Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 134428
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos de apelación interpuestos por LATAM SA y ALMUNDO SA, confirmando lo resuelto en cuanto ha sido materia de recurso y agravios, imponiendo las costas de segunda instancia a los recurrentes en su calidad de vencidos.
MP / ND
En la ciudad de La Plata, a los 22 días del mes de Junio de 2023, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: " DUCAY MIGUEL IGNACIO Y OTRO/A C/ ALMUNDO.COM SRL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) " (causa: 134428) , se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es ajustada a derecho la apelada sentencia?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1. La decisión.
El Sr juez de grado el rechazó la excepción de incompetencia (material y territorial) opuesta por las codemandadas LATAM y ALMUNDO.COM S.R.L, con costas a éstas (art. 69, C.P.C.C.). Respecto de la competencia federal consideró que la pretensión de quien acciona es la de obtener un resarcimiento económico por la responsabilidad endilgada a la empresa aérea transportadora y a la agencia de viajes contratada por el incumplimiento contractual derivado de la modificación/cancelación del viaje estipulado en el billete de avión adquirido, tratándose, por ende, de una cuestión meramente mercantil atinente a la compraventa de pasajes. Por ende, la acción resarcitoria resulta del derecho común y deriva del supuesto incumplimiento del contrato que la actora le atribuye a la demandada, ya que la situación descripta no es susceptible de afectar la navegación o el comercio aéreo no siendo aplicable el código aeronáutico, de lo que se sigue el rechazo de la defensa opuesta (art. 345 inc. 1° y cc., C.P.C.C.).
En cuanto a la competencia territorial, consideró que se aplica la ley 24.240 (LDC) y que corresponde el juez del domicilio real del consumidor puesto que el art. 1109 CCCN no es de aplicación al contrato de marras (adquisición de pasajes aéreos celebrado por medios electrónicos), en tanto importaría colocar al consumidor o usuario en una posición desfavorable respecto del proveedor del servicio, al obligarlo a litigar en una jurisdicción extraña a su domicilio conforme los arts. 1, 2, 1094 y 2654 CCCN y 36 y 37 Ley 24.240). Considera que dicha norma no puede utilizarse en disfavor del consumidor, como pretenden las sociedades demandadas.
2. El recurso.
El 1/2/23 Latam interpuso recurso de apelación que fue concedido 8/2/23, fundado con el memorial de fecha 22/2/23, y contestado el 9/3/23
A su vez Al Mundo interpuso recurso el 22/2/23, que fue concedido el 3/3/23, fundado con el memorial de fecha 13/3/23 y contestado el 12/4/23.
En resumen, sostienen que el billete de pasaje, tuvo principio de ejecución al haberse cumplido el tramo de ida, motivo por el cual el contrato de transporte aéreo se ha perfeccionado, incluyéndose de esta manera a dicha relación contractual en las normas internas del derecho “aeronáutico”, de competencia federal. Señala que el artículo 63 de la Ley 24.240 establece que “para el supuesto de contrato de transporte aéreo, se aplicarán las normas del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, la presente ley”.
Consideran que el juez omitió aplicar la regulación del “Contrato de Transporte Aéreo”, el cual posee identidad y regulación propia en cuanto a su concepto, características, elementos, derechos del transportista y de los pasajeros y responsabilidad, sino también del concepto de “comercio aéreo”, que no es un comercio ordinario. Citan jurisprudencia.
Subsidiariamente sostienen que no existe en autos punto de conexión alguno con la Ciudad de la Plata, y que es inaplicable al caso el art. 36 LDC, sino el art 5 inc 3 acciones personales del CPCC que establece la competencia del lugar donde deba cumplirse la obligación, y subsidiariamente a elección del actor, el lugar del contrato o el domicilio del demandado esto es ciudad de Bs As. porque la obligación de pago era en CABA, donde están radicadas las cuentas bancarias de LATAM de donde se debían debitar las sumas a pagar; y el domicilio de Almundo así como el de LATAM son también allí.
Almundo agrega que, si se mantuviera la decisión, siendo una cuestión más que dudosa que pueda atribuirse a la justicia común “el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad”; y porque es una compañía intermediaria entre la línea aérea y los pasajeros, y carece de responsabilidad por los incumplimientos en los que la aerolínea pudiera incurrir.
3. Dictamen.
El Fiscal de Cámaras el 19/4/23 dictaminó que los daños reclamados no se corresponden con hechos acontecidos como "pasajeros" o en la ejecución del transporte en sí mismo, sino como "compradores" de tickets no utilizados, consideró que la Ley 24.240 (LDC) resulta aplicable con preeminencia al Código Aeronáutico; por cuanto ella es la interpretación que más beneficia al consumidor o usuario (arts. 3, 25, 37 LDC, 1094 CCCN) por lo tanto no corresponde la competencia federal sino la ordinaria y por el territorio la del domicilio del consumidor conf. 1, 3 y 65 LDC. Agrega que los efectos de la reprogramación de pasajes aéreos y de la no utilización de un tramo aéreo, la validez de las condiciones tarifarias que imponen restricciones a la cancelación y/o reprogramación de pasajes aéreos, las normas relativas a los reembolsos de pasajes, etc.
4. Tratamiento de los agravios.
4.1. Ocupándome liminarmente del cuestionamiento que el apelado trae con relación a la fundamentación traída por el quejoso, sus alcances y requisitos, cabe señalar que de la lectura del memorial traído en sufragio de la pretensión revisora, se percibe claramente en qué consiste la protesta frente a lo decidido en la instancia de origen y más allá de los consabidos criterios amplios y flexibles que se imponen en la materia, no puede seriamente sostenerse que los agravios no satisfacen el mínimo de técnica exigido por las normas procesales, razón por la cual, corresponde desestimar el pedido de deserción recursiva que propone la apelada; ello sin perjuicio de la suerte que en definitiva pueda merecer el alzamiento (art. 260 del C.P.C.C. y su doctrina).
4.2. Ingresando en el tratamiento de los agravios, no llegan los apelantes a justificar un error del a quo respecto de la normativa aplicable al caso (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
A fin de determinar la competencia, los jueces deben atender de manera principal, a la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y, además, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (CSJN, Fallos 303:1453; 306:328, 856, 948, 1056; 307:505, 774 y 871; 340:400, entre otros). En sentido concordante, la Casación provincial dijo que la competencia se determina, en principio, por la naturaleza del caso que el actor propone a decisión judicial, o sea por la índole de la acción ejercitada (SCBA, “Ac. y Sent.” 1958-IV, 330). Dicha Doctrina Legal circunscribe la competencia a los términos en la que fuera redactada la demanda, vale decir a la competencia de los Tribunales de la Justicia Ordinaria.
La actora reclama los daños por el incumplimiento de las demandadas con el contrato adquirido por internet. La causa del reclamo es que un día antes de iniciar el viaje la línea aérea canceló el vuelo de regreso; lo que motivó que los actores debieran adquirir ese tramo por otra línea aérea. La pretensión no se refiere estrictamente a la navegación aérea o al comercio aéreo en general (art. 198, Código Aeronáutico), ni a la circulación aérea en general -funcionamiento de aerodrómos- que determinan la competencia federal, sino el incumplimiento de la obligación de devolver lo abonado por haber cancelado el servicio. Lo cuestionado no es la razón por la cual el vuelo contratado habría sido cancelado, sino la falta de oportuna restitución de lo pagado por un servicio no prestado.
El reembolso reclamado, deriva de la frustración misma del contrato, dada la imposibilidad de utilizar los pasajes aéreos adquiridos, todo lo cual se demandó con sustento en normas de derecho común y relativas a un contrato de consumo con exclusión de las que regulan la actividad de aeronavegación (Cam. Nac. Civil sala C, 14/3/2023, “R., F. D. y otro c/Aerolíneas Argentinas S.A. s/Ordinario").
La competencia federal se caracteriza por ser limitada, excepcional y atribuida en razón de la materia, de las personas o de los lugares (SCBA, l. 75.708, 23/4/2003; l. 81.339, 14/10/2003; l. 85.509, 17/5/2006).
Al encontrarse circunscripta a los casos taxativamente enumerados por los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, es de interpretación restrictiva (SCBA, DJBA 69-277).
Consecuentemente, si la relación jurídica que vincula a los litigantes está básicamente regida por normas de derecho común -como es el caso en análisis-, la cuestión no se encuentra comprometida en los supuestos especiales que determinan la jurisdicción federal.
En definitiva, lo que exige la competencia federal, en la inteligencia que le otorgan nuestro texto constitucional y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es que medie razón bastante que la habilite, lo cual se da cuando aparezca comprometido en el caso un interés nacional.
Se debe analizar en cada caso concreto si media tal interés, ya que cuando no existan los propósitos que informan aquella competencia, podrá quedar excluida (CSN, Fallos 36:394; 99:383; 190:469; conf. SCBA, L. 79.796, 28/11/2001, D.T. 2002-B, 454).
El hecho que la Resolución 1532/98 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos -que aprueba las Condiciones Generales del Contrato de Transporte Aéreo- regule algunas condiciones del contrato de trasporte aéreo regular interno e internacional de pasajeros, no modifica la interpretación armónica de todas las normas en juego que debe realizarse sobre la competencia en beneficio del consumidor, conforme art. 42 CN (arts 1 y 2, CCCN).
En el ANEXO I de dicha resolución se establecen las “Condiciones Generales del Contrato de Trasporte aéreo”, cuyo art. 2°, titulado “APLICABILIDAD”, establece: ”Estas Condiciones se aplicarán al transporte aéreo regular de pasajeros y equipajes, incluyendo los servicios accesorios que el transportador se comprometió a efectuar. ... Si alguna cláusula de estas Condiciones resultase contraria a la Convención, cuando ésta sea aplicable, o a las leyes, decretos, regulaciones gubernamentales, disposiciones o requisitos que no puedan ser renunciados por acuerdo de partes, tal cláusula no se aplicará. La invalidez de cualquier cláusula no afectará la validez de las demás normas de estas Condiciones” [el subrayado me pertenece].
Es evidente que la ley de defensa del consumidor, normativa de orden público (art. 65, LDC), prima por sobre dicha resolución, en caso de contradicción (art. 2, cit.). Además, no hay norma alguna que determine la competencia federal en estas condiciones del contrato, por lo que por más que se aplique en primer lugar el Código Aeronáutico o los tratados internacionales -Convenio de Montreal de 1999, vigente por ley 26.451-, es de aplicación supletoria LDC (arts. 63, ley 24.240; 1 y 2, C.C.C.N.).
Asimismo, el inc. b) del art 13 del ANEXO I de dicha Resolución, señala: "REINTEGROS POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL PASAJERO: Cuando un transportador cancela un vuelo, u omite la escala de destino o de parada – estancia del pasajero, … el monto del reintegro se determinará de acuerdo a lo siguiente:”
“… II) Cuando un tramo del viaje haya sido realizado, la cantidad a reembolsar será: ... 2.2. en el transporte internacional será el más alto de:”
“- la tarifa de ida, menos descuentos y cargos aplicables desde el punto de interrupción hasta el de destino o primer punto de parada, - estancia, o - la diferencia entre la tarifa pagada y la tarifa por el transporte utilizado".
Sin embargo esto no implica interpretar que el reclamo sea de naturaleza federal.
De ningún modo justifica la procedencia del fuero de excepción, por cuanto el reclamo no queda incluido en los supuestos del art. 198 del código aeronáutico -navegación aérea o comercio aéreo en general-, ni afecta la circulación aérea en general, a los que se limita el alcance de esa competencia.
4.3. Igual suerte merecerá el cuestionamiento del rechazo de la competencia en razón del territorio. El art 36 LDC es aplicable a todo contrato de consumo, no solo a los contratos de crédito para consumo, interpretando la finalidad de la norma, esto es el acceso del consumidor a la justicia conforme lo ordenan los arts. 42 Const. Nac. y 38 Const. Prov. Bs As..
En ese sentido se ha dicho que "La normativa específica relativa a las relaciones de consumo no constituye una mera regulación de determinado ámbito de las relaciones jurídicas, como tantas otras. Es eso y mucho más. La preocupación del legislador -signada por la clarísima previsión del art. 42 de la Constitución nacional y la correlativa contenida en el art. 38 de la Constitución provincial- radica en obtener la efectividad en la protección del consumidor. El principio protectorio como norma fundante es cimiento que atraviesa todo el orden jurídico. El propio art. 1° de la ley 24.240, texto ley 26.361 así lo expresa terminantemente: "la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario" [del voto del Juez de Lázzari, Causa ?G., A. C. c/ 'Pasema S.A.' y otros s/ Daños y perjuicios", C. 117.760, sent. del 1-IV-2015].
El art. 5 C.P.C.C. cede ante la existencia de una norma sustancial especifica para consumo, con normas sobre competencia, que conforme la doctrina legal del caso “Cuevas” implica para el juez determinar si estamos ante un caso de consumo de oficio y remitir al juez competente a fin de proteger al consumidor.
Además si interpretamos que se aplica el lugar de cumplimiento, el tramo de regreso que se canceló debía cumplirse en Nueva York -regreso a Bs. As.-, por lo que la aplicación del art. 2654 CCCN conlleva la competencia de La Plata al establecer como alternativas a favor del actor el juez del lugar de celebración del contrato, del cumplimiento de la prestación del servicio, de la entrega de bienes, del cumplimiento de la obligación de garantía, del domicilio del demandado o del lugar donde el consumidor realiza actos necesarios para la celebración del contrato, es decir esta ciudad, desde donde se compró por Internet el pasaje.
Lo mismo sucede por aplicación del art. 33 -Jurisdicción- del Convenio de Montreal de 1999, que también contiene entre sus opciones el lugar de celebración del contrato (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
4.3. Abordando la eximición de costas reclamada por Almundo, siendo que el vencimiento es el presupuesto esencial para imponer las costas, y que la facultad de eximir de costas al vencido reviste carácter excepcional y de interpretación restringida, se compadece con el derecho que corresponde al vencedor para ser indemnizado convenientemente de los gastos motivados por el pleito y que no existen razones fundadas para conceder la eximición, no es razonable eximirla de las costas, por lo que corresponde confirmar la imposición de costas impuestas en la instancia de origen.
Consecuentemente, voto POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo que, por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhería a la solución propuesta; y, en consecuencia, también votaba por la AFIRMATIVA .
Añadió que nos ocupa, en el caso, un supuesto típico de competencia en razón de la materia. Como bien ha señalado el voto precedente, no se trata de un debate sobre derecho aeronáutico, sino al supuesto de incumplimiento por parte del transportista de sus obligaciones derivadas del contrato de transporte celebrado con el particular y la determinación de las consecuencias de dicho incumplimiento. La materia es, por tanto, de derecho común, lo que aleja la competencia especial de los Tribunales Federales y aloja la discusión en el seno de la justicia común provincial. El resto de la cuestión, esto es la competencia territorial prevista por el art. 2654 CCCN y las previsiones de la ley de defensa del Consumidor, detalladamente analizada por el voto precedente, permite que el actor elija, entre las alternativas legales, aquella que se compadezca con sus intereses, por lo que brota evidente la corrección de lo resuelto en la instancia de grado.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, rechazar la apelación interpuesta por LATAM SA, con costas a la apelante en su objetiva condición de vencida (art. 68 C.P.C.C.) y rechazar la apelación interpuesta por ALMUNDO SA, con costas a la recurrente vencida (arts. 68, 163, 164 y 384 C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo que, por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO , y demás fundamentos expuestos, se rechazan los recursos de apelación interpuestos por LATAM SA y ALMUNDO SA, confirmando lo resuelto en cuanto ha sido materia de recurso y agravios, imponiendo las costas de segunda instancia a los recurrentes en su calidad de vencidos. REG. NOT y DEV.
Fin de la sentencia