Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 124946
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXV
Causa N° 124946; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 7 - LA PLATA
PAOLI PABLO ORESTE C/ BANCO CREDICOP. COOP. LTDO. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los dieciocho días del mes de junio de dos mil diecinueve, reunidos en acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 124946, caratulada: "PAOLI PABLO ORESTE C/ BANCO CREDICOP. COOP. LTDO. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 250/260 vta.?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
I. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta por el señor Pablo Oreste Paoli contra CNP S.A. DE CAPITALIZACIÓN Y AHORRO PARA FINES DETERMINADOS y "Banco Credicoop Cooperativo Limitado". Impuso las costas por la excepción de falta de legitimación pasiva desestimada a quien la opuso, "Banco Credicoop Cooperativo Limitado" y las de la demanda rechazada a la parte actora. A los fines de la regulación de honorarios aplicó el decreto ley 8904/77 para las etapas desarrolladas durante la vigencia de esa norma y la ley 14.967 para las etapas cumplidas bajo el amparo de esta nueva legislación. En función al resultado final del pleito y a los efectos de la regulación de honorarios, tomó en cuenta el monto reclamado en la demanda rechazada y fijó los estipendios de los profesionales actuantes los honorarios de la Dra. María Azul Lamoglie (Tº LIX, Fº 397 CALP) letrada patrocinante de la parte actora en la suma de Pesos once mil novecientos ($11.900,00) y del Dr. Roberto Bosca Chillida (Tº XXXV, Fº 68, CASI) en su carácter de letrado apoderado de CNP S.A. DE CAPITALIZACIÓN Y AHORRO PARA FINES DETERMINADOS en la suma de Pesos ocho mil quinientos ($8.500,00); los del Dr. Mariano A. de Bagge (T° XLIV, F° 220 CASI) en su carácter de letrado apoderado de “Banco Credicoop Coop. Ltdo.” en la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($8.500,00), Todos ellos con más el aporte legal correspondiente. Por la labor culminada bajo la vigencia de la ley 14.967, se regularon los honorarios de los Dres. María Azul Lamoglie (Tº LIX, Fº 397 CALP), Roberto Bosca Chillida (Tº XXXV Fº 68, CASI) y Mariano A. de Bagge (T° XLIV, F° 220 CASI) en la suma de siete (7) Jus, con más el aporte legal. Por la excepción de falta de legitimación pasiva que se rechazó, tomando idéntica base regulatoria fijó los estipendios profesionales de la Dra. María Azul Lamoglie (Tº LIX, Fº 397 CALP) en la suma de Pesos cuatro mil ochocientos setenta y ocho ($4.878,00) y los del Dr. Mariano A. de Bagge (T°XLIV, F°220 CASI)en la suma de Pesos tres mil doscientos cincuenta y dos ($3.252,00) con más el aporte legal.
II. Apelan el fallo "Banco Credicoop Cooperativo Limitado" (fs. 268), el actor (fs. 269), mientras que CNP S.A. DE CAPITALIZACIÓN Y AHORRO PARA FINES DETERMINADOS lo hace únicamente sobre los honorarios regulados a su parte por considerarlos bajos (fs. 270). Concedidas las impugnaciones el actor y "Banco Credicoop" las fundaron en tiempo y forma (fs. 274 bis/303 y fs. 307/308 respectivamente). Corrido el traslado de los memoriales fueron contestados por el legitimado activo (fs. 312/316), por la demandada CNP S.A. (fs. 324/328) y por Banco Credicoop (fs. 317/319). Dado en vista al Sr. Fiscal de Cámaras (fs. 330/331) se llamó Autos para Sentencia (fs. 332).
III. El actor argumenta que el pronunciamiento en crisis le causa un perjuicio irreparable, dado que, según sostiene, no se ha juzgado la causa bajo el amparo de la legislación consumeril habiendo sido indiferente del orden público reinante en materia de defensa del consumidor.
Entiende que el correcto avocamiento hubiese sido el análisis de lo convenido entre las partes como un contrato de consumo.
Agrega que la sentencia de grado carece de una lógica transversal que refleje las consideraciones traídas por las partes, las diligencias y actos procesales llevados adelante en el proceso. Subraya que no hace referencia siquiera a la deposición de los testigos.
Se agravia asimismo de la aplicación al presente del instituto “Exceptio non adimpleti contractus” fundamentando que el fallo fue dictado a merced de un marco legal derogado en la actualidad, como lo es el Código Civil velezano. Relata que el a quo cita como apoyatura para concluir que el actor incumplió y que por ende a las demandadas no le corresponderían cumplir los artículos 1201, 1426, 1418 y 1428 del Código Civil.
Se queja también de la omisión de tratamiento de la carga dinámica de la prueba, argumentando que de dejar firme un fallo semejante, habilita a los proveedores de servicios a que en reclamos consumeriles se limiten a negar los hechos invocados por los consumidores y usuarios, esbozando que éstos últimos no han cumplido su parte del contrato. Y bajo dicha tesitura e invocando tal circunstancia, los proveedores de servicios “ya han hecho su prueba” (en palabras textuales del fallo), colocando a los consumidores en situación desventajosa al momento de distribuir las cargas probatorias.
Insiste en que en las relaciones de consumo, la Ley de Defensa del Consumidor establece el criterio de las cargas dinámicas de la prueba. Esto es, que deberá probar quien esté en mejores condiciones de hacerlo.
Se duele también respecto de la aplicación de los supuestos de la Exceptio non adimpleti contractus, toda vez que no reúne los requisitos mínimos de los arts. 1031 y 1031 CCyCN .
Destaca que es evidente que las demandadas no han articulado el instituto como acción judicial. Del mismo modo, de la contestación de demanda de CNP S.A. y del Banco Credicoop no surge que éstas hayan incoado el incumplimiento de la contraparte como una excepción. Sólo se limitan a negar que el señor Paoli haya llevado la documentación hasta el Banco.
Dice que otra prueba de ello, es decir, de la falta de articulación como excepción, es que no se le dio traslado de la misma luego de la contestación de la demanda. Entiende que en caso que las accionadas hubiesen hecho uso de la excepción de cumplimiento del art. 1031 del CCCN, debiera habérsele dado ese traslado, cuestión que, como se dijo, no sucedió.
Se disconforma de la omisión de valorar la prueba testimonial producida de la que se desprende el cumplimiento por su parte de las obligaciones asumidas, como así también de los padecimientos sufridos a raíz del incumplimiento de la demandada entre otros extremos.
Como conclusión, afirma que la sentencia de grado ha incurrido en omisión de cuestión esencial, en torno a lo por él solicitado en la presentación de inicio.
Se agravia asimismo de la falta de tratamiento del litigar sin gastos al actor, emplazado en su presentación de inicio y en los términos de la ley consumeril.
Se queja de la falta de consideración de la conducta demandada en el proceso por las demandadas quienes, a su entender, demostraron desidia y desinterés, la que se ampara en la posición dominante de las empresas.
Se duele también de la falta de consideración en la sentencia de la denuncia de la cláusula contractual 23.2 como abusiva, la que refiere la mora de la administradora, toda vez que establece un interés moratorio ante el incumplimiento de la tasa activa del Banco Nación que es una cláusula puesta por la demandada para no perjudicarse.
Agrega que con esa tasa de actualización, al actor no le alcanza para adquirir un automóvil, objeto por el cual suscribió el contrato de plan de ahorro previo.
Finalmente, solicita regulación de honorarios conforme la totalidad de las constancias de autos y en su debida extensión.
Por su parte, la codemandadada Banco Credicoop Cooperativo Limitado se agravia de sobre la imposición de costas dispuesta por la sentencia de grado.
Argumenta que la excepción articulada y rechazada no tramitó por incidente, sino como parte del trámite principal lo que excluye la alternativa de una condena diferenciada en torno a las costas.
Insiste en que la defensa planteada fue de fondo, que no fue opuesta como de previo y especial pronunciamiento.
IV. Liminarmente, corresponde abordar el planteo relativo a la insuficiencia del recurso opuesto por CNP S.A. respecto de la expresión de agravios del actor (fs. 274 bis/303).
Al respecto, ha de decirse que el escrito de expresión de agravios del apelante Paoli ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, págs. 175 a 180).
V. Llega firme a esta instancia que el actor Pablo Oreste Paoli contrató con la empresa CNP S.A. DE CAPITALIZACIÓN Y AHORRO PARA FINES DETERMINADOS un plan de ahorro identificado como grupo 26, plan 2, orden 34 y que fue adjudicado por sorteo en el acto de adjudicación del 28 de noviembre de 2014 lo que le fue notificado por carta documento remitida el 04 de diciembre de 2014.
El juez de primera instancia no tuvo por acreditado que el actor haya cumplido con la entrega y suscripción de la documentación necesaria luego de la adjudicación por sorteo, aplicando en la especie la exceptio non adimpleti contractus regulada en el artículo 1201 del Código Civil. Entendió que ante ese planteo la carga de la prueba del cumplimiento pesaba sobre el reclamante.
De los considerandos vertidos por el sentenciante de grado, se aprecia que al realizar el encuadre jurídico lo hizo desde el Código Civil, norma vigente al momento de la suscripción del contrato (agosto de 2010), sin hacer referencia a la existencia de relación consumeril.
VI– Uno de los agravios del actor gira en torno a la configuración del acuerdo entre las partes como una relación de consumo y por tanto la aplicación de las normas de defensa del consumidor al presente proceso.
He de adelantar que le asiste razón al apelante en su queja al respecto.
Es que, en el presente caso, se encuentran comprendidas normas de orden público como son los derechos de los consumidores y usuarios, regulados por la ley 24.240.
Como lo aclara la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, "La normativa específica relativa a las relaciones de consumo no constituye una mera regulación de determinado ámbito de las relaciones jurídicas, como tantas otras. Es eso y mucho más. La preocupación del legislador -signada por la clarísima previsión del art. 42 de la Constitución nacional y la correlativa contenida en el art. 38 de la Constitución provincial- radica en obtener la efectividad en la protección del consumidor. El principio protectorio como norma fundante es cimiento que atraviesa todo el orden jurídico" (SCBA C 117760, sent. del 1-IV-2015).
En este sentido, el artículo 1 de la ley 24.240, establece: "La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social ...”.
Del otro lado del sinalagma, su artículo 2 define al proveedor, estableciendo que: "Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores e usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley...".
En los presentes actuados estamos frente a la contratación por parte del señor Paoli de un plan de ahorro en beneficio propio y de su grupo familiar, toda vez que se trata de un convenio tendiente a la adquisición de un automóvil para uso particular. Por ello, indudablemente adquiere el rol de consumidor contratante.
Por su parte CNP S.A. y Banco Credicoop, revisten el carácter de proveedores en los términos antes señalados, dada su profesionalidad y habitualidad en brindar este tipo de servicios a consumidores y usuarios.
A mayor abundamiento, resulta de público y notorio conocimiento que Banco Credicoop tiene por objeto brindar servicios financieros tal como surge de su propia información pública plasmada en el sitio web de la entidad (https://www.bancocredicoop.coop/nuestrobanco/ institucional/ institucional).
Por su parte, la profesionalidad de CNP S.A. para ofrecer y administrar este tipo de planes se desprende de la documentación acompañada por ella misma en la contestación de demanda a fs. 64/65 en donde la Inspección General de Justicia aprueba un plan de ahorros cerrado para la adjudicación de sumas de dinero para la adquisición de bienes muebles (expediente GN°66.804).
En virtud de lo expuesto, habiendo quedado configurada entonces la relación de consumo, ésta tiene carácter de orden público. En este sentido, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que: “El art. 3 en coordinación con el artículo 65 de la ley 24.240 establece la preeminencia del régimen tuitivo y su carácter de orden público, de allí que ante cualquier colisión entre una norma o criterio de derecho común y otra que proteja a los consumidores, prevalecerá esta última, se trate de aspectos sustanciales o procesales, entre estos últimos lo relativo a la distribución de las cargas probatorias y las presunciones emergentes de la ley especial (SCBA, C 117760, sent. del 1-IV-2015).
Acorde señala Llambías, el orden público puede entrar en conflicto con la voluntad autónoma de los particulares y, entonces, ésta cede ante aquél. Si bien un sector de los negocios jurídicos se encuentra regulado por la autonomía de la voluntad, cuando se trata de la libertad de los particulares, ésta no es absoluta y se detiene cuando enfrenta el “orden público”, o sea ese conjunto de principios superiores del ordenamiento jurídico que no podrá quedar relegado en alguna medida por el arbitrio de los individuos (Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil. Parte General", Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003, T. I, pág. 145).
Además, es menester recordar que la aplicación de la ley 24.240 no precisa solicitud de parte, sino que la misma puede realizarse de oficio en pos de salvaguardar derechos o garantías de carácter constitucional, como las que establece el artículo 42 de la Carta Magna. Máxime, cuando el legislador tuvo por objetivo acordar el carácter de orden público a la mentada ley, a fin de proteger a quienes se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad.
Asimismo, no debe soslayarse la entrada en vigencia desde el día 1 de agosto del año 2015 – artículo 7, ley 26.994, conforme artículo 1 ley 27.077 -, del Código Civil y Comercial de la Nación que en su artículo 7 dispone que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.
Como refiere Aida Kemelmajer de Carlucci, las leyes de protección a los consumidores, sean supletorias o imperativas, son de aplicación inmediata. El sustento se encuentra en la misma Constitución Nacional y en el carácter protectorio innato del derecho de consumo. Como la distinguida doctrinaria destaca, ello se receptó en el nuevo ordenamiento no sólo en los artículos 1096 a 1122 del Código Civil y Comercial de la Nación, sino también se extendió a otros ámbitos específicos, como por ejemplo, a los contratos bancarios (arts. 1384 a 1389), al cementerio privado (art. 2111) y al tiempo compartido (art. 2100). Empero, como señala, no puede hablarse de la aplicación retroactiva, sino de la aplicación inmediata (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 59 a 61).
Sobre las premisas indicadas, estimo que se corrobora en la especie la existencia de una relación de consumo, por lo que tanto el Código Civil y Comercial como las normas de derecho de consumidor y usuarios devendrá aplicable en forma inmediata a las consecuencias que se produjeron a partir de su entrada en vigencia (art. 42 CN, art. 38 CP, ley 24240, arts. 3, C.C.; 7 y conc., C.CyC.N. ley 26.994; esta Sala, causa 122.554, RSD 239/17, sent. del 28-11-17).
VII – El actor se agravia asimismo del rechazo de la demanda y particularmente del tratamiento efectuado a los medios de prueba producidos, como de la carga de la prueba puesta en su cabeza.
En la especie se trata de la adjudicación por sorteo de un plan de ahorro que el actor debía aceptar presentándose de la sede del Banco Credicoop y cumplimentando la documentación requerida en las condiciones contractuales dispuestas al suscribir la adhesión.
En las disposiciones particulares del convenio del que da cuenta el actor en el inicio (fs. 12/18) y reconoce el demandado en su contestación (fs. 52/62), se enumeran los requisitos para la entrega del valor móvil luego de la adjudicación.
En efecto, el punto XIII del mismo dispone “13.1. El Valor Móvil será entregado al Suscriptor Adjudicatario una vez cumplidos los siguientes requisitos: 13.1.1. Que el Derecho de Adjudicación haya sido cancelado por el Suscriptor Adjudicatario; 13.1.2. Que el Suscriptor Adjudicatario haya suscripto a satisfacción de la Administradora la documentación necesaria para otorgar la Prenda del Bien en garantía de las Cuotas Mensuales pendientes de pago; 13.1.3. Que el Suscriptor Adjudicatario haya ofrecido, en caso de que la Administradora se lo solicitase dentro de los cinco (5) Días Hábiles contados desde la cancelación del Derecho de Adjudicación, codeudores y/o fiadores solidarios de las Cuotas Mensuales pendientes de pago y que éstos hayan sido aceptados por la Administradora de acuerdo al siguiente procedimiento (los “Garantes”): (i) La Administradora deberá decidir la aceptación o rechazo de los Garantes ofrecidos dentro de los diez (10) días corridos desde que les fueron puestos a su disposición todos los antecedentes necesarios para su evaluación crediticia. Transcurrido dicho plazo y no mediando notificación que rechace al Garante propuesto, éste se considerará tácitamente aceptado. (ii) La Administradora notificará al Suscriptor Adjudicatario el rechazo de los Garantes ofrecidos, haciéndole saber los motivos del rechazo y le solicitará un nuevo Garante. Si el nuevo Garante fuere también rechazado, se arbitrará este procedimiento una tercera vez. (iii) Si la Administradora rechazare nuevamente al Garante ofrecido, la Adjudicación quedará sin efectos”. A su vez requiere “13.1.4 Que el suscriptor adjudicatario haya contratado, pagado y designado como beneficiaria a la administradora de un seguro que cubra los riesgos asegurables del bien a ser adquirido con el valor móvil a satisfacción de la administradora” cumpliendo una serie de condiciones.
De autos no surge con claridad el cumplimiento o incumplimiento del actor de los mencionados requisitos, por lo que deviene central analizar la carga probatoria d
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.