Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 132237
En la ciudad de La Plata, a los 22 días del mes de Septiembre de 2022 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "DULAU URANGA HERNAN ALBERTO C/ SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) " (causa: 132237), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia de fecha 22/04/2022?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL DOCTOR SOSA AUBONE DIJO:
I. Antecedentes.
1.1. La sentencia. El magistrado de la instancia de origen dictó sentencia definitiva en la cual: 1) Rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por Kiara S.A. 2) Rechazó la demanda incoada por Hernán Alberto Dulau Uranga contra Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, Kiara S.A y Chevrolet S.A. de Ahorro Para Fines Determinados. 3) Impuso las costas a la parte actora por su objetiva condición de vencida, sin perjuicio del principio de gratuidad del que goza el actor en este tipo de proceso.
1.2. El recurso. Recurrió la actora, quien expresó agravios, los cuales fueron contestados por las codemandadas Sancor Cooperativa de Seguros y Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados.
Se expidió el Fiscal de Cámara, quien propicia revocar parcialmente la sentencia apelada con base en que la sentencia rechaza la pretensión indemnizatoria por exceso en el cobro de cuotas y por superiores costos en los contratos de seguro en base a un dictamen elaborado conforme las manifestaciones de una empleada de la demandada, y no en el análisis técnico de la documentación que los proveedores tenían la carga de aportar a las actuaciones; cuya reticencia les ha brindado frutos. Adhiriendo asimismo al análisis efectuado por el Sr. Agente Fiscal en su dictamen de fecha 08/02/2021, consideró que la sentencia se ha apartado del principio protectorio que rige toda relación de consumo tanto en la interpretación del contrato, así como de los hechos y de la prueba producida en autos (arts.1094,1095, 1735 y concs. CCCN; arts. 3,37, 53 párrafo 3, 65 ley 24.240).
1.3. Autos para sentencia. Se dictó la resolución que dispuso el “autos para sentencia”, la cual está firme y consentida.
II. Cuestiones no controvertidas.
2.1. Cuestiones no controvertidas. No se discute que: a) se trata de una relación de consumo, donde el actor asume la condición de consumidor y los demandados la de proveedores (arts. 1 y 2, ley 24.240; 1092, 1093 y 2655 inc. “d”, C.C.C.N.); b) entre las partes existió un contrato de auto-ahorro (plan de ahorro) de 84 cuotas correspondiente a la compra de un vehículo cero kilómetro Chevrolet Agile, en el cual intervino una Concesionaria (Kiara S.A.) que es quien debe entregar el automóvil dentro del plazo establecido contractualmente; una Administradora (en el caso, Chevrolet S.A. de Ahorra Para Fines Determinados) y una Terminal (Chevrolet S.A.) quien resulta ser la fabricante/importadora, proveedora de los vehículos (ver convenio de adhesión a fs. 111/118); c) tras ganar el sorteo de adjudicación abonó la diferencia para adquirir un monovolumen Chevrolet Meriva 1.8 en lugar del modelo original, y continuó pagando la cuota correspondiente, incluyendo un seguro con Sancor Cooperativa de Seguros (bajo la leyenda “Seguro de bien”); d) Con la inundación del 2/4/2013 de La Plata, el vehículo se inundó habiéndose considerado su destrucción total, se realizó la baja, tras lo cual el deudor recibió la unidad que sustituyó la dañada (destrucción total por la inundación ocurrida en La Plata) en tiempo y forma; e) Existe un acuerdo de colaboración entre las empresas que participan del negocio: Chevrolet S.A. fabrica o importa los vehículos que luego vende por medio de la Administradora (Chevrolet S.A. de Ahorro Para Fines Determinados), quien a la vez entrega a la Concesionaria (KIARA S.A.) para su comercialización a través de los planes de ahorro suscriptos; y, en la medida que la actividad de las mencionadas permite la venta de los vehículos y la obtención de utilidades, la responsabilidad de las mismas resulta solidaria frente al incumplimiento de sus obligaciones, sin que se pueda considerar que resultan terceros ajenos (arts. 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
2.2. Sentado ello, tal como se refiere en la sentencia de origen, tengo presente que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe; y que obligan no sólo a lo que está formalmente expresado sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor (arts. 9 y 961, C.C.C.N.).
También es importante destacar que la oferta obliga al proponente, a no ser que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o de las circunstancias del caso (art. 974, C.C.C.N.); que la aceptación perfecciona el contrato (art. 980, C.C.C.N.); que las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable (art. 1094, C.C.C.N.); que el contrato se interpreta en el sentido más favorable para el consumidor y cuando existen dudas sobre los alcances de su obligación, se adopta la que sea menos gravosa (arts. 1094, C.C.C.N.; 37, L.D.C.); que los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios (arts. 1097, C.C.C.N.; 8 bis, L.D.C.); que pesa sobre la demandada el deber de información, que debe ser “cierta y detallada”, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato, debiendo la información ser proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión (art. 1100, C.C.C.N.), precisando el art. 4, L.D.C. que la información debe ser “cierta, clara y detallada”; que las precisiones formuladas en la publicidad y/o información precontractual se tienen por incluidas en el contrato (art. 1103, C.C.C.N.) y obligan al oferente (art. 8 y 19, L.D.C.). Lo brevemente referenciado constituye la columna vertebral del derecho del consumo aplicable y viene impuesto por los arts. 42, Const. Nac. y 38, Const. Prov. (arts. 1, 2 y 3, C.C.C.N.).
III. Los agravios. Su análisis.
3. Deserción. La expresión de agravios de la actora, analizada globalmente y con un criterio amplio por estar en juego el derecho de defensa en juicio (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.), supera el test de admisibilidad -sin perjuicio de su insuficiencia parcial-, por lo que corresponde desestimar el pedido de deserción efectuado por la contraria (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
3.1.1 El actor, en el que titula “PRIMER AGRAVIO”, cuestiona el rechazo del reintegro del impuesto de sellos pagado de más.
Sostiene que el impuesto de sellos fue un costo que la empresa traslado y cobró a la actora, sobre una base imponible incorrecta, pues la alícuota del tributo debió haber sido calculada sobre el valor de las cuotas restantes -ya que la cláusula 14.3.2.c del contrato de adhesión establece como base imponible para el pago del impuesto de sellos “el total de las cuotas mensuales a vencer impagas” y no el valor del vehículo al momento de la inscripción (precio de venta).
Por lo que se lo ha obligado a asumir un costo ilegal, sobre una base imponible ilegítima (precio del bien) que va en contra de la cláusula contractual que la propia empresa ha impuesto, y que prima por ser más beneficiosa para el consumidor, y pide la devolución de la diferencia.
3.1.2. No se discute que el contrato de prenda se inscribió por la suma de $ 56.643,65, que representa en valor del automóvil al año 2011, ni que la actora alega que debió inscribirse por la suma de $ 47.709,80 que es el equivalente al valor total de las cuotas adeudadas al momento de la inscripción. La actora se agravia de que se pagó un sellado por la suma mayor, debiendo serlo por la menor.
Si bien las partes pudieron pactar la suscripción de la prenda por las cuotas mensuales a vencer, tal como lo hicieron en la cláusula 14.3.2.c), no lo es menos que tal clausula no puede modificar lo normado por la ley de sellos aplicable sobre el pago del sellado. En autos no se discute que la normativa aplicable establece que se debe calcular sobre el precio del bien que surja de la factura de venta o documento equivalente. En este punto -tal como lo destaca el sentenciante de origen- el agente de recaudación es el Registro Nacional Automotor, quien controla el pago del sellado, sobre la base del contenido del contrato -que necesariamente debe contener la cuantía del crédito (arts. 11 inc. g y 15 inc. d, Dec. Ley 15.348/46)- y tiene un contenido predeterminado (ver https://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/guia_tramites/forms/BG_F1.pdf), para luego proceder a la certificación de las firmas e inscribir la garantía (conf. Cap. XIII, “De los Contratos de Prenda sobre Automotores”, Sección 2da., “De La Inscripción de los Contratos Prendarios”, art. 3 y requisitos esenciales contenidos en el art. 11, Dec. 15.348, ratificado por ley 12.962).
Sin perjuicio de ello, es importante destacar que: a) las partes no pueden modificar el hecho ni la base imponible, que tiene base normativa y que son ajenos a la ponderación de la base imponible; b) en la demanda se reclama por el impuesto de sellos retenido en exceso en concepto de impuesto de sellos, cuando de autos surge que el impuesto ha sido pagado, por lo que mal puede hablarse de retención ilegítima; y c) la base imponible de $ 56.643,65, de fuente legal, que condice con el valor del vehículo al momento de la inscripción y es un requisito a consignar en el formulario, no puede ser modificada por una convención particular, ya que de lo contrario sería muy fácil eludir y/o modificar el pago de todas las tasas e impuestos (art. 4, C.C.C.N.).
En consecuencia, no se trata de un tema que se pueda solucionar con la interpretación más favorable hacia el consumidor, ya que ello no alcanza para modificar la aplicación de una ley impositiva, cuya inconstitucionalidad no ha sido puesta en tela de juicio, por lo cual su cumplimiento se impone (arts. 1, 2, 3, 4, 5 y 8, C.C.C.N.; Dec. Ley 15.348/46, ratificado por la ley 12.962 y sus modificatorias).
Por otra parte, se trata de una percepción realizada por el fisco, a través del Registro Nacional Automotor, en un trámite en el cual no se advierte una conducta en virtud de la cual puede considerarse que alguno de los demandados es responsable por un eventual cobro en exceso, ni la normativa impositiva aplicable ha sido desvirtuada en su aplicación, para lo cual es insuficiente la mera convención particular, por lo que corresponde confirmar lo resuelto al respecto (arts. 1, 2, 3, 4, 1716, 1717, 1724 y 1726, C.C.C.N.; 163, 164, 260, 261, 375 y 384, C.P.C.C.).
3.2.1. Como “SEGUNDO AGRAVIO” cuestiona el rechazo de la existencia de excesos en la “cuota pura” y su reintegro. Además indica que al haberse aumentado el valor de la cuota pura ello impacta y los demás componentes que van atados a la misma, como son carga administrativa, derecho de inscripción, impuesto de sellos, IVA y seguros.
Sostiene que el valor de la cuota pura resulta de la división del valor móvil de bien por la cantidad de cuotas por las que se haya suscripto el plan de ahorro (en el caso 84),
Agrega que la cuota mensual se compone de: i. Cuota pura; ii. Cargas administrativas más porción de los derechos de inscripción y adjudicación; iii. Cuota mensual del Seguro de Vida Colectivo a ser abonado por las personas físicas; iv. Seguro del Bien adjudicado; v. Intereses y todo otro cargo que resulte de las Condiciones Generales.
Sostiene que el juez confunde lo relacionado a la cuota reducida con el mayor valor asignado a la cuota pura, y que el hecho de que se hayan pagado los rubros fijados en el contrato no implica que se haya abonado una cuota pura correcta, cuya diferencia solicita.
Por otra parte, critica el hecho de que la devolución opere una vez que haya concluido el círculo de ahorro.
3.2.2. Si bien es cierto que el juez no trató específicamente el tema de la cuota pura -que resulta de dividir el Valor Básico del bien por la cantidad de meses (84) de duración del plan (cláusula 1.11)-, no lo es menos que durante los primeros meses el actor pagó una cuota reducida, que implicaba un pago menor y por ende la inexistencia de agravio durante dicho lapso.
Cabe agregar, que la modalidad de cuota reducida pactada, tal como lo establece el contrato en la cláusula 24 y lo expresa el perito contador -en incuestionada afirmación- no importa una bonificación, sino un diferimiento del valor real de la cuota mensual (establecido esquemáticamente que podrá ser recuperado en futuras cuotas). Y, respecto de cómo se calcula la cuota pura, tal como indica el perito contador en el punto 11 de su pericia, la cuota pura se calcula cada mes, en un porcentaje de la cuota y la misma varía o se establece según el valor del vehículo suscripto, es decir si hay variación en el valor del vehículo, eso se prorratea, se divide el valor del vehículo por la cantidad total de cuotas al momento del pago de la cuota cada mes (cláusula 1.11).
Si bien de las facturas acompañadas por el actor se observa alguna mínima diferencia, el actor no ha denunciado haber hecho reclamo alguno al respecto -lo que hubiera dado la oportunidad de corregir el error- y la misma no ha sido patentizada por el perito contador -que sorprendentemente se valió de lo que le informaron las empleadas de la administradora y no de la compulsa de la documentación pertinente-, quien no ha informado una diferencia por tal concepto (arts. 163, 164, 260, 261, 375, 384 y 474, C.P.C.C.).
Es ilustrativo respecto al contenido del reclamo, lo que surge de la planilla que figura a fs. 172 vta./173, inserta en la demanda, donde el actor detalla diferencias en más en el valor de la cuota pura que van de $ 0,02 a $ 3,61 mensuales respecto de las cuotas pagadas en el período que va de junio del año 2011 a agosto del 2014, cuyo contenido concuerda con el valor del bien que surge de los recibos acompañados por la misma parte (ver fs. 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 131, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159 y 160).
Si bien de ello surge que se habría calculado la cuota pura con pequeñas diferencias en exceso, como el actor pagó una cuota reducida los primeros meses -con descuentos en el valor de la cuota que van de $ 368,37 a $ 396,14- yerra cuando manifiesta que pagó de más desde el comienzo. Ahora bien, las diferencias en menos pagadas los primeros meses, fueron luego adicionadas en las cuotas siguientes a valor histórico (ver recibos de fs. 132 y siguientes), ya que tal como viene indiscutido, en los primeros meses se hicieron descuentos en el valor de la cuota -cuota pura más gastos administrativos- que luego fueron agregados; y, de existir una diferencia la misma podría ajustarse cuando se cancele el plan. Empero, si no se corrige el importe de la cuota pura, tal diferencia no será nunca compensada.
Y si bien el perito contador dijo que los rubros pagados se describen en las cuotas y ello esta plasmado en el contrato -tal como lo destaca el sentenciante de origen-, no lo es menos que no se ha tenido en cuenta que no surge de autos -ni de la documentación obrante, ni de la pericia realizada- que se haya calculado el importe de la cuota pura conforme lo establecido en el contrato, surgiendo las diferencias mínimas denunciadas por el actor en la demanda. Entonces, sobre la base de que hubo una sobrefacturación mínima en el importe de la cuota pura, lo cual no varía por el hecho de que el actor sea deudor, que de la documentación obrante en autos no surge que ello haya sido corregido y de que toda repetición o devolución debe operar una vez que concluye el círculo de ahorro, lo cual constituye una cláusula demasiado gravosa e irrazonable para reparar una liquidación efectuada en demasía producto de un obrar culposo, imperito o negligente por parte del encargado de determinar el valor de la cuota (ya que el importe de la misma se obtiene de una operación matemática sencilla), frente a la ausencia de elementos para determinar la condena, corresponde diferir el análisis de lo requerido para la etapa de ejecución de sentencia, oportunidad en que el circulo de ahorro demandado deberá acompañar en el plazo de diez días de quedar firme la sentencia en una planilla Excel el precio de la unidad, el valor teórico de dividir dicho importe por 84, el importe pagado y/o facturado, la diferencia, número de cuota, fecha de emisión y fecha de pago, ello a fin de determinar, previo traslados de ley, la existencia de una diferencia y corregir -en su caso- la liquidación correspondiente (arg. arts. 398, C.P.C.C.; 1, 2, 771, 985, 987, 988, 989, 1716, 1717 y 1724, C.C.C.N.; 1, 2, 3, 4, 53 y 65, ley 24.240).
En función de ello, corresponde revocar el rechazo en este aspecto y admitir el reclamo, cuyo importe será determinado en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 163, 164, 260, 261, 375 y 384, C.P.C.C.).
3.3.1. Como “TERCER AGRAVIO” cuestiona el rechazo del reintegro de las primas de seguro pagadas entre los meses de abril a septiembre de 2013, cuando el vehículo se encontraba siniestrado (destrucción total por inundación).
Sostiene que la devolución de dichos importes ha sido “ilícita” mediante una imputación nominal a las cuotas pendientes, a través del rótulo “diferencia de fondo”, y que el actor en su condición de consumidor no fue informado de ello. Además cuestiona que fueron reintegradas sin intereses. Pide la revocación de la sentencia en esta parcela.
3.3.2. No se discute que el dinero que pago el actor en concepto de primas de seguro desde abril a septiembre del año 2013 (desde el mes que el automóvil se inundó hasta el mes anterior a la obtención de otro 0km), integraba las cuotas del plan de ahorro, y fue luego reintegrado a valor nominal por la demandada Chevrolet conforme la prueba documental de fs. 264/265 y la pericia contable de fs. 296.
El juez de primera instancia consideró que la compensación a valor nominal extinguió con fuerza de pago la deuda por el monto menor que existía entre las partes (conf. art. 921, C.C.C.N.), y que por ello el reclamo no debe prosperar. Además consideró que ello importó un pago anticipado que, como tal, no es compensable a tenor del art. 352 del C.C.C.N., y que no hubo retardo y en función de ello desestimó el reclamo.
Siendo que el actor sólo reclamó la devolución de las sumas percibidas en exceso, que la compensación realizada no ha sido ilícita y que por ello no hay sumas percibidas de más que puedan ser objeto de reclamo, corresponde confirmar el rechazo del rubro en análisis, sin perjuicio de dejar constancia que el reclamo de intereses no ha sido objeto del reclamo, por lo que es inaudible en esta instancia (arts. 1, 2, 7, 921, 922, 923, 930, 1708, 1709, 1716, 1717, 1721, 1724 y 1726, C.C.C.N.; 163, 164, 330, 331, 375 y 384, C.P.C.C.).
3.4.1. Como “CUARTO AGRAVIO” critica el rechazo de la existencia de sobreprecios en los seguros y su reintegro. Considera que no obra prueba que justifique que los seguros impuestos a la actora en su condición de consumidor tengan similar precio a los de idéntico servicio con igual cobertura y condiciones, y que ello debió ser probado por el proveedor a tenor del art. 53 de la ley 24.240. Sostiene que la pericia contab
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