Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 75036
En General San Martín, a los días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala Segunda, integrada en esta oportunidad con la Señora Presidente de esta Excma. Cámara, Dra. María Silvina Pérez (Acs. Exts. 666 y 819 de esta Excma. Cámara), con la presencia del Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa Nº 75.036 caratulada: “ORTEGA, NORA SILVIA C/ LUXCAR S.A. y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, y habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Scarpati y Pérez.
Conforme lo establecido por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar la siguiente
¿Es ajustado a derecho el proveído apelado?
A la cuestión propuesta la señora juez Dra. Scarpati dijo:
I. Que la sentencia de fs. 383/396 que hace lugar a la demanda, condenando a las accionadas a abonar la suma de pesos ciento treinta seis mil, con más sus intereses, es apelada por las partes (fs. 405 ), La actora expresa sus agravios mediante la memoria de fs. 413/416, haciéndolo la accionada Luxcar S.A. a fs. 417/429 y Volkswagen Argentina S.A. a fs. 430/440. A fs. 443/447 y 454/466 se glosan las réplicas de las accionadas respecto de la actora, agregándose a fs. 448/450 y 451/ 453 las de ésta en relación a las nombradas.
Agravios de la actora:
Previa referencia a las alternativas vinculadas a los desperfectos que sufriera el automotor Volkswagen adquirido a la accionada, se queja que no se haya admitido el reemplazo de la unidad por otra cero kilómetro, tras capitalizarse las aserciones del perito en cuánto a que las reparaciones fueron efectuadas bajo las normas vigentes y controles de calidad rigurosos, considerando que al momento de la inspección técnica sus condiciones eran satisfactorias.
Cuestiona así las apreciaciones periciales en la que se fundara la desestimación, sosteniendo que al experto no le consta lo que sostiene, pues no estuvo presente cuando se llevaron a cabo las reparaciones, señalando que además nada dice sobre la calidad de los repuestos de reemplazo y que luego de la pericia se denunció a modo de hecho nuevo una grave falla en el motor, marcando que incluso el experto indica que “después del reemplazo del motor por uno nuevo surgieron dos inconvenientes en el motor efectuándose las reparaciones satisfactorias”.
Objeta que el rodado se haya reparado en forma satisfactoria, dejándolo en condiciones para su circulación, marcando que a posteriori hubo 6 trabajos distintos, remitiéndose a las explicaciones de fs. 248/249 punto 1) en cuánto desmienten tal afirmación, encontrándose actualmente detenido por problemas mecánicos, sosteniendo que nunca fue apto, estando inutilizable por los largos períodos en el que permaneciera en el taller.
Hace referencia a las fallas de fabricación a que alude el experto a fs. 193/197 apuntando que en tal tramo el perito resulta claro, en el sentido de que la unidad, pese al cambio de motor, no resulta útil para su destino.
Menciona como importante al trabajo vinculado a la colocación del cubre carter, repuesto que debió venir con la entrega del vehículo, no resultando excusa válida la falta de existencia.
Reclama así se haga lugar al reemplazo de la unidad por otra cero kilómetro.
Se queja también de la desestimación del rubro referido a la disminución del valor de reventa la unidad, pues las reparaciones a que debió ser sometido mermaron su valor, cuestionando la afirmación pericial relativa a que el reemplazo del motor mejora su precio, señalando que puntualizó la inconveniencia de vender un producto explicitando todos los problemas que tuvo (fs. 248), aduciendo que por sus convicciones religiosas no acepta ocultar tales circunstancias.
Reclama que en caso de no aceptarse el reemplazo solicitado, solicita se haga lugar a este reclamo en virtud de la merma que comporta el cambio del motor, lo que resulta fácilmente advertible en tanto figura en el título de propiedad, ello más allá de las dificultades mecánicas que continuaron evidenciándose.
Como tercer agravio aprecia ínfima la suma conferida por “daño moral” considerando el malestar que conlleva la reiterada problemática que planteara, particularmente tratándose de un rodado nuevo, lo que comporta la frustración de legítimas expectativas, aludiendo al tiempo de la detención, la incomodidad en cuánto al desplazamiento por otros medios, indicando que lo utiliza para su desempeño laboral.
Postula así el reconocimiento de $ 45.000, apreciando el precio del vehículo en $ 420.000, valor al que deben agregarse los gastos de transporte y patentamiento.
Se queja igualmente de la suma establecida en concepto de “daño punitivo”, marcando que la demandada le ha impuesto un largo peregrinaje, considerando irrisorio el monto habilitado, haciendo mención de la finalidad conceptual de tal instituto.
Finalmente controvierte la tasa de interés autorizada, en cuánto no compensa la pérdida del valor del dinero, ello en orden a la tasa de inflación y a los intereses vigentes para las operaciones de descuento, solicitando su elevación y proponiendo la utilizada por el Banco de la Provincia en tal este tipo de operatoria.
Agravios de Luxsar S.A.:
Argumenta su falta de intervención en la cadena de comercialización de la unidad en cuestión así como la inexistencia de responsabilidad solidaria.
Destaca que la reclamante ha adquirido tal unidad a través de la suscripción que hiciera a un Plan de Autoahorro de Volkswagen Argentina, quien resulta ser la administradora cocontratante de la accionante, por lo que es en virtud del sistema de adjudicación instituido en el círculo cerrado que ha obtenido el rodado, Por tanto no ha adquirido la unidad a la presentante, remitiendo a las invocaciones respectivas plasmadas en la demanda.
Afirma que la intervención de la recurrente lo ha sido respecto de la entrega del rodado, ya que no lo hace la fábrica en forma directa, lo que no implica entender que ha intervenido en la cadena de comercialización a los fines del reproche que se le atribuye al amparo de los arts. 40 y 12 de la LDC.
Sostiene que no puede hacérlo responsable por vicios ocultos o defectos de fabricación, aún cuándo la unidad este en garantía, pues no es vendedora del bien, sino que únicamente cumple con la entrega, cuestionando la aplicación a su respecto de las pautas del indicado art. 40, insistiendo en que no resulta vendedor ni fabricante.
Aduce también que la unidad quedó reparada en perfecto estado de uso, transcribiendo la sentencia en el tramo en el que se transcribe el dictamen pericial, destacando las condiciones satisfactorias en que quedó luego de cumplidas las reparaciones, señalando que los defectos expuestos en la pericia no tienen relación alguna con su intervención, estando además apta para su destino, sin sufrir disminución alguna de su valor venal, incluso aumentando su valor por tener motor nuevo.
Se disconforma respecto del ,monto conferido por “daño moral”, apreciando indemostrado tal desmedro, transcribiendo el tramo respectivo de la decisión e insistiendo en que no ha tenido intervención en la cadena de comercialización y que el valor de la unidad actualizado no surge de ningún antecedente de autos, como tampoco es dable inferir la existencia y extensión de tal demérito, apuntando que en escrito de inicio no contempla esta lesión y que no existe prueba que lo acredite, recordando que estamos en el contexto de la responsabilidad contractual.
Aduce que la reclamante vincula tal detrimento al tiempo empleado en las reparaciones, confundiéndolo con la supuesta privación de uso que no fue solicitada en la demanda, dándole un alcance que no corresponde.
Hace referencia a la exigencia relativa a la entidad y demostración para tener por configurado tal daño, haciendo profusa mención de su contenido conceptual.
Se queja además de la condena de intereses respecto de esta partida, en cuánto tal detrimento no se incrementa ni se actualiza con el tiempo.
Critica el valor adjudicado a la unidad de $ 360.000, cuándo surge del proceso el de $ 179.000.
Rechaza la aplicación de “daño punitivo”, considerando injusta la sanción en orden a las constancias de autos, aludiendo a la finalidad en que se funda, en cuánto diversa de la que sustenta al resarcimiento.
Plasma transcripciones sobre tal punición, reiterando que la unidad de la accionante fue revisada y reparada cada vez que así lo requirió, sin costo alguno a su cargo, rechazando incluso el vehículo sustituto que se le ofreció, señalando el franco uso de la unidad conforme el kilometraje que exhibió, argumentando la inviabilidad de la punición en tanto no medió incumplimiento de las obligaciones respecto del consumidor, no existiendo conducta reprochable a su respecto, pues siempre veló por solucionar los problemas, argumentando que no medió inconducta grave o absoluto desprecio hacia los derechos del consumidor, considerando así que no se encuentra configurado ni el elemento objetivo ni el subjetivo que justifica tal punición, haciendo referencia a los recaudos que la figura exige, plasmando citas y reclamando se deje sin efecto tal multa civil.
Se queja respecto de la tasa de interés, ello en tanto no procede condena alguna a su respecto, haciendo extensivos a este tramo la queja que en relación a los intereses produjera respecto del “daño moral”, cuestionando también el dies a qjuo dispuesto, invocando que al momento de la entrega del rodado los daños no existían, no debiendo actualización ni incremento alguno.
Objeta también la imposición de las costas en cuánto no corresponde extenderle el reproche.
Agravios de la codemandada:
Impugna el reconocimiento del “daño moral”, sosteniendo que debió acreditarse su presencia así como el nexo causal entre desmedro y el incumplimiento que se le enrostra, señalando que el mismo no se presume y que la reclamante ni siquiera se ha planteado probarlo, pues no ofreció prueba a su respecto.
Destaca que se trata de un reclamo que se inscribe en el ámbito contractual, contexto en el que no basta invocarlo, sino que resulta necesario acreditarlo, fundando abundantemente el entendimiento que postula.
Objeta también la suma atribuida en tal concepto, considerándola arbitraria, reeditando textualmente en este tramo las alegaciones de la demandada Luxcar S.A. al sostener que no corresponde a su respecto actualizar sumas ni autorizar la adición de intereses.
Cuestiona la multa civil, aludiendo a los recaudos e inteligencia, plasmando argumentos que lo esencial reeditan los aportados por Luxcar S.A., marcando que no existió conducta reprochable y que no incumplió sus obligaciones, compareciendo a estar a derecho y velando por solucionar los supuestos inconvenientes que se le atribuyen, plasmando citas doctrinarias y jurisprudenciales, sosteniendo que no ha medido dolo, mala intención ni enriquecimiento de su parte, solicitando la consecuente revocación a este respecto.
Se queja por último respecto de la imposición de las costas, insistiendo en que no ha mediando de su parte conducta reprochable, con lo que correspondiendo el rechazo de la pretensión cabe imponerlas a la reclamante.
II. Adelanto que postularé la confirmación de la sentencia recurrida, desplegando la motivación respectiva a través de apartados discriminados.
1. En relación al rechazo del pretendido reemplazo de la unidad adquirida cabe atender, tal como lo apreciara la sentenciante, a los puntuales términos del art. 17 de lay LC - en cuánto sólo lo establece “en los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria…” – y lo que emerge de la constatación y criterio pericial (fs. 193/197 y explicaciones de fs. 224/225).
Así el experto afirma la utilización de repuestos nuevos y originales (punto 3 de la actora), constatando que los trabajos de reparación se compadecen con la totalidad de los daños (punto 2 de Luxcar S.A.) y su buen estado, siendo las reparaciones satisfactorias (puntos a) y d) de la demandada Volkswagen y puntos 5, 6 y 9 puntos Luxcar S.A. y explicaciones fs. 248 punto 2) considerándola apta para su destino (punto c) arg. arts. 375-384-474 del Cód. Proc.).
Y no cabe sostener que al perito no le consta la calidad de las reparaciones, en tanto sus conclusiones derivan de la inspección técnica que concretara (pericia punto 7 de Volkswagen y explicaciones periciales fs. 224/225 punto 5°), marcando que la actora presentara por sus propios medios la unidad (punto c) Volkwagen).
Tampoco pueden invocarse los desperfectos ulteriores, a los que refiere en su desestimada articulación a modo de “hecho nuevo” (fs. 213) observando que la impropia introducción que produce el experto (ver fs. 195 vta. in fine/196vta.) fue oportunamente cuestionada por los accionados (fs. 217/218 y 220/222), lo que fuera admitido por el experto (explicaciones fs. 248 punto 1).
En cuánto a la entidad de los desperfectos de fabricación y armado (transformador de encendido y cambio de motor (pericia fs. 193vta./194 punto 2) resultan alternativas superadas , cumpliéndose los trabajos en forma adecuada (puntos 5/7 y 9 de Luxcar S.A.; explicaciones punto 4).
Por tanto, conforme la prueba explicitada y en el marco de la norma aludida este agravio debe ser desestimado
2. Tampoco debe prosperar la alternativa resarcitoria que postula subordinada al rechazo de la sustitución de la unidad.
Es que tal pretensión carece de prueba que la respalde, pues el perito destaca, ello de modo concordante con la regularidad de las constatadas reparaciones, que el vehículo no ha sufrido una merma en su valor (fs. 194 punto 3) y explicaciones fs. 224/225 punto 4); con lo que la mera susceptibilidad personal que invoca carece operatividad acreditativa, marcando que todo resarcimiento reclama la demostración de daño cierto que la justifique (arg. 496, 499, 519 y 520 del Cód. Civil) y a este respecto la acreditación pericial desploma tal reconocimiento (arg. arts. 1068, 1069 y 1094 del Cód. Civil y 375 y 474 del Cód. Proc.).
3. En cuánto a la ausencia de legitimación pasiva que opone Luxcar S.A. cabe destacar de modo inicial que el factor de atribución en este supuesto reposa sobre la actividad empresarial misma como factor objetivo de responsabilidad, ello por su potencialidad riesgosa y el beneficio económico perseguido por ella.
Así, mientras en el párrafo segundo parte segunda del 1113 del Cód. Civil el factor de atribución confluye con la causa del daño, en cuánto “riesgo o vicio de la cosa”; el art. 40 de LDC los escinde, pues la causa del daño continúa siendo “el riesgo o vicio del producto o servicio”, mientras que el factor objetivo es “la actividad económica” en sí misma.
He aquí el núcleo en que sustenta la responsabilidad reprochada en autos, ello bajo el plexo normativo del consumidor, ámbito en el cuál el “consumo de seguridad” está definitivamente vinculado al “beneficio económico”.
En concordancia con este entendimiento y más allá de la negligencia decretada a fs. 269/270, la sinrazón de su planteo deriva de los propios términos de la norma del art. 40 de la ley del consumo, en cuanto consagra la responsabilidad extendida en los supuestos de daño derivado del vicio de la cosa, fundado, insisto, en un factor de atribución objetivo, asentado en la actividad productiva y profesional del proveedor (art. 2 ley 24240, texto ley 26361).
Por tanto cabe asignarle a Luxcar S.A. una vinculación derivada de una clara finalidad económica común, desde que el sistema de ahorro previo con fines determinados constituye un sistema de contratos conexos, conexidad contractual de la que se ocupara Mosset Iturraspe caracterizándolo como un contrato de compraventa que está vinculado a un contrato de crédito, sirviendo este último para la financiación del producto o del servicio; y los dos contratos tienen que considerarse como una unidad económica (Mosset Iturraste, Jorge “Contratos conexos y redes de contratos” Rubinzal Culzoni 1999 pág. 29).
Hoy el marco conceptual nos proporcionan los arts. 1073/1075 Cód. Civil y Comercial).
Se trata así apreciar la existencia de un fin común que fundamenta la red contractual con causa fin o finalidad económico social, la que trasciende la individualidad de cada contrato.
De esta forma, la red contractual permite superar el clásico principio de la relatividad de los contratos y extender la responsabilidad que de aquéllos se derive en forma solidaria, tanto al fabricante como al distribuidos, comerciante, administrador del plan de ahorro, etc, es decir a todos los que han intervenido en la cadena de comercialización, tal como lo hace el citado art. 40 de la Ley del Consumidor, que será de aplicación en el caso de que se den los requisitos de los arts. 1/3 de la misma.
Al vale aquí recordar que el antecedente del art. 40 LDC debe buscarse en la “Directiva 85/374” de la Comunidad Económica Europea, y luego en el “Proyecto de Unificación Civil y Comercial de 1987”, oportunidad en que la doctrina vio con beneplácito la definición de la responsabilidad objetiva de todos los intervinientes de la cadena negocial, sea con base en la relación de consumo, en el riesgo de empresa, en el negocio fiduciario, es decir en la cadena ininterrumpida de contratos ( Francisco Junyent Bas y María Constanza Garzino “La tutela del consumidor en la capitalización y ahorro previo para fines determinados” LL ejemplar 4-6-2013)
Por tanto la defensa opuesta por Luxcar S.A. no puede prosperar, debiendo confirmarse la decisión a su respecto.
En cuánto a las quejas vinculadas a los montos atribuidos por “daño moral” y el “daño punitivo” , he de atenderlas conjuntamente con los agravios que en sentido contrario plantean los accionados,
4. Debo señalar que considero procedente el reconocimiento del “daño moral”, apreciando que los constantes y en ocasiones dilatados ingresos del vehículo a taller (ver pericia fs. 193 vta. punto 1) y explicaciones periciales de fs. 224) conllevan no sólo la privación de la autonomía que su disponibilidad garantiza, sino que además genera un sentimiento de contrariedad importante, particulamente cuándo se trata de un 0 km. que a poco más de los pocos meses de rodamiento exhibe inadmisibles e importantes defectos de fabricación y armado( pericia fs. 193 vta./194 punto 2), ello sin perjuicio de otros múltiples y sucesivos inconvenientes que planteara (aire acondicionado, embrague, transformador de encendido pericia fs, 193 vta. punto 1).
Y no puede esgrimirse al respecto la inexistencia de prueba ni tampoco invocarse la limitación que a su respecto surge del texto del art. 522 del Cód. Civil.
Es que el número, secuencia y entidad de los desperfectos autoriza, en orden a “la índole del hecho generador y las circunstancias del caso” a dar por demostrado tal quebranto, cuya presencia derivo de la operatividad de la prueba presuncional, ello frente indicios que en número, gravedad y concordancia demuestran las acreditadas, importantes y continuas reparaciones de la unidad (arg. art. 163 inc. 5 del Cód. Proc.).
No se trata, tal como lo invoca la concesionaria del reconocimiento de “la privación de uso”, sino de resarcir la incomodidad y contrariedad que razonablemente habilita el periplo reparatorio que cumpliera el rodado.
De este modo, a partir del esquema presuncional que habilitan los demostrados defectos y reparaciones consecuentes, no cabe dudar de la presencia del daño moral reclamado (arg. art. 901-522 del Cód. Civil y 384-474 del Cód. Proc.).
Sostenida así su procedencia debe señalar que aprecio razonable la suma conferida, atendiendo al valor promedio en plaza del rodado, considerando también la reiteración de los episodios reparatorios y la privación que ellos determinaran, concordando de este modo con la cuantificación de la sentenciante, por lo que cabe confirmar la suma conferida a este respecto
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