Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 85376
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución de grado.
2Imponer costas de Alzada al recurrente vencido.
3Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna.
Causa Nº 85.376/11 Reg. Elec. RS Nº /25.
Expte.Nº SM13619/2024 Sala Segunda.
En General San Martín, a los días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala Segunda, integrada con el Dr. Carlos Ramon Lami y la Dra. Verónica Paula Valdi (Conf. Ac. Ext. N° 905 de este Tribunal) con la presencia del señor Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa Nº 85.376, caratulada: “MITRI, RUBEN DARIO C/ LA SEGUNDA COOÉRATIVA LTDA. DE SEGUROS GENERALES S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)”, habiéndose establecido el siguiente orden de votación: jueces: Lami, Valdi.
Conforme lo establecido por los arts.168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión propuesta, el señor juez Dr. Lami dijo:
I. En la resolución de fecha 19/03/2025 el señor juez “a quo” se declaró incompetente para entender en los presentes.
II. Dicho pronunciamiento es apelado por la parte actora con fecha 27/03/2025, fundando su recurso el 08/04/2025. Recibe replica de la contraria el día 16/04/2025.
III. El actor sostiene que de la cláusula CG-CO 15.1 de la póliza N.º 52.092.821, surge de manera clara la elección de la competencia a opción del asegurado, ya sea de acuerdo a su domicilio o el lugar de ocurrencia del siniestro.
Entiende que, toda vez que el siniestro ocurrió en la intersección de las calles Rodríguez Peña y Avenida San Martin, del Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires, corresponde la competencia territorial de este Departamento Judicial.
En segundo lugar, invoca el art. 5 inc. 4° del CPCCBA, que establece que, en acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, en los que se demanda, entre otros, a una compañía de seguros, será juez competente el del lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a elección del actor.
Sostiene que esta regla permite optar por el juez del lugar donde ocurrió el siniestro.
Además, cita jurisprudencia que reconoce que, “el damnificado puede citar en garantía al asegurador (art. 118 de la ley 17.418) hasta que se reciba la causa a prueba, puede hacerlo ante el juez del lugar del hecho o ante el de domicilio del asegurador”.
IV. La demandada sostiene que la resolución que declaró la incompetencia debe ser confirmada.
Afirma que el actor plantea la competencia del Juzgado de San Martín como si se tratara de un caso regido por la responsabilidad civil derivada de un hecho ilícito, pero no es ese el supuesto del proceso.
Sostiene que la acción promovida es por incumplimiento contractual, no por un ilícito (lo que si habilitaría la competencia del juez del lugar de ocurrencia del siniestro).
Señala que por tal motivo es improcedente la referencia que se formula en el escrito en traslado respecto del art. 118 de la ley 17.418, norma que regula el seguro de responsabilidad civil.
Solicita el rechazo de los agravios formulados y la confirmación de la resolución recurrida, con costas a la contraria.
V. Ingresando al análisis del recurso adelanto que, en mi criterio, el mismo no debe prosperar.
VI. De la compulsa de los presentes autos surge que el actor promovió demanda por daños y perjuicios por presunto incumplimiento del contrato de seguro.
La aseguradora, al comparecer a derecho, opuso excepción de incompetencia, fundada en el art. 5 inc. 3 del CPCC y en la cláusula CG-CO 15.1 de la póliza, destacando que el actor debía accionar: ante el juez del domicilio del asegurado (Diamante, Entre Ríos), o ante el domicilio del asegurador, es decir, la sede o sucursal donde se emitió la póliza (Rosario, Provincia de Santa Fe).
El juzgado de grado, tras analizar la documentación contractual obrante en autos, y considerando que el actor posee domicilio en la provincia de Entre Ríos, expresamente consignado en la póliza, que la demandada tiene domicilio en Rosario, Provincia de Santa Fe, que la póliza fue emitida también en Rosario, y que la pretensión deducida no guarda relación con un hecho ilícito sino con un presunto incumplimiento contractual, resolvió declarar su incompetencia territorial.
VII. Bajo tal contexto factico relatado, surge efectivamente del expediente que el actor tiene domicilio en la calle 3 de febrero 830, de la Localidad de Diamante, Provincia de Entre Ríos, y ello fue expresamente reseñado en la póliza n.º 52.092.821, emitida en Rosario, Santa Fe, por el Distrito Rosario de la aseguradora.
Que la pretensión del actor no se vincula con el siniestro del vehículo, sino con un planteo de incumplimiento contractual y eventual falta de cobertura.
Que la cláusula CG-CO 15.1: “Toda controversia judicial que se plantee en relación al presente contrato se sustanciará, a opción del asegurado, ante los jueces competentes del domicilio del Asegurado o del lugar de ocurrencia del siniestro, siempre que sea dentro de los límites del país. Sin perjuicio de ello, el Asegurado o sus derechohabientes podrán presentar sus demandas ante los tribunales competentes del domicilio de la sede central o sucursal donde se emitió la póliza.” —válidamente incorporada al contrato y permitida por el art. 118 de la Ley 17.418— atribuye competencia al domicilio del asegurado o al lugar de emisión de la póliza.
Así las cosas, tal como lo señaló el juez de grado, la pretensión del actor no deriva de un hecho ilícito, sino de un eventual incumplimiento contractual, por presunto incumplimiento del contrato de seguro, en la que el actor reclama por la falta de cobertura.
Por ello, no resulta aplicable el art. 5 inc. 4 CPCC, que atribuye competencia en razón del lugar del hecho en los supuestos de delitos o cuasidelitos.
Tampoco corresponde aplicar la regla del art. 118 de la Ley 17.418, pues la misma opera únicamente cuando existe un tercero damnificado, cuando se cita en garantía a la aseguradora, y cuando la acción deriva de un hecho ilícito. Ninguna de dichas circunstancias se configura en autos.
A mayor abundamiento, la resolución acompañada por ambas partes —dictada por el Juzgado Comercial N.º 30 y confirmada por la Cámara Comercial Sala F— corresponde a estos mismos autos, iniciados originalmente ante la justicia nacional con anterioridad a su radicación en este fuero. De dicha decisión surge, además de los domicilios señalados, que la acción fue calificada como estrictamente contractual, razón por la cual la justicia nacional también rechazó su intervención por carecer de punto de conexión territorial.
Ese precedente, que posee firmeza y vincula esta litis en cuanto a los hechos relevantes ya fijados, refuerza que el reclamo no se vincula con un siniestro ocurrido en San Martín ni con hechos generadores de competencia territorial en esta jurisdicción, sino exclusivamente con el incumplimiento de un contrato de seguro.
Esta resolución consolida los argumentos del “a quo” respecto de la incompetencia territorial de este Departamento Judicial.
Ergo, toda vez que los agravios del actor no logran refutar los argumentos de la resolución apelada, la prórroga contractual no incluye como foro posible al Departamento Judicial de San Martín.
Sin perjuicio de ello, el Asegurado o sus derechohabientes podrán presentar sus demandas ante los tribunales competentes que correspondan.
En función de todo lo antedicho, voto por la AFIRMATIVA.-
La señora juez Dra. Valdi, por compartir sus fundamentos, adhirió al voto que antecede.
A la segunda cuestión propuesta, el señor juez Dr. Lami dijo:
Como corolario de lo antedicho, corresponde: 1°) Confirmar la resolución apelada; 2°) Imponer las costas de Alzada al recurrente vencido (art. 68, primer párrafo, del CPCC); 3°) diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (art. 31 de la ley arancelaria).
Así lo voto.
La señora juez Dra. Valdi, adhiere.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente
Por los fundamentos dados en el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1°) CONFIRMAR la resolución de grado. 2°) IMPONER costas de Alzada al recurrente vencido. 3°) DIFERIR la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna. REGÍSTRESE. DEVUÉLVASE.-
Fin de la sentencia