Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 123172
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede, se modifica la apelada sentencia de fs. 178/183 y se recepta la indemnización del daño punitivo reclamado, condenando al demandado a pagar al actor en tal concepto la suma de pesos CIEN MIL ($100.000), suma que deberá abonarse dentro de los diez días de adquirir firmeza el fallo, estableciéndose para el caso de mora el pago de los intereses mediante la aplicación de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y por aquellos que no alcance a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha de mora hasta el día de su efectivo pago. Las costas de Alzada se imponen a la parte demandada en su esencial condición de vencida (art. 68, CPCC).
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 123172; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 8 - LA PLATA
JUAREZ CARLOS GABRIEL C/ ALTINIUM SA S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los nueve días del mes de Febrero de Dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 123172, caratulada: "JUAREZ CARLOS GABRIEL C/ ALTINIUM SA S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 171/183?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida por Carlos Gabriel Juárez contra la empresa Altinium SA. declarando resuelto el contrato de compraventa que vinculara a las partes; condenó a la demandada a pagar al actor, dentro de los diez días de adquirir firmeza el decisorio, la suma de $ 430.000 con más los intereses desde el 26 de febrero de 2014 y hasta el efectivo pago, computados a la tasa pasiva más alta que paga el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente en cada uno de los períodos comprendidos, y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo diario con igual tasa; impuso las costas a la demandada y postergó la regulación de honorarios hasta la oportunidad prevista en el art. 51 de la ley de honorarios aplicable (fs. 171/183).
2. Esta forma de decidir fue apelada por el legitimado activo (fs. 196 y 199) remedio que concedido (fs. 197), fue debidamente fundado (fs. 205/207). Corrido el pertinente traslado (fs. 208), hubo réplica de la demandada (fs. 210). Pasado en vista al Fiscal de Cámaras (presentación electrónica del 24/11/2020), se llamó autos para resolver (proveído del 26/11/2020).
3. El accionante se agravia por la desestimación del daño punitivo solicitado.
Alega que, al exigir la sentencia en crisis que el incumplimiento tenga cierta gravedad para que el mismo torne procedente torna inaplicable el art. 52 bis de la ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor, en adelante LDC) y materializa una interpretación normativa en claro perjuicio de los derechos e intereses del consumidor.
4. Previo a abordar la tarea revisora, corresponde dar respuesta el planteo relativo a la insuficiencia del recurso opuesto por Altinium S.A. en el traslado del memorial de la contraparte (fs. 210).
Al respecto, ha de decirse que el escrito de expresión de agravios de Carlos Gabriel Juárez (fs. 205/207) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
5. Sobre la ley aplicable, dable es destacar que deviene firme la aplicación de la normativa consumeril, en virtud a lo dispuesto tanto por la sentencia de grado como en la resolución de esta sala de fecha 27 de febrero de 2018.
Dicho ello, habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 –art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, cabe aclarar si corresponde juzgar este litigo con el marco legal con el cual nació – el Código Civil anterior - o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el art. 7 de la ley ahora en vigor, el que señala que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo.”
Como refiere Aida Kemelmajer de Carlucci, las leyes de protección a los consumidores, sean supletorias o imperativas, son de aplicación inmediata. El sustento se encuentra en la misma Constitución Nacional y en el carácter protectorio innato del derecho de consumo se receptó en el nuevo ordenamiento no sólo en los artículos 1096 a 1122, sino también se extendió a otros ámbitos específicos, como por ejemplo, a los contratos bancarios (arts. 1384 a 1389, CCCN), el cementerio privado (art. 2111, CCCN) y el tiempo compartido (art. 2100, CCCN). Empero, como señala, no puede hablarse de la aplicación retroactiva, sino de la aplicación inmediata (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 59 a 61; arts. 3, CC; 7 y conc., CCCN ley 26.994; doct. esta Sala, causa 118.724, sent. del 27/VIII/2015, RSD 104/2015, entre muchas otras).
El caso de autos, atañe a un incumplimiento contractual acontecido y consumado durante la vigencia de la ley en vigencia -a pesar que la firma del contrato fue anterior ésta- por lo que resulta de aplicación inmediata a las consecuencias que se produjeron a partir de su entrada en vigencia, en lo que respecta a las normas más favorables a los usuarios y consumidores. Ello, además de la ley 24.240 y sus modificatorias (arts. 3, CC; 7 y conc., CCCN, ley 26.994).
6. Los agravios de Carlos Gabriel Juárez se centran, como se dijo, en la desestimación del daño punitivo dispuesta por la sentencia de grado.
Sobre este punto, el art. 52 bis de la ley 24.240, incorporado por la ley 26.361 (B.O. del 7-IV-2008) dispone que: “Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil en favor del consumidor, la que se graduará en función a la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley”.
Del texto de la norma se desprende un único requisito para su procedencia: el incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales con el consumidor. No hace referencia alguna ni requiere de valoraciones subjetivas como la gravedad de la conducta del proveedor o empresa, ni su intención de dañar, las que quedarán reservadas en su caso para su cuantificación o graduación (Conf. esta Sala causas 123654 RDS 337-18, sent. del 22/11/2018; 124207 RDS 184-19 sent. del 16/07/2019; 124946 RSD 154-19 sent. del 18/06/2019; 126946 RSD 43-20 sent. del 07/04/2020; e.o).
En este sentido nuestro máximo Tribunal Provincial tiene dicho “La norma es clara en cuanto a que exige para su aplicación un solo requisito: que el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. Esta disposición, apartándose de las sugerencias efectuadas a nivel doctrinario, no exige un grave reproche subjetivo en la conducta del dañador ni un supuesto de particular gravedad caracterizado por el menosprecio a los derechos del damnificado o a intereses de incidencia colectiva ni a los supuestos de ilícitos lucrativos. Sólo dispone que procede cuando se incumplen obligaciones legales o contractuales (conf. Lorenzetti, Ricardo L., Consumidores, 2ª ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, págs. 562/563; Mosset Iturraspe, Jorge y Wajntraub, Javier H., Ley de Defensa del Consumidor, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, págs. 278/279; Fernández, Raymundo L.; Gómez Leo, Osvaldo R. y Aicega, María Velentina, Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial, Abeledo Perrot, t. II-B, Buenos Aires, 2009, pág. 1197; Conclusiones de la Comisión 10, XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Santa Fe, 1999, publicadas en Congresos y Jornadas Nacionales de Derecho Civil, ed. La Ley, pág. 196)” (SCBA LP C 119562 S 17/10/2018 Juez De Lazzari. SD).
Pues bien, la falta de entrega del departamento construido en los términos y en el tiempo acorado por las partes –es decir el incumplimiento requerido por el art. 52 de la LDC - es una circunstancia que la sentencia de grado encontró probada y no ha sido recurrida por las partes. Por ello, de la ponderación armónica y coherente del ordenamiento jurídico en la materia y de los hechos traídos por el actor, encuentro que resulta la efectiva aplicación del instituto, contrariamente a la negativa expuesta por el Juez de grado.
En este contexto la procedencia del art. 52 bis de la ley 24240 tiene su respaldo en la garantía protectoria establecida por el art. 42 de la Constitución Nacional en cuanto dispone que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad, e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y de trato equitativo y digno”.
En cuanto a la suma otorgada, he de resaltar que la cuantificación del daño punitivo impuesta por el sentenciante de primera instancia en virtud a lo dispuesto por el art. 52 bis de la ley 24.240, debe ser graduada teniendo en cuenta "la gravedad del hecho y demás circunstancias", con la expresa salvedad que se trata de una indemnización de naturaleza sancionatoria y no reparatoria.
En consecuencia, su fijación no debe necesariamente responder o vincularse con el monto resultante de las indemnizaciones fijadas en el proceso, ni tampoco ajustarse de modo necesario a las pautas matemáticas reclamadas por el actor, las cuales por otra parte no están exentas de generar arbitrariedades por sus abstracciones.
Por ello, acreditado el incumplimiento del proveedor y las circunstancias señaladas en el presente, en uso de las facultades conferidas por el art. 165 CPCC propongo fijar en concepto de daño punitivo la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) a la fecha del presente fallo (arts. 165, 384, 375 y ctes del CPCC).
7. En tal entendimiento, por las consideraciones vertidas, he de propiciar hacer lugar al recurso del actor proponiendo la fijación de daño punitivo en favor del actor por la suma de pesos CIEN MIL ($100.000), suma que deberá abonarse dentro de los diez días de adquirir firmeza el decisorio, fijándose para el caso de mora el pago de los intereses mediante la aplicación de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y por aquellos que no alcance a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, ello desde la fecha de mora hasta el día de su efectivo pago; finalmente, insto a que las costas de la Alzada sean soportadas por la parte demandada en su esencial condición de vencida (art. 68, CPCC).
Voto por la NEGATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde modificar la sentencia atacada y receptar la indemnización del daño punitivo reclamado, condenando al demandado a abonar al actor en tal concepto la suma de pesos CIEN MIL ($100.000), suma que deberá abonarse dentro de los diez días de adquirir firmeza el fallo, estableciéndose para el caso de mora el pago de los intereses mediante la aplicación de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y por aquellos que no alcance a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha de mora hasta el día de su efectivo pago. Las costas de Alzada deben ser soportadas por la parte demandada en su esencial condición de vencida (art. 68, CPCC).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede, se modifica la apelada sentencia de fs. 178/183 y se recepta la indemnización del daño punitivo reclamado, condenando al demandado a pagar al actor en tal concepto la suma de pesos CIEN MIL ($100.000), suma que deberá abonarse dentro de los diez días de adquirir firmeza el fallo, estableciéndose para el caso de mora el pago de los intereses mediante la aplicación de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y por aquellos que no alcance a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha de mora hasta el día de su efectivo pago. Las costas de Alzada se imponen a la parte demandada en su esencial condición de vencida (art. 68, CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia