Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 125512
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaCorresponde: I) Confirmar íntegramente el decisorio apelado. II) Imponer las costas de Alzada a la parte demandada. III) Diferir las regulaciones de honorarios para el momento en se fijen las de primera instancia.
En la ciudad de La Plata, a los treinta y uno días del mes de octubre de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “NAVES ELIZONDO JUAN CARLOS C/ ORBIS COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", (causa nº 125512), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Soto.LA EXCMA. CÁMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:1ra.
¿Es justo el apelado decisorio de fs. 359/367 vta.?2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO: A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA EL DOCTOR SOTO DIJO:I. En el decisorio cuestionado el Sr. Juez Federico Martínez admitió parcialmente a la demanda entablada por Juan Carlos Naves Elizondo contra ORBIS COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., condenando a pagar la suma de $ 38.900, con más intereses. Impuso las costas a la parte demandada y difirió la regulación de los honorarios para su oportunidad. II. Contra esa forma de decidir apelaron las partes, formulando sus agravios a fs. 379/387 y 397/400, con réplica del accionante a fs. 402/403.A fs. 405/406 emite su dictamen el Sr.
Fiscal de Cámaras. III. En síntesis que se formula, señala el escrito de expresión de agravios del accionado que el fallo, en tanto omite pronunciarse sobre las obligaciones que el asegurado debe cumplir para el pago de la indemnización resulta un injusto perjuicio patrimonial. Cuestiona el considerando II al establecer que "... el plazo para expedirse acerca del siniestro denunciado por la señora Baigorria comenzó a correr el día de la denuncia del acaecimiento del siniestro, esto es el 22 de octubre de 2012, sin que la demandada haya acreditado haberse expedido al respecto..". Afirma que se advierte la inexistencia de la obligación de pronunciamiento de la aseguradora en los términos que se menciona en la sentencia, ya que se hallaba supeditado al cumplimiento por parte del asegurado de los recaudos establecidos en el anexo de la cláusula CG-CO 3.1 de las Condiciones Generales de la Póliza.
El Juez señaló que la aseguradora debió requerir el cumplimiento los requisitos dentro del plazo previsto en art. 56 de la ley de seguros, pero dichos recaudos están claramente individualizados en la cláusula CG-CO 3.1 de la póliza no cuestionada por la parte actora. En subsidio solicita que el pago de cualquier importe que resultare a favor de los accionantes se condicione a la previa transferencia de los restos del vehículo asegurado a mi mandante con todos los recaudos establecidos en la cláusula CG-CO 3.1 de la póliza. En su responde, la parte actora controvierte los argumentos vertidos por la contraria, ponderando las razones establecidas en el decisorio atacado. Sostiene que la omisión de expedirse ante en los términos del artículo 56 de la ley de seguros impone la aceptación del derecho del asegurado.
Se opone asimismo, por extemporáneo, al requerimiento subsidiario de la previa transferencia de los restos del rodado. IV. Por su parte, el accionante exige que se modifique la sentencia respecto de la indemnización fijada, y la desestimación del daño punitivo y la actualización monetaria. Sostiene que la suma de $ 21.000 pesos, es insuficiente, ya que el automóvil fue sustraído en el año 2012; era un rodado en pleno uso y en buenas condiciones. Que cuando se sustrajo, el valor del dólar norteamericano era de $ 4,325 por unidad y al entablar la demanda, se acreditó que daba valor $ 60.000 convertido en moneda estadounidense. Afirma que tomando como referencia la suma de $ 21.000 fijada en la póliza de seguros, el valor es de $ 202.279, lo que indudablemente vale hoy un auto de las características del siniestrado y con veinte años de antigüedad, cita jurisprudencia en su apoyo.
Refiere luego que con relación al equipo de gas, se realizó una incorrecta determinación de los hechos al no realizar un análisis de la documental en poder de tercero agregada. Aclara que se desistió de la prueba en relación al valor de un equipo de esa especificación, porque al responde manifestaron que no se fabricaba más, pero no desistió de la existencia del equipo de gas, ni tampoco de estar debidamente establecido en el contrato. A continuación, y luego de una extensa fundamentación teórica, requiere la aplicación de los daños punitivos en los términos del artículo 52 bis de la ley 24240. Con justificación en los elementos de la causa, afirma que se evidenció la existencia de un incumplimiento pertinaz e infundado de la compañía aseguradora quien negó la cobertura sin dar motivos razonables.
V. En su dictamen, el Sr. Fiscal de Cámaras señala que debe confirmarse, en lo principal, la sentencia apelada. En orden al monto del resarcimiento conferido, considera exigua la suma otorgada en concepto de daño patrimonial. VI. Abordando la tarea revisora, dando en consecuencia las necesarias razones del caso (artículos 171, Constitución Provincial y 3, Código Civil y Comercial), principio por señalar que ya habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conforme artículo 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació -el Código Civil anterior- o con el nuevo.
Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el artículo 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo". El caso de autos comprende a un contrato celebrado y desavenido durante la vigencia de la ley anterior (arts. 3, Código Civil; 7 y concs., C.C. y C., ley 26.994).
Consecuentemente, la decisión que se propondrá se compadece con los códigos civil y comercial vigentes al momento del hecho en las circunstancias aludidas, y conforme al régimen jurídico del consumidor en lo pertinente (esta Sala, causas 118.698, RSD 124/15; 118.850, RSD 142/15; 119.039, RSD 32/16). VII. El aspecto medular sobre el que transita la crítica de la parte demandada es sobre el alcance otorgado por el colega de la instancia de origen a la carga asignada a la aseguradora por el artículo 56 de la Ley 17.418. Conforme ha señalado este Tribunal, la Suprema Corte se ha expedido indicando que si el asegurador nada dijo dentro del plazo del artículo 56 de la llamada ley 17.418 debe entenderse que tácitamente ha aceptado el derecho del asegurado.
Es que tal cláusula impone al asegurador pronunciarse dentro de los 30 días acerca del derecho del asegurado y tal amplitud en el objeto sobre el que recae la carga no permite distinciones apoyadas en la diversa naturaleza del incumplimiento.El pronunciamiento prescripto por la aludida norma se trata, en verdad, de una obligación que no es meramente formal, sino sustancial y que por haber sido impuesta por la ley posibilita la aplicación del artículo 919 del Código Civil: ante la carga de expedirse acerca del derecho del asegurado, el silencio del asegurador permite otorgarle el sentido de una manifestación de voluntad que importa aceptación (esta Sala, causas n° 112.069 RSD 25/12; 122.822 RSD 134/18).
De manera que no es relevante, como señala en forma reiterada el recurrente, que el asegurado haya incumplido con los recaudos a su cargo a fin de percibir la contraprestación, puesto que no es posible ingresar a la valoración del incumplimiento –parcial o total-, de los requerimientos exigidos en la póliza frente a la omisión de la compañía expedirse -y comunicar al destinatario-, el rechazo de la cobertura. Ello me convence, y así dejo propuesto al Acuerdo de mi distinguida colega, que habrá de confirmarse en esta parcela la sentencia de grado (art. 266, C. Proc.). Tampoco tendrá recibo el requerimiento subsidiario de que se condicione la condena a la previa transferencia de los restos del vehículo asegurado, habida cuenta que se trata de una materia novedosa introducida en sede de apelación, es decir omitida al constituirse la etapa introductoria del litigio.
Como consecuencia de ello, no ha sido objeto de debate en la instancia de origen y por tanto no podrá ser decidida en esta fase del proceso ante la clara prescripción del artículo 272 del Código procesal. VIII. Seguidamente se analizarán los cuestionamientos sobre formulados sobre algunas de las partidas indemnizatorias adjudicadas.VIII. a. Daño Patrimonial Fue asignada la suma de 21.900, motivando la queja del reclamante, quien además objeta la ausencia de condena por el equipo de gas. A pesar de las razones esgrimidas por el recurrente, ciertamente no se han rebatido los argumentos ofrecidos por la sentencia para justificar el alcance de la procedencia de este rubro. En tal sentido se dijo: “La Perito Contador afirmó acerca de la existencia de la Póliza 3055182 respecto del vehículo Renault R9 FIL Sedan, modelo 1995, motor 5288188, dominio AMB790, que cubría los riesgos de Responsabilidad Civil hacia personas y cosas transportadas y no transportadas, con un límite de 3.000.000 y robo/hurto total y parcial, incendio total y parcial y daños totales por accidente por la suma de $ 21.900,00.
Acreditado el acaecimiento del siniestro, y el silencio de la aseguradora al respecto, no cabe sino acceder a la parcela indemnizatoria pretendida por la suma asegurada de Pesos veintiún mil novecientos ($21.900,00), lo que así decido (arts. 11, 24, 56 y cc ley 17.418)” (v. fs. 365 vta./366). Vale decir que la indemnización está limitada a la obligación asumida por la aseguradora mediante la póliza contratada, que escapa a todo punto de referencia con el valor de la divisa norteamericana. En ello se resume la decisión que, como se adelantó, no fue motivo concreto y razonado de crítica, y por tanto debe ser confirmada (art. 260, C. Proc.). La misma suerte –si mi opinión es compartida- habrá de correr el reclamo por el equipo de gas.
En el mismo sentido que el expresado en el decisorio, no fue acreditado que tal riesgo haya estado cubierto específicamente en el contrato de seguro, de modo que asista una indemnización que supere o se diferencie de la suma asegurada antes señalada (v. informe pericial contable a fs. 304; arts. 384, 474, C. Proc.; 1197, 1198, Código Civil; 218, Código de Comercio). VIII. b. Daño punitivo Desestimado por el Sr. Juez de origen, el accionante pretende su reconocimiento.Recuérdese que la Ley 26.361 incorporó al ordenamiento protectorio del consumidor el artículo 52 bis, con el siguiente texto: "Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan (...) La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley.", que alcanza a la suma de $ 5.000.000.
Siguiendo los lineamientos trazados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, in re “Fernández, Héctor O. c. Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados y otros s/ sumarísimo” (Publicado en: LA LEY 10/07/2015), repárese que el daño punitivo ha sido definido como las sumas de dinero que los Tribunales mandan pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se añaden a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro (cfr. Pizarro, en “Derecho de daños”, pág. 291, ed. La Rocca, Buenos Aires, 1993). El instituto abastece tres funciones: i) sancionar al causante de un daño inadmisible; ii) hacer desaparecer los beneficios injustamente obtenidos provenientes de la actividad dañosa, iii) prevenir o evitar el acaecimiento de hechos lesivos similares al que mereciera la punición (cfr.
Trigo Represas, en “La responsabilidad civil en la nueva Ley de Defensa del Consumidor”, publ. en LA LEY on line; Stiglitz-Pizarro, en “Reformas a la Ley de Defensa del Consumidor”, LA LEY 2009-B-949; Tevez-Souto, en “Algunas reflexiones sobre la naturaleza y las funciones del daño punitivo en la ley de defensa del consumidor”, publ. en R.D.C.O. 2013-B-668; López Herrera, en “Daños punitivos en el derecho argentino. Art. 52 bis”, publ. en JA, 2008-II-1198; Falco, en “Cuantificación del daño punitivo”, diario LA LEY del 23/11/2011; Colombres, en “Daño Punitivo. Presupuestos de procedencia y destino de la multa”, publ. en diario LA LEY del 19/10/2011).No se advierte en autos la concurrencia de circunstancias que justifiquen la procedencia del instituto de marras, puesto que el litigio se asienta en divergencias propias de las alternativas del contrato de seguro.
Y si bien han primado las razones esgrimidas por el consumidor, ello por sí mismo no justifica la sanción punitiva perseguida mientras no se acrediten los extremos señalados precedentemente, lo que no ha sucedido (arts. 375, C. Proc.; 52 bis ley 24.240 mod. por ley 26361; Picasso –Vazquez Ferreyra; LDC comentada y anotada; Prólogo de Atilio A Alterini; T° II Parte Especial; Ed. La Ley; año 2009; pág. 454/456; arts. 907 y 1071 del Cód. Civil; 266, C. Proc.).VIII. c. La pretensión recursiva de la actualización monetaria no ha superado la mera enunciación, descuidando la razones señaladas en la sentencia en orden a lo prescripto por el artículo 7 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561), por lo cual no corresponde recepcionar dicha crítica (art. 260, C.
Proc.). IX. En relación a las costas de Alzada, se propone que sean impuestas a la parte demandada, sustancialmente vencida (art. 68 C. Proc.). Voto por la AFIRMATIVA. Por los mismos fundamentos expuestos la doctora Larumbe votó en igual sentido.A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL DOCTOR SOTO DIJO: Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, y oído el Sr. Fiscal de Cámaras, corresponde: I) Confirmar íntegramente el decisorio apelado. II) Imponer las costas de Alzada a la parte demandada, sustancialmente vencida. III) Diferir las regulaciones de honorarios para el momento en se fijen las de primera instancia. ASI LO VOTO. La doctora Larumbe adhirió al voto que antecede con lo que se dio por finalizado el Acuerdo dictándose por el Tribunal la siguiente: S E N T E N C I ALa Plata, treinta y uno de octubre de 2019.
AUTOS VISTOS Y
Que en el precedente Acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 359/367 vta. es justo (arts. 168, 171 de la Const. de la Prov. de Bs. As.; 3, 519, 520, 522 del Cód. Civil; 7 del C. C y C. N.; 34, 68, 163, 260, 261, 330, 332, 354, 375, 384, 394, 474 del C. Proc.; 4, 52 bis, 53 y ccs. de la LDC; doctrina y jurisprudencia citada).
POR ELLO:
corresponde: I) Confirmar íntegramente el decisorio apelado. II) Imponer las costas de Alzada a la parte demandada. III) Diferir las regulaciones de honorarios para el momento en se fijen las de primera instancia. Regístrese. Notifíquese. Dése vista al Sr. Fiscal de Cámaras y devuélvase.
Fin de la sentencia