Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 131189
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, fundamentos expuestos y dictamen del Fiscal de Cámaras Departamental del 09/02/2022 se revoca la incompetencia decidida en la resolución apelada del 15/11/2021.Costas de ambas instancias a la demandada en su condición de vencida.
Causa: 131189 Jdo. Civil y Comercial nro. 1
La Plata, 21 de Abril de 2022.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. Antecedentes.
I.1. Que mediante resolución del 15/11/2021 la Sra. Juez de la instancia de origen haciendo lugar a la excepción de incompetencia planteada por la parte demandada como de previo y especial pronunciamiento declaró la incompetencia en razón de la materia para entender en esta causa . Impuso las costas a la actora por resultar vencida.
Infirió para ello que los elementos que conforman el Derecho de la Navegación, llevan a la autonomía de esta rama del derecho con principios especiales y tendencia a la completividad, con normas de derecho público y privado; que por los arts. 116, 117 y 121 de la Constitución Nacional la competencia federal es limitada y de excepción; que las leyes se clasifican doctrinalmente en locales, comunes y federales descartando la apertura del fuero federal en causas de derecho común (art. 75 inc. 12 C.N.), y de derecho local y que ninguna provincia podría dictar normas vinculadas a la aeronáutica salvo algunos temas de mero orden administrativo.
Cita la ley federal nº 13.998/50 que en su art. 55 inc. b, determina la competencia federal para los hechos, actos y contratos concernientes a los medios de transporte terrestre; y a los regidos por el derecho de la navegación y por el derecho aeronáutico, estableciendo la competencia federal en hechos, actos y contratos regidos por el derecho marítimo y aeronáutico (art. 42 inc. b, y art. 52. inc. b). Tuvo en cuenta asimismo la denominada “cláusula comercial” (art. 75 inc. 13 C.N.) que implica la atribución de regular el comercio interjurisdiccional, ya sea internacional o interprovincial; que en el Derecho Aeronáutico en su art. 198 se establece que corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión en las causas que versen sobre navegación aérea o comercio aéreo en general (jurisdicción federal “rationae materiae”), sin que ello signifique que no se considere el resto del ordenamiento jurídico (derecho común y especial, códigos, leyes, etc) en cuanto a su aplicabilidad en forma concurrente como, por ejemplo, las normas de protección al consumidor.
I.2. Que contra esa forma de decidir se alza la actora mediante recurso de apelación que arriba sostenido con las memorias del 1/12/2021 (Mónica Gladis Bono) y del 2/12/2021 (Luisina Heffes), contestadas el 9/12/2021.
Sostienen en lo sustancial que la acción de autos está articulada en base a la ley de defensa del consumidor en tanto ley supletoria de la aeronáutica y fundada por incumplimientos reiterados y cancelación de vuelos derivados de la situación de pandemia, situaciones todas que excedían la ley especial; que se equivoca la sentenciante al sostener que se deberá aplicar la concurrencia de los ordenamientos jurídicos especiales en pugna, logrando a través de la integralidad y la armonización, la solución del caso dentro del ámbito Federal, debiendo ello interpretarse en el sentido que la LDC es una ley general posterior que no deroga a la ley especial anterior, ya que su parte nunca sostuvo que la LDC, en tanto ley posterior “deroga” a la ley aeronáutica, sino que la integra y opera en forma subsidiara.
Agrega en el mismo sentido que no puede sostener la Sra. Juez "a-quo" que toda controversia en materia aerocomercial debe ser debatida en el ámbito federal, ya que existen muchos antecedentes que determinan lo contrario y que los fallos citados por la Jueza hacen alusión precisamente a lo contrario, o sea, a situaciones de excepción.
Refiere que la accionada ha incumplido con sus obligaciones de brindar el servicio en las condiciones convenidas, omitiendo publicitar e informar adecuadamente sobre las consecuencias derivas de su falta de cumplimiento a lo pactado, ofreciendo soluciones alternativas por demás abusivas y perjudiciales para el consumidor y que la sentenciante, de la aplicación subsidiaria de la LDC, nada dice en la resolución apelada y menos aún la desestima; que la decisión se apoya sólo en el código aeronáutico y su competencia federal resultando indiscutible el carácter de contrato de consumo que reviste el contrato de transporte aéreo de pasajeros.
Refiere que, dentro de la “especialidad” de la aeronáutica civil regulada por el Código Aeronáutico y los Tratados Internacionales, se encuentra otra materia especial conformada por la “relación de consumo” existente en el contrato de transporte de pasajeros, regulada por el ordenamiento consumeril.
Sostiene que la adhesión de la accionada en relación a la ley 27.563 abona la aplicación de la ley de defensa del consumidor (Ley 14.240, arts 42, 43 de la CN, arts 11, 1092 y cc del CCCN).
I.3. El 09/02/2022 el Fiscal de Cámaras departamental consideró que debe revocarse la resolución recurrida y rechazar la excepción de incompetencia introducida por la demandada en atención a que la ley 24240 resulta aplicable en la especie con preeminencia al Código Aeronaútico.
II. Tratamiento de los agravios.
II.1. Liminarmente, ocupándonos del cuestionamiento que el apelado trae con relación a la fundamentación traída por las quejosas, sus alcances y requisitos, cabe señalar que de la lectura del memorial traído en sufragio de la pretensión revisora, se percibe claramente en qué consiste la protesta frente a lo decidido en la instancia de origen y más allá de los consabidos criterios amplios y flexibles que se imponen en la materia, no puede seriamente sostenerse que los agravios no satisfacen el mínimo de técnica exigido por las normas procesales, razón por la cual, corresponde desestimar el liminar pedido de deserción recursiva que propone la apelada que en subsidio ha contestado los correspondientes memoriales; ello sin perjuicio de la suerte que en definitiva pueda merecer el alzamiento (art. 260 del C.P.C.C. y su doctrina).
II.2. Es doctrina vigente y reiterada de la Corte Suprema de Justicia que para determinar o decidir la competencia corresponde estar a la exposición de los hechos relatados en la demanda, en primer término. Luego, en la medida en que se adecué a ellos, al derecho que se invoca como sustento de la pretensión, indagándose en la naturaleza de la pretensión, su origen y relación de derecho entre las partes (conf. Fallos 313:1467; 321:2917; 322:617; 323:1039; 323:61; 317:1002; 317:541, e.o.).
Sentado ello, se impone destacar que la competencia federal es privativa -y por lo tanto excluyente-, de naturaleza restrictiva, de excepción y su atribución está limitada a los casos que se mencionan en el art. 116 de la Constitución Nacional.
Tratándose de la aeronavegación, si bien a los efectos de determinar la competencia federal lo fundamental es la traslación aérea, teniendo en consideración que el derecho aeronáutico regula todas las actividades directa o indirectamente vinculadas con el empleo de aeronaves, tal solución no procede cuando la cuestión a examen es ajena a las normas que rigen el derecho aeronáutico, y no existe vinculación directa entre las partes con los intereses de la aeronavegación y del comercio aéreo Ello es así, toda vez que para atribuir la competencia federal, resulta esencial establecer si la causa se encuentra relacionada con el transporte aéreo interprovincial, o vinculada con la seguridad, el comercio, los intereses de la aeronavegación o con normas federales del derecho aeronáutico (conf. Cám. Civ. y Com. San Isidro, Sala II, 31/3/2005, Juba B1751285, cit. por Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos…”, 4ta. edición, t. II, 2015, Abeledo Perrot, pág. 74).
Desde esta perspectiva, la CSJN tiene dicho que “... atañe al fuero federal el juzgamiento de los asuntos relacionados principalmente con el servicio de transporte aéreo comercial, entendido como la serie de actos destinados al traslado en aeronave de personas o de cosas, de un aeródromo a otro y sujetas a los preceptos del Código Aeronáutico, su reglamentación y las disposiciones operativas de la autoridad aeronáutica (Fallos: 329:2819, “Triaca”, y CSJ 55/2019/CS1, “Mac Gaul, Marcia c/ LAN Airlines SA s/ acciones Ley de Defensa del Consumidor”, decisión del 11/07/19, entre varios otros)” (Fallo del 22 de diciembre de 2020, “Competencia FTU 14792/2019/CS1 González, Aníbal Gabriel c/ Casopeia Viajes y Turismo y otro s/ Ley de Defensa del Consumidor”, del Dictamen del Procurador Fiscal que ese Tribunal hace suyo).
En ese contexto señálase que las presentes actuaciones fueron iniciadas a fin de obtener una reparación patrimonial de la empresa Jetsmart Airlines Arg Spa, generada por la compra de dos pasajes aéreos con destino a El Palomar, Pcia. de Salta, para el 01/7/2020, viaje impedido por las restricciones impuestas por la pandemia, y cuya devolución fue negada.
Es claro que la situación descripta no es susceptible de afectar la navegación o el transporte aéreo y se funda en normas federales de derecho aeronáutico. No hay afectación de la aeronavegación, toda vez que se trata de perjuicios sufridos por dos personas que contrataron un viaje -compra de tickets- pero que al no poder utilizar no revistieron calidad de pasajeros en vuelo, esto es no hubo ejecución del transporte.
En sintonía con ello ha sostenido la Cam. Nac. en lo Comercial, Sala F, expediente 3190/2016 -citado por el Fiscal de Cámaras- que corresponde la intervención de la justicia ordinaria, cuando la cuestión de fondo esta inmersa en el marco de una relación comercial entre la empresa demandada y sus clientas actoras, debiéndo dilucidársela sustancialmente a través de la aplicación de las normas de derecho común por tratarse de una materia netamente mercantil y ante la justicia civil y comercial ordinaria. Dicho de otro modo, no se aprecia vinculada intrínsecamente con las normas regulatorias del transporte aéreo (art. 139 del Código Aeronáutico) sino de una forma más genérica con una atribución a una relación de consumo (Cam. Nac. Comercial, Sala F, 21/10/14, expediente nro. 22565/2013; ídem, 29/7/2020, SAIJ: NV25888; 17/6/2021, expediente nro. 2033/2021, e.o.).
Ello asi, no hay duda de que son aplicables las normas consumeriles (ley 24.240) en forma directa y principal (Farina, Juan M. Defensa del consumidor y del usuario, comentario exegético de la ley 24240, con las reformas de la ley 26361, Ed. Astrea, 4ta. ed. pág. 651) (arts. 116 y 121, Const. Nac.; 1, 2, 3, 25 y 37, LDC, 1, 2, 7 y 1094 CCCN).
Por lo tanto, y no obstante que el comportamiento que se imputa a la parte demandada sobre los hechos descriptos en el capítulo III de la demanda, y que su consecuente y eventual responsabilidad serán materia de juzgamiento oportunamente, conforme el objeto de la demanda entendemos que la competencia federal -de naturaleza limitada y de excepción- resulta ajena para entender en estas actuaciones.
II.3. Consecuentemente, y de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal de Cámaras departamental el 09/02/2022, corresponde revocar el decisorio apelado del 15/11/2021 (arts. 260, 266 CPCC), imponiéndose las costas de ambas instancias a la parte demandada que reviste objetiva condición de vencida (arts. 68, 69 y 274, CPCC).
POR ELLO, fundamentos expuestos y dictamen del Fiscal de Cámaras Departamental del 09/02/2022 se revoca la incompetencia decidida en la resolución apelada del 15/11/2021.Costas de ambas instancias a la demandada en su condición de vencida. NOTIFIQUESE. REGISTRESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia