Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 131567
Sentencia Definitiva
Causa N° 131567; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - LA PLATA
ZILIO MARIA CAMILA C/ ASSIST CARD S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
En la ciudad de La Plata, a los siete días del mes de Marzo de Dos mil veintitrés, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 131567, caratulada: "ZILIO MARIA CAMILA C/ ASSIST CARD S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 3 de noviembre de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de grado rechazó la defensa de falta de legitimación pasiva interpuesta por Prisma Medio de Pagos S.A. (en adelante Prisma) y, en consecuencia, admitió la demanda promovida contra aquélla y Assist Card S.A. (en adelante Assist Card) por María Camila Zilio, por daños y perjuicios y reembolso de dinero derivados de incumplimiento contractual; ordenó a las demandadas el pago, dentro del plazo de 10 días, de la suma de $C9.052.314- (pesos colombianos nueve millones cincuenta y dos mil trescientos catorce), convertidos a dólares estadounidenses en su cotización a la fecha de los pagos realizados, más la suma de $2.000.000- (pesos argentinos dos millones) en concepto de daño moral y daño punitivo, todo ello con más los intereses que se liquidarán, para las sumas en dólares, desde la fecha de cada pago a una tasa del 6% anual y hasta su efectiva cancelación y, para las sumas en pesos argentinos, por haberse fijado a valores actuales a la fecha de la sentencia, conforme los precedentes "Nidera", "Vera" y sus posteriores, a un interés puro del 6% anual desde la fecha de notificación de la demanda y hasta la fecha de sentencia, para luego aplicarse la tasa de interés pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a 30 días (arts. 768 y cc. CCyCN), desde la mora en el cumplimiento de la sentencia y hasta su efectivo pago. Las costas se impusieron a las demandadas en su condición de vencidas, difiriendo la regulación de honorarios para la etapa oportuna conforme ley arancelaria 14.967.
2. Esta forma de decidir fue apelada por ambas demandadas.
El recurso de Prisma -interpuesto en escrito del 3 de noviembre de 2022 fue declarado desierto en providencia del 17 del mismo mes y año por no haber la recurrente dado cumplimiento con la intimación cursada el 4 de noviembre de 2022 en los términos dispuestos en el art. 29 de la ley 13.133, deserción que quedó firme, en razón del rechazo -por extemporáneo- del recurso interpuesto, en forma subsidiaria, mediante escrito del 29 de noviembre de 2022.
Por su parte, Assist Card, lo hizo mediante escrito de fecha 8 de noviembre de 2022, remedio que, previamente concedido por proveído del 17 de noviembre de 2022, fue debidamente fundado en presentación electrónica del 23 de noviembre de 2022, contestado por la actora el 25 de noviembre de 2022.
Por último, luego de correrse vista al señor Fiscal de Cámaras Departamental, este emitió su dictamen favorable a la confirmación de la sentencia de grado, mediante presentación electrónica del 29 de diciembre de 2022; llamándose “autos para sentencia” el 1 de febrero de 2023.
3. Se agravia la demandada Assist Card por la incorrecta valoración de los hechos en la sentencia, el reconocimiento del daño patrimonial emergente y su monto en moneda extranjera y la admisión del daño moral y punitivo.
Alega que, la cuestión litigiosa se limita al reintegro de las sumas reclamadas en concepto de pasajes aéreos y hospedaje que la actora dice haber abonado y entiende amparados por el servicio de asistencia en viaje contratado, ya que el resto de la cobertura médica recibida en el exterior fue cubierto en su totalidad por la suma de U$S5.547,31.
Sostiene la recurrente que, no ha acreditado la actora la autenticidad de las facturas donde constan dichas erogaciones, ni haberlas pagado de su bolsillo, no acredita haber abonado la suma reclamada de $C9.052.314, ni otra equivalente. Ello, toda vez que, la documentación fue desconocida por la recurrente y la actora no probó su veracidad y, de considerarse autentica, las mismas constan a nombre de Patricia Ilda Eleta y Pedro Zillio, ambos ajenos a este proceso.
Critica la sentencia en cuanto da por ciertos los hechos relatados en la demanda al decir que la empresa Assist Card -con mala fe- ha ido variando los motivos del rechazo de la cobertura reclamada, toda vez que, habría invocado falta de acreditación del desembolso de los gastos y, luego, la existencia de una patología preexistente de la actora que excluye la cobertura. Indica que tal razonamiento resulta contradictorio con la asistencia médica efectivamente cubierta por la empresa en las Clínicas de Colombia, ya que de haberse considerado enfermedad preexistente no se hubiesen abonado tales gastos.
Por último, en referencia a este agravio, advierte que no se encuentra aclarado si la actora pudo recuperar o modificar el vuelo original de regreso.
En relación a la condena fijada en moneda extranjera -dólares estadounidenses- se agravia ya que considera que resulta un acto que excede los límites de la petición de la demanda, solicitando para el caso de que dicho tramo se confirme, la aplicación del art. 765 del CCyC para desobligarse en moneda de curso legal, tal como se halla pactado en el contrato celebrado entre las partes.
Cuestiona el reconocimiento del daño moral en tanto no se ha producido prueba alguna en estos obrados tendiente a su demostración, así tampoco ha incurrido la recurrente en un incumplimiento contractual injustificado que determine la fijación de dicho rubro. Asimismo, impugna su monto y la tasa de interés por ser elevados.
Concluye sus agravios solicitando se declare improcedente el daño punitivo, atento haber cumplido con el contrato y no existir conducta dolosa o culpa grave, enriquecimiento ilícito o abuso de posición de poder que amerite su reconocimiento.
4. Abordando la tarea revisora, corresponde destacar primeramente que, llega indiscutido a esta instancia que se trata de una relación jurídica de consumo la que une a las partes litigantes y, en consecuencia, el análisis y resolución del caso debe efectuarse bajo la normativa específica en la materia y bajo una perspectiva de consumo que implica la aplicación de los principios fundamentales tendientes a restablecer el equilibrio entre consumidor/usuario y proveedor que de origen se presenta alterado en razón de la posición de inferioridad estructural que los primeros ocupan frente al segundo (Ley 24.240, arts. 1092 a 1094 del CCyC).
También se encuentra fuera de discusión la ocurrencia de los hechos médicos y sus circunstancias que dieran origen al presente reclamo, al haber sido expresamente admitidos por la demandada Asssit Card, quien también admitió la procedencia de la cobertura médica de la póliza contratada, en razón de lo cual, fueron abonadas en forma voluntaria por la aseguradora las sumas correspondientes a la atención de emergencia y a la hospitalización de la actora en el exterior, la que se denuncia en la suma de U$S5.547,31. Es decir, la demandada reconoció como ciertos -con anterioridad al inicio de esta demanda y también en oportunidad de contestarla- los hechos que originaron el presente reclamo, esto es, el accidente cerebro vascular isquémico sufrido por la actora durante sus vacaciones en Colombia, la atención de emergencia y posterior internación en la “Clínica del Country” (de lo que da cuenta la documental médica aportada con la demanda y su contestación, ver escritos de fechas 30 de noviembre de 2020 y 25 de marzo de 2021).
Por el contrario, se encuentran controvertidos los gastos aquí reclamados -pasajes aéreos y hotelería-, en tanto la demandada ha desconocido la autenticidad de las facturas que los contienen y, en subsidio, que la actora sea quien los haya afrontado (art. 354 del C.P.C.C.).
5. En dicho contexto, critica la sentencia de primera instancia en cuanto hizo lugar a dichos rubros, pese a que las facturas que los contienen no han sido objeto de prueba que verifique su autenticidad, como así tampoco su pago, carga que, por imperio del art. 375 del C.P.C.C., afirma la recurrente pesaba sobre la accionante.
Deviene necesario advertir tres cuestiones fundamentales sobre las que habré de desarrollar el análisis del caso: a. que la actitud asumida por la empresa demandada, analizada en el contexto previo al inicio de este juicio, resulta carente de toda lógica, irrazonable e injustificada, salvo -como lo sostuvo el juez de grado- con motivo de eludir parte de su responsabilidad contractual; ello, toda vez que no se encuentra una explicación razonable que justifique -frente al reconocimiento de los hechos acaecidos y la aceptación de la cobertura brindada en la póliza- el cumplimiento sólo de una parte de sus obligaciones contractuales y negando en la práctica el resto de las prestaciones sin razón fundada; b. que las facturas acompañadas por la actora no resultan ni única ni esencial prueba a fin de acreditar las erogaciones reclamadas y, c. que rige en el presente proceso de consumo el principio de las cargas probatorias dinámicas (art. 1735 del CCyC y art. 53 Ley 24.240).
Dispone el art. 961 del CCyC que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor.
La citada norma plasma una regla genérica y amplia sobre la buena fe, describiendo criterios de alcance y pautas de utilización para analizar cada caso en particular, acentuando la importancia y rol de la buena fe-probidad, al precisar que el contrato no se limita a las obligaciones primordiales especialmente pactadas en el mismo, sino que se integra con todas aquellas secundarias y accesorias que resultan intrínsecas a la naturaleza del contrato, como del comportamiento de las partes o usos, tales como deberes de diligencia, esmero, cooperación, seguridad (Bueres, Alberto, “Código Civil y Comercial de la Nación…”, T 1, comentario art. 961).
Adelanto que, conforme a tales pautas y criterios, el aludido criterio rector no ha sido cumplido por Assist Card durante la ejecución del contrato que nos ocupa.
Previo a analizar, en este punto, las pruebas acompañadas por la actora con su escrito de demanda, relacionadas con lo que ha sido el reclamo administrativo llevado adelante con la empresa demandada, corresponde destacar que he de considerarlas como prueba idónea frente a la falta de cooperación de la demandada quien, teniendo la carga de hacerlo, no ha presentado ni el legajo de siniestro identificado como 8B6F56D, donde oportunamente fue presentada toda la documentación original correspondiente en las oficinas de Assist Card el día 20 de febrero de 2020, conforme lo acredita con la constancia sellada por la empresa agregada a estos obrados en formato papel (carece de foliatura); asi tampoco adjuntó la póliza de seguro. Ello en razón del principio de las cargas probatorias dinámicas que en este tipo de procesos -donde las partes no se encuentran en igualdad de condiciones-, juega un papel fundamental y permiten al juzgador meritar quién se encontraba en mejores condiciones de probar y no lo hizo, así como las razones por las que quien tenía la carga de probar no probó, y de allí, evaluar tal conducta procesal que quiebra el deber de colaboración como presunción contra el infractor. En el caso, la demandada quien se encuentra en posesión del legajo de siniestro mencionado tenía la carga de aportarlo a la causa, como asimismo la póliza, a los fines de colaborar con el esclarecimiento de los hechos, cosa que no ha hecho. Por el contrario, ha adoptado una postura estática, limitándosela a negar todo cuanto ha dicho y aportado la actora, esperando que aquélla pruebe su culpa o falta de diligencia, en lugar de demostrar su diligencia y prudencia en la atención del caso (arts. 384, 384 del C.P.C.C; art. 1735 del CCyC y art. 53 Ley 24.240).
Sobre este extremo, la Suprema Corte de nuestra provincia tiene ha dicho, en voto del Dr. Daniel Soria que “Cierto es que quien invoca ciertos hechos como fundamento de su pretensión tiene la carga de acreditarlos y, si no logra cumplir con esa carga mediante la actividad probatoria desarrollada durante el juicio, corre el riesgo que su acción sea rechazada. Ello por cuanto el juzgador necesita adquirir plena certeza, de ser ello posible, acerca de los hechos (o de la afirmación que sobre ellos hacen las partes), para formular su convicción sobre esta fase y fallar razonablemente, es decir analizando críticamente el material probatorio. De ahí que, de mediar inexistencia o insuficiencia de la prueba conducente o eficaz sobre un punto litigioso, habrá de acudir a las reglas de distribución de carga probatoria que se encuentran condensadas en el art. 375 CPCC, las que están dirigidas al juez que deberá tenerlas en cuenta al sentenciar en los supuestos de orfandad” (conf. SCBA LP C 118339, sent. del 02/07/2014, voto del Dr. Soria SD).
Entre los hechos reconocidos por la demandada y la documentación agregada al expediente en formato papel, se encuentra probado que la actora, Maria Camila Zilio, es titular de la tarjeta de crédito Visa Platinum N 4338 8830 0011 7669, expedida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, habiendo informado a la empresa Visa del viaje que realizaría al exterior y con la cobertura médica de Assist Card brindada por la misma tarjeta. Que, el día 29 de enero de 2020 en la ciudad de Girardot -Colombia- presentó síntomas que derivaron en atención medica de emergencia y posterior internación en la Clinica Especializada Girardot y luego su traslado a la Clinica del Country, permaneciendo internada desde dicha fecha hasta el 3 de febrero de 2020 (ver historia clínica). Que, como consecuencia de ello, el vuelo de regreso a Buenos Aires -CM 279 de Copa Airlines- que era el día 1 de febrero de 2020, no pudo ser utilizado; que el mismo no era reembolsable y sólo se podía cambiar la fecha dentro de la validez del boleto (ver email enviado por Copa Airlines el 6 de julio de 2020).
Con la factura de venta N ACON14243 emitida el 4 de febrero de 2020 por la empresa “Diazar” -Representante exclusivo de Avianca- a nombre de su padre, Pedro Zilio, se acredita la compra de 3 pasajes -de los cuales sólo 2 se reclaman por la suma de $C8.395.200- de los cuales se presentó copia del “Pase de Abordar” que identifica el vuelo AV87 de Avianca de Bogotá hacia Buenos Aires para el día 5 de febrero de 2020.
Con la factura N AL-44689 emitida el 31 de enero de 2020 por la empresa Hoteles Calle 93 SAS, a nombre de Patricia Ilda Eleta, madre de la accionante, por la suma de $C657,114, se acredita el pago de las dos noches de hotel reclamadas.
Todo ello, consta en el expediente administrativo iniciado por la actora ante Assist Card el 17 de febrero de 2020 mediante el correspondiente “Formulario de Solicitud de Reembolso” identificado como caso 8B6F56D, el que fue recepcionado con éxito, conforme email de la empresa del 30 de junio de 2020, mediante el cual se le requiere que presente la documentación original, la que fue presentada personalmente el 20 de febrero de 2020.
Conforme mail del 19 de junio de 2020 enviado por Assist Card ([email protected]) a la actora, los requisitos que se le exigían desde el área de supervisión de documentación para autorizar el reembolso del dinero, eran: a. Factura por gastos de hotel y su comprobante de pago; b. Factura emitida por aerolínea y su comprobante de pago; c. Copia del dni del titular de la cuenta bancaria y, d. Cierre de tickets aéreos de retorno original. No debe ser posible su utilización.
Ante tal solicitud, y en el transcurso de ese mismo día, la actora se comunicó con la empresa Avianca quien le respondió por email lo siguiente: “…Tenemos entendido que para su trámite le han exigido factura con sello de pago de los tiquetes de regreso por Avianca… Le informo que la factura que usted ha enseñado es real, es documento final y es un documento completo como factura, de acuerdo con la regulación colombiana… el tiquete aéreo en Colombia es equivalente a factura y en sí mismo es documento completo como factura. Adjunto copia del decreto… En nuestra oficina hemos proporcionado la documentación correcta, legal y final en Colombia para una compra de tiquete y no existen otros documentos válidos que se puedan aportar… Si no es así, toda la gestión debe reposarse en Assist Card, puesto que como tiquetes de Avianca el proceso ha estado completo y es final… si esa documentación no es suficiente, deben desde Assist Card proporcionarle alternativas o cerrar el caso… Esto mismo le hemos indicado a Assist Card Colombia (Fdo. Luz Maria Diaz, Gerente General Rex Diazar, Aliado Estratégico Avianca, adjuntada en pdf nuevamente toda la documentación).
Como puede observarse, el contenido de este email en relación a la documentación requerida por Assist Card a fin de acreditar el pago de los boletos de avión de regreso, resulta contundente. La propia empresa que emitió los pasajes, representante exclusivo de Avianca -tal como surge de la factura y del email- está ratificando en forma categórica que la documentación emitida, presentada por la actora en su legajo en Assist Card, es documento real, final y completo que equivale a factura y que no hay otro posible de emitir en su lugar y, agrega, que, si desde la aseguradora solicitan otro, corre por su cuenta.
La documentación presentada en el reclamo administrativo por reembolso, como así también en este expediente, resulta suficiente para acreditar el pago de los tickets de avión conforme la legislación del país donde la misma fue emitida. Igual suerte corre la factura brindada por la empresa Hoteles Calle 93 SAS para acreditar las dos noches de hotel que se reclaman, ello toda vez que conforme los usos y costumbre comerciales, ninguna empresa aérea ni hotelera emite factura de venta si, previamente, al cliente no ha realizado el pago.
Hasta aquí, está demostrado que la documentación presentada por la actora ante Assist Card reunía todos los requisitos legales para su validez y se cumplía en lo sustancial con lo exigido en el punto 3.3; 3.10 y 3.14 de la póliza ya que fundamentalmente se probaba que no se había podido utilizar el pasaje original, que el mismo resultaba no reembolsable y que se había adquirido uno nuevo. Asimismo, la actora dio cumplimiento con el plazo de 60 días corridos, contados a partir de su ingreso al país -5 de febrero de 2020-, establecido en el punto 4.1.E de la póliza para presentar la documentación original, ya que la misma fue ingresada el 20 de febrero de 2020, tal como se acredita con el correspondiente recibo sellado y posterior email de confirmación.
En razón de ello, la aseguradora no tenía un motivo justificado, en relación a los requisitos formales, para denegar el reembolso de pasajes y hotel, entonces puede observarse que por email del día 29 de junio de 2020, de manera inesperada, imprevisible y en contradicción con sus propios actos anteriores y jurídicamente relevantes (el reconocimiento de la cobertura médica y pago de gastos de internación), procedió a rechazar la solicitud de reem
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