Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 132306
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca el decisorio apelado de fecha 07/06/2022 y se declaran inoficiosas las intimaciones ordenadas en los proveídos de fechas 18/10/2021 y 26/05/2022, en los términos del art. 315 del CPCC. Las costas de ambas instancias se imponen a la parte demandada que resulta vencida, no sólo conforme sus peticiones del 14/10/2021 y 24/05/2022 sino también a tenor de la postura asumida en esta etapa recursiva -ver escrito del 28/06/2022- (arts. 68, 69, 274, CPCC).
Sentencia Interlocutoria
Causa N° 132306; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº10 - LA PLATA
*/*/QUIROGA PAULA Y OTRO/A C/ ISCHUK AUGUSTO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
La Plata, 25 de Octubre de 2022.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a fin de tratar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora -a través de su letrada apoderada- el 08/06/2022 contra la resolución de fecha 07/06/2022 en cuanto decreta la caducidad de instancia. El remedio se concedió el 09/06/2022 y se fundó a través del memorial de agravios del 20/06/2022, habiéndose ordenado sustanciar mediante proveído del 27/06/2022, mereciendo la réplica de la contraparte del 28/06/2022 -ver ratificación posterior del 30/06/2022 y trámite del 01/07/2022-, hallándose la causa en estado de resolver (ver constancias obrantes en el sistema Augusta).
2. La señora jueza de la instancia anterior resolvió decretar la caducidad de instancia en este proceso (art. 315 Código Procesal Civil y Comercial -CPCC- modificado por ley 13.986), e imponer las costas a la parte actora (art. 68, CPCC). Para así decidir, remarcó que en estos obrados transcurrieron dos plazos de inactividad procesal -en los términos del art. 310 del CPCC-, el primero de ellos cuya intimación se efectuó en fecha 18/10/2021, a consecuencia del que la actora efectuó el posterior impulso según hojas 220, y el segundo conforme providencia del 26/05/2022, que dejara constancia del nuevo período transcurrido sin actividad útil y mediante el cual se le otorgó a la parte el plazo de cinco días a fin de acreditar la realización de algún acto que lo haya interrumpido, entendiendo que no se cumplió con esto último y que la sola intención de proseguir con los actuados carece de validez, no pudiendo apartarse de la perentoriedad de los plazos dispuesta por el art. 155 del CPCC (ver resolución del 18/02/2022, sist. Augusta).
3. Sostiene la apelante en prieta síntesis, que respecto del llamado primer plazo ya se expuso en presentación de hojas 214 (y no hojas 220) que resultaba imposible considerar que no había actividad, pues se estaba a la espera de la fecha en que había sido citada la actora para ser atendida por la Perito Psiquiatra de la Asesoría Pericial, entrevista que estuvo fijada para el día 2 u 8 de Agosto de 2021 [correctamente, se aclara en este acto, 02/08/2021 y/o 05/08/2021], según despacho de fecha 28/05/2021 de hojas 211. Que efectuada la misma, la profesional volvió a citar a la señora Quiroga para el día 07/09/2021, lo cual se demostró acompañando la pertinente constancia del turno otorgado, restando luego contar con el informe que elaboraría la experta.
Expresa que ante el acuse de caducidad de la demandada el Juzgado a hojas 213 ordenó intimación, lo que considera erróneo -mal articulado- porque las actuaciones se hallaban en trámite, pendientes del informe pericial, entendiendo que el impulso de actividad judicial se encontraba “a la espera” del dictamen de la Asesoría Pericial -órgano del Poder Judicial- que tiene tiempos diferentes del de los particulares litigantes.
Agrega que ante la intimación que se le ordenó el 18/10/2021, contestó en esa misma fecha sin percibirse que haya abandono de atención a la causa.
Se duele pues el decreto de caducidad de instancia se dictó sin atender las expresiones vertidas por la accionante en su presentación de hojas 214, cuando -a su criterio- quedó demostrado que el primer plazo vencido nunca existió, ya que la legitimada activa afirma no haber dejado paralizada la reclamación por el tiempo preestablecido por las normas procesales, ni desistido tácitamente de la misma.
Alega que el trámite se encuentra en estado avanzado y que lo ha instado desde su inicio, hallándose la causa en su último tramo, restando sólo el informe pericial y luego la declaración de los testigos que se realizaría en la vista de causa, por lo que mal podría abandonar el trámite, debiendo sopesarse que se han producido casi todas las medidas probatorias.
Invoca el carácter restrictivo del instituto. Cita distintos precedentes jurisprudenciales. Refiere que la segunda intimación en la que se basa el decreto de caducidad, no es tal pues en la considerada primera no hubo inactividad de la parte recurrente, por lo que la ahora en trámite sería en rigor la primigenia, habiendo impulsado el expediente con la impugnación de la pericia psiquiátrica, correspondiendo según requiere el mantenimiento de la vitalidad del proceso que en avanzado estado se encuentra (ver escrito electrónico de fecha 20/06/2022, sist. Augusta).
4. Delimitada así la cuestión, repárase que la caducidad de la instancia es un instituto procesal cuyo fundamento objetivo es la inactividad de los contendientes por un tiempo determinado y su finalidad tiende a propender la agilización del servicio de justicia, evitando la duración indefinida de los juicios, cuando las partes abandonan presumiblemente el ejercicio de sus pretensiones (esta Sala, causas B-75788, RSD 166/93 del 30/06/93; 128587, RSI 4/21, sent. int. del 02/02/2021; 131380, RR-172-2022, sent. int. del 10/05/2022).
La perención no es un acto, sino un hecho: se trata del transcurso del tiempo sin realizar actos procesales, dentro de un proceso pendiente (esta Sala, causa B-80.415, RSD 71/95 del 04/04/95; causa B-82.453, RSD 22/96; causas 128587 y 131380 citada, e/o).
La interpretación y análisis de la caducidad de instancia debe ser estricta y orientada a mantener la vitalidad del juicio, en atención a las consecuencias que de aquélla se derivan (esta Sala, causa 105011, RSI 172/05 del 28/06/2005; causa 127663, RSD 111/2020 del 23/07/2020; causa 127928, RSI 260/2020 del 17/09/2020, e/o). Es que su aplicación aniquila un derecho de jerarquía constitucional, cual es el de propiedad, unida a la defensa en juicio, por lo que la interpretación del texto legal debe hacerse, como se dijo, restrictivamente, y por ello sigue que en caso de duda sobre si ha operado la caducidad de instancia, debe considerarse no operada (Morello, Sosa, Berizonce, “Códigos…”, Tomo 4A, págs. 95/96, 1989; esta Sala, causas 128587 y 131380 cit.).
5. Cabe adelantar que asiste razón a la parte apelante, pues existen circunstancias que impiden en el caso particular el progreso del instituto de la caducidad de instancia. Veamos.
5. A. En el caso, la parte demandada solicitó, mediante escrito electrónico de fecha 14/10/2021, se intime a la actora a que produzca actividad útil, en el plazo de 5 días, bajo apercibimiento de decretarse la caducidad de instancia, atento manifestar que estos actuados no registraban impulso desde el día 28/05/2021. En atención a ello, la jueza de grado dispuso intimar a la contraria en los términos del art. 315 CPCC conf. ley 13986, bajo el apercibimiento pretendido por la parte accionada (ver proveído del 18/10/2021), mereciendo la inmediata respuesta de la ahora apelante en igual fecha -18/10/2021, 21:39:49 horas-, donde sostuvo que no hubo inactividad y, a su vez, adjuntó documentación para acreditarlo, mereciendo el traslado ordenado el 25/10/2021.
Es así que luego de la respuesta de la legitimada pasiva del 03/11/2021, la jueza de la instancia anterior proveyó: “...habida cuenta la citación pendiente desde el último trámite procesal de autos -previo a la intimación de caducidad requerida por el sector pasivo- por parte de la asesoría pericial fijada para fecha 2/8/21 y/o 5/8/21 (v. auto de fecha 28/5/21) y dado que, conforme documentación en formato PDF obrante a fs. 215, se acredita en autos la nueva citación realizada en fecha 7/9/21 por parte de la asesoría pericial, atento los plazos normados por el art. 310 del CPCC, téngase por cumplida a la parte actora con la intimación obrante a fs. 213, y sigan los autos conforme su estado” (ver trámite del 10/11/2021, sist. Augusta).
Con posterioridad, habiéndose presentado la pericia médico psiquiátrica con fecha 30/11/2021 y ordenado su sustanciación según providencia del 02/12/2021, la parte demandada insistió con el acuse de caducidad de instancia (ver escrito del 24/05/2022), mereciendo ello el despacho del 26/05/2022, la respuesta de la actora del 27/05/2022 y posterior presentación del 01/06/2022, en virtud de lo cual, la sentenciante dictó con fecha 07/06/2022 la resolución ahora recurrida.
5. B. Sentado lo anterior, cabe destacar que la intimación originariamente dispuesta con fecha 18/10/2021 carece de efecto alguno con relación a la caducidad de instancia pretendida, desde que el plazo de 3 meses contemplado por la norma (art. 310 inc. “c”, CPCC -según ley 13.986-) no había transcurrido a la fecha del acuse por parte de la demandada (14/10/2021) ya sea que se compute para ello a partir de los días en que había sido citada la actora a la entrevista con la perito oficial (02/08/2021 y/o 05/08/2021, según proveído del 28/05/2021) o, más aún, desde la nueva citación para el 07/09/2021 (ver documentación en formato “.pdf” adjuntada al escrito del 18/10/2021 y que fuera debidamente sustanciada con la accionada según trámite del 25/10/2021). Esta situación fue expresamente contemplada en el pronunciamiento del 10/11/2021, del que la sentenciante de grado luego prescindiera al emitir la resolución apelada.
Dichas circunstancias se corroboran -además- con lo que surge de la pericia médica psiquiátrica del 30/11/2021, donde expresamente la experta refiere que: “...Se procedió a entrevistar a la actora, la Sra. Paula Quiroga, en los consultorios de esta Asesoría. [...] Metodología de Trabajo [...] Entrevistas psiquiátricas en número de dos, efectuadas los días 05/08/21 y 09/09/21 en esta Asesoría según los preceptos de la Semiología Psiquiátrica clásica...” .
Es decir, no sólo la actora concurrió efectivamente a las entrevistas con la perito médica oficial, sino que ello fue objeto de inequívoco pronunciamiento por la jueza de grado en el trámite del 10/11/2021, resultando considerado para tener por cumplida a la parte actora con la intimación de hojas 213 y ordenar que sigan los obrados según su estado.
Pues bien, la conducta asumida por la titular del órgano jurisdiccional al momento no sólo de dictar el proveído del 26/05/2022 sino de resolver en los términos de la sentencia atacada con fecha 07/06/2022 importó incurrir en una abierta contradicción violatoria de la doctrina de los actos propios.
En este sentido ante una declaración expresa jurídicamente vinculante, no resulta válido posteriormente ponerse en contradicción con sus propios dichos. A la luz de la doctrina de los actos propios resultan inadmisibles las afirmaciones o pretensiones que son incompatibles con conductas pasadas del pretensor, deliberadas, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces. Este principio entronca con los deberes de conducta que impone la buena fe, la que requiere coherencia en el obrar del sujeto y sanciona aquéllas que resultan contradictorias. Esta exigencia no alcanza sólo a las partes en el proceso, sino también al órgano jurisdiccional (conf. esta Sala, causas 126314, RDS 299/19, sent. del 13/11/2019; 127482 RSD 137-20 sent. del 01/09/2020).
Ello así, no pudiéndose verificar por parte de la actora la falta de impulso que se le endilga -máxime teniendo en cuenta lo anteriormente resuelto en la causa con fecha 10/11/2021-, es que la primigenia intimación de fecha 18/10/2021 deviene inoficiosa y, por ende, resulta también improcedente el cómputo de dicho plazo como primer período de inactividad a los de fundamentar la sentencia puesta en crisis (art. 315, CPCC).
5. C. A mayor abundamiento, nótese que el proveído de fecha 02/12/2021 que ordenaba el traslado a las partes de la pericia presentada, no fue notificado de manera automatizada en la forma expresamente dispuesta por el art. 10 Ac. 4013/21, según Ac. 4039/21, SCBA -ya vigente a dicha época-, razón por la cual -además- se verifica el supuesto contemplado en el art. 313 inc. 3 del CPCC desde que restaba el cumplimiento de un acto procesal en cabeza del órgano jurisdiccional.
Por consiguiente, tampoco se corrobora en estos obrados el segundo plazo de inactividad al que refiere el decisorio apelado (arts. 310, 313, 315 cit. CPCC), máxime si se advierte que, con posterioridad, la parte actora se notificó en forma espontánea del referido traslado que fuera ordenado el 02/12/2021 y procedió a evacuarlo impugnando la experticia (ver escrito electrónico del 01/06/2022).
6. La caducidad de la instancia halla su justificación en la necesidad de conferir un instrumento al Estado para evitar la indefinida prolongación de los juicios, pero no configura un artificio tendiente a impedir un pronunciamiento, sobre el fondo del pleito (conf. dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema de la Nación, 292. XLII; RHEEl Trébol S.A. Bodegas y Viñedos s/quiebra, 03/08/2010, T. 333, P. 1257).
Por lo tanto, se concluye que a la fecha en que se dictó la caducidad de instancia (ver resolución del 07/06/2022), este modo de culminación del proceso no se había producido, desde que no puede considerarse como intimada previamente a la parte actora en los términos del art. 315, CPCC y, por lo tanto, la perención ha sido mal decretada (art. 317 CPCC).
En consecuencia, el resolutorio del día 07/06/2022 que declara la caducidad de instancia, debe ser revocado y dejado sin efecto, indicando también que las intimaciones ordenadas en los proveídos de fechas 18/10/2021 y 26/05/2022, en los términos del art. 315 del CPCC, devinieron inoficiosas. Las costas de ambas instancias deben ser impuestas a la parte demandada que resulta vencida, no sólo conforme sus peticiones del 14/10/2021 y 24/05/2022 sino también a tenor de la postura asumida en esta etapa recursiva -ver escrito del 28/06/2022- (arts. 68, 69, 274, CPCC).
POR ELLO , se revoca el decisorio apelado de fecha 07/06/2022 y se declaran inoficiosas las intimaciones ordenadas en los proveídos de fechas 18/10/2021 y 26/05/2022, en los términos del art. 315 del CPCC. Las costas de ambas instancias se imponen a la parte demandada que resulta vencida, no sólo conforme sus peticiones del 14/10/2021 y 24/05/2022 sino también a tenor de la postura asumida en esta etapa recursiva -ver escrito del 28/06/2022- (arts. 68, 69, 274, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia