Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 130171
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 130171; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº19 - LA PLATA
V. M. P. Y OTRO/A C/ C. L. I. I. S. J. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
REG. SENT.:205/21 Sala II - FOLIO:1197
En la ciudad de La Plata, a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 130171, caratulada: "V. M. P. Y OTRO/A C/ C. L. I. I. S.J. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 15 de mayo de 2021?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1– La sentencia de primera instancia admitió la demanda que por daños y perjuicios por incumplimiento contractual promovieron M. P. V. y A. S. C. en representación de su hijo S. C. contra el Colegio La Inmaculada Instituto San José, condenándolo a pagar en el plazo de diez días la suma de Pesos cuatrocientos ochenta mil ($ 480.000.-); aplicó a la suma de condena los intereses del 6% anual a liquidarse desde el 9 de octubre de 2019 y hasta la fecha del decisorio y de ahí en más la tasa pasiva más alta que establece el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días; impuso las costas al demandado; desestimó la aplicación de la plus petición inexcusable y difirió la regulación de honorarios para la oportunidad en que la decisión adquiera firmeza y se encuentre establecida la cuantía económica del proceso (v. sent. del 15 de mayo de 2021).
2. Contra esa forma de decidir interpuso recurso de apelación el demandado (presentación electrónica del 16 de mayo de 2021), el que fue concedido libremente luego de efectuado el depósito previsto por el art. 29 de la ley 13.133 (proveído del 6 de julio de 2021) y fundado en tiempo y forma (presentación electrónica de fecha 7 de julio de 2021). Corrido el pertinente traslado (proveído del 14 de julio de 2021) mereció réplica de los actores (presentación electrónica del 2 de agosto de 2021). Previa vista a la Señora Asesora de Menores (presentación del 18 de agosto de 2021) y al señor Fiscal de Cámaras (presentación del 27 de agosto de 2021), se llamó Autos para Sentencia (proveído del 27 de agosto de 2021).
3 – El Arzobispado de la Ciudad de La Plata –en su carácter de propietario de la Institución Educativa C. L. I. I. S. J.- se agravia del resultado del pleito, tildando a los fundamentos dados en la instancia de origen de improcedentes.
Basa esta acusación en lo que califica como ausencia de análisis sobre la inacción familiar ante los hechos sufridos por el menor. Alega que los actores presentaron documentación de consultas o tratamientos en el año 2018, luego de 6 años de supuestos padecimientos.
Agrega que el juzgador se condiciona cuando analiza la prueba pericial con documentación ajena al procedimiento.
Lo disconforma que se haya desechado sin fundamento su pedido de incumplimiento del proceso de mediación por no coincidir su inicio con los montos solicitados posteriormente en la demanda.
Pone en crisis que la sentencia recurrida ubique el período en el que sucedieron los hechos al denunciado por la actora (entre los años 2013 a 2018), pero al momento de la sana crítica menciona pruebas aportadas referidas a los años 2015 a 2018, obviando el acompañamiento institucional realizado durante los periodos 2013 a 2015. Alega que se hizo caso omiso a la situación de 3 años donde la familia no presentó manifestaciones o comunicaciones referentes a su hijo y la presunta vulneración de sus derechos.
Denuncia que la Jueza de grado no analizó que la primera presentación de la familia C. a la Institución se realizó en el año 2015 producto de una fractura de su hijo, tanto como que fueron acompañados por la Institución en el cambio de aula y sector institucional.
Se queja que la sentencia refiera a la inacción de su parte, cuando se encuentra probado que a partir del año 2015 hubieron convocatorias a reuniones, supervisiónáulica, comunicaciones con la familia del niño agresor y la conformación de convivencias.
Aduna que el decisorio apelado se basa solo en lo dicho por los testigos en cuanto al momento de reflexión en el oratorio, pero no da cuenta que la docente G. declara que en 3 años únicamente tuvo dos reuniones con la familia demandante y casualmente fueron en los últimos 3 meses del ciclo 2018, que la secretaria Sra. C. menciona procedimientos de situaciones de conflicto determinadas por normativa vigente no aplicables a las presentaciones de la familia y que alude a charlas con los alumnos, con el personal docente, entrevistas con la familia, observacionesáulicas, entrevistas con las familias, etc.
En lo tocante con la declaración de la Licenciada Naranjo da cuenta que la juzgadora no reparó en la pregunta realizada referente a la comunicación de la profesional con la institución, en razón de su responsabilidad en el conocimiento de vulneración de derechos a un menor y realiza un mero análisis de un informe de consulta, dando al mismo la calidad de tratamiento, sin periodicidad en el trabajo con el menor. Además, se queja que se mencionan entrevistas no acreditadas en el expediente siendo lo documentado un informe de interconsulta.
Se agravia que se le endilgue responsabilidad institucional por actuaciones insuficientes en el marco institucional, sin realizar ningún análisis sobre el papel de la familia manteniendo a su hijo durante 6 años con sufrimientos psicológicos, sin realizar manifestaciones durante los 3 primeros años ni consultas con profesionales hasta pocos meses previos de inicio de la acción.
Pone en crisis la procedencia del daño psicológico y que en tal caso sea atribuible a la actuación de su parte tomando consideraciones aportadas por la pericial y sana crítica del juzgador. Arguye que se omitió la oposición manifestada por su parte referente a que la perito en cuestión tomo para su análisis documentación aportada por la Licenciada Naranjo, siendo tales instrumentos ajenos al proceso, produciéndose la pericia con vicios inaceptables que han condicionado el criterio pericial y del juzgador al momento de su fallo.
Destaca que solicito la nulidad de la pericia realizada y sin perjuicio de ello se reconoce la utilización de documentación inválida.
Finalmente, manifiesta la nulidad del procedimiento por encontrarse el mismo viciado con documentación ajena al juicio.
4 – Abordando la tarea revisora advierto que tanto el objeto de la presente causa como de los agravios planteados por la demandada se centran la determinación sobre la existencia y extensión en el caso en concreto de una problemática de amplia y lamentable inserción en el ámbito educativo y social como lo es el acoso escolar o bullying.
4.1. La definición consensuada entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la reconocida organización no gubernamental Internacional Bullying Sin Fronteras, da cuenta que el bullying o acoso escolar es toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar en forma reiterada de manera tal que causa daño, temor y/o tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas (conf. https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/).
De una primera aproximación a sus caracteres se desprende que no todo acto violento es Bullying: “No es lo mismo pelearse con alguien una vez o discutir en un juego, que maltratar siempre a la misma persona, con intención de hacerla sentir mal. Esto último es el acoso escolar” (conf. www.ioma.gba.gob.ar/index.php/no-te-sumes-ni-permitas-el-bullying/).
En definitiva, se trata de una conducta de persecución física o psicológica que realiza un/a contra otro/a, que lo escoge como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición en la que difícilmente puede salir por sus propios medios (definición de Dan Olweus, psicólogo sueco-noruego, pionero mundial en la investigación sobre acoso escolar. Noruega 1973).
“La violencia en sus múltiples manifestaciones siempre causan dolor, daño y humillación para los niños, niñas y adolescentes, afectando su aprendizaje, su desarrollo su futuro. Y si bien numerosas situaciones ocurren por fuera de los ámbitos educativos, las escuelas vivencian en su interior, como caja de resonancia lo que ocurre afuera por ende requiere de la observación, acompañamiento e intervención de la comunidad educativa en su conjunto” (conf. texto citado, Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Los actores en el proceso de configuración de bullying son:
a) El hostigador/ acosador: que idea el hostigamiento y puede o no ser quien lo ejecuta. Generalmente es el líder del grupo y tienen necesidad de demostrar fuerza y poder.
b) El hostigado/ acusado: si no puede defenderse ya sea física o verbalmente seguirá siéndolo hasta que otro tome su lugar o hasta que pueda haber una intervención de un adulto.
c) Los seguidores: los que apoyan al líder. Son los que soportan el hostigamiento, los que muchas veces lo ejecutan y los que festejan todas las acciones del líder. Sin ellos el Bullying no tendría sentido para el líder.
d) Los espectadores y testigos: los que miran sin decir nada, los que se ríen de lo que pasa y los que intentan detener el hostigamiento ya sea directamente o reportándolo.
e) El personal de la escuela: los maestros, preceptores, los directores, el conductor del micro, etc. son los que deben detectar el bullying e intervenir inmediatamente.
f) Los padres: son los responsables de detectar cambios en sus hijos y conversarlos con las autoridades del colegio.
Como se dijo, todos ellos son parte integrante del conflicto y por lo tanto se requiere de una intervención eficaz, el involucramiento de todos para una solución efectiva (Grupo CIDEP –Centro de Investigaciones del Desarrollo Psiconeurológico- Equipo Bullying Cero Argentina).
4.2. Desde el punto de vista normativo, los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional -conforme el art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna- dan pautas para el amparo del niño, niña y adolescente ante este flagelo.
La Convención Sobre los Derechos del Niño de 1989 pone en cabeza de los estados parte la adopción de medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo custodia de los padres, de un representante legal o cualquier otra persona que lo tenga a su cargo (conf. art. 19, apartado “1”). Obviamente que entre “cualquier otra persona que lo tenga a su cargo” se encuentran los docentes y directivos dentro de la institución educativa.
Específicamente en el ámbito escolar “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho” debiendo en particular adoptar “cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención” (art. 28, apartados 1 y 2).
Continuando este sendero, la Ley Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (N°26061 promulgada en el año 2005) fija como objeto la protección integral de los niñas, niños y adolescentes que se encuentren en territorio nacional, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de su derecho, agregando que éstos estarán asegurados por su máxima exigibilidad y sustentando en el interés superior del niño (conf. art. 1 ley 26061).
Ante la omisión en la observancia de los deberes que corresponden a los órganos gubernamentales del Estado, habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces (conf. art. 1 ley 26061).
Al referirse al interés superior del niño, la misma ley indica que debe respetarse el “pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural” (inc. 3 del art. 3), poniendo énfasis en que “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral” (art. 9 ley 26061).
Finalmente, dispone que la persona que tome conocimiento de este tipo de situaciones, deben comunicarlo a la autoridad local de aplicación de la ley (art. 9) y específicamente en el ámbito educativo impone el deber de comunicar a los miembros de establecimientos educativos y de salud, públicos o privados ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión (art. 30).
En el ámbito específico, la Ley de Educación Nacional que regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella (conf. art. 1 ley 26206) establece “La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común” (art. 8).
Entre los fines y objetivos de la política educativa allí fijados se instituye el de garantizar en el ámbito educativo el respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes establecidos por la antes citada ley 26061 (art. 11, inc. “g”).
En lo tocante con la educación primaria dispone que se deben ofrecer en la escuela las condiciones necesarias para un desarrollo integral de la infancia en todas sus dimensiones (art. 27, inc “b”).
Entre los derechos que la ley consagra a los alumnos se incluye el ser protegidos/as contra toda agresión física, psicológica o moral (art. 126 inc. “d”), mientras que entre las obligaciones de éstos se cuentan las de respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos/as los/as miembros de la comunidad educativa y participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando el derecho de sus compañeros/as a la educación y las orientaciones de la autoridad, los/as docentes y los/as profesores/as (conf. art. 127 inc. “c” y “d”).
Finalmente, pone en cabeza de los padres “Respetar y hacer respetar a sus hijos/as o representados/as la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos/as los/as miembros de la comunidad educativa” (art. 129 inc. “e”).
Posteriormente, la ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas (N°26892 sancionada el año 2013), abordó la cuestión del Bullying de modo específico, imponiendo como principios orientadores – entre otros- “el respeto y la aceptación de las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión en las interacciones entre los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo las que se produzcan mediante entornos virtuales y otras tecnologías de la información y comunicación” (art. 2 inc “c”) y “el reconocimiento y reparación del daño u ofensa a personas o bienes de las instituciones educativas o miembros de la comunidad educativa por parte de la persona o grupos responsables de esos hechos” (inc. “j”).
Resalta como objetivos de la ley el garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y psicológica, como la orientación hacia criterios que eviten la discriminación, fomenten la cultura de la paz y la ausencia de maltrato físico o psicológico (art. 3 inc. “b” y “c”).
Finalmente, en el ámbito provincial, la ley 14750 –en concordancia con la ley nacional 26892- aborda sobre la necesidad de la confección en el ámbito educativo de acuerdos de convivencia, guías y protocolos de intervención que aborden la conflictividad social en esas instituciones (conf. arts. 1, 3, 4 y 5).
Da cuenta que estos acuerdos y protocolos deben basarse en: el respeto a la dignidad de las personas (art. 3 inc. “a”), la resolución pacífica de conflictos, mediante la utilización del diálogo como metodología para la identificación y resolución de los problemas de convivencia (inc. “e”), el respeto por las normas y la sanción de sus transgresiones como parte de la enseñanza socializadora de las instituciones educativas (inc. “f”), el derecho del estudiante a ser escuchado y a formular su descargo ante situaciones de transgresión a las normas establecidas (inc. “h”), la valoración primordial del sentido formativo de las eventuales sanciones (inc. “i”) y el reconocimiento y reparación del daño u ofensa a personas o bienes de las instituciones educativas o miembros de la comunidad educativa por parte de la persona o grupos responsables de esos hechos (inc. “j”).
De este racconto legislativo –efectuados a los fines de dar cuenta de la recepción normativa de esta honda problemática social- surgen no solo la definición de Bullying o acoso escolar sino también el marco normativo y las acciones mediante las cuales debe asegurase una intervención efectiva de los distintos actores a los fines de evitar su producción.
Podrá concluirse que varios de los postulados aquí mencionados carecen de reglamentaciones adecuadas y una efectiva puesta en práctica, pero es lo cierto que fijan un piso de marcha de respeto irrestricto al normal desarrollo y desenvolvimiento del niño, la especial atención ante situaciones de violencia física, psíquica o moral en el ámbito escolar y los actores en el lamentable proceso de Bullying que incluye no solo al agredido y al agresor, sino a padres, maestros, directivos y otros compañeros.
4.3 – En lo relativo al ámbito de la responsabilidad, llega firme a esta instancia tanto la aplicación al presente de las reglas relativas a la defensa del consumidor y el usuario (ley 24240) como la procedencia del factor de atribución objetivo a partir de lo expresamente dispuesto por el art. 1767 CCyC.
Por lo tanto, acreditado el daño y su producción en el ámbito y bajo el control de la autoridad escolar, la institución educativa solo será eximida de responsabilidad ante la prueba del caso fortuito (art. 1767 CCyC).
Se ha dicho que entre las condiciones que deben manifestarse para que se mecanice la responsabilidad civil del titular del establecimiento educativo se encuentran: 1)
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.