Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala III · Causa 81067
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia apelada con costas de alzada al recurrente vencido (art. 68 del CPCC). Difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 Ley arancelaria).
En General San Martín, se reúnen en Acuerdo Ordinario las señoras Jueces de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Martín, Dras. María Silvina Pérez Cuervo y Verónica Paula Valdi, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "CRUZ ALAVE ALBERTO C/ POTENZA PASCUAL S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, resultó que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Doctora Pérez Cuervo y Doctora Valdi. El Tribunal resolvió plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión planteada, la Señora Jueza Doctora Pérez Cuervo dijo:
Contra la sentencia dictada el 31/10/22 se alza el demandado Potenza el 02/11/22.
Argumenta el recurrente mediante su expresión de agravios que el aquo se apartó de la previsiones de los arts. 1092 y 1093 del CCyCN, así como también del art. 1 de la ley 24.240. Considera que no se evaluó la calidad de destinatario final en tanto la adquisición de los equipos láser fueron para la atención de pacientes. Destaca, asimismo, que los supuestos detrimentos patrimoniales que el actor invocó, evidencian la continuidad del ciclo económico de los equipos adquiridos obstando al encuadre de la relación contractual en el ámbito del consumo. Destaca el error en el encuadre de la relación contractual haciendo hincapié en la vulneración del principio de razonabilidad evidenciándose, según expresa, una contradicción intrínseca en el decisorio. Cuestiona también la ponderación que efectúa el sentenciante de la pericia electromecánica llevada a cabo considerando que no se tuvo en cuenta el tiempo transcurrido, desacreditando lo declarado por el testigo Crivello. Seguidamente critica que el juzgador haya determinado la existencia de una resolución contractual, argumenta que el hecho de solicitar el reintegro dinerario del precio no puede conducir sin más a la conclusión del cese contractual. Destaca, también, que la rescisión negocial que el Juez fundó en el art. 10 de la ley 24.240 no es aplicable a la relación contractual existente entre las partes. Finalmente cuestiona que se obligue a reintegrar la suma en dolares billete estadounidense.
Efectuado el acto de transmisión procesal, con fecha 15/02/23 contesta agravios la parte actora solicitando el rechazo del recurso interpuesto.
A su turno, contesta vista el Sr. Fiscal General Adjunto manifestando que, a su criterio, las partes no se encuentran vinculadas por una relación de consumo.
II. Reclama el actor los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual y la restitución de las sumas abonadas por la compra de artefactos odontológicos.
Respecto al tipo de relación existente entre las partes, cabe analizar si estamos frente a lo que se ha denominado "consumidor empresario".
Mediante un fallo que abordó el mentado concepto, la Sala Tercera de la Cámara Civil y Comercial de Mar de Plata, a través del voto de la Dra. Zampini (23/08/21) sostuvo:
" [...] hace varios años la ciencia jurídica ha brindado soluciones difusas en relación a la aplicación del estatuto del consumidor a los sujetos que desarrollen actividad empresarial. Es decir, ¿puede el empresario ser consumidor, en los términos reglados por la Ley 24240, modif. por Ley 26361?
La discusión se centra en los casos de consumidores-empresarios que adquieren bienes o servicios para su utilización en procesos productivos.
La respuesta a tal interrogante requiere de un criterio de distinción de la noción de consumidor, y a partir de allí efectuar una "interpretación" de los casos sometidos a juzgamiento.
El mayor problema es que no existe un único criterio de distinción del concepto de consumidor, sino que existen varios que han sido construídos por la doctrina y la jurisprudencia, todos los cuales adscriben al enunciado normativo dispuesto en la ley (art. 1092 CCC y arts. 1 y 2 LDC).
Es así que se han proyectados criterios que tienen en mira "el uso material del bien o del servicio", o "el acto profesional", o "la subordinación relacional", o "el ánimo de lucro", o "la dimensión de la empresa", entre otros, pero es posible destacar que la jurisprudencia ha aplicado comúnmente el que hace hincapié en la utilización material del bien objeto del contrato (ver a tal efecto Valicenti, Ezequiel, "El problema del empresario-consumidor. Las relaciones contractuales asimétricas entre empresarios", Publicado en DJ 30/11/20156,1).
Este último resuelve el caso a partir del concepto de "destino final", distinguiendo si existe una integración inmediata del bien o del servicio a un proceso de producción, una integración mediata, una remota, o el caso de no integración.
Es decir, se analiza el modo en que el empresario utiliza el bien, valorando especialmente la supresión del segundo párrafo del art. 2 de la LDC efectuada por la Ley 26361 y, por consiguiente, de su decreto reglamentario nro. 1798/94.
Corresponde señalar que el art. 2º de la Ley 26361 suprimió la exigencia que contenía la norma de idéntica numeración de la Ley 24240, atinente a la exclusión de la noción de consumidor a quienes consumían bienes y servicios para integrarlos a procesos productivos, modificación ésta de trascendente importancia, pues la norma amplió el concepto del sujeto merecedor de la tutela legal.
Esa modificación introducida por la Ley 26361 al art. 2º de la Ley 24240 me lleva a interpretar, entonces, el espíritu del legislador por contraposición, de manera que aquéllos que adquieran un bien o servicio en su carácter de comerciantes o empresarios quedarán igualmente protegidos por esta ley siempre que el bien o servicio no sea incorporado de manera directa a la cadena de producción.
En coincidencia con lo hasta aquí expuesto, la doctrina especializada ha expuesto que "... la derogación citada implica un cambio de concepto de manera tal que aquéllos que adquieran un bien o servicio en su carácter de comerciantes o empresarios, quedarán igualmente protegidos por esta ley siempre que el bien o servicio no sea incorporado de manera directa en la cadena de producción (...) En consecuencia, sólo cuando el bien adquirido se inserte de manera directa como insumo en la cadena de producción, no procederá considerar al adquirente consumidor. Pero por el contrario, cuando la adquisición efectuada por un empresario/persona jurídica comercial, no importe la adquisición de un insumo a ser integrado de manera directa en la cadena de comercialización, quedará pues entonces alcanzada por la Ley 24240" (Álvarez Larrondo, Federico M., "El empresario consumidor", Publicado en L. L. 21/08/2014,4 ? L. L. 2014-D, 611)[...]".
De allí entonces que conforme surge de las fechas de compra del material odontológico y del reclamo efectuado por el actor, la maquinaria obtenida nunca pudo ser utilizada conforme a destino, lo que evidencia que no ha podido ser integrada de manera directa a la cadena de comercialización, razón por la cual la calificación de la relación dentro de ámbito de "consumo" la encuentro ajustada a derecho.
III. Respecto a los restantes agravios surge sin hesitación del intercambio epistolar y las restantes probanzas de la causa (art. 384 del CPCC) que la compra que motiva la controversia fue efectuada por tres equipos láser para uso odontológico.
Mediante el informe del 11/02/22 y explicaciones del 03/03/22 el perito ingeniero electromecánico Sergio Alejandro Musteikis (art. 473, 474 del CPCC) indicó que surge de autos que se dispone de un informe técnico sobre el estado de los dispositivos. Destaca que pudo corroborar que el equipo blanqueador de esmalte por láser SMARLITE D.M. código M078A.1.S/N CL 4A241, no es operativo. Con respecto al equipo SMARTLIFE Código MO77A1 S/N FA4A242P destaca que el informe indica que tampoco está operativo. En cuanto al equipo láser SMART292Od Código MO6OB1 expresa que se pudo poner en marcha, pero cuando se accionó el pedal no se alcanzó a observar el haz láser de color rojo que se utiliza de guía para asegurar el punto de acción, ya que el láser actuante real no está en el espectro visible, por lo cual se requiere su verificación, si es que el pedal falla (intermitencias) o existe otra falla en el sistema. Que de los tres instrumentos, este puede ser recuperable, según el informe de la empresa Clinicalar.
Explica que el estado general, externo de los equipos es bueno. Respecto al posible uso que pudiera haberle dado la actora, los 2 dispositivos, el blanqueador y el de cirugía transportable, SMARTFILE M077A1 y SMARTLITE D-M078A1 respectivamente, el primero directamente no funcionaba y el segundo tampoco estaba operativo, con posibilidades de reparación inicial de acuerdo a la evaluación del técnico de la empresa Clinicalar, pero ante la falta de documentación y el tiempo transcurrido desde su descatalogación lo hacen muy difícil de realizar hoy en día. El otro equipo, SMART 2940D, según indicación del informe tenía pequeños fallos, y si bien no era operativo al 100%, se podía y se puede, poner en condiciones de funcionamiento.
Asimismo, de la testimonial rendida por el testigo Pablo Bernavé Ramón Crivello (audiencia de vista de causa del 02/11/21), no puede soslayarse el carácter de colaborador asiduo del testigo con el demandado, en tanto, según lo expresó: "[...] le ha hecho varios ajustes y ha trabajado con maquinas láser del Dr. Potenza, sabe que el Dr. tiene equipos y cuando le fue solicitado ajustes fue y se los hizo no sabe si compra o vende, le ha ajustado una docena de equipos porque los equipos, pueden reajustarse periódicamente [...]"(doct. art. 456 del CPCC).
Asimismo, de su declaración puede apreciarse que el testigo presenció la puesta en funcionamiento de solamente una de las tres máquinas vendidas, a la que se le estaba efectuando una calibración. Señalando en un primer momento que a la máquina "[...] le faltaba una especie de pequeño conducto plástico que se usa para refrigerar el cabezal de rayo láser [...]", manifestando: "[...]que falta el tubo que conduce el agua de refrigeración pero eso no impedía que se pudiera ajustar el equipo, pero eso impide la utilización del equipo [...]", aunque posteriormente expreso que el equipo estaba en funcionamiento cuando él asistió y que el elemento que le faltaba no le impedía funcionar (art. 456 del CPCC).
Analizada la totalidad del plexo probatorio producido, puede extraerse que las partes se vincularon a raíz de la compraventa de tres equipos láser, los que conforme dejó expuesta la experticia llevada acabo (conjuntamente con el informe técnico obrante) no se hallaban en condiciones para cumplir con su finalidad (art. 384, 473, 474 y ccts. del CPCC).
De modo que, encuentro ajustado a derecho el análisis realizado por el juez de grado en cuanto a que debe tenerse por operada la rescisión del contrato a raíz de las manifestaciones vertidas en la carta documento de fecha 09 de mayo de 2019, donde se solicitó el reintegro del asuma pagada (arts. 1083, 1084 y ccts. del CCyC; 9, 10 bis y ccts. de la ley 24.240).
VI. Finalmente critica el apelante que se lo condena a restituir la suma abonada en moneda dolar estadounidense.
Cabe señalar al respecto que la aplicación del art. 765 del CCyC, así como las consideraciones vertidas relacionadas con la imposibilidad de adquisición de la moneda extranjera, son cuestiones que deberán ser ventiladas en la etapa de ejecución, siendo su determinación prematura en esta etapa del proceso.
Se ha señalado en un caso similar al presente (esta Sala en causa 80.088) que lo que no corresponde –en este estadio procesal- es la determinación del tipo de cambio a utilizar y el establecimiento de la conversión que debe aplicarse a la obligación asumida en dólares estadounidenses. Y ello es así ya que existe una inestabilidad del sistema financiero que viene ocurriendo en el país sin solución de continuidad, lo que ha llevado a la implementación –en la actualidad- de un cepo cambiario. Resultan ajenas a los justiciables las restricciones concernientes a la adquisición de moneda extranjera en tanto ha surgido de un hecho sobreviniente a la celebración del compromiso y diferente del riesgo asumido por la deudora (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, en causa n° 35.117/2019 del 20/12/2021).-
Tal coyuntura económico-financiera goza –en estos momentos- de una variabilidad, que podría modificarse al momento del efectivo pago.-
Es por ello que, atento a las restricciones cambiarias existentes en la actualidad –las que se pueden ver modificadas o no en un futuro-, y en procura de evitar producir perjuicios a cualquiera de las partes, expedirse sobre el tópico deviene prematuro, debiendo proponer el recurrente lo planteado en el momento de la ejecución de sentencia (art. 497 y ccdtes. del C.P.C.C.).-
Por lo expuesto, a la primera cuestión voto por la Afirmativa.
La Señora Jueza Doctora Valdi, votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto, se confirma la sentencia apelada con costas de alzada al recurrente vencido (art. 68 del CPCC). Difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 Ley arancelaria). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.-
Fin de la sentencia