Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129885
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la apelada resolución de fecha 3 de mayo de 2021, con costas (art. 68, CPCC).
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXVII
Causa N° 129885; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº22 - LA PLATA
DE MARTIN LUCIANA CECILIA Y OTRO/A C/ EGGENHOFER JORGE ROBERTO JUAN Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) (DIGITAL)
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 16 de julio de 2021.
VISTOS: CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a efectos de tratar el recurso de apelación interpuesto por la actora, contra la resolución de fecha 3 de mayo de 2021, en cuanto no hace lugar a la medida cautelar peticionada. El memorial se presentó el 20 de mayo de 2021 y el señor Fiscal de Cámaras dictaminó con fecha 25 de junio de 2021.
2. Es principio general que las medidas cautelares no constituyen un fin en sí mismas, sino que son un accesorio que se otorga en consideración al derecho invocado que habrá de ser materia de resolución en la sentencia definitiva. Tienen por efecto asegurar el eventual derecho del acreedor que pueda ser judicialmente reconocido, a fin de evitar que el mismo se torne abstracto en caso de que no pueda posteriormente ser satisfecho. Constituyendo este tipo de medidas un "anticipo de la garantía jurisdiccional", se otorgan sobre la base de la mera verosimilitud del derecho que se pretende garantizar, el peligro en la demora y la contracautela, sirviendo a un proceso principal y siendo su existencia provisoria, al depender del litigio del cual derivan (arts. 195, 199, 202, y conc. del CPCC; esta Sala causa 121.336, RSI 56/17, del 21-3-17.).
3. En el caso, se agravia el recurrente toda vez que, a su entender, no han sido correctamente expresados los fundamentos por los cuales se han denegado las medidas cautelares pretendidas –embargo e inhibición general de bienes-, solicitando, en consecuencia, que sean decretadas.
4. Cuando se trata de una acción promovida por el incumplimiento de un contrato bilateral, como en el caso, para la procedencia de la medida cautelar solicitada por la accionante se exige la acreditación -a primera vista- de la existencia del contrato y de su cumplimiento por parte del actor, porque una vez allegada la convicción sumaria acerca de estos presupuestos, la verosimilitud queda presumida por la ley (Cfme. Eduardo N. de Lázzari, "Medidas Cautelares", Tº I, pág. 232 y ss; esta Sala causa 121.336 , cit.; arg. art. 209, inc. 2 y 3, CPCC).
En la hipótesis, se aprecia que los contratos de locación de obra y servicios profesionales adjuntados por la actora al promover la demanda son instrumentos privados sin firma certificada –no habiéndose tampoco abonado las firmas por dos testigos- no pudiendo por tanto concluirse aún la intervención de la parte demandada en el contrato bilateral adjuntado, ni el cumplimiento por parte de la accionante de su obligación bilateral, por lo que no se aprecian cumplidos aún los requisitos del artículo 209, incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil y Comercial.
POR ELLO, en virtud de las consideraciones que anteceden, se confirma la apelada resolución de fecha 3 de mayo de 2021, con costas (art. 68, CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia