Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 131450
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca el decisorio del 22/2/2020 y se deja establecido que, pudiendo considerarse aplicable al caso la ley de defensa del consumidor y sin perjuicio de lo que se resuelva oportunamente, el apelante goza del beneficio de gratuidad previsto en los artículos art. 53 de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133, el que alcanza también a los gastos que se produzcan en la etapa de mediación prejudicial previa.
Sentencia Interlocutoria
Causa N°131450; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº2 - LA PLATA
SPINAZZOLA EDUARDO MIGUEL C/ PROVINCIA SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
La Plata, 3 de mayo de 2022.
VISTOS: CONSIDERANDO:
1. El decisorio del día 22/2/2022, en cuanto desestima la petición formulada por el actor tendiente a que se le otorgue el beneficio de gratuidad previsto en las normas del derecho de consumo, viene subsidiariamente recurrido por el mismo mediante escrito del día 3/3/2022, habiendo fundado en esa misma pieza el recurso, que fue concedido el 4/3/2022 (art. 238, 241 del CPCC). Obra dictamen del señor Fiscal de Cámaras (v. archivo PDF acompañado en presentación del 17/3/2021).
2. Efectuada la pretensión mencionada, el señor Juez de grado proveyó:
“…II) Téngase presente la demanda promovida al sólo efecto de interrumpir la prescripción (arts. 2544 ss. y cc. del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994 y 34 inc. 5 ap. b del CPCC).”
“III) Atento lo solicitado, encontrándose las presentes actuaciones en etapa prejudicial, hágase saber al peticionante que a los efectos de solicitar el beneficio de gratuidad deberá proceder conforme lo indica el art. 7 de la Ley de Mediación N.º 13951…”.
Ese modo de resolver concitó la crítica del actor quien dio sus fundamentos en el escrito del día 3/3/2022 por el que interpuso revocatoria y apelación en subsidio. Al proveer a la impugnación, el señor Juez de grado dijo:
“…Que en lo esencial no se introduce en la impugnación recursiva nuevos elementos que modifiquen lo ya resuelto, en tanto las prescripciones del art. 53 de la Ley Nacional 24.240 y modif. y el Código Provincial del Consumidor (art. 25 Ley Provincial 13.133), en forma clara y sencilla indica que el beneficio de gratuidad del consumidor alcanza a las "actuaciones judiciales.”
“Y para que haya actuación judicial debe haber un juicio, debe haberse producido la apertura de la jurisdicción con la correspondiente demanda judicial.”
“Precisamente el ámbito de la mediación establecida en la Provincia de Buenos Aires y regulado por la Ley Provincial 13.951 y su Decreto Reglamentario 600/21, se articula sobre una etapa previa a la acción judicial, siendo una instancia de mediación "pre judicial", no encontrándose abierta aún la instancia judicial.”
“Por ello, no corresponde habilitar un beneficio propio del proceso judicial cuando no existe aún juicio, como tampoco se resolvió acerca de la competencia del suscripto frente al caso.- Y que en lo particular el art. 31 del Decreto 600/21 citado por la impugnante indica "... cuando la parte requirente hubiere obtenido por sentencia firme el beneficio de litigar sin gastos no deberá abonar el anticipo de retribución previsto en éste artículo", enmarcado en el artículo referido a las escalas de honorarios a regularse a un mediador por su labor cuando hubiere acuerdo, transacción o sentencia, remarcando que para la eximición del pago de anticipo debe contarse con beneficio de litigar sin gastos concedido…”.
3. A. Liminarmente, cabe destacar que esta Sala ha entendido que el beneficio de gratuidad es otorgado por ministerio de la ley y no por el juez de la instancia, no precisando de una petición de parte para su otorgamiento.
Al respecto, se ha dicho que el beneficio de justicia gratuita que regula la ley 24.240 de Defensa del Consumidor -LDC- es de por sí una figura autónoma, pues ni el artículo 53 ni el 55 remiten a las reglas del beneficio de litigar sin gastos contempladas en el ordenamiento procesal aplicable, sino que se limitan a conferir gratuidad sin otro aditamento-, el cual opera automáticamente por ministerio de la ley, aun cuando es igual en sus alcances al beneficio de litigar sin gastos en cuanto exime al beneficiario de los mismos gastos -así del depósito del artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC-; del pago de la tasa de justicia; y de las costas del proceso- pero que no se confunde con aquél, desde que el primero no depende de instancia o pedido de parte, es definitivo y no provisional, no se acuerda a las resultas del pleito -pues la ley lo contempla para todas las acciones iniciadas, aprehende necesariamente la gratuidad de todos los gastos de justicia y no está sujeto a la condición resolutoria de que el beneficiario mejore de fortuna, a diferencia de lo que en tal sentido se establece en el Código Procesal Civil y Comercial con relación al beneficio de litigar sin gastos (conf. Kielmanovich, “Beneficio de litigar sin gastos y beneficio de justicia gratuita”, publicado en “La Ley” el 23/8/19, cit. on line AR/DOC/2535/19; esta Sala, causa 126.699, RSD 12/20, sent. del 13/02/2020).
B. Por otro lado, deviene menester señalar, como se expusiera en el párrafo anterior, que el beneficio de gratuidad es una figura autónoma y con características distintas al beneficio de litigar sin gastos. Es en ese entender, la ley 24.240 -ley nacional, LDC- como la ley 13.133 -ley provincial, Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios- regularon en forma específica la mentada franquicia.
En efecto, en el presente cabe destacar que el artículo 53 de la Ley 24240 -LDC- dispone, en lo que aquí interesa, que “…las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.”.
Por su parte, el artículo 25 de la ley 13.133 prescribe que: “Las actuaciones judiciales promovidas por consumidores o usuarios, individual o colectivamente, de conformidad con las normas de defensa del consumidor, estarán exentos del pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica ...”.
Al preverse en la Ley de Defensa del Consumidor el beneficio de justicia gratuita, el legislador pretendió establecer un mecanismo eficaz para la protección de los consumidores, evitando que obstáculos de índole económica puedan comprometer su acceso a la justicia y, en consecuencia, privarlos de la efectiva tutela de los derechos consagrados en el texto constitucional (CSJN, doct. Fallos: 338:1344). Y ello ha sido replicado en el ámbito provincial. Asimismo, cabe señalar que un plexo jurídico debe ser interpretado -de modo coherente con todo el ordenamiento-, como acontece en especial con la normativa de orden público (art. 65, Ley 24.240 -LDC-).
Conforme ello, no es posible soslayar que, en el marco de las relaciones de consumo, el consumidor se encuentra en una situación de debilidad estructural, por ello, y en orden a preservar la equidad y el equilibrio, resulta admisible que la legislación contemple previsiones tuitivas en su favor (esta Sala, causa 126.699 ya cit.).
En este sentido, la gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal, con el objeto de facilitar su defensa cuando se trate de reclamos originados en la relación de consumo (CSJN, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ Nación Seguros S.A. s/ Ordinario”, sent. del 24/11/2015; considerando 6°; esta Sala, causa 126.699 cit.).
Sobre ese sendero, se advierte que el beneficio otorgado no se limita a la tasa de justicia, sino que se refiere a toda “imposición económica”, por lo que cabe concederlo con efectos análogos al del beneficio de litigar sin gastos (esta Sala, causa 120738, sent. del 9/2/2017; causa 126.699 cit., Causa N° 129206, RSD 84/2021, sent. del 15/4/2021; Sala III, causa 117654, sent. del 14/10/2014; Sala I, causa 120958, sent del 29/11/2016; “La Gratuidad en las acciones individuales y colectivas de consumo”, por Horacio L. Bersten, Diario L.L., 17 de marzo de 2009, págs. 4 y ss.).
En el caso, si se realiza una interpretación exegética de las normas específicas antes citadas en la que se establecen que “las actuaciones judiciales que se inicien…” (art. 53, Ley 24.240) como “Las actuaciones judiciales promovidas por consumidores...” (art. 25, Ley 13.133) parece considerar que tanto iniciar como promover implican una actitud activa de dar comienzo acciones legales. No obstante, ello, a tenor del método hermenéutico prevalente conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, no cabe concluir de tal modo.
En efecto, dicho máximo Tribunal sostiene que, “Al hallarse en juego la interpretación de normas procesales -como ocurre en estas actuaciones a tenor de la naturaleza del instituto cuyo alcance es motivo de decisión-, es aplicable el principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan y de manera que mejor se compadezca con los principios y garantías constitucionales (CSJN, voto de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi, Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano, en “Estado Nacional (Ministerio de Economía c/ Juzgado Federal de la Provincia de Catamarca s/ inhibitoria. Competencia”, sentencia del 25/08/1992; Fallos: 315:1738); como igualmente, “En supuestos en los que se encuentra en juego la interpretación de una norma procesal, es aplicable el principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan, de la manera que mejor se compadezcan y armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías constitucionales, en tanto con ello no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso, incluso, en casos no expresamente contemplados, ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulte aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas”. (CSJN, “Di Nunzio, Beatriz Herminia s/ excarcelación”, sentencia del 3/05/2005; Fallos: 328:1108). Además, “Es propio de la exégesis buscar el verdadero sentido de la ley mediante un estudio atento de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, ya que lo importante no es ceñirse a rígidas pautas gramaticales sino computar el significado profundo de las normas, pues el cometido judicial no concluye con la remisión a la letra de estas, toda vez que los jueces, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la ratio legis (razón de la ley) y del espíritu de aquellas”. (CSJN, “Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional”, sentencia del 3/11/2015; Fallos: 338:1183). Asimismo, según señala también la misma Corte, en la tarea interpretativa no debe prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos 331:1262).
En definitiva, “La interpretación debe hacerse armónicamente teniendo en cuenta la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial” (CSJN, “Díaz Cabral, Marcelo Gonzalo y otros c/ Estado Nacional (Min. de Justicia) s/ empleo público”, sentencia del 18/07/2006; Fallos: 329:2890; “Corradini, Nicolás Nazareno c/ Estado Nacional s/ empleo público”, sentencia del 4/07/2006; Fallos: 329:2419).
En este marco es que “la justicia se entiende más en términos de ponderación de intereses y de valores, diversos y variables, que en una simple subsunción de normas” (GUZMÁN Néstor Leandro, “La ponderación en la reforma procesal civil -Las condiciones relevantes del caso entre la vulnerabilidad y la flexibilización de las formas-“; JA suplemento especial del 23-9-2020 sobre Las reformas procesales en estudio; p. 68 y sigtes) impregnando así, en mi opinión, al método decisorio de un racionalismo teleológico.
La tutela de los consumidores y usuarios tiene, como se sabe, no sólo protección legal, sino especialmente constitucional (arts. 42 Const. Nac. y 38 del Carta magna provincial).
4. En este contexto y conforme lo antes expuesto, si bien las leyes del consumidor reseñadas prescriben la gratuidad de las “actuaciones judiciales” que se inicien de conformidad a esa normativa (art. 53 de la ley 24.240; art. 25 de la ley 13.133), corresponde interpretar que dicha gratuidad, en los mismos términos ya mencionados, debe alcanzar a la etapa de la mediación previa establecida en la ley 13.951, no siendo pasible entonces de exigir –por vía reglamentaria- la tramitación del beneficio de litigar sin gastos (art. 31 decreto reglamentario 600/2021, último párrafo) a efectos de no abonar la suma equivalente a un (1) Jus arancelario en concepto de anticipo, a cargo de la persona requirente y a cuenta de la retribución total que le correspondiere al mediador, además del costo de las notificaciones (art. citado, primer párrafo).
Ello, en tanto se le exige al consumidor que previo al inicio del juicio, transite obligatoriamente esta etapa, como método alternativo de resolución de conflictos judiciales en el ámbito de la Provincia (art. 1, ley 13.951), no pudiendo considerarse que aquél quede desprotegido a pesar las normas constitucionales y legales tuitivas específicas que lo amparan por entender que la mediación es una etapa “prejudicial”.
Así, en la exposición de motivos de la ley 13.951 se establece que la conciliación previa obligatoria tiene por único objeto, instaurar en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires un medio alternativo de resolución de conflictos, antes que el mismo sea llevado por las partes hasta los estrados judiciales.
Se expresa que “El proyecto que se formula refleja una clara voluntad política de institucionalizar nuevos mecanismos alternativos para la resolución de disputas, que conlleven a solucionar los problemas de sobrecarga de tareas, debido al volumen de demandas incoadas, que soporta el Poder Judicial.”
Más es claro en señalar que “Este sistema en ningún caso altera el derecho que cada persona tiene de recurrir ante la justicia, tampoco está destinado a sustituir la jurisdicción como una de las funciones esenciales del Estado. Solo se pretende un medio alternativo para resolver la situación de conflicto.” (remarcado es propio).
Es decir que, si por la normativa de carácter general dictada por el Congreso de la Nación el consumidor se halla amparado en sus derechos para que estos puedan ser libremente ejercidos, entre ellos la gratuidad de las actuaciones judiciales, no puede considerarse que ese instituto no puede ser opuesto a la etapa previa que la Provincia de Buenos Aires dictó –con carácter obligatorio, art. 2 ley 13.951- para el posterior ejercicio de la acción ante la jurisdicción judicial (arts. 5, 14, 31, 42 Constitución Nacional).
Más allá de ello, debe referenciarse también que para la designación del mediador y a los efectos de transitar la etapa se ha establecido la intervención del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (art. 6 de la ley 13.951), ya que el reclamante debe formalizar su pretensión ante la Receptoría de Expedientes de la ciudad asiento del Departamento Judicial que corresponda (o del juzgado descentralizado, si los hubiere según el caso) mediante un formulario cuyos requisitos se establecerán por vía de reglamentación.
El artículo 7 de la ley prescribe “…En la oportunidad señalada en el artículo anterior se sorteará un mediador que entenderá en el reclamo interpuesto. En el mismo acto se sorteará el juzgado que, eventualmente entenderá en la homologación del acuerdo, o en la litis...”.
Y si bien la última parte de esa norma expresa “…Para el caso que alguna de las partes soliciten el beneficio de litigar sin gastos, se comunicará previamente a la Oficina de Mediación de la Procuración General de la Suprema Corte, que resolverá si le corresponde tomar intervención”, es lo cierto que en los casos en que pudiese aplicarse la ley de defensa de consumidor, el interesado queda alcanzado –por los motivos ya referidos- por el beneficio de gratuidad ya mencionado, sin necesidad de iniciar el trámite de aquella franquicia procesal.
Resulta incongruente concluir, entonces, que el consumidor está obligado a iniciar un beneficio de litigar sin gastos para la etapa de mediación, si la ley sustancial le otorga el beneficio de gratuidad. Aún más, no se entiende pretender la eficacia del beneficio de litigar sin gastos para no abonar las expensas de una etapa que el Juzgador considera prejudicial.
Adoptar en la especie el criterio establecido en el resolutorio atacado, conspira contra la efectiva concreción de la prerrogativa constitucional establecida a favor de los consumidores tendiente a posibilitar el acceso amplio a la jurisdicción –aun en la etapa previa de mediación- en defensa de sus derechos (conf. arg. CSJN, Fallo: 338:1344) y obstruye la vigencia de la garantía de Acceso a Justicia.
POR ELLO, en virtud de las consideraciones que anteceden, se revoca el decisorio del 22/2/2020 y se deja establecido que, pudiendo considerarse aplicable al caso la ley de defensa del consumidor y sin perjuicio de lo que se resuelva oportunamente, el apelante goza del beneficio de gratuidad previsto en los artículos art. 53 de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133, el que alcanza también a los gastos que se produzcan en la etapa de mediación prejudicial previa. REGISTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia