Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124591
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLa Plata, catorce de mayo de 2019.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 366/370 es justo (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1195, 1197, del C. Civil; 3, 1092, 1093, 1094 y ccs., Código Civil y Comercial; 4 y ccs., Ley 24.240; 68, 266, 330, 354, 384, 394, C. Proc..; jurisprudencia citada).
POR ELLO corresponde: 1) Confirmar el decisorio apelado. 2) Imponer las costas al apelante vencido. 3) Diferir la regulación de honorarios para el momento en que se practiquen las de la instancia de origen.
En la ciudad de La Plata, a los catorce días del mes de mayo de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “CHAVEZ SANDRA MABEL C/ INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA S.A. -CONTINUADORA DE STANDARD BANK ARGENTINA SA- S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", (causa nº 124591), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Soto.
LLA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 366/370?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
I. En la cuestionada sentencia el señor Juez de la instancia precedente desestimó la demanda promovida por Sandra Mabel Chávez contra INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANKOF CHINA S.A - continuadora de STANDARD BANK ARGENTINA. Impuso las costas a la actora vencida y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
II. Contra esa forma de decidir, la accionante interpuso recurso de apelación a fs.383, fundado mediante la pieza agregada a fs. 413/422 vta., sin réplica de la contraria.
II. En síntesis que se formula, señala el recurrente que la sentencia falta a la verdad al no dar por probados hechos demostrados, sin valorar prueba contundente. De mismo modo considera que no se aplica los elementales principios de orden público de los derechos del consumidor.
Sostiene más adelante que realizó una operación de compra de un teléfono celular sin saber claramente que ello llevaba consigo la adquisición de una tarjeta de crédito, adjudicando aquí la ausencia del deber de información.
Explicita que suscribió muchos documentos papeles sin que implicara prestar consentimiento alguno, por lo que cuando llegó la tarjeta de crédito, inmediatamente solicitó telefónicamente la baja.
Tampoco determinó el juez la existencia de un contrato de adhesión.
Señala igualmente que no hubo perfeccionamiento de la relación contractual que el sentenciante adjudica al recurrente; ni tampoco renovación automática.
Alude luego a la documentación de fs. 323/345., donde se verifica –afirma-, que el instrumento menoscaba sus derechos.
Objeta asimismo las conclusiones de la sentencia sobre su información en el registro de VERAZ. Afirma que es una errónea interpretación de las cláusulas del contrato así como de la prueba reunida en autos.
Afirma que entre 2011/2012, se encontraba inscripta en el VERAZ por voluntad unilateral de la accionada, y es intrascendente la categoría.
Critica a continuación la falta de valoración la prueba pericial psicológica producida, así como al dictamen del Agente Fiscal, formulando la valoración de ambas piezas.
III. A fs. 425/ 426 dictamina el Sr Fiscal de Cámaras, concluyendo que no fue debidamente aplicado el plexo normativo protectorio de usuarios y consumidores, propiciando la modificación de la sentencia.
IV. Abordando la tarea revisora, dando en consecuencia las necesarias razones del caso (artículos 171, Constitución Provincial y 3, Código Civil y Comercial), principio por señalar que ya habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conforme artículo 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació -el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el artículo 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo". El caso de autos comprende a un contrato celebrado y desavenido durante la vigencia de la ley anterior (arts. 3, Código Civil; 7 y concs., C.C. y C., ley 26.994). Consecuentemente, la decisión que se propondrá se compadece con los códigos civil y comercial vigentes al momento del hecho en las circunstancias aludidas, y conforme al régimen jurídico del consumidor en lo pertinente (esta Sala, causas 118.698, RSD 124/15; 118.850, RSD 142/15; 119.039, RSD 32/16; 120.384, RSD 135/16; 120.660, RSD 37/17).
V. La demanda promovida asienta sus razones, esencialmente en: i) que adquirió un teléfono celular y sin autorización le fue asignada un tarjeta de crédito; ii) que supo del otorgamiento de dicha tarjeta de crédito cuando ésta llegó a su domicilio, puesto que no había dado autorización con anterioridad; iii) ante dicha situación, en el año 2011 se dirigió a la entidad demandada para dar de baja el servicio; iv) que en 2012 recibe un reclamo extrajudicial de $ 167.000000 más gastos y acrecidos por una tarjeta cuyo número difería de la otorgada originariamente; v) esto motivó su pedido de respuestas a la entidad bancaria, donde se le informó que ante el vencimiento del plazo de intimación el caso había pasado al área legal y como consecuencia de ello fue registrada en VERAZ (v. fs. 26 y vta.).
El presupuesto de la demanda, en suma, parte de la asignación de una tarjeta de crédito en forma inconsulta, al tiempo de la adquisición de un teléfono móvil (art. 330, inc. 4º, C. Proc.).
Sin embargo, emerge de fs. 333/339, que efectivamente la apelante suscribió un contrato de emisión de tarjeta de crédito con la parte demandada, como parte de la “Campaña Preembozado Visa Personal” (v. fs. 323; arts. 36, inc. 2º, 384 y 394, C. Proc.).
Dicha documentación, obtenida como consecuencia de una diligencia probatoria oficiosa (v. fs. 320) generó en la accionante la presentación de fs. 360/361, donde señaló en síntesis: i) que suscribió el contrato aludido, complementario a la adquisición del teléfono móvil; ii) que se trata de un contrato de adhesión que violentó la buena fe puesto que solamente pretendía el teléfono y le fue condicionada su adquisición a la firma del mentado contrato de adhesión.
Con anterior integración, señaló este Tribunal que en los contratos caracterizados como "contrato por adhesión" sus cláusulas son dispuestas por uno de los futuros contratantes, de manera que el otro no puede modificarlas ni puede hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas, de tal suerte que este último no presta colaboración alguna a la formación del contenido contractual, quedando así sustituida la ordinaria determinación bilateralidad del contenido del vínculo por un simple acto de aceptación a adhesión al esquema predeterminado unilateralmente (causa 131.841, RSD 100/11)
Las consideraciones formuladas no privan, per se, de la validez de del negocio jurídico, salvo que se presente un supuesto de abuso que en el caso, conforme se verá, no se configuró, no obstante que la plataforma fáctica del litigio, en atención a la condición de la parte actora (consumidor o usuario) y de la parte demandada (proveedor de servicios) remite al sistema jurídico del consumidor regido por la ley 24.240 y sus modificatorias.
VI. Es que por un lado, no es éste el debate propuesto por la apelante, quien –recuerdo- demandó por los daños y perjuicios derivados de la incorrecta adjudicación de la tarjeta de crédito, entre los que se computa su anotación en el registro VERAZ (arts. 34, inc. 4º y 163, inc. 6º, C. Proc.).
La aludida documentación de fs. 333/335, además de dar cuenta que la tarjeta de crédito fue contratada por la accionante, permite ver que la entidad bancaria demandada podía renovar la vigencia del contrato (lo que sucedió), y que fue autorizada a cobrar los derechos de emisión, cuotas de servicio y comisiones, aun cuando la tarjeta no fuera utilizada (cláusulas 2º y 6º, fs. 333 y vta.).
De modo que la deuda exigida y el incumplimiento de ésta comunicado al registro VERAZ no fue sino una consecuencia del negocio jurídico celebrado –y desconocido en la demanda-, entre los contendientes (v. contestación de demanda a fs. 99 vta./100, 173 vta.; 1092, 1093, 1094 y ccs., Código Civil y Comercial).
No obstante ello –por otra parte-, conforme emerge de los escritos constitutivos, lo que señala expresamente la parte demandada y de lo que surge de la prueba informativa de fs. 172/176, la deuda generada por la renovación de la tarjeta fue condonada y la anotación en el registro VERAZ suprimida (v. fs. 100).
Tampoco se evidencia, a tenor de la claridad y extensión del contrato que se haya infringido el deber de información, calificado como “…la columna vertebral del Derecho del Consumidor, ya que sólo sobre esa base el destinatario final puede tomar su decisión de contratar, al no participar de ningún aspecto de la concepción y puesta en marcha en el mercado de bienes y servicios “(Javier H. Hernández, “Código Civil y Comercial de la Nación, Comentado”, Ricardo Luis Lorenzetti Director, ed. Rubinzal Culzoni, T. VI,p. 254).
De ahí que el art. 4 de la ley 24.240 impone al proveedor no sólo la obligación de "suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización" sino también el modo en que ella debe ser cumplida expresando que debe ser "proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión". Esta misma obligación es reproducida por el actual artículo 1100 del Código Civil y Comercial (esta Sala, causa 120.384, RSD 135/16).
En síntesis, el reclamo formulado así como la anotación del registro de deudores se explica mediante la documentación suscripta por la reclamante, a pesar de lo cual ambas materias fueron zanjadas favorablemente para ella con mucha anticipación al inicio de estas actuaciones.
Por consiguiente, la decisión adoptada en la instancia de origen es irreprochable, y postulo al Acuerdo de mi distinguida colega la desestimación del recurso en tratamiento (art. 266, C. Proc.).
Por ello, y oído el señor Fiscal de Cámaras, voto por la AFIRMATIVA
Por los mismos fundamentos la doctora LARUMBE votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde: 1) Confirmar el decisorio apelado. 2) Imponer las costas al apelante vencido (art. 68, C. Proc.). 3) Diferir la regulación de honorarios para el momento en que se practiquen las de la instancia de origen.
ASÍ LO VOTO.
La doctora LARUMBE adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, catorce de mayo de 2019.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 366/370 es justo (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1195, 1197, del C. Civil; 3, 1092, 1093, 1094 y ccs., Código Civil y Comercial; 4 y ccs., Ley 24.240; 68, 266, 330, 354, 384, 394, C. Proc..; jurisprudencia citada).
POR ELLO corresponde: 1) Confirmar el decisorio apelado. 2) Imponer las costas al apelante vencido. 3) Diferir la regulación de honorarios para el momento en que se practiquen las de la instancia de origen. Regístrese. Notifíquese. Dése vista al Sr. Fiscal de Cámaras. Devuélvase.
Fin de la sentencia