Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124158
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAUTOS VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que en el precedente Acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 429/441 vta. no es justo (arts. 168, 171 de la Const. de la Prov. de Bs. As.; 3 del Cód. Civil; 3, 7 del C. C y C. N.; 68, 260, 266 del C. Proc.; 52 bis de la ley 24.240 mod. por ley 26.361; doctrina y jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde: I) Revocar el decisorio apelado de fs. 429/441 vta. y, en consecuencia, rechazar la demanda promovida por Damián Esteban Chacón contra "Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados". II) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado. III) Diferir las regulaciones de honorarios para su oportunidad.
En la ciudad de La Plata, a los veinticinco días del mes de Octubre de dos mil dieciocho reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “CHACON DAMIAN ESTEBAN C/ PLAN OVALO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", (causa nº 124158), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Soto.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fs. 429/441 vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA EL DOCTOR SOTO DIJO:
I. En el decisorio cuestionado el señor Juez de la precedente instancia admitió parcialmente la demanda por indemnización de daños y perjuicios, promovida por Damián Esteban Chacón contra "Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados"; y la rechazó respecto de "Sancor Cooperativa de Seguros Limitada" y "Guillermo Simone S.A.". Condenó a pagar la suma de $ 18.000, con más intereses, impuso las costas del juicio, por la acción que prospera contra "Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados", a esta última, y por la demanda que se rechaza con relación a "Sancor Cooperativa de Seguros Limitada" y "Guillermo Simone S.A.", en el orden causado. Difirió para su oportunidad las regulaciones de honorarios.
Para fundar su decisión -en lo que interesa destacar- tuvo por reconocido el vínculo contractual que ligó a las partes de autos, otorgando a la relación el status de relación de consumo.
Luego de analizar la prueba rendida, verificó una demora injustificada de dieciocho días en la entrega del automotor, estableciendo un incumplimiento contractual por parte de la Sociedad Administradora.
En orden a los rubros resarcitorios, indicó que solamente correspondía admitir el de daño punitivo, dado que fue acreditado el incumplimiento incurrido por "Plan Ovalo S.A. de Ahorro" al entregar el automóvil adjudicado al actor con una demora de dieciocho días respecto del plazo estipulado, y adjudicó una multa de $ 18.000, a favor del actor.
Sobre la mencionada suma de $ 18.000 fijó intereses moratorios de acuerdo con la tasa pasiva más alta que se fije al tiempo de practicarse la liquidación, desde el día 14 de marzo de 2.014, fecha ésta en la cual "Plan Ovalo S.A. de Ahorro" incurrió en mora en la entrega al actor del vehículo adjudicado.
II. Contra esa forma de decidir apelaron las partes, quedando subsistente el recurso propuesta por la condenada a fs. 442, quien sustentó sus agravios a fs. 444/450, sin réplica de la contraria. A fs. 479 emite su dictamen el Sr. Fiscal de Cámaras.
III. En síntesis que se formula, sostiene el recurrente que el daño punitivo fue incorrectamente establecido.
Señala que el sentenciante estableció que fue tardía la entrega del automotor y evaluó los perjuicios derivados del seguro contratado.
En ese camino explicita que fueron desestimados los reclamos por incumplimiento contractual, privación de uso, lucro cesante y daño moral.
Afirma que no se produjo elemento de convicción alguno que permitiera tener por configurado alguno de los daños peticionados.
Sin embargo, sostiene el recurrente, admitió la multa civil y no se vislumbran la existencia de los elementos que permiten su admisión.
Luego de explicitar la doctrina de los daños punitivos, concluye que para este extremo, no solamente debe configurarse un incumplimiento contractual, sino también dolo o culpa grave, es decir una intención dañadora. Que en el caso estos extremos no se verifican, puesto que el incumplimiento sólo se extendió por 18 días e incluso se intentó reparar las consecuencias de la dilación mediante una suma de dinero.
A todo evento, se agravia por el cómputo de intereses, el que debería regir por el plazo de mora, hasta que el vehículo fue entregado.
Finalmente objeta la condena en costas. Señala que prácticamente no prosperó ningún rubro indemnizatorio, y la proporción de la condena hace que no sea viable dicha imposición. Sostiene, con apoyo de jurisprudencia, que las costas deben imponerse de acuerdo al éxito obtenido.
Por su parte, el Fiscal de Cámaras aconseja la confirmación del decisorio.
IV. Abordando la tarea revisora, dando en consecuencia las necesarias razones del caso (artículos 171, Constitución Provincial y 3, Código Civil y Comercial), principio por señalar que ya habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conforme artículo 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació -el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el artículo 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo".
El caso de autos comprende a un contrato celebrado y desavenido durante la vigencia de la ley anterior (arts. 3, Código Civil; 7 y concs., C.C. y C., ley 26.994). Consecuentemente, la decisión que se propondrá se compadece con los códigos civil y comercial vigentes al momento del hecho y conforme al régimen jurídico del consumidor en lo pertinente (esta Sala, causas 118.698, RSD 124/15; 118.850, RSD 142/15; 119.039, RSD 32/16).
V. Para el tratamiento del agravio introducido ante el daño punitivo admitido y mensurado en la suma de $ 18.000. recuérdese que la ley 26.361 incorporó al ordenamiento protectorio del consumidor el artículo 52 bis, con el siguiente texto: "Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan (...) La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley.", que alcanza a la suma de $ 5.000.000.
Ya ha señalado esta Sala, que el daño punitivo ha sido definido como las sumas de dinero que los Tribunales mandan pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se añaden a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, in re “Fernández, Héctor O. c. Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados y otros s/ sumarísimo” Publicado en: LA LEY 10/07/2015-cfr. Pizarro, en “Derecho de daños”, pág. 291, ed. La Rocca, Buenos Aires, 1993).
El instituto abastece tres funciones: i) sancionar al causante de un daño inadmisible; ii) hacer desaparecer los beneficios injustamente obtenidos provenientes de la actividad dañosa, iii) prevenir o evitar el acaecimiento de hechos lesivos similares al que mereciera la punición (cfr. Trigo Represas, en “La responsabilidad civil en la nueva Ley de Defensa del Consumidor”, publ. en LA LEY on line; Stiglitz-Pizarro, en “Reformas a la Ley de Defensa del Consumidor”, LA LEY 2009-B-949; Tevez-Souto, en “Algunas reflexiones sobre la naturaleza y las funciones del daño punitivo en la ley de defensa del consumidor”, publ. en R.D.C.O. 2013-B-668; López Herrera, en “Daños punitivos en el derecho argentino. Art. 52 bis”, publ. en JA, 2008-II-1198; Falco, en “Cuantificación del daño punitivo”, diario LA LEY del 23/11/2011; Colombres, en “Daño Punitivo. Presupuestos de procedencia y destino de la multa”, publ. en diario LA LEY del 19/10/2011; esta Sala, causa 120.384, RSD 135/16).
Como fue explicado previamente, la concepción del daño punitivo no se ciñe a una función sancionatoria de modo que no se confunde con conceptos propios de la doctrina penal, tales como la tipificación, presunción de inocencia o non bis in ídem.
Desde estas perspectivas, no se vislumbra la pertinencia de la aplicación al caso dado que el incumplimiento contractual -que arriba firme a esta instancia decisoria- se circunscribe a la demora de dieciocho días en la entrega del rodado (v. fs. 435 vta., 3° párrafo, art. 260, C. Proc.).
Vale decir que, si bien se verificó un cumplimiento tardío en la obligación asumida por el demandado, éste no fue ni excesivo, ni obstaculizó que la prestación debida se abastezca conforme a la expectativa generada por el negocio.
Al mismo tiempo, la decisión negativa adoptada en la instancia de origen acerca de los rubros indemnizatorios pretendidos -que también adquirió el estado de cosa juzgada-, permite aseverar que la ausencia de perjuicio alguno en el reclamante deja sin piso de sustentación la procedencia del instituto en tratamiento.
En consecuencia, propongo al Acuerdo de mi distinguida colega la revocación del atacado decisorio (art. 52 bis ley 24.240 mod. por ley 26.361; Picasso –Vazquez Ferreyra; LDC comentada y anotada; Prólogo de Atilio A Alterini; T° II Parte Especial; Ed. La Ley; año 2009; pág. 454/456; art. 266, C. Proc.).
No obstante el resultado del recurso -y a la postre de la demanda misma-, ciertamente la conducta desplegada por la demandada no se ajustó, estrictamente, a las obligaciones asumidas, lo que propició en alguna medida el litigio judicial en análisis.
Por consiguiente, propongo que las costas en ambas instancias se distribuyan en el orden causado (art. 68, 2° parte, C. Proc.).
Voto en consecuencia, por la NEGATIVA.
Por los mismos fundamentos expuestos la doctora Larumbe votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL DOCTOR SOTO DIJO:
Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior corresponde: I) Revocar el decisorio apelado de fs. 429/441 vta. y, en consecuencia, rechazar la demanda promovida por Damián Esteban Chacón contra "Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados". II) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68, segunda parte del C. Proc.). III) Diferir las regulaciones de honorarios para su oportunidad.
ASI LO VOTO.
En un todo la doctora Larumbe adhirió al voto que antecede con lo que se dio por finalizado el Acuerdo dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, 25 de octubre de 2018.
AUTOS VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que en el precedente Acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 429/441 vta. no es justo (arts. 168, 171 de la Const. de la Prov. de Bs. As.; 3 del Cód. Civil; 3, 7 del C. C y C. N.; 68, 260, 266 del C. Proc.; 52 bis de la ley 24.240 mod. por ley 26.361; doctrina y jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde: I) Revocar el decisorio apelado de fs. 429/441 vta. y, en consecuencia, rechazar la demanda promovida por Damián Esteban Chacón contra "Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados". II) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado. III) Diferir las regulaciones de honorarios para su oportunidad. Regístrese. Notifíquese a las partes. Notifíquese al Sr. Fiscal de Cámaras. Devuélvase.
Fin de la sentencia