Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 134287
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada de fecha 7/3/2023, con costas a la recurrente en su calidad de vencida (art. 68, CPCC).
Sentencia Definitiva
Causa N°134287; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº11 - LA PLATA
CASTRO ALEJANDRA MABEL C/ CAJA DE SEGUROS SA S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
En la ciudad de La Plata, en la fecha de la firma digital, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 134287, caratulada: "CASTRO ALEJANDRA MABEL C/ CAJA DE SEGUROS SA S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 7/3/2023?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la accionada contra la sentencia de fecha 7/3/2023, en cuanto rechaza la excepción de prescripción por ella incoada. El memorial se presentó el día 8/3/2023 y recibió réplica el 20/3/2023. Con fecha 11/4/2023 se presentó dictamen del señor Fiscal de Cámaras.
2. En muy ajustada síntesis sostiene el apelante que se ha rechazado la excepción de prescripción opuesta por su parte aplicando incorrectamente el plazo genérico de cinco años previsto en el art. 2560 del Código Civil y Comercial (en adelante, CCCN), en lugar de aplicar el plazo anual establecido en el art. 58 de la ley de seguros 17.418, lo cual contradice el criterio consolidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Buffoni, Osvaldo c/ Castro, Ramiro", al señalar que "la Ley de Defensa del Consumidor (ley general posterior) no deroga ni modifica, implícita o tácitamente, la ley especial anterior, tal como ocurre en el caso de la singularidad del régimen de los contratos de seguro" y que tradicionalmente, cuando concurren sobre una misma cuestión pluralidad de normas, el principio rector ha postulado que la ley especial (en este caso, la ley de seguros 17.418) deroga a la ley general. Así, se ha considerado que la ley especial deroga tácitamente a la ley general y, a la inversa, la ley general no deroga a la ley especial. Expresa que la Ley de Defensa del Consumidor ha previsto el plazo prescriptivo para las “acciones emergentes de esta ley”, y es por ello, precisamente, que las pretensiones emergentes del contrato de seguro, o sea las deducibles entre asegurado y asegurador, no son otras que las emergentes de la ley 17.418. Agrega que el artículo 2532 del CCCN establece que "en ausencia de disposiciones específicas, las normas de este Capítulo (Disposiciones comunes a la prescripción liberatoria y adquisitiva) son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria" y según el artículo 2.560 de dicho Cuerpo Legal "..el plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local" y que esas excepciones -disposiciones específicas- efectivamente se verifican en la especie, desde que la acción prevista para reclamar las obligaciones que aquí se exigen deriva del contrato de seguro fundante de su pretensión, por lo que el plazo de prescripción es anual, correspondiendo revocar el fallo atacado.
3. Primeramente ha de señalarse que a la presente acción corresponde analizarla desde la perspectiva del CCCN, toda vez que el mismo ya se encontraba vigente desde el mismo momento del cese laboral, 30/4/2018 (art. 7, CCCN).
En base a ello y siendo que la actora presenta denuncia de siniestro ante la demandada con fecha 16/3/2020 y luego inicia la etapa de mediación prejudicial obligatoria con fecha el día 14/04/2021 presentando la demanda con fecha 18/6/2021, la sentenciante rechazó la prescripción opuesta en atención a que el plazo de prescripción que estimó aplicable (art. 2560, CCCN, de 5 años) no había transcurrido.
De ello se agravió la aseguradora, insistiendo con la prescripción de la acción intentada.
Dentro del contexto indicado, se impone señalar que ya tiene dicho reiteradamente esta Sala (causas 129881, sent. del 7/9/21, y 128845 sent. del 9/3/21, entre otras), que la sanción del nuevo CCCN (en vigor desde el 1/8/2015) supuso la reconfiguración normativa más importante a nivel general desde la reforma sancionada en el año 1968 y la derogación del Código Civil velezano (Ley 340).
En primer lugar, es ineludible aludir al art. 2532 que inaugura el Libro Sexto del CCCN, el cual dispone: “Ámbito de aplicación. En ausencia de disposiciones específicas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos”.
Por otro lado, ya en el apartado relativo a los plazos, los arts. 2560 y ss. dan cuenta de los diferentes supuestos previstos en el Código, sucediéndose a través del articulado el plazo genérico de cinco años, los plazos especiales decenales y trienales, el bianual y finalmente el anual.
Un tercer elemento reside en que fue la propia Ley 26.994 (CCCN) la que a través del punto 3.4 de su Anexo II dispuso la sustitución del art. 50 vigente hasta ese momento, para reemplazarlo por esta nueva redacción: “Prescripción. Las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término de TRES (3) años. La prescripción se interrumpe por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas”. Vale decir, la nueva redacción dada al art. 50 de la ley consumeril fija el plazo de tres años sólo a las sanciones propias de dicho régimen dejando fuera de su ámbito las acciones judiciales, como por el contrario antes establecía el texto previo de dicha disposición.
A su vez, el art. 1094 CCCN -bajo el título “Interpretación y prelación normativa”- establece que las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el del acceso sustentable, agregando seguidamente que, en caso de duda sobre la interpretación de este código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. Igualmente, el art. 963 del mismo ordenamiento sustancial, en materia contractual dispone que “Cuando concurren disposiciones de este Código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación: a) normas indisponibles de la ley especial y de este Código”.
En ese orden, deviene necesario indicar que el plexo tuitivo de consumo asume el carácter de transversal dado que, frente a una relación de consumo, expande sus efectos a los regímenes particulares que atrapan la situación jurídica específica donde se desarrolló la misma. Y dicho estatuto, desde de un plano vertical en relación con la ley especial de seguros, posee preponderancia sobre ésta en razón de su jerarquía constitucional (arts. 42 Const. Nac. y 38 de la Const. de la Prov. de Bs. As.) y desde una perspectiva horizontal es además claro por mandato legal, que en caso de duda hay que estar a una interpretación más favorable al consumidor (art. 3, Ley 24.240 y 1094 del CCCN); ello así máxime que en la materia prescriptiva rige, como ha sido dicho, un criterio restrictivo. Esta hermenéutica se ajusta igualmente al requerimiento legal de dialogo de fuentes (art. 2 del CCCN).
Con lo cual a partir de la línea argumental que se viene sosteniendo, corresponde se aplique a las acciones judiciales derivadas de dicho plexo jurídico (ley 24.240), el plazo de cinco años establecido en el CCCN (art. 2560).
En efecto, el art. 2560 del CCCN establece una norma general, pero que tiene esa particularidad: está llamada a regir la generalidad de las relaciones de consumo, lo cual revela la intención legislativa de integrarla al sistema respectivo y, por ser esa su materia, desplazar a toda otra norma que le sea ajena, ello con fundamento en el art. 3° de la ley 24.240, en cuanto dispone que esa ley se integra con otras normas generales o especiales que también regulen relaciones de consumo, mandando al intérprete efectuar esa integración de modo tal que cualquier duda conduzca a hacer prevalecer la solución más favorable al consumidor. De ella resulta que la línea de corte para determinar si una norma integra o no el sistema, no es su carácter general o especial, sino que ella cumpla con los recaudos previstos en ese art. 3, a saber: por un lado, que se halle destinada a regular relaciones de consumo; y, por el otro, que lo haga de modo tal que incorpore la solución más favorable al consumidor. Aplicados los principios de dicho art. 3 al caso, es claro que, aun si se aceptara que el art. 58 LS regula esta materia, ese precepto no podría considerarse parte del sistema, toda vez que, como es claro, el art. 2.560 CCCN también regula lo mismo y lo hace en términos que superan el test que aquella norma exige efectuar (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, en causa “Loto, Emiliano Norberto c. Seguros Sura SA s/ ordinario”, sentencia del 22/12/2020; en RCCyC 2021 (julio), 12/07/2021, 223).
Y ello se integra con el art. 1094 CCCN, lo cual ha de terminar por constituir la pauta interpretativa más acorde al sistema normativo actual en concordancia con el orden de prelación normativa consagrado en los arts. 963 y 2.532 del CCCN. Ello así, desde que el art. 1094, en su segunda parte, como ha sido mencionado, resulta por demás esclarecedor al señalar que en caso de duda sobre la interpretación del CCCN o de las leyes especiales, prevalecerá la más favorable al consumidor, y asimismo en aras de una interpretación funcional desde la perspectiva que ofrecen los arts. 42 y 75, inc. 22, CN; 50 y 3 de la Ley de Defensa del Consumidor; arts. 2, 3 y 1094 y del CCCN y cc. (conf. la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala F, en causa "Sittner, Nélida E. c. La Meridional Compañía Argentina de Seguros SA s/ ordinario” en AR/JUR/493/2020).
En sentido concordante con esta posición se ha afirmado que “esta última propuesta es la que parece más razonable (art. 3 CCCN) y que armoniza todo el marco normativo de defensa del consumidor conforme al juego de los arts. 42 CN, 1094 CCCN y 3 LDC, siendo que tampoco puede obviarse el hecho de que los arts. 1 y 2 del CCCN imponen una interpretación según las leyes que resulten aplicables de acuerdo con la CN y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte; así, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento” (Cám. Apel. Civ y Com. Mercedes, Sala I, sent. del 5/12/2019 en actuaciones “Vega, Adriana Luz Mayra y otro c/ Antártida Compañía Argentina de Seguros s/ Daños y Perjuicios”).
Con lo cual, y en virtud de las razones y argumentos expuestos, ha de postularse para la solución del presente -como ya fuera adelantado- la confirmación de la sentencia de la primera instancia en cuanto a la aplicación del plazo de prescripción quinquenal que viene normado desde el art. 2.560 del CCyC y el consecuente rechazo del agravio traído por no encontrarse prescripta la acción (esta Sala, causa 129881, sent. del 7/9/21; causa 132259, sent. del 6/10/22).
Consecuentemente, Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente Doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la sentencia apelada de fecha 7/3/2023, con costas a la recurrente en su calidad de vencida (art. 68, CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El señor Presidente Doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada de fecha 7/3/2023, con costas a la recurrente en su calidad de vencida (art. 68, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Firmas
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 18/05/2023 12:11:16 hs. bajo el número RS-147-2023 por TARANTO HUGO DAMIAN.
Fin de la sentencia