Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 131988
Sentencia Definitiva
Causa N° 131988;
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 9 - LA PLATA
MONTOYA SOLEDAD Y OTRO/A C/ AGUIRRE FEDERICO JAVIER S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) (80)
En la ciudad de La Plata, a los ocho días del mes de Agosto de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 131988, caratulada: "MONTOYA SOLEDAD Y OTRO/A C/ AGUIRRE FEDERICO JAVIER S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) (80)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 29 de abril de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia admitió la demanda de daños y perjuicios promovida por Soledad Montoya y Alejandro Néstor Prades contra Federico Javier Aguirre condenando a este último a abonar a la parte actora en el plazo de diez días de quedar firme o consentido el decisorio la suma de PESOS CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO CON 56/100 ($108.308,56), con más los intereses calculados a la alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio, la que se fija el día 28/11/2018 (fecha de notificación de la demanda) y hasta el momento de la sentencia y de allí en más sobre el capital la tasa de interés más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires; impuso las costas a la parte demandada en su carácter de vencida y difirió la regulación de honorarios profesionales para la oportunidad prevista en el art. 51 de la ley 14967 (v. sent. de fecha 29 de abril de 2022 y aclaratoria del 10 de mayo de 2022).
2. Contra esta forma de decidir se alza en apelación el demandado (presentación electrónica del 5 de mayo de 2022) recurso que, previamente concedido (proveído del 10 de mayo de 2022), fue debidamente fundado en esta instancia (presentación electrónica del 9 de junio de 2022); corrido el pertinente traslado (proveído del 10 de junio de 2022), el mismo fue contestado por la contraparte (presentación electrónica del 27 de junio de 2022). El 27 de junio de 2022 se llamó Autos para Sentencia.
3. Se agravia el accionado por cuanto el sentenciante, a su modo de ver, ha omitido considerar la inexistencia de mora de su parte al momento de la entrega del inmueble y a partir de ello la imposibilidad de finalizar las labores para su acondicionamiento. Basa su queja en que el plazo locativo vencía el 1 de noviembre de 2017 y no el 31 de octubre, agregando que ese lapso de 24 horas era indispensable para que los pintores y jardineros pudieran culminar sus tareas.
Denuncia que en plena reparación los actores se presentaron intempestivamente el 31 de octubre a las 22 horas a materializar el desalojo y que al no haberse vencido el plazo -vencía según ellos el 1 de noviembre- el nexo causal se encuentra interrumpido, configurándose la imposibilidad de incumplimiento en los términos del art. 1732 CCyC.
Declama el incumplimiento de los postulados de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos por parte de los legitimados activos. Como conclusión en este extremo, tilda al fallo apelado de violatorio del principio de congruencia.
En lo tocante con los servicios adeudados arguye que no pudo cumplir sencillamente porque cuando concurrió a las oficinas respectivaséstos ya habían sido abonados. Lo agravia la inexistente fundamentación y de respaldo documental en la estimación y cuantificación de los daños materiales, la que además fue fijada a valores actuales. Concuerda en la división que hace el sentenciante respecto de los gastos de mantenimiento y conservación.
Detecta anomalías en los comprobantes de pago acompañados por los actores.
Aduna que la sentencia no hizo valoración alguna de la pericia oportunamente practicada.
Reclama que la indemnización fijada en la instancia se traduce en un enriquecimiento sin causa y se basa sobre daños que no resultan ciertos.
Se disconforma de la imposición de costas a su cargo, considerando que en el presente se configura un supuesto de vencimiento parcial y mutuo, porque ha existido sólo un progreso parcial de la demanda y los accionantes deben considerarse objetivamente vencidos respecto de aquellas pretensiones respecto de la que la misma no ha procedido.
4. A fin de abordar la tarea revisora, advierto que el primero de los agravios del apelante se basa en la inexistencia de mora, dado que -al momento de la entrega de llaves- no se encontraba vencido el contrato de locación celebrado entre las partes. Adelanto que asiste razón al demandado en cuando la sentencia de grado omitió el tratamiento de la defensa opuesta, más no en el reclamo en sí. Nótese que si bien las partes son contestes en la celebración del convenio y que el mismo actor acompaña el instrumento que en su cláusula segunda dispone que el plazo es por 24 meses “contados a partir del 1° de noviembre de 2015, venciendo consecuentemente el día 1° de noviembre de 2017…” (V. prueba documental acompañada a la demanda. Esp. anexo II), también resultan coincidentes en que el aquí demandado efectuó la entrega de llaves al propietario el 31 de octubre de 2017 en horas de la noche (v. demanda digitalizada en fecha 19 de junio de 2018, en prueba documental del actor “Anexo III” recibo del 31 de octubre de 2017 con firma de Aguirre el que es reconocido por éste en su contestación de fs. 290/301 y presentación electrónica del 20 de diciembre de 2018).
A fin de justificar el adelanto en la restitución del inmueble Aguirre denuncia que sufrió actos de coacción y violencia creciente por parte de los locadores, extremo que no se encuentra acreditado por prueba alguna (art. 384 CPCC).
En este extremo, no resulta ocioso destacar que el art. 375 de Código Procesal Civil y Comercial (en adelante denominado CPCC) pone en cabeza de la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido el acreditarlo, agregando que cada contendiente deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción.
Así lo ha reafirmado la Suprema Corte de Justicia provincial: “El artículo 375 del CPCC dispone un principio procesal de ineludible cumplimiento para las partes, cual es la carga de la prueba, al sostener que cada uno de los litigantes deberá probar los extremos fácticos de las normas que invocan -y que pretenden subsumir- como sustento de su pretensión, defensa o excepción. Por tal motivo, tienen que aportar a la causa los elementos de convicción que justifique la legitimidad de su reclamo” (SCBA LP C 120605 Sent. del 07/03/2018 Juez Pettigiani SD).
Esta carga procesal, como se desprende de la norma aludida, no traslada sólo al actor la obligación de arrimar al proceso medios que fundamenten los hechos por él desarrollados. También, si la parte demandada ensaya afirmaciones de descargo, presenta su propia versión de los hechos, alega una calidad jurídica distinta de la imputada en la demanda, o deduce una excepción, soportará esa carga sobre los presupuestos de hecho afirmados pues, en definitiva, "quiere modificar el estado normal de las cosas" (esta Sala, causa 130755, RSD 70-21, sent. del 30/12/2021). Es a partir de la aplicación de esta regla al caso en estudio que encuentro que el demandado debió soportar la carga de la prueba sobre la existencia de actos intimidatorios o de violencia por parte de los actores, lo que no aconteció en la especie (art. 384 CPCC).
Sentado lo expuesto, se impone determinar que el acto de entrega de llaves del bien locado por parte del locatario y su aceptación -aunque sea con reservas- por parte del locador debe interpretarse como una rescisión bilateral o distracto.
Es decir que por concurrencia de la intención de ambas partes se produjo el acto extintivo del negocio jurídico, toda vez que no se acreditó impedimento alguno para que Aguirre se mantuviera en la tenencia del bien hasta el efectivo vencimiento pactado para el día posterior (art. 384 CPCC).
Ahora bien, pretender posteriormente (en su defensa y luego en su expresión de agravios) quitarle entidad a esa declaración expresa y vinculante, no resulta jurídicamente válido.
A la luz de la doctrina de los actos propios resultan inadmisibles las afirmaciones o pretensiones que son incompatibles con conductas pasadas del pretensor, deliberadas, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces. Este principio entronca con los deberes de conducta que impone la buena fe, la que requiere coherencia en el obrar del sujeto y sanciona aquéllas que resultan contradictorias. Esta exigencia no alcanza sólo a las partes en el proceso, sino también al órgano jurisdiccional (conf. esta Sala, causas 126314, RDS 299/19, sent. del 13/11/2019; 127482 RSD 137-20 sent. del 01/09/2020).
Es que la doctrina de los propios actos deriva del inexcusable deber que pesa sobre los sujetos del proceso de obrar con buena fe, y según ella está vedado desplegar una actividad procesal incompatible con otra anterior (conf. esta Sala causa 126347 RSD 272-19, sent. del 15/10/2019).
En el caso en estudio es el accionado quien -contradictoriamente- primero mediante la entrega de llaves exterioriza de manera concreta la voluntad de restituir el inmueble, para luego ampararse en la fecha posterior de vencimiento consignada en el contrato al reclamar su vigencia el día posterior.
A partir de lo expuesto, el rechazo de los agravios en este punto esgrimidos por el demandado se impone (art. 384 CPCC).
5. En lo tocante con la cuantificación de los daños materiales por reparaciones asiste razón al demandado en tanto no se desprende de la sentencia apelada fundamentación o respaldo documental a la hora de justipreciarlo, lo que habrá de ser subsanado en el presente.
Para comenzar concluyo que la determinación de los gastos referidos al mantenimiento de la propiedad y los que no corresponde computar por exceder ese concepto que hiciera el Juez de grado resulta adecuado.
En lo relativo con su valuación resulta adecuado remitirse a lo dictaminado por el perito Ingeniero en Construcciones Jorge Daniel Jurado, a la prueba documental glosada en estas actuaciones y su correlación con lo valorado por el decisorio.
En esta dirección, en su presentación de fecha 14 de noviembre de 2019 (fs. 338/340) -al contestar las observaciones del demandado a la pericia del 5 de julio de 2019 (fs. 324/325)- el experto dictamina que pueden relacionarse las facturas y comprobantes acompañados por los actores con los trabajos de mantenimiento que debieron realizar “…iv) Si es posible correlacionar las facturas y tickets con algunos de los daños que se mencionan en la demanda. Se procederá a indicar los más claros, expresando que algunos de los que no se mencionan no resultan excluyentes, solo que no es posible su identificación, por lo que no se puede decir si se corresponde o no se corresponde. Fs. 76, por $555,00 refiere a la grifería colocada en el baño. Fs. 77, por $4.671,30 se corresponde con elementos de pintura y preparación de superficies. Fs. 78, por $1.446,42 se corresponde con elementos de limpieza. Fs. 80, por $1369,00 se corresponde con Vanitory del baño. Fs. 81, por $1.053,00 detalla, manguera, candado y asiento. Fs. 83, por $1.271,05 se corresponde con elementos de pintura. Fs. 86, por $375,90 se corresponde con elementos de pintura. Fs. 89, por $616,00 por repuestos eléctricos. Fs. 90, por $9.000,00 se corresponde con limpieza de desagües. Fs. 92, por $6.299,00 se corresponde con el recambio de termotanque. Fs. 94, por $1.600,00 se corresponde con reparación de portón eléctrico. Fs. 95, por $4.235,00 se corresponde con servicio de mantenimiento de equipos de Aire Acondicionado. Fs. 96, por $77.497,00 por trabajos de albañilería, pintura, desmalezado exterior y limpieza de obra. Fs. 97, por $556,45 por elementos de pintura. Fs. 98, por $306,39 por elementos de pintura. Fs. 99-100-101, por $11.727,76 por elementos de pintura. v) La factura correspondiente a Fenix Electricidad e Iluminación refieren a un transformador y una batería alarma. Siendo productos que pudieron o no ser utilizados. De acuerdo a lo expresado en el informe pericial no es posible determinar el tipo de falla electromecánica, debido a que se encontraba reparada al momento de efectuar la misma. Por lo que no es posible corroborar mediante este tipo de pericias si fue usada para tareas de mantenimiento. La factura de Melo Pablo Daniel se corresponde con la tarea de mantenimiento de limpieza de desagües del inmueble” (v. pericia referida).
De estos gastos enumerados evidencio que los correspondientes a grifería colocada en el baño por $555,00 (fs. 76), vanitory del baño por $1.369,00 (fs. 80), manguera candado y asiento por $1.0053,00 (fs. 81) y recambio de termotanque por $6.299,00 (fs. 92) no corresponden que sean indemnizados dado que estos conceptos exceden las faenas de mantenimiento (v. sentencia apelada, ap. Quinto punto 1 “a”).
Por su parte, lo tocante con las labores por albañilería, pintura, desmalezado exterior y limpieza de obra por la suma de $77.497, corresponde que el monto indemnizatorio sea computando el 50% de la suma aludida, toda vez que dentro de los trabajos detallados se encuentran tanto los relativas al mantenimiento como a los estructurales (dentro de éstas últimas los arreglos de manchas de humedad y retiro de arbustos del jardín, conf. sentencia apartado referido).
Así, de las constancias documentales y periciales aludidas se deprende que el monto por reparaciones a valores históricos es de $74.554,77 (PESOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 77/100).
A ello debe sumarse la suma de $3.308,56 (PESOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHO CON 56/100) que ha sido correctamente valuada por el Juez apelado. Destáquese aquí que las quejas del accionado en dirección a que cuando quiso pagarlos no pudo porque ya los había abonado el coactor no es de recibo siempre que esa circunstancia -de haber existido- no lo releva de su obligación de pago por los períodos en los que habitó el inmueble.
Sobre los servicios notariales y gastos por cartas documento e inicio de mediación destaco que sólo tomando en cuenta la contestación de oficio de los dos escribanos que tuvieron participación a partir de la confección de actas de constatación se corrobora una erogación de $15.000 no habiéndose acreditado debidamente los gastos por cartas documentos y por inicios de mediación.
Llegado a este punto, no encuentro procedentes las quejas del demandado respecto de la falta de determinación en las facturas y recibos acompañadas en virtud a que el perito, dictamen que ha sido analizado bajo los parámetros de la sana crítica, ha establecido la vinculación de los trabajos allí aludidos con los daños constatados en la propiedad (v. pericia de fs. 324/325, observaciones fs. 327/328 y 332, contestación de fs. 335/336 y 338/340; arts. 384, 474 CPCC).
De lo expuesto, se colige que el daño material acreditado -valuado a montos históricos al día de entrega de llaves 31/10/2017- arroja la suma de $92.863,33 (PESOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 33/100).
Por el proceso inflacionario que vive nuestro país y la variación de los precios de los bienes y servicios, encuentro adecuado que el Juez apelado haya fijado a valores actuales el monto efectivamente probado incrementado poco menos de un 20%.
Asimismo, si se tomara el monto histórico y -en aplicación de la doctrina legal de la SCBA en “Cabrera” y “Troffe”- se actualizara con la tasa pasiva más alta que pagua el Banco de la Provincia de Buenos Aires (denominada tasa BIP) el monto resultante sería más alto que el arroja del cálculo dispuesto en la sentencia apelada. Aduno en este sentido que en virtud del principio de la reformatio in pejus (reforma en perjuicio del apelante) y que no ha sido puesto en crisis por las partes la tasa de interés dispuesta en el apartado sexto del decisorio, esa posibilidad se encuentra vedada en esta instancia.
En virtud de todo lo expuesto es que encuentro adecuada la indemnización fijada en concepto de daño material por la sentencia apelada por lo que propongo confirmarla (arts. 384, 474 CPCC).
6. Sobre la queja dirigida a la imposición de costas, la norma del artículo 68 del ordenamiento procesal dispone que la parte vencida en el pleito habrá de afrontar el pago de los gastos de la contraparte. El fundamento de la imposición de costas reside en hacer efectiva la responsabilidad de quien, litigando sin derecho, ha ocasionado a su adversario, injustificadas erogaciones para el reconocimiento o defensa de sus intereses. De tal modo, la preceptiva indicada consagra el principio objetivo de imposición, basado en el mero hecho del vencimiento, que sólo debe ceder si el sentenciante halla mérito suficiente para establecer la excepción y funda adecuadamente sus razones en el pronunciamiento respectivo, bajo pena de nulidad (art. citado; conf. esta Sala, causas 93.111, sent. del 25/4/2000, RSD 86/2000; 131878, sent. del 05/07/2022, RS 144-2022).
Consecuentemente, la ley no requiere que el litigante sea culpable, sino que atiende solamente a la posición asumida en el proceso (art. 68, CPCC).
Para verificar si la parte que ha sido gravada correctamente con la obligación de afrontar los gastos causídicos, se debe apreciar si la misma, efectivamente, ha sucumbido en sus pretensiones -actorales o defensivas- ante la contraria, siendo imprescindible efectuar un cotejo entre la postura que uno de los litigantes ha delineado en los planteos sometidos a la jurisdicción, y la tesis que la contraria ha opuesto a su progreso y, todo ello, de frente a las conclusiones contenidas en el fallo. No es admisible a tales fines -tal como lo pretende el demandado en sus agravios- parcelar el litigio en relación con los distintos reclamos en particular, sino que deben fijarse conforme un enfoque global de la causa. Es decir, que la demanda prospere parcialmente no significa negar al accionado su calidad de vencido si se opuso in totum al reclamo o pretensión de la contraparte.
“De esta manera, la circunstancia de que el éxito de la demanda sea parcial, no le quita al demandado la calidad de vencido, aunque la demanda haya prosperado en menor medida y aun cuando lo sea en mínima parte. Es decir, corresponde que la parte demandada soporte las costas del juicio si las reclamaciones de la accionante progresaron en lo sustancial, desde que la primera reviste la calidad de vencida” (SCBA, 6/5/80, "Reseña", 1980, p. 127, n° 251).
Ahora bien, en consideración a cuanto surge de las presentes actuaciones, no resulta menester autorizar una excepción a la regla general de imposición de costas, pues se advierte que si bien se rechazó parte del reclamo de los actores (daño moral, lucro cesante), se hizo lugar a la petición de fondo que era -en definitiva- la indemnización por gastos de reparación de la vivienda alquilada (v. demanda antes referenciada). Ello ubica sin lugar a dudas a Federico Javier Aguirre en la condición de vencido en los términos del art. 68 CPCC.
Específicamente, debe destacarse que en las presentaciones del legitimado pasivo (v. fs. antes referenciadas) éste solicita el rechazo de la demanda en todos sus términos, extremo que no acontece en el presente.
Se evidencia entonces que se resistió de modo expreso a la pretensión de los legitimados activos, generando en éstos la carga de proseguir con las actuaciones judiciales a fin de llegar a la rectificación pretendida.
Por otro lado, l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.