Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 129804
REG. INTER. N° /21, LIBRO INTERLOCUTORIOS LXXVII. JDO. JUZG. N°12
Causa: 129804
La Plata, 24 de Agosto de 2021
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1. La resolución atacada.
A través de la resolución que dictara el 18 de diciembre de 2020, la Magistrada de la instancia de origen resolvió desestimar la incorporación de la prueba documental que acompañara el actor con fecha 14 de junio de 2020, ordenando que una vez firme su decisión, se proceda al desglose de los originales; ello con costas a dicha parte.
Para resolver en tal sentido y en lo que aquí resulta sustancial, comenzó por explicar el concepto y marco de actuación de los 'hechos nuevos', para concluir que la referida documental no abastecía los requisitos de la ley procesal indica en este ámbito; señalando que, no obstante su fecha, no se había efectuado una explicación clara y concreta de la causa, es decir, la relación que los une con los hechos debatidos en autos, ni especialmente del por qué si los mismos supuestamente fueron expedidos entre el 13 de mayo de 2019 y 11 de noviembre del mismo año, recién han intentado ser incorporados al proceso en la fecha aludida.
Luego de ello, argumentó que la ley procesal, al permitir incorporar documentos de fecha posterior al inicio de la demanda bajo juramento o afirmación de no haber antes tenido conocimiento de ellos (art. 334 del C.P.C.C.), no le otorga a quien quiera hacer uso de esa posibilidad la facultad de elegir cuándo utilizarla, dado que dicho derecho debe ser ejercido en forma oportuna, al igual que la prueba testimonial ofrecida.
2. Los agravios.
La resolución fue objetada por medio del recurso de reposición con apelación en subsidio que se dedujera el 17 de febrero de 2021.
Sostuvo allí la actora que acompañó los documentos en cuestión en un acto de buena fe procesal, toda vez que el monto de una eventual sentencia condenatoria estará dado por la suma que determinó la perito arquitecta en su pericia, independientemente del monto de los recibos; por lo que éstos tuvieron por objeto definir la fecha de corte del lucro cesante, ya que hasta que el inmueble no estuvo habitable nuevamente, el cobro del canon continuó corriendo.
Asimismo, indicó que la interlocutoria carece de fundamentación alguna, ya que se ha limitado a afirmar la inexistencia de una explicación clara y concreta sobre la causa de los recibos -es decir, la relación que los une con los hechos debatidos en autos- ni el por qué de su incorporación con fecha 14/06/2020; omitiendo entonces desarrollar o exponer norma jurídica alguna que le de basamento a la decisión. Ello, a su modo de ver, importa un claro apartamiento de la solución normativa prevista para el caso concreto, abriendo paso a la pura discrecionalidad decisoria.
En pos de ello, reseñó que la relación que une esos documentos con los hechos debatidos en autos es directa e inmediata, ya que no sólo dan cuenta de la reparación del inmueble incendiado, sino también de la fecha en que el inmueble quedó reparado definitivamente y por ende resultó habitable, circunstancia que representa la fecha de corte del lucro cesante, concepto expresamente reclamado en su demanda.
Y luego expuso que la exigencia de explicar la razón de su incorporación el 14 de junio de 2020 no resulta relevante jurídicamente a los fines de definir si documentos de fecha posterior a la demanda deben ser incorporados o no; sin perjuicio de lo cual, detalló que todos sus esfuerzos estuvieron destinados a impulsar el proceso para la inscripción del embargo, adviniendo luego la feria judicial y, al breve tiempo, la casi total paralización del Poder Judicial como producto del COVID-19; habiéndolos adjuntando en la primera oportunidad procesal que le fue posible, no siendo el argumento dado suficiente ni relevante para ordenar el desglose.
Por lo demás, agregó la existencia de un yerro aún mayor en la sentencia, que desestima la totalidad de los documentos acompañados, independientemente de las fechas de cada uno, consistente en que algunos de ellos no existían no sólo al momento en que se libró la cedula que notificó de la demanda a las codemandadas Bova Passarelli y Pane, sino tampoco a la fecha de la traba de la litis; lo que contraría abiertamente normas procesales y afecta gravemente el derecho de defensa de esta parte.
Habida cuenta los términos del recurso y como consideración de orden genérico, es dable referir que resulta una carga procesal de las partes acompañar, junto con sus escritos postulatorios, la totalidad de la documentación que se encontrare en su poder (art. 332 del CPCC); fijando entonces la legislación adjetiva el momento procesal oportuno para adjuntar tales piezas.
Sin embargo, el art. 334 del CPCC prevé el supuesto de que, "después de interpuesta la demanda", se expidan nuevos documentos -desde ya, posteriores a aquel acto- o lleguen a conocimiento de la parte otros de fecha anterior, los cuales desconocía; autorizando la ley entonces, de modo excepcional al principio ya reseñado, la posibilidad de incorporarlos en el proceso.
Al decir de la doctrina, estas piezas pueden ser utilizadas para acreditar tanto lo invocado en los escritos constitutivos como en los hechos nuevos o sobrevinientes. Será necesario entonces que el hecho vinculado al documento ya se encuentre referido en alguna pieza del expediente; pues, de lo contrario, deberá ingresar por el carril del hecho nuevo (Hitters, Juan Manuel, "Hechos nuevos, sobrevinientes…", LA LEY 2008-B , 998, pto. V).-
Sobre esa base, es dable referir que el actor, en el marco del escrito inaugural de las diligencias preliminares, afirmó que "necesita en forma urgente comenzar con la reparación […], para evitar cualquier derrumbe y/o nuevos daños que puedan producirse"; que "tiene los medios económicos para proceder en forma inmediata a la reparación de la propiedad y luego exigir el cobro de la indemnización debida a la locataria y sus garantes"; y que una vez "producidas dichas medidas probatorias…proceda a la reparación del inmueble y continuar con el proceso, sin el peligro actual de derrumbe o mayores daños en la propiedad y/o de usurpación del lote. Asimismo, para que la vivienda pueda volver a estar en condiciones de habitabilidad y […] pueda disponer de la misma" (ver fs. 155 vta/156).
De igual forma, en el escrito de demanda de las presentes (interpuesta el 13 de mayo de 2019), indicó que su "parte recientemente comenzó a llevar a cabo las medidas de conservación y reparación del inmueble, a los efectos que lo daños no continuaran profundizándose" (ver fs. 110/vta); agregando, al tiempo de desarrollar los rubros en reclamo, que "las llaves de la propiedad se entregaron con fecha 18 de junio de 2018. Es a partir de tal momento y hasta la efectiva reparación del inmueble que lo convierta nuevamente en habitable y apto para ser incluido en el mercado inmobiliario (a los efectos de su locación), que debe abonarse el lucro cesante" (ver fs. 120 vta).
En esa línea y sin que implique prejuzgamiento alguno, los recibos acompañados con la presentación del 14 de junio de 2020 referirían -al menos liminarmente- a trabajos de obra en el inmueble sito en calle 135 N°4113 de Gorina -que es el referido en los escritos constitutivos-, habrían sido firmados por un Arquitecto y su fecha de expedición quedaría comprendida entre el 13 de mayo de 2019 y 11 de noviembre de 2019.
Tal reseña tiene por objeto evidenciar que, aun frente a la prácticamente nula descripción hecha en el escrito del 14 de junio de 2020, pero lejos de tratarse de un hecho nuevo, la voluntad de proceder a su reparación y colocación en estado de habitabilidad fue augurada por el accionante desde el inicio mismo de ambas actuaciones; a la vez que los documentos guardarían relación fáctica y cronológica con lo allí expresado. A riesgo de reiteración, ello no importa adelantar una valoración de los mismos, sino efectuar el análisis pertinente para resolver sobre su admisibilidad.
En el mismo sentido, es dable referir que aun cuando la ley no prevé un plazo límite, se ha interpretado uniformemente que el término para introducirlos en la instancia de grado es hasta el llamamiento de autos para sentencia, mientras que aquellos que tuvieran fecha posterior o se conozcan luego de esa etapa, deben incorporarse en la Alzada (esta Sala, causa 93744, sentencia del 27-8-1996; López Mesa, Marcelo J. - Rosales Cuello, Ramiro, Código Procesal…, La Ley, 2014, Tomo III, pág. 828; Camps, Carlos E., Código Procesal…, Abeledo Perrot, 2012, pág. 1077). Estas reglas evidencian que su incorporación en autos ha sido hecha en forma por demás oportuna, toda vez que, al 14 de junio de 2020, ni siquiera se habían abiertos las actuaciones a prueba.
Ahora bien, bajo esas condiciones, no se advierten razones para vedar su ingreso. La pretendida alteración de la litis, invocada por la codemandada, no es tal, pues -como se viera- sólo se trata de documentación relativa a hechos ya descriptos y no nuevos (arts. 331 y cits. del CPCC); mientras que el ofrecimiento de la prueba en subsidio también se encuentra habilitado, dado que de otra manera y ante su calidad de privados, la sola negativa o desconocimiento de la contraria importaría obturar la posibilidad de su adveración. Finalmente, no se advierte violación alguna al derecho de defensa, toda vez que la contraria pudo, ante el traslado que se confiriera el 17 de junio de 2020, ejercer la carga procesal prevista en el art. 354 inc. 1 del CPCC y, en su caso, proponer prueba (art. 334 del Cód. cit.).
A mayor abundamiento, es dable referir que la figura de los nuevos documentos hace honor al principio de economía procesal y a la justicia del caso, garantizando el efectivo acceso a la misma (art. 15 CPBA), porque, de no ser admitidos, se permitiría que los principios de formalidad o preclusión triunfen sobre la verdad; de allí que quepa asumir una interpretación amplia a su respecto, pero respetuosa de las pautas legales; máxime ante la posibilidad que tiene la contraria de ejercer con plenitud la citada garantía convencional, tutelando la debida contradicción. Y ello es coherente con lo dicho por nuestro Máximo Tribunal Federal, en el sentido que "el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva que es su norte" (Fallos 238:550).
POR ELLO, corresponde revocar el decisorio del 18 de diciembre de 2020; y, en su mérito, admitir los nuevos documentos incorporados el 14 de junio de 2020 en los términos del art. 334 del CPCC; con costas de ambas instancias a la codemandada Bova Passarelli, en su calidad de vencida. REG. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1° de la Ac. 3991 SCBA del 21/10/20.DEVUELVASE.
Fin de la sentencia