Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 127767
LM / FS
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVI
Causa N ° 127767; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N º10 - LA PLATA
VILLANUEVA RAUL ALFREDO C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los catorce días del mes de octubre de dos mil veinte, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 127767, caratulada: "VILLANUEVA RAUL ALFREDO C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) " , se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS .
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 227/241?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
I– La sentencia de primera instancia rechazó la demanda por daños y perjuicios por incumplimiento contractual interpuesta por Raúl Alfredo Villanueva contra Federación Patronal Seguros S.A. e impuso las costas al actor, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (fs. 227/241).
II– Contra esta forma de decidir interpuso recurso de apelación el legitimado activo (fs. 242), el que concedido libremente (fs. 243/244) se encuentra fundamentado en esta instancia (presentación electrónica del 3 de agosto de 2020). Corrido el pertinente traslado (proveído del 4 de agosto de 2020), éste fue contestado por la contraparte (presentación electrónica del 12 de agosto de 2020). Pasado en vista al Fiscal de Cámaras (presentación del 26 de agosto de 2020), se llamó autos para sentencia (proveído del 27 de agosto de 2020).
III– El apelante se agravia en tanto el decisorio de grado determina que él no cumplió con las obligaciones impuestas por el art. 46 de la ley de seguros. Considera que esa carga, por el contrario, fue consumada y probada.
Señala que el esfuerzo argumentativo de la sentenciante se dirige a comprobar que el vehículo asegurado había tenido una cobertura previa en otra compañía, la que había abonado un siniestro por destrucción total del aquel, y a tener por probada su mala fe y falta de colaboración con la compañía demandada. Advierte que el a quo no ahonda en varios puntos que menciona, omitiendo hacer efectiva aplicación de principios rectores de la relación de consumo y de la teoría de los contratos.
Alega como conocido que ninguna compañía asegura un auto sin antes constatar la existencia del mismo, verificar documentación, su estado general e incluso requiriendo fotografías hasta del cuenta kilómetros, por lo que la invocación que el vehículo no existía o no se encontraba en las condiciones aseguradas, se traduce en alegar la propia torpeza. Por tanto, entiende que las justificaciones de la demandada fueron planteadas tardíamente.
Además, destaca que Federación Patronal percibió puntualmente, sin objeciones de ningún tipo, el pago mensual acordado.
Señala que la demandada tuvo acceso al sistema Iris (de la superintendencia de seguros) en todo momento y aún antes de acordar el contrato, no obstante ello lo celebró y requirió los pagos.
En definitiva, las quejas del accionante se centran en: la falta de aplicación de la Ley de Defensa al Consumidor al caso y por el rechazo de la demanda en base al incumplimiento del art. 46 de la Ley de seguros.
IV. Al igual que lo decidido en la instancia anterior, en virtud a lo dispuesto por los artículos 3 del CC y 7 del CCCN, los presentes actuados han de ser juzgados conforme lo dispuesto por el Código Civil anterior, por ser la ley aplicable al momento de la ocurrencia del evento.
Sin perjuicio de ello, y en contestación a los agravios vertidos por el actor en este sentido, destaco que en el presente caso se encuentran comprendidas normas de orden público como son los derechos de los consumidores y usuarios, regulados por la ley 24.240, aplicables al contrato de seguro celebrado.
En tal sentido, no debe soslayarse la entrada en vigencia desde el día 1 de agosto del año 2015 –artículo 7, ley 26.994, conforme artículo 1 ley 27.077-, del Código Civil y Comercial de la Nación que en su artículo 7 dispone que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.
Como refiere Aida Kemelmajer de Carlucci, las leyes de protección a los consumidores, sean supletorias o imperativas, son de aplicación inmediata. El sustento se encuentra en la misma Constitución Nacional y en el carácter protectorio innato del derecho de consumo. Como la distinguida doctrinaria destaca, ello se receptó en el nuevo ordenamiento no sólo en los artículos 1096 a 1122 del Código Civil y Comercial de la Nación, sino también se extendió a otros ámbitos específicos, como por ejemplo, a los contratos bancarios (arts. 1384 a 1389), al cementerio privado (art. 2111) y al tiempo compartido (art. 2100). Empero, como señala, no puede hablarse de la aplicación retroactiva, sino de la aplicación inmediata (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 59 a 61).
Sobre las premisas indicadas, el artículo 1 de la ley 24.240, establece: "La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social ...”.
Mientras que del otro lado del sinalagma, el artículo 2 define al proveedor como "la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores e usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley...".
En los presentes actuados estamos por una parte frente a una persona física que contrata un servicio de seguros en beneficio propio (asegurado), adquiriendo indudablemente el rol de consumidor (art. 1 LDC).
Por su parte Federación Patronal S.A. reviste el carácter de proveedor siempre que se obliga mediante el pago de una prima, a prestar un servicio: la asunción del riesgo previsto en la cobertura asegurativa, el resarcimiento del daño o el cumplimiento de la prestación convenida. Ello agregado a la profesionalidad y habitualidad en brindar este tipo de servicios a consumidores y usuarios.
Concluyo entonces que los contratos de seguros, como el presente, se encuentran amparados por los principios y leyes consumeriles, en virtud a la relación de consumo habida (art. 42 CN, art. 38 CP, ley 24240, arts. 3, C.C.; 7 y conc., C.CyC.N. ley 26.994; esta Sala, causa 122.554, RSD 239/17, sent. del 28-11-17).
Ahora bien, las hasta aquí expuesto no implica en modo alguno desnaturalizar ni desoír las características propias del contrato de seguro, sino integrarlo con los principios tutelares del derecho del consumidor y el usuario.
Es así que al asegurado le alcanzarán los principios interpretativos de su condición de consumidor, tutela adicional frente a cualquier forma de abuso y le jugará la interpretación favorable en caso de duda, pero la naturaleza y esencia del seguro no cambiará, pues ese ha sido el propósito al asociarlo al consumo (Conf. Gregorini Clusellas, E. L. "El seguro y la relación de consumo", publicado en LA LEY 2009-A, 1130).
V– Ingresando en la tarea revisora, atento a los agravios esgrimidos por el actor, deviene central determinar las características del contrato celebrado entre las partes y su extensión, como así también indagar sobre las alegaciones de Federación Patronal en torno a las características previas del bien asegurado. Todo ello a fin de determinar la observancia por parte de ambos contratantes respecto de las obligaciones previstas por la ley específica.
Surge de autos que Raúl Alfredo Villanueva inició demanda por daños y perjuicios invocando el incumplimiento por parte de la accionada de los términos de la póliza pactada (n° 16796347) sobre el vehículo marca Chevrolet modelo DC Classic dominio KTR802, como así también de todas las normativas vigentes en la materia. Alega asimismo abuso por parte de la aseguradora de los términos del art. 46 de la Ley 17418 y agrega que ésta recibió el pago en todos los meses, sin protesto (fs. 17/21).
Refiere que el hecho generador es el hurto del automotor el día 2 de junio de 2013 en las inmediaciones del estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata.
Por su parte, la legitimada pasiva en su conteste reconoce la existencia del contrato de seguro y el intercambio telegráfico, destacando como defensa central que el actor no cumplió con la información necesaria requerida luego de la denuncia de siniestro. Acusa “particularidades” en el caso concreto consistentes en que la unidad fue previamente asegurada –por otro titular– en la compañía ORBIS y que registra denuncias de siniestro anteriores, sin conocer si la unidad fue reparada, pudiendo haber declarada en destrucción total (art. 76/79 vta.).
A la hora de sustentar el reclamo y su defensa, ambas partes acompañan como prueba documental la póliza de seguros contratada, la que por tanto resulta reconocida por uno y otro en sus términos y extensión (fs. 6/10, 40/42).
En este extremo, luce que la póliza n°16796347 tomada por el actor incluye: robo y/o hurto total con un límite de $55.000, incendio total, destrucción total, incendio parcial, robo y hurto parcial y adicional interasegurados. Fija su vigencia desde el 31 de mayo de 2013 -dos días antes del siniestro denunciado- hasta el 21 de noviembre de 2013.
A su vez, a fs. 43 se encuentra glosado por demandada el formulario multi acuse mediante el cual el legitimado activo solicitó su emisión mediante un formulario predispuesto. En éste puede leerse “IMPORTANTE: No se considerará realizada la operación hasta que la propuesta sea aceptada por la aseguradora, la que deberá expedirse dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción”.
Esta advertencia, teniendo en consideración la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, no luce abusiva por parte de la empresa, toda vez que resulta harto razonable otorgarle un plazo mínimo para que aquella realice la investigación pertinente sobre los antecedentes del rodado y del tomador del seguro.
Ello no se traduce – tal como lo reconoce la demandada en su conteste- en que el contrato de seguro no haya estado vigente, sino que el proveedor, dentro de esos tres días hábiles, aún estaba en plazo para la realización de indagaciones que estimara pertinentes a fin de realizar luego las observaciones que considerara convenientes.
Es en este punto es que encuentro central el hecho (reconocido por ambas partes) que la póliza fue contratada solo dos días antes de la denuncia efectuada por legitimado activo sobre el hurto del rodado en la vía pública. En consecuencia, no evidencio irrazonable, incoherente o excesiva la información requerida por la compañía con el claro objeto de investigar sobre la existencia del automotor en las inmediaciones del estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata en la fecha denunciada y de conocer los antecedentes del bien para conocer el estado y por ende su valuación.
Por lo expuesto tampoco luce procedente el agravio del actor en dirección calificar de tardía las justificaciones y requerimientos efectuados por la contraparte ya que, como se dijo, entre la celebración del contrato o pedido de póliza y el daño denunciado transcurrió un lapso de tiempo de solo dos días corridos.
Con ese fin, resulta atendible que la accionada requiera datos de titulares o dueños anteriores fundado en la sospecha de un daño anterior de suficiente entidad como para generar el estado de destrucción total, porque si así fuera, esta circunstancia tendría directa implicancia en la investigación del siniestro y, a todo evento, en el valor del rodado a la fecha de perpetrado el robo denunciado. Noto asimismo que estas desconfianzas cuentan con un grado de verosimilitud la que justifica el pedido de información, tal como surge de la contestación de oficio efectuada por Orbis Compañía de Seguros (fs. 210/215).
Ante esta circunstancia, la respuesta vaga y evasiva por parte de Villanueva no hace más que posicionarlo en el lugar de incumplidor del deber de información dispuesto en el segundo párrafo del art. 46 de la ley de seguros, la que dispone que el asegurado está obligado a suministrar al asegurador, a su pedido, la información necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo y a permitirle las indagaciones necesarias a tal fin.
Véase que ante el requerimiento claro y expreso de la compañía en orden a que el accionante informe quien le vendió el auto -“aporte boleto de compra venta de su unidad e identifique con nombre y apellido y datos personales completos de la persona que le vendió el rodado asegurado, quien deberá prestar declaración testimonial” (v. fs. 34 punto c de la CD remitida el 3 de julio de 2013)– éste contestó de forma indeterminada e insustancial, amparándose en una cuestión registral y omitiendo aportar los datos del negocio celebrado en la compra del rodado.
En efecto, en su misiva del 5 de agosto de 2013 (v. fs. 35) responde al punto “c” de los pedidos de la compañía que: “El auto asegurado estaba transferido a mi nombre, al adquirirlo me entregaron formularios 08 no habiendo firmado boleto de compra venta, por tal motivo no cuento con los datos personales del vendedor”, mientras que en la epístola remitida el 8 de octubre de 2013 insiste que con los datos antes remitidos ha cumplido con su obligación de brindar información (fs. 37).
En este punto, no debe soslayarse que el deber recíproco de buena fe pesa sobre las partes contratantes en una relación de consumo, no agotándose esa carga solo en el proveedor o empresario. Es que el principio del in dubio pro consumidor no ampara en modo alguno el ejercicio abusivo de los derechos (arts. 1071 CC y 10 CCyC).
Que el contrato de seguro sea incluido dentro de una relación de consumo no significa que los contratos así catalogados estén exentos del cumplimiento del principio de la buena fe que debe primar en su celebración, interpretación y ejecución, ni se tolere el ejercicio abusivo de los derechos.
“La regla moral que impone la buena fe en la celebración, interpretación y ejecución de los contratos, es un principio que integra el orden público porque tiende a obtener o mantener las condiciones de sustentación que se reputan indispensables para que el contrato funciones ordenadamente como instrumento de justicia” (SCBA, Causas LP C 92207 sent. del 10/VIII/2011 Juez Soria MA, 121645 sent. del 26/IX/2018 Juez Pettigiani SD, 108666 sent. del 02/XI/2011 Juez Genoud SD, 99518 sent. del 03/VI/2009 Juez De Lázzari MA, e.o.).
En este aspecto es que encuentro que la conducta del señor Raúl Alfredo Villanueva no se condijo con los estándares requeridos por las mencionadas normas, en tanto omitió brindar datos certeros, o al menos los por el conocidos, referidos a la compra venta del automóvil.
Encuentro inverosímil que éste no sepa o recuerde quién le vendió el bien más allá de la información consignada en el registro respectivo y lo volcado en el formulario 08, o mínimamente – en ausencia de los datos del enajenador- en qué lugar lo compró y con quien celebró el negocio si se tratara de alguna agencia o intermediario del rubro. Nótese que la compra de un vehículo no se traduce en una adquisición habitual, corriente y ordinaria como las mercancías o mercaderías de consumo diario, sino que por su trascendencia económica y por tratarse de un objeto registrable, es un negocio que se realiza con bajo ciertos parámetros y que cuenta con una importancia especial para el comprador.
En cambio, y por anteriormente expuesto, encuentro que Federación Patronal ha actuado de buena fe y en un marco de razonabilidad en lo que al requerimiento de información respecta. En consecuencia, la suspensión del plazo para expedirse basado en esa circunstancia y comunicada fehacientemente resulta válida y operativa (arts. 26,29 y 56 Ley 17.418; 384 CPCC).
Además, no resulta ocioso destacar que la compra venta del automotor, su concreción y transferencia fue un mes y medio antes del hecho denunciado (v. fs. 5 título de propiedad. Villanueva titular 100% desde el 18/04/2013, IPP 22447-13 en trámite por ante UFI 9 Departamental y Juzgado de Garantías 5 de este Departamento Judicial). Por lo tanto es temporalmente próximo al pedido de información efectuado.
A ello debe sumársele que, contrariamente con lo alegado por el apelante, no surgen de autos pruebas conducentes que acrediten el pago de las mensualidades o cuotas de la póliza contratada, por lo que la queja en ese sentido tampoco ha de prosperar (art. 384 CPCC).
Ha de destacarse que el art. 48 de la Ley 17.418, el cual estipula que “el asegurado pierde su derecho a ser indemnizado si deja de cumplir maliciosamente las cargas previstas en el párrafo 2° del art. 46, o exagera fraudulentamente los daños o emplea pruebas falsas para acreditar los daños”.
Y a este delicado orden debe destacarse que, como viene ya establecido desde la propia literalidad del dispositivo legal mencionado, la pérdida del derecho a ser indemnizado ha de reconocer como antecedente un actuar malicioso del asegurado, el cual ha sido asimilado - por distintos exponentes doctrinarios - tanto al dolo como al actuar de mala fe y al fraude, habiéndose sostenido, por caso, que éstas son expresiones intercambiables (Lascano Quintana Guillermo y Pomés Francisco, “El contrato de seguro, Ley 17.418”).
Cierto es que como viene expresado por Domingo M. López Saavedra en su obra, una situación no prevista expresamente por el art. 48 es el caso en que el asegurador le solicita información al asegurado para verificar el siniestro en los términos del art. 46 segundo párrafo de la Ley de Seguros y éste guarda silencio o no cumplimenta adecuadamente el requerimiento que se le ha formulado, ante cuyo vacío sugiere dicho autor el deber del asegurador de intimar al asegurado a cumplimentar el requerimiento en la forma solicitada dentro de un plazo determinado, bajo apercibimiento de considerar su incumplimiento como malicioso y vencido el mismo, si el asegurado continúa con su actitud negativa, dentro del plazo del art. 56 de la Ley el asegurador debería negar el derecho a ser indemnizado por tal causa.
Asimismo, y volviéndose sobre el supuesto expresamente contemplado por la norma -el actuar malicioso del asegurado-, ha sido sostenido por muy autorizada doctrina que, en relación a la prueba de la intención fraudulenta, la misma es a cargo del asegurador, agregándose luego que incluso puede acreditarse por presunciones (Halperín, Isaac, “Seguros”, 2da edición actualizada por Juan Carlos Félix Morandi; conf. esta sala causa 127953, RSD 167/20, sent. del 5/10/2020).
Por su parte y concordantemente con el criterio expuesto, cierta jurisprudencia se
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