Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 125288
En la ciudad de La Plata, a los veintiún días del mes de mayo de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “GONZALEZ JUAN CARLOS C/ GALIA S.A. Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", (causa nº 125288), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Soto.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 647/664 vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
II. La sentencia fue apelada por las partes, quienes expresaron agravios a fs. 761/789 y fs. 1184/1187, con réplicas a fs. 1188/1193 y 1195/1212.
III. En síntesis que se formula, la parte actora recurrente objeta el rechazo del daño punitivo, cometiendo un error de apreciación ante el rubro solicitado. Afirma que el caso es especial, ya que el daño a resarcir es un “daño continuado”, que padece cada vez que enciende el motor del vehículo motivo del litigio, puesto que a diario sufre las fallas comprobadas en autos. De modo que –sostiene-, hay dos cuestiones claves a meritar a fin de la procedencia de este daño: a) que a pesar que no se peticionó con la demanda, se introdujo a fs. 440; b) que estamos ante un daño continuado, que se sigue replicando día a día. También objeta lo señalado por el Juez sobre que es la parte quien debe determinar el monto de la multa o daño, pues la misma ley estima los máximos y mínimos que estipula el art. 47 de la Ley de Defensa del Consumidor y el art. 52 determina que queda a criterio del juez su determinación.
En su respuesta, la parte demandada, luego de explicitar los antecedentes de la causa, solicita que se declare desierto el recurso interpuesto, ante la ausencia de crítica concreta y razonada de la decisión. Expone igualmente que el propio actor reconoció que el daño punitivo no había sido peticionado en la demanda.
Rebate luego los argumentos recursivos relativos al aludido daño continuado y afirma que no se configuran en el caso los presupuestos que permitan la aplicación del instituto del daño punitivo.
Más adelante se agravia ante la fecha de partida de los intereses aplicados a los rubros en concepto de privación de uso y daño moral, y la tasa establecida. Solicitando en subsidio que se impongan desde la notificación del traslado de la demanda. Al mismo tiempo objeta la tasa fijada, (tasa pasiva “Digital BIP”) afirmando que termina de verificar el enriquecimiento sin causa en favor del actor, afectando igualmente el principio de congruencia.
Finalmente objeta la aplicación de la sanción prevista en el artículo 45 del Código Procesal por temeridad y malicia, condenándola a abonar, de forma solidaria con Galia, una suma equivalente al 10% del monto de la condena actualizada. Afirma que es arbitraria e infundada la decisión, tanto en orden a su procedencia como a su cuantificación.
En su responde, el accionante controvierte los argumentos recursivos desplegados, y sostiene cada una de la parcelas cuestionadas del fallo.
Afirma que la decisión adoptada se ajusta a derecho, justifica la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios adjudicados y la tasa de interés establecida, así como su punto de partida. Solicita que se desestimen los agravios vertidos.
V. En su dictamen, el Señor Fiscal de Cámara, Dr. Vogliolo, aconseja confirmar la resolución recurrida con excepción de la multa fijada.
VI. Abordando la tarea revisora, dando en consecuencia las necesarias razones del caso (artículos 171, Constitución Provincial y 3, Código Civil y Comercial), principio por señalar que ya habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conforme artículo 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació -el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el artículo 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo". El caso de autos comprende a un contrato celebrado y desavenido durante la vigencia de la ley anterior (arts. 3, Código Civil; 7 y concs., C.C. y C., ley 26.994). Consecuentemente, la decisión que se propondrá se compadece con los códigos civil y comercial vigentes al momento del hecho en las circunstancias aludidas, y conforme al régimen jurídico del consumidor en lo pertinente, sin perjuicio de lo que se señale en materia de intereses (esta Sala, causas 118.698, RSD 124/15; 118.850, RSD 142/15; 119.039, RSD 32/16; 120.384, RSD 135/16; 120.660, RSD 37/17).
VII. El primero de los agravios vertidos por la codemandada transita por la desestimación de la aplicación de las disposiciones del artículo 17 del decreto reglamentario de la LDC.
La norma aludida que reglamenta la potestad del consumidor de exigir la sustitución de la cosa adquirida por otra de iguales características, en caso en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada (art. 17. LDC), señala en lo pertinente: “Se entenderá por "condiciones óptimas" aquellas necesarias para un uso normal, mediando un trato adecuado y siguiendo las normas de uso y mantenimiento impartidas por el fabricante. La sustitución de la cosa por otra de "idénticas características" deberá realizarse considerando el período de uso y el estado general de la que se reemplaza, como así también la cantidad y calidad de las reparaciones amparadas por la garantía que debieron efectuársele (…) Con carácter previo a la sustitución de la cosa, si ésta estuviera compuesta por conjuntos, subconjuntos y/o diversas piezas, el responsable de la garantía podrá reemplazar los que fueran defectuosos. La sustitución de partes de la cosa podrá ser viable siempre que no se alteren las cualidades generales de la misma y ésta vuelva a ser idónea para el uso al cual está destinada”.
En atención a las circunstancias comprobadas de la causa, analizadas con detalle por el señor Juez de la instancia originaria, y no obstante los esfuerzos desplegados por el recurrente, no se comparte la crítica introducida.
Ello de manera alguna puede considerarse como funcionamiento correcto, pues de respetar el conductor todas y cada una de las alertas en cuestión el tránsito en el vehículo se vería detenido con una periodicidad tal que lo haría insostenible. Al decir del perito ingeniero mecánico, sólo la experiencia del conductor (quien, agrego, padece estas alertas desde hace más de cuatro -4- años) hizo que continuara la marcha. Plantéase como hipótesis de posible ocurrencia que ante una nueva alerta el conductor continúe la marcha -dada su experiencia- desoyendo dicha alerta y ello derive -aunque sea una vez- en un serio daño o deterioro al motor, caja, sistema de frenos y/u otro componente vital del vehículo (…) Guarda relación con lo precedentemente merituado lo manifestado por la co-demandada impugnante a fs. 614 vta. en el sentido que la aparición de avisos “…es fácilmente solucionable mediante el reseteo de la computadora de a bordo y/o la sustitución de la parte del sistema eléctrico que gobierna la misma en un taller oficial de Peugeot…”.
Ante ello, cabe reparar que si así fuera, es decir, que los inconvenientes resulten fácilmente solucionables, no se llega a entender el motivo por el cual no fueron resueltos en forma inmediata, atento que el vehículo del actor ingresó -reitero- al menos en cinco (5) oportunidades al taller oficial de Galia S.A. (…) El aludido mal funcionamiento del vehículo se corresponde con las fallas que presentó desde el inicio y que el actor en forma responsable y concienzuda ha intentado solucionar a través del taller del concesionario oficial vendedor de la unidad, no obteniendo a la fecha -a la luz de las pruebas rendidas en autos- reparación satisfactoria (…) desde la adquisición del vehículo a principio del mes de abril de 2014 han transcurrido a la fecha cuatro años y ocho meses, encontrándose ya largamente vencida la garantía que el fabricante otorga…” ( v. fs. 654/655 vta., el destacado me pertenece).
La relación fáctica formulada, que arriba firme a esta instancia decisoria (art. 260, C. Proc.), permite establecer las siguientes conclusiones: i) en forma contemporánea a la entrega del rodado, éste presentó fallas que impiden su adecuada utilización; ii) a pesar de la conducta responsable del consumidor que llevó la unidad a su reparación –al menos-, en cinco oportunidades, tales desperfectos no fueron solucionados; iii) esta situación se mantuvo en el tiempo, habiendo al momento de la sentencia cuestionada transcurrido cuatro años y ocho meses, superando incluso el tiempo de vigencia de la garantía del vehículo.
Esta plataforma justifica la decisión impugnada, siendo en el caso aplicable el precedente del Superior Tribunal provincial que señala, “El decreto 1789/1994 contraría y altera la sustancia del ejercicio de la opción dispuesta a favor del consumidor prevista en el artículo 17 de la ley 24.240 de defensa del consumidor, porque impone una restricción que posiciona al proveedor de la garantía desde un lugar ajeno a su competencia, sin que haya tenido algo que ver con la aparición de algún desperfecto en el producto vendido, cuando tal interpretación no es razonable ya que las empresas deberían tener un mayor conocimiento que los consumidores del producto que venden (art. 42, Const. Nacional; por ejemplo detectar a priori el origen de la fallas) y, en base a ese conocimiento y calidad de lo que ofrecen, asegurar al consumidor un nivel de calidad del producto para que no tenga que transitar un recorrido sesgado de obstáculos (acudir a la concesionaria varias veces, privarse de tener el auto cuando se repara, acudir a un abogado para la defensa) para obtener una cosa en óptimas condiciones. De otro modo, el consumidor quedaría atrapado por la conducta dilatoria del empresario cuando ha tenido algo que ver para llegar a esta instancia, con el agravante de que ejercida la opción legal prevista en el art. 17 de la Ley de Defensa al Consumidor se tendría que resignar a recibir un auto usado” (voto del Dr. de Lázzari, causa 115. 486, del 30/09/2014).
Es que no podría desplazarse la decisión por la circunstancia de que el rodado haya sido utilizado de todas formas, dado que fue acreditado que de manera persistente debió ser interrumpido el uso ante las alertas de fallas y condicionantes a su conducción, lo que implica lisa y llanamente un impedimento al derecho del uso y goce adecuado a los fines que está destinado el bien.
Por otra parte, el tiempo de rodamiento del automóvil, y su consecuente kilometraje, no es más que la evidencia que a pesar de los reclamos formulados por el consumidor y los sucesivos ingresos al taller, su reparación ha sido infructuosa.
Vale decir, en síntesis, que desde el momento de su adquisición, el accionante se ha visto impedido del bien en condiciones normales de funcionamiento, siendo improponible que se satisfaga su derecho por el hecho de que el automóvil circula de todas formas, cuando su desplazamiento se ve constantemente amenazado por las fallas que indica su propio sistema de control. Desde esta perspectiva, la decisión se asienta adecuadamente en el artículo 17 de LDC, dado que lo que se ordena es aquello que el consumidor pagó y no obtuvo: una unidad cero kilómetro que funcione correctamente. Por tanto, la decisión adoptada es irreprochable y se propicia al Acuerdo su confirmación (art. 266, C. Proc.).
VII. a. Lucro cesante. Gastos
Fue adjudicada la suma de $ 50.000, motivando la queja de la codemandada recurrente.
Para fundar su decisión el colega de la instancia precedente explicitó “…nótese en el caso sometido a decisión se verifica la particularidad que el
el actor no se ha visto totalmente privado del uso del automotor, sino que (…) ha podido utilizarlo, aunque (…) no en todo su potencial acorde a un vehículo 0km. tope de gama (…), habiendo transitado en estos más de cuatro -años- 38.273 kms. hasta la fecha de la prueba de manejo (…) Este uso sesgado, limitado, incompleto, no satisfactorio, con más los gastos en que habría incurrido el actor, es el objeto del reclamo del presente rubro. Al respecto, la parte actora únicamente ha adjuntado con su demanda el ticket de pago de carta documento de fs. 12 (ver informe del Correo Argentino de fs. 391), los pasajes de ómnibus de fs. 24/27 y, posteriormente, con el hecho sobreviniente denunciado a fs. 503/504, los tickets de pago de peajes (…) En este sentido, más allá de las negativas formuladas por ambas co-accionadas al contestar demanda, júzgase que dichas negativas no resultan suficientes para enervar la documentación acompañada en este sentido por el actor. Es que tratándose el presente de un proceso que se halla bajo el velo de la tutela consumeril, las meras negativas pierden virtualidad si no son acompañadas de las pruebas que hubieran podido aportar o producir las demandadas por hallarse en mejor posición para ello (…) que máximas de experiencia me indican que las precitadas piezas de fs. 12, 24/27 y 498/501 no resultan los únicos gastos que el actor debió realizar en todo este tiempo, y que resulta coherente y de toda lógica que a los efectos de realizar viajes en ruta o autopista ha debido utilizar otros medios de transporte y no su automóvil particular que con esos fines adquirió”. (v. fs. 657 vta./658).
Ha señalado esta Sala, y siguiendo la doctrina que en voto mayoritario expuso la Suprema Corte de Justicia, que “La privación del uso del automotor no escapa a la regla de que todo dañ
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