino aquellas que estimen apropiadas para resolver el conflicto (CSJN, Fallos 274:113; 144:611), inclinándose por las que produzcan mayor convicción en concordancia con los restantes elementos de mérito de la causa.
Constituye una atribución propia de la magistratura, en el marco del deber de dictar sentencias razonablemente fundadas (argumento artículos 1, 2, 3 y concordantes del CCCN), aplicar el derecho y efectuar la calificación jurídica de los hechos alegados y controvertidos (SCBA LP C 122523 S, 10/07/2019, Sumario Juba B 26424; Falcón, Enrique M., Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Sta. Fe, Rubinzal–Culzoni, 2014, t. X, p. 180/181).
Arriba incontrovertido a esta instancia que el 01/03/2011 la Sra. Romina Giselle Rodríguez adquirió en la concesionaria demandada Guido Guidi S.A. un vehículo cero kilómetro marca Volkswagen, modelo Suran, dominio JLP-097, y que durante el período de garantía ingresó reiteradamente al taller de la concesionaria por diversos desperfectos.
En cambio, a tenor de los agravios postulados, subsiste controversia en torno a: (i) la legitimación pasiva de Volkswagen Argentina S.A. y el alcance de su responsabilidad como fabricante; (ii) la procedencia y cuantificación del daño moral; (iii) la procedencia y cuantificación del daño emergente; (iv) la procedencia y cuantificación del daño punitivo; y (v) los intereses y el mecanismo de actualización.
En primer lugar, corresponde tratar los agravios vinculados con la falta de legitimación pasiva opuesta por Volkswagen Argentina S.A.
La falta de legitimación para obrar encuentra su fundamento en la imposibilidad de quien interviene o es llamado al proceso de ser parte por no ser titular del derecho cuya tutela jurídica se reclama. Debe distinguirse de la representación procesal, pues, mientras ésta supone la actuación en juicio por cuenta de otro, la legitimación exige que quien demanda o es demandado tenga aptitud para intervenir respecto de un derecho propio que lo vincule directamente con la relación jurídica debatida (Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1998, t. VI, p. 96 y ss. y 132 y ss.).
Corresponde determinar si la referida empresa, en su carácter de fabricante del vehículo de marras, se encuentra legitimada para ser demandada y, eventualmente, resultar alcanzada por la sentencia, tal como se resolvió en la anterior instancia.
Analizadas las actuaciones, adelanto que no le asiste razón a la apelante.
Ello es así, pues la ajenidad que invoca sobre la base de no haber intervenido en la operación de compraventa del vehículo carece de sustento jurídico suficiente para desvincularla de los alcances del pronunciamiento condenatorio. En efecto, la responsabilidad solidaria que le ha sido atribuida encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 40 de la ley 24.240, en cuanto incluye al fabricante entre los sujetos responsables por los daños ocasionados por el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio.
Nótese que se encuentran acreditados los reiterados ingresos del vehículo al servicio de postventa de la concesionaria demandada durante la vigencia de la garantía. Al respecto, la pericia mecánica a cargo del ingeniero Guillermo Fernando Vitullo, valorada conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 384 del CPCC), dio cuenta de nueve preórdenes de reparación y seis ingresos al servicio por fallas, destacando que el encendido de la luz "check engine" se reiteró en seis oportunidades y que la falla inicial no fue solucionada o, en su defecto, fue sucedida por otras averías.
El experto precisó que, a partir del 04/02/2013, comenzaron a manifestarse zumbidos y vibraciones en la caja de velocidades que persistieron luego de su paso por el taller y culminaron con su rotura mientras el vehículo circulaba por una autopista. Añadió el ingreso de agua por la puerta del acompañante y ruidos al accionar el freno de mano, y entendió inadmisibles las fallas de la caja para un vehículo de tan escasa antigüedad y kilometraje, destacando que su rotura generó un episodio de extrema peligrosidad para sus ocupantes y terceros.
De este modo, quedó demostrado que el vehículo fabricado por Volkswagen Argentina S.A. presentó diversos desperfectos durante la vigencia de la garantía y que las reiteradas intervenciones del servicio de postventa de su concesionario oficial no lograron brindar una solución satisfactoria.
A ello puede agregarse que quien fabrica e introduce en el mercado un bien durable de tal naturaleza debe ofrecerlo en condiciones aptas para su correcto funcionamiento y asegurar, durante la vigencia de la garantía y aun después de su vencimiento, un servicio técnico adecuado, pues quien adquiere un vehículo y recurre posteriormente a la red oficial de la marca deposita razonablemente su confianza en la profesionalidad y especialización de quienes intervienen en su fabricación, comercialización y reparación.
De allí que Volkswagen Argentina S.A. no pueda quedar excluida de la responsabilidad derivada de los desperfectos presentados por el vehículo que fabricó ni de las reparaciones insatisfactorias efectuadas por su concesionario oficial en cumplimiento de aquella garantía, respecto de la cual el propio ordenamiento establece la responsabilidad solidaria de los sujetos que integran la cadena de comercialización (argumento artículos 11, 12, 13, 19, 20, 23, 40 y concordantes de la ley 24.240).
Al respecto, nuestro Superior Tribunal ha señalado que "las empresas deberían tener un mayor conocimiento que los consumidores del producto que venden (...) y, en base a ese conocimiento y calidad de lo que ofrecen, asegurar al consumidor un nivel de calidad del producto para que no tenga que transitar un recorrido sesgado de obstáculos (...) para obtener una cosa en óptimas condiciones. Vale decir, el ofrecimiento de una determinada marca en un auto 0 kilómetro llevaínsito una promesa de calidad, en relación al alto costo del producto" (SCBA, C. 115.486, "Capaccioni, Roberto Luis c/ Patagonia Motor S.A. y BMW de Argentina S.A. Infracción a la Ley del Consumidor", sentencia del 30/09/2014).
Nada obsta para arribar a tales conclusiones la circunstancia de que las reparaciones hayan sido materialmente realizadas por la concesionaria y no directamente por el fabricante. Ello responde, en todo caso, a la organización interna de funciones entre quienes integran la cadena de comercialización y no puede ser opuesto al consumidor, quien permanece ajeno al modo en que las empresas han distribuido entre sí las obligaciones asumidas para la venta y atención en garantía del rodado.
Aceptar la postura de la recurrente importaría, por un lado, trasladar al consumidor las consecuencias del modo en que fabricante y concesionario organizaron sus respectivas funciones y, por el otro, admitir que el fabricante quede eximido de responder tanto por los desperfectos presentados por el bien que introdujo en el mercado como por las reparaciones insatisfactorias efectuadas por el concesionario durante la vigencia de la garantía. Y tal solución resulta incompatible con el régimen protectorio aplicable.
Por consiguiente, Volkswagen Argentina S.A., en su carácter de fabricante del automotor que presentó los desperfectos comprobados, se encuentra legitimada para ser demandada y resulta alcanzada por el régimen de responsabilidad solidaria previsto para un reclamo resarcitorio como el de marras, por lo que la sola circunstancia de no haber intervenido directamente en la compraventa no basta para excluirla de la responsabilidad que le ha sido atribuida (argumento artículo 40 de la ley 24.240).
"La responsabilidad que se deriva del daño causado al consumidor por el riesgo o vicio propio de la cosa, halla reconocimiento expreso en la LDC 40, que dispone la solidaridad, en lo que aquí interesa, entre el fabricante y el vendedor. Es que sin duda la quejosa detenta en esta relación la calidad de fabricante y, en tanto no hay ninguna prueba de la que pueda inferirse que la causa del daño le resulte ajena (...) las deficiencias parecieran obedecer a cuestiones que se presentaron desde la fabricación, lo que corrobora su responsabilidad frente al consumidor" (Cámara Nacional Comercial, Sala F, "Alonso Adriana Elena y otros c/ Armoraut S.A. y otro s/ ordinario", expediente COM 12727/2021, sentencia del 31/07/2023).
En consecuencia, corresponde rechazar el agravio vertido al respecto.
Se agravia de la valoración de la prueba vinculada con el cumplimiento de la garantía, al considerar que cumplió las obligaciones a su cargo y que la eventual ineficacia de las reparaciones resulta imputable exclusivamente al concesionario.
Adelanto que el agravio no puede ser admitido.
El fabricante participa del sistema de comercialización y se beneficia de la actividad desarrollada a través de la red de concesionarios mediante la cual coloca sus productos en el mercado, por lo que la circunstancia de que, conforme a su organización empresarial, el servicio técnico sea prestado materialmente por aquéllos no lo exime de la responsabilidad que legalmente le corresponde. En otras palabras, haber puesto a disposición del adquirente una red oficial de postventa no basta para excluir su responsabilidad cuando las reparaciones efectuadas resultaron insatisfactorias.
De ello se sigue que, a la luz de las circunstancias acreditadas, ni las reparaciones efectuadas por el concesionario oficial ni el alegado suministro de las piezas necesarias por parte del fabricante resultan suficientes para liberar a Volkswagen Argentina S.A. de la responsabilidad solidaria que le corresponde frente a un reclamo resarcitorio como el de marras. Las consecuencias derivadas de la organización adoptada para la prestación del servicio no pueden ser trasladadas al consumidor, máxime cuando las intervenciones realizadas no lograron solucionar adecuadamente los desperfectos verificados (argumento artículos 11, 12, 13, 17, 40 y concordantes de la ley 24.240).
Tampoco merece favorable recepción lo señalado en torno a la falta de acreditación de un defecto de fabricación irreparable o estructural, desde que, tal como se indicara, en la especie lo relevante es que el vehículo presentó diversos desperfectos y que, pese a las reiteradas intervenciones del servicio técnico oficial, aquéllos persistieron.
A ello se suma que, dadas las características y entidad del bien de que se trata, su condición de vehículo cero kilómetro y la profesionalidad que ostentan tanto el fabricante como el concesionario oficial, pesa sobre quienes lo introducen y comercializan en el mercado el deber de ofrecer un producto en condiciones adecuadas para su correcto funcionamiento y de brindar una respuesta eficaz frente a las fallas que puedan presentarse.
Una solución distinta no sólo resultaría incompatible con el régimen protectorio y el principio de buena fe que rigen especialmente en las relaciones de consumo, sino que adquiriría especial gravedad cuando los desperfectos, como ocurrió finalmente con la caja de velocidades, resulten susceptibles de comprometer la seguridad del adquirente y de terceros (argumento artículo 42 de la Constitución Nacional y argumento artículos 5, 11, 12, 13, 17, 40 y concordantes de la ley 24.240).
En lo atinente a la valoración de la prueba, es sabido que, particularmente en los procesos de conocimiento, la fuerza probatoria para acreditar los hechos se construye a partir de una apreciación razonada e integral de los elementos incorporados a la causa, complementada, en su caso, con las presunciones judiciales pertinentes (argumento artículo 163 del CPCC).
En el caso no se advierte que la Sra. jueza de grado se haya apartado de las reglas de la lógica, de las máximas de experiencia o que hubiera efectuado una valoración irrazonable de las probanzas producidas (Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, comentado, anotado y concordado, Bs. As., Astrea, 2006, p. 451/452).
Por el contrario, los reiterados ingresos del vehículo al servicio técnico oficial, la persistencia de los desperfectos y las conclusiones de la pericia mecánica anteriormente examinadas brindan suficiente sustento a lo decidido en la anterior instancia. El pronunciamiento apelado aparece así como una derivación razonada de los hechos acreditados y de las pruebas producidas, sustentada en una apreciación integral y coherente del plexo probatorio y del régimen jurídico aplicable (argumento artículos 34, 36, 163, 384, 474 y concordantes del CPCC).
En consecuencia, corresponde rechazar el agravio también en este aspecto.
La demandada entiende que no se acreditó una lesión espiritual que exceda las molestias derivadas de las reparaciones y solicita el rechazo del rubro o, subsidiariamente, su reducción.
El daño moral "es una lesión en los sentimientos, por el sufrimiento o dolor que padece la persona, insusceptible de apreciación pecuniaria. Consiste en el desmedro o desconsideración que el agravio pueda causar en la persona
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