Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 114971
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXIV
Causa N° 114971; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº22 - LA PLATA
CARDOZO MIGUEL ANGEL Y OTROS C/ INSTITUTO LUIGI PIRANDELLO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los veintitrés días del mes de Agosto de dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo ordinario los señores Jueces vocales de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctores Silvia Patricia Bermejo y Leandro Adrián Banegas para dictar sentencia en la Causa 114971, caratulada: "CARDOZO MIGUEL ANGEL Y OTROS C/ INSTITUTO LUIGI PIRANDELLO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 235/241vta.?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
I. La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios promovida por Miguel Angel Cardozo, Silvina Isabel Rodríguez y Ezequiel Cardozo contra el Instituto "Luigi Pirandello" condenando a ésta última al pago, dentro del plazo de 10 días, de la suma de $ 74.100.- (PESOS SETENTA Y CUATRO MIL CIEN) de los cuales se asignaron $60.000.- en favor de Ezequiel Cardozo y la de $14.100 a los restantes coactores. Dispuso la aplicación de intereses desde la fecha del hecho –16 de octubre de 2009- según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días. Extendió la condena a la aseguradora citada en garantía, "Federación Patronal Seguros S.A.", en la medida del seguro, rechazó el pedido de actualización monetaria e impuso las costas del juicio a la accionada y la aseguradora por resultar sustancial y objetivamente vencidas.
Contra dicha forma de decidir interpusieron los actores y la demandada recursos de apelación (fs. 244 y 242 respectivamente) que ya en esta instancia se sustentan con las expresiones de agravios de fs. 248/251vta. y 254/259. Corrido el traslado, ambos merecieron réplica de la contraparte, las que lucen a fs. 261/264 y 265/266. A fs. 267 se llamaron los autos para sentencia (art. 263, CPCC.).
II. Los legitimados activos, por medio de su letrado apoderado, objetan las sumas fijadas por el a quo para indemnizarlos, por considerarlas reducidas y desproporcionadas a las constancias de la causa.
Asimismo, se agravian de la ponderación conjunta o global efectuada respecto de la incapacidad física y la psíquica.
Consideran que el sentenciante no evaluó las circunstancias personales del actor.
Critican el monto reconocido como daño moral por considerarlo exiguo y de la indemnización fijada por gastos de tratamiento psicológico futuro por reducida.
Por último, se duele de la tasa de interés fijada por el a quo, requiere se aplique la activa “restantes operaciones” que publica el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
A su turno, la parte demandada por intermedio de su letrado apoderado, ataca la cuantía indemnizatoria por estimarla elevada.
Entiende que la incapacidad traumatológica tomada en cuenta, cuya indicación es del 3%, no es comprensiva de la incapacidad física total del individuo y que el supuesto detrimento psicológico es de una intensidad muy leve, sumado a que opina que la recuperación fue muy buena pues actualmente está apto para realizar deportes.
Del mismo modo, considera que no se encuentra acreditada la verdadera dimensión del daño, contando sólo con indicios del perfil familiar y del entorno del actor surgidos del expediente sobre beneficio de litigar sin gastos.
Por ello, solicita una reducción en el monto de la sentencia en un 30%.
Se queja de la suma otorgada como daño moral por excesiva y de la indemnización por gastos por asistencia psicológica, gastos médicos asistenciales y gastos de traslado y movilidad, por no existir pruebas expresas ni implícitas, considerando que al respecto la sentencia de grado carece de toda apoyatura fáctica y verosímil. Denuncia error en los términos del art. 260 CPCC y violación de las reglas de apreciación de la prueba respecto de estos apartados.
Finalmente lo agravia la determinación del capital en valores actuales y la aplicación de la tasa de interés pasiva más alta desde la fecha del evento dañoso, por considerar que se trata de una actualización monetaria expresamente prohibida y por violar el principio de razonabilidad.
III. Liminarmente, corresponde abordar el planteo relativo a la insuficiencia del recurso planteada por la demandada a fs. 265/266.
Al respecto, ha de decirse que el escrito de expresión de agravios de la parte actora (fs. 248/251) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
IV. Respecto de la ley aplicable, se dispone que en virtud a lo dispuesto por los artículos 3 del CC y 7 del CCCN los presentes actuados deber ser juzgados conforme la normativa vigente al momento del hecho (16 de octubre de 2009). Tal circunstancia, decidida en el igual sentido por el Juez de grado, llega a esta instancia firme y consentida por las partes.
Empero, aun cuando el hecho dañoso se consumó durante la vigencia de la norma referida, no así las consecuencias que de él derivan. Por ello, se impone diferenciar la existencia del daño de su cuantificación. Como reseña la distinguida doctrinaria Aída Kemelmajer de Carlucci, la segunda de estas operaciones debe realizarse acorde la ley vigente al momento en que la sentencia fija su extensión o medida (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, segunda parte, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 234).
Este deviene un criterio ya compartido también por la jurisprudencia. Así se ha expresado que: “El art. 1746 del Código Civil y Comercial es aplicable a una acción de daños intentada antes de su entrada en vigencia, en tanto la norma no se refiere a la constitución de la relación jurídica (obligación de reparar) sino sólo a las consecuencias de ella (art. 7, CCyC), máxime cuando la regla no varía la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene derecho a percibir la víctima, sino que únicamente sienta una pauta para su liquidación” (Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala A, in re: “A. A. R. c. G. A. M. s/ daños y perjuicios”, sent. del 28/10/2015, publicado en: RCCyC 2016 (abril), 150; RCyS 2016-VII, 155, cita online: AR/JUR/63674/2015).
Por lo tanto, al tratar los rubros cuyos montos debaten los recurrentes, se acudirá a los artículos pertinentes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (conf. esta Sala, causa 121.394, sent. del 1/6/2017), desestimando en consecuencia la queja de la demandada al respecto.
V. Corresponde abordar ahora el agravio de la actora por el tratamiento conjunto de los daños físico y psíquico.
Debe tenerse en cuenta que la persona se integra tanto con la esfera física como con la psicológica de forma necesaria e inescindible. Estos ítems conforman la aptitud de un individuo.
De esta naturaleza surge la posibilidad del juzgador de entender la incapacidad generada en ambos aspectos de forma global o conjunta, en el caso que considere que las dolencias psicológicas - al igual que las físicas - afectan al patrimonio de la persona y por tanto se trata de un daño patrimonial.
Distinto sería que se acreditara un menoscabo extrapatrimonial en la faz psíquica el que –en tal caso – debe ser indemnizado como integrante del daño moral.
Es decir que el tratamiento de ambos daños en forma genérica o separadamente no afectan per se la indemnidad de su cuantificación, siempre que se ajuste a las pruebas producidas en el proceso y la aplicación de las reglas de la sana crítica.
Por ello, considero que la determinación conjunta que hace el Juez de grado se encuentra dentro de sus facultades propias y, por tanto, no lesiona ni menoscaba los perjuicios sufridos, sino que se ajusta a un mecanismo válido para cuantificar el daño patrimonial.
De lo dicho se colige que la queja de los accionantes no ha de prosperar.
VI. Respecto de la indemnización por daños físicos, ambas partes se duelen respecto del quantum indemnizatorio reconocido por la sentencia de primera instancia, los actores por bajo (fs. 248/251 vta.) y la demandada por considerarlo alto (fs. 254/259 vta.).
Para ser justipreciado correctamente se debe determinar si la incapacidad genera un desmedro permanente en la aptitud productiva del individuo. Si no quedara acreditado este extremo, solo podrá considerársela como daño extrapatrimonial.
Una vez determinada la permanencia del menoscabo, debe tenerse en consideración la cuantía del mismo en términos de incapacidad. Es decir, fijar un porcentual o proporción.
Por último, es menester considerar y relacionar las variables relevantes en el caso particular como la edad, profesión u ocupación, aptitudes físicas, deportivas, expectativa de vida de la víctima entre otras características.
Para los dos primeros ítems debe estarse al informe pericial, el deberá valorarse de conformidad a las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso (SCBA, B 50984, sent. del 4-VII-1995, “Acuerdos y Sentencias” 1995-II-810; SCBA, B 52359, sent. del 14-XI-2007).
Si bien al apreciar los dictámenes los jueces ejercen facultades propias, no teniendo las conclusiones de los expertos eficacia vinculante (SCBA, Ac. 38915, sent. del 26-IV-1988, “La Ley” 1988-D-100, “Acuerdos y sentencias” 1988-I-720, D.J.B.A. 1988-134, 345; SCBA, Ac 49735, sent. del 26-X-1993; Ac 56166, sent. del 5-VII-1996; Ac. 61475, sent. del 3-III-1998), las reglas de la sana crítica indican que para apartarse del dictamen pericial suficientemente fundado, es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las meras opiniones en contrario, sin esgrimir razones científicas fundadas, son insuficientes para provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o técnica (art. 474 del C.P.C.C.; esta Sala, causas 109.550, sent. del 22-7-2008; 115.511, sent. del 26/03/2013).
Por su parte, las circunstancias particulares del damnificado deben valorarse con un análisis comprensivo de la totalidad de la prueba producida.
Ahora bien, el perito médico actuante (a fs. 179/81) determina que “… el actor presenta una incapacidad física, parcial y permanente estimada en un 3% del total, en lo que respecta a la especialidad de Ortopedia y Traumatología…” y agrega que “… la lesión sufrida se observa en etapa estable y no evolutiva, no requiriéndose por el momento tratamiento alguno…” .
La experticia no mereció observaciones de ningún tipo quedando acreditado entonces porcentual y características.
No encuentro razón alguna obrante en la causa para apartarme de las conclusiones determinadas por el experto (arts. 384 y 474 CPCC).
Sentado ello, deben ponderarse las características personales del actor. En este extremo asiste razón a los accionantes quienes se duelen de la escasa valoración del Sr. Juez de grado. Refieren que solo hizo referencia a la edad del menor al momento del hecho omitiendo el resto de las circunstancias particulares.
No corre la misma suerte la queja del demandado en función a que, en su consideración, para la fijación de la indemnización debiera tomarse la condición de familia humilde del actor (de la expresión de agravios fs. 254/258, a fs 255 vta segundo párrafo). Indudablemente la incapacidad determinada por el experto actuante genera una aminoración en las potencialidades del actor que debe ser mensurada sin perjuicio de la situación socio-económica de sus padres y la familia, la que no resulta un límite ni coto a su desarrollo. Ello pues, el menoscabo a reparar se trata de la merma a su plena potencialidad, de como ella influirá en su inserción en el mercado laboral.
En autos se encuentra acreditada y debe considerarse, no solo la edad de Ezequiel Cardozo al momento del accidente -12 años-, sino también que se encontraba escolarizado (absolución de posiciones representante legal de la demandada fs. 116 y 117, posición 1; absolución del representante legal de la citada en garantía fs. 118 y 119 posiciones 3 y 4), sus aptitudes deportivas dentro de las que se destaca la práctica del rugby de modo recreativo (testigos Suardi fs. 120/121 y Mansilla fs. 122/123 y pericia médica) y su inserción social con interacción con sus compañeros de colegio y amistades que surge de los testimonios de Suardi y Mansilla (arts. 384, 456, CPCC).
En consecuencia, en virtud al porcentual de incapacidad sufrido, su carácter de parcial y permanente y las características personales del actor al momento del hecho, antes descriptas, aprecio que la suma otorgada en la instancia de origen luce reducida por lo que ha de propiciarse su elevación a la de PESOS SESENTA Y DOS MIL ($62.000.-). Su aumento se dispone toda vez que las sumas reclamadas en la demanda (fs. 26 vta y 27 apartado VIII), lo son en virtud de lo que en más o en menos resulte de la prueba a producir y de conformidad que lo normado por el art. 165 CPCC (arts. 165, 260, 261, 330, 375, 384, 474, CPCC.; 1068, 1069, CC.).
VII– Otro de los agravios traídos por ambas partes es la procedencia del daño psicológico.
Los actores, además de pedir su tramitación por separado de los daños físicos, solicitan se mejore el monto reconocido por considerarlo exiguo, mientras que el demandado estima que debe rechazarse por la inexistencia de un daño para ser indemnizado dentro de la esfera de lo patrimonial.
Resulta central en este apartado determinar el carácter permanente o no de las lesiones extremo que, adelanto, no se encuentra acreditado.
En este sentido esta Sala tiene dicho que cuando de la pericia psicológica se advierte que pese a la patología descripta y a la calificación asignada, de su contenido resulta la existencia de una incapacidad de carácter transitoria, corresponde rechazar su indemnización bajo este rubro y analizarlo a través de la concesión del importe que se otorgue para el daño moral (arts. 375, 474 CPCC).
Por ello, ante la ausencia u omisión sobre la determinación expresa del carácter de permanente de la patología cabe considerársela como transitoria.
En la pericia psicológica agregada en autos la experta refiere que desde el punto de vista de la especialidad el hecho se tradujo en un hecho traumático que generó malestar, sufrimiento psíquico y modificaciones respecto de estabilidad emocional.
Conceptualiza las dolencias como trastorno adaptativo reactivo y las vincula al hecho.
Al momento de la evaluación del porcentaje de incapacidad y su carácter la experta argumenta que “… no es función de esta perito establecer porcentajes de incapacidad con baremos que corresponden a otro área de incumbencia profesional, médica y no ya psicológica. La tarea de cuantificar y brindar el quantum de incapacidad excede las incumbencias del perito psicólogo. El psiquismo no resulta cuantificable. De igual modo, a los fines de ilustrar a V.S., se informa que el Trastorno Adaptativo Reactivo que presenta el evaluado se corresponde a un grado leve, esto en relación a las potencialidades subjetivas (recursos psíquicos) singulares del evaluado…” (fs. 146/150).
Las partes no realizaron observación alguna al dictamen por lo que quedó firme sin que se estableciera de forma expresa el carácter permanente o parcial de las dolencias tratadas, ni se reclamara por las partes su determinación.
Como se dijo, lo definitivo de una lesión psíquica no se infiere, sino que debe determinarse expresamente por el experto actuante. Por lo tanto, asiste razón al demandado en su ataque y no se hace lugar a la queja de los actores.
En consecuencia, la indemnización por daño psicológico ha de ser rechazada.
VIII. En relación al daño moral ambas partes objetan lo resuelto en este ítem.
Nuestra Suprema Corte lo ha interpretado como la lesión a los derechos que afecten al honor, la tranquilidad, la seguridad personal, el equilibrio psíquico, las afecciones legítimas en los sentimientos o goce de bienes, así como los padecimientos físicos o espirituales que los originen, relacionados causalmente con el hecho ilícito. Siendo su naturaleza de carácter resarcitorio, no se trata de punir al autor responsable, de infringirle un castigo, sino de procurar una compensación del daño sufrido (art. 1078 Cód. Civil) y su estimación se encuentra sujeta al prudente arbitrio judicial, no teniendo por qué guardar proporcionalidad con el daño material, pues no depende de éste sino de la índole del hecho generador (SCBA., C 78280, sent. del 18-VI-2003).
Por otro lado, dable es indicar que la determinación de las sumas indemnizatorias en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas (SCBA., C 98039, sent. del 18-III-2009).
En consecuencia, como se ha expresado, el análisis del daño extrapatrimonial admite autonomía, no siendo necesario que su estimación guarde proporcionalidad alguna con los perjuicios patrimoniales que pudieron haberse ocasionado y aún pudiere ocurrir que no habiendo estos últimos tenido lugar, se demuestre la existencia de aquél (esta Sala, causa B 83825, RSD 182/96, sent. del 18-VIII-1996, causa 107275, RSD 83/07, sent. del 3-V-2007 entre otras).
Por su parte, ha de considerarse que la pericia psicológica da cuenta de un trastorno adaptativo reactivo de un grado leve y acredita los padecimientos psíquicos del actor, los que por no ser permanentes deben ser considerados en el presente rubro.
Ello dado que la incapacidad temporal no puede ser justipreciada por su sola producción como daño patrimonial. Esto no conlleva a que no se la indemnice, sino que sea reconocida como daño moral, lucro cesante o gastos terapéuticos – con la debida acreditación, respectivamente, según sea el caso-, sin que ello conlleve duplicación de rubros (conf. CSJN, “Coco” cit. consid 13°; esta Sala, causa 118.297, sent. del 28-05-2015; causa 119.013, sent. del 15-12-2015).
En autos, las afecciones a la seguridad personal, el honor y la tranquilidad se encuentran debidamente acreditadas mediante la mencionada pericia en cuanto la misma da cuenta que el hecho generó “… malestar, sufrimiento psíquico y modificaciones respecto de su estabilidad emocional…” (fs. 146/50).
Debe tenerse por evidenciado asimismo la edad del actor a la fecha de sucedido el hecho y las condiciones personales antes descriptas.
Finalmente, para la procedencia de este rubro depende también “… Del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica –daño in re ipsa- y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral (S.C.B.A., Ac. 41.539, sent. del 21-XI-1989, publicado en D.J.B.A. 1990-138, 15, en “Acuerdos y Sentencias” 1989-IV-219; Ac. 55.648, sent. del 14-VI-1996; Ac. 56.328, sent. del 5-VIII-1997, publicado en “El Derecho” 182-134, “Acuerdos y Sentencias” 1997-IV-9; Ac. 59.834, sent. del 12-V-1998; Ac. 64.247, sent. del 2-III-1999, “Acuerdos y Sentencias” 1999-I-360; Ac. 82.369, sent. del 23-IV-2003).
Del análisis de las constancias alegadas y sopesando que las dolencias psicológicas no han sido de orden permanente, por lo que pueden ser estimadas en este ítem llego a la certeza de la existencia de daño moral y considero que la justipreciación efectuada
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