Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 133177
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se declara desierto el recurso de apelación interpuesto mediante presentación electrónica de fecha 14 de octubre de 2022, contra la sentencia dictada el 3 de octubre de 2022. Las costas se imponen al demandado en su condición de vencido (arts. 68, 260, 261, CPCC.).
Sentencia Definitiva
Causa N. 133177; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº23 - LA PLATA
BALATTI SEBASTIAN C/ PRADO JULIO CESAR S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
En la ciudad de La Plata, a los veintiocho días del mes de Marzo de Dos mil veintitrés, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 133177, caratulada: "BALATTI SEBASTIAN C/ PRADO JULIO CESAR S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Resulta suficientemente fundado el recurso de apelación interpuesto el 14 de octubre de 2022, contra la sentencia dictada en fecha 3 de octubre de 2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia apelada hizo lugar a la demanda entablada por SEBASTIAN BALATTI contra JULIO CESAR PRADO condenando al accionado a abonar al actor la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($1.368.000), dentro del término de diez días, con más los intereses moratorios según la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación, los que se calcularán desde el día 12/06/2020 y hasta su efectivo pago; impuso las costas al demandado vencido y postergó la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para la oportunidad prevista por el art. 51 de la ley 14.967 y la de los peritos para el momento en que se determinen los de los abogados.
2. Contra esa forma de decidir se alza en apelación el demandado (presentación electrónica de fecha 14 de octubre de 2022), recurso que -previamente concedido (proveído del 17 de octubre de 2022)- fue fundamentado en tiempo y forma en esta instancia (presentación electrónica del 31 de octubre de 2022). Corrido el pertinente traslado (proveído de la misma fecha), éste recibió réplica de la contraria (presentación electrónica del 2 de noviembre de 2022). Luego de la devolución provisoria a los fines del cumplimiento del art. 29 de la Ley 13133 y cumplido el pase al Sr. Fiscal de Cámaras (proveído del 2 de noviembre de 2022 y presentación electrónica del 11 de noviembre de 2022), se llamó autos para sentencia (proveído de fecha 28 de diciembre de 2022).
3. Al apelante lo agravia que a la acción instaurada se le hayan aplicado las normas relativas a la Defensa del Consumidor y el Usuario, alegando que no se trata la disputa de estas actuaciones de una relación de consumo.
Agrega que entre el Sr. Julio Cesar Prado y el Sr. Sebastián Balatti no existe ni ha existido, vinculación contractual alguna y que el documento suscripto entre ambos, no es otra cosa más que la incorporación de Balatti a un fideicomiso del cual el Sr. Prado, resulta su administrador fiduciario.
A partir de allí, queda claro que Balatti es integrante de un fideicomiso y Prado no vendió ningún inmueble, por lo que no existe en autos consumidor ni proveedor.
Alega que el fideicomiso cuenta con su regulación específica que surge del art. 1666 CCyC, de lo que surge que en todo caso Balatti es inversor y no consumidor.
Se duele asimismo de que se haya determinado una responsabilidad personal en su cabeza, insistiendo que actuó como fiduciario del fideicomiso Le Pre II.
Destaca lo establecido en tal sentido por el art. 1685 del Código Civil y Comercial de la Nación, ello, en cuanto prescribe que los bienes fideicomitidos, constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario.
Concluye que el Administrador Fiduciario, sólo responde con los bienes y hasta la responsabilidad de administración de tal patrimonio, que no es otro, más que el patrimonio del fideicomiso.
4. Sentado lo anterior, se aprecia que de la confrontación entre la resolución apelada (de fecha 3 de octubre de 2022) y la fundamentación del recurso en tratamiento (presentación electrónica del 31 de octubre de 2022), no surge que el recurrente brinde argumentos que permitan controvertir las premisas en las que el juez de grado sustenta el modo en que resuelve la cuestión, fundamentalmente la convicción sobre la existencia de una relación de consumo entre las partes.
En efecto, el apelante no formula una crítica que pueda considerarse suficiente para conmover el decisorio, sino que se limita a exteriorizar su disconformidad con lo resuelto, reiterando los planteos respecto del tipo contractual aludidos al contestar la demanda.
En particular, Prado no pone en crisis lo dispuesto por la sentencia en apartados XII y siguientes de los considerandos.
En efecto, el apartado XII dice que “Estos constituyen todos indicios que demuestran la realidad del negocio celebrado: se trata de una entrega de un departamento contra pago de un precio; es más, hasta se pacta en el negocio el nombre del escribano que se encargará de confeccionar la escritura traslativa de dominio llegado el momento (art. 163 inc. 5 CPC)”, agregándose en el apartado XIII que “escapa a las reglas de la lógica y la buena fe que el señor Prado se ampare en la figura del fiduciario para pretender desligarse de sus responsabilidades en el negocio celebrado. Ello por cuanto, reitero, aplico a este particular análisis el razonamiento desplegado in extenso al tratar la normativa de la ley aplicable a este asunto”.
Sigue la sentencia en su desarrollo argumental estimando “que así argumentó con el exclusivo móvil de eludir sus obligaciones y que dicho proceder resulta reprochable a un buen hombre de negocios y contrario a la buena fe, principio que debe presidir todos los actos jurídicos (art. 9 Cód. Civ. y Com.)” (apartado XIV), “Por lo que, más allá del nombre que unilateralmente le haya puesto Prado al negocio, el mismo tiene como finalidad la entrega de una unidad funcional contra el pago de un precio, por lo que su argumento defensivo en el punto cae por su propio peso y resulta aquí desestimado”.
Finalmente, el señor Juez apelado tiene para sí “conforme la prueba rendida en autos, que la adquisición del bien por la actora fue producto de la relación contractual que concretó con el Sr. Julio Cesar Prado como representante y administrador del fideicomiso encargado de la construcción del edificio (ver firma del demandado en el convenio de fs. 8/10 y en los membretes, sellos y firmas de la inmobiliaria Prado de los recibos de fs. 11/16). Y, como se dijo anteriormente, puede tipificarse el rol del Sr. Balatti como el de un consumidor” (apartado XVI de la sentencia referida).
Ninguna de estas conclusiones, como se dijo, fueron puestas en crisis por el demandado.
Nótese que no niega las características finales del negocio, sino que continúa tratando de ampararse en la figura legal del fideicomiso.
No controvierte el objeto final del contrato (la entrega de un bien inmueble determinado a cambio del pago de un precio), ni su condición de proveedor siempre que sólo utiliza como eximente el carácter de representante y administrador de un fideicomiso, cuando a partir de la realidad de los hechos debatidos en autos es dable atribuir la responsabilidad por incumplimiento al productor, fabricante, importador, distribuidor, proveedor, vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio (art. 40 LDC) clasificación dentro de la que se encuentra Julio César Prado.
Más aún, la responsabilidad y legitimación que se encuentra en estas actuaciones a partir de la aplicación de la Ley consumeril, dispone la responsabilidad solidaria entre la “cadena de comercialización” sin perjuicio de las acciones de repetición que el demandado estime corresponder (art. 40 LDC; arts. 260 y 261, CPCC).
La función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de primera instancia con el que se disconforma, demostrando cuáles son los errores en él incurridos. De lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (esta Sala, causa 100098, RSD 167/15, sent. del 1/12/2015; causa 127191, RSD 86/2020, sent. del 16/6/2020; arts. 34, inc. 5, ap. “c”, 260, 261, CPCC).
En consecuencia, en cuanto la pieza impugnativa no constituye una crítica razonada y concreta de los fundamentos expresos que dan sustento al decisorio puesto en crisis, propongo que se declare desierto el recurso de apelación interpuesto mediante presentación electrónica de fecha 14 de octubre de 2022. Postulo que las costas sean impuestas al demandado en su condición de vencido (arts. 68, 260, 261, CPCC.).
Voto por la NEGATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto mediante presentación electrónica de fecha 14 de octubre de 2022, contra la sentencia dictada el 3 de octubre de 2022. Las costas cabe que sean impuestas al demandado en su condición de vencido (arts. 68, 260, 261, CPCC.).
ASÍ LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se declara desierto el recurso de apelación interpuesto mediante presentación electrónica de fecha 14 de octubre de 2022, contra la sentencia dictada el 3 de octubre de 2022. Las costas se imponen al demandado en su condición de vencido (arts. 68, 260, 261, CPCC.). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Firmas
Funcionario Firmante: 28/03/2023 08:31:06 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/03/2023 09:03:39 - HANKOVITS Francisco Agustín - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 28/03/2023 09:24:48 hs. bajo el número RS-65-2023 por DILLON MARIA SOLEDAD.
Fin de la sentencia