Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 130698
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución de fecha 16 de mayo de 2023. Se imponen las costas del recurso al apelante vencido (arts. 68, 69, CPCC).
Sentencia Interlocutoria
Causa N°130698; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 8 - LA PLATA
BOTTEGA LEONOR MARIA DELIA C/ CORREA LEONARDO EZEQUIEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
La Plata, en la fecha de la firma digital.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Viene apelada a esta Cámara la resolución de fecha 16 de mayo de 2023 en cuanto ordenó embargo preventivo por la suma del capital reclamado de $731.422, con más $350.000, presupuestado para responder a intereses y costas, sobre los fondos que el demandado Leonardo Ezequiel Correa tenga depositados en el Banco Santander Rio, a excepción de las cajas de seguridad.
La medida fue dispuesta a pedido de la actora, frente a la imposibilidad de trabar el embargo originariamente ordenado en fecha 9 de marzo de 2023 -párrafo cuarto-, con motivo de la no contestación de la demanda, sobre el vehículo marca Fiat Ducato, dominio SDQ-458, en tanto el mismo no resultó de titularidad del sr. Correa, conforme informe del R.P.A. adjunto al trámite de fecha 11 de mayo de 2023.
2. El recurso fue interpuesto en forma subsidiaria por el codemandado -Correa- en escrito de fecha 21 de mayo de 2023, concedido y sustanciado en providencia del día 23 siguiente y contestado por la contraria en presentación del 24 de mayo de 2023.
2.1. Se agravia la recurrente de la cautelar ordenada por considerarla violatoria del debido proceso, el derecho de defensa y de propiedad.
Explica que, la resolución puesta en crisis carece de fundamento y sustento jurídico y fáctico para su procedencia, toda vez que no existe en estos obrados declaración de rebeldía de los demandados -tal como lo argumentó la actora en su presentación de fecha 3 de marzo de 2023-, lo que condujo -a su criterio- al juez de grado a equivocación en el resolutorio de fecha 9 de marzo de 2023 al fundar la medida cautelar en los en los términos del art. 64 del C.P.C.C.
Agrega que, tampoco se encuentran cumplidas los requisitos previstos en los artículos 195, 198 y 209 inc. 2º del CPCC. para su procedencia.
Finalmente advierte que, en atención a la intervención que se toma en el expediente, no existe razón de ser para que se mantenga la medida cautelar ordenada; incluso en el supuesto en que, hipotéticamente, se equipare la constitución del domicilio procesal en los Estrado del Juzgado a la situación prevista por el art. 59 del C.P.C.C.
En razón de lo expuesto, solicita se revoque la resolución de fecha 16 de mayo de 2023, se deje sin efecto la medida cautelar ordenada y se restituyan las sumas de dinero retenidas de los haberes mensuales.
2.2. A su turno, contesta agravios la parte actora.
En primer lugar, solicita se declare desierto el recurso interpuesto por no contener su fundamentación una crítica concreta y razonada del decisorio, sino un disenso con el modo de resolver, toda vez que -afirma- la recurrente no puede desentenderse de todo lo hasta aquí actuado -incluidas las medidas cautelares- sin su intervención en razón de las nulidades decretadas respecto de la contestación de demanda y reconvención en resolutorios de fechas 30 de marzo y 4 de abril de 2022.
Luego aduce que, en el caso, la verosimilitud del derecho surge acreditada con la incontestación de la demanda por ambos accionados, y de su presentación luego de realizadas un sin número de pruebas, consintiéndolas, puesto que, su presentación e intervención ha sido con el único agregado del cuestionamiento a la cautelar. Asimismo, que, el peligro en la demora se configura por el transcurso del proceso, sin la participación de los accionados, pese a estar debidamente anoticiados, y consentidos todos los actos procesales. Por ende, afirma, no puede hablarse de falta de fundamentación y sustento jurídico en la resolución.
Por último, señala que, la presentación en esta etapa procesal para tomar intervención en nada modifica el estado de cosas, ya que su incontestación ha operado la consecuencia del art. 354 inc. 1º del C.P.C.C. en referencia al reconocimiento de los hechos lícitos y la documentación acompañada en la demanda.
Por ello, solicita se rechace el recurso.
3. Admisibilidad del recurso.
Analizada la pieza recursiva con un criterio amplio de apreciación y en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía, como el de defensa en juicio, la misma no luce -en general- insuficiente como lo ha denunciado la actora recurrente (art. 260 del CPCC), por lo que ha de rechazarse la deserción de la apelación impetrada (art. 261, CPCC).
4. Tratamiento del recurso.
4.1. En primer lugar, corresponde señalar -dando respuesta al primer planteo de la apelante: falta de sustento factico y jurídico de la resolución puesta en crisis- que, independientemente del error conceptual y jurídico generado de oficio por el juez de grado en la resolución de fecha 8 de julio de 2022, que luego dio motivo al petitorio de la actora en escrito del 3 de marzo de 2023 para, finalmente, concluir con el dictado de las medidas cautelares en fechas 9 de marzo y 16 de mayo de 2023, las mismas se decretaron conforme a derecho en base a lo siguiente:
4.2. No se encuentra declarado en este proceso el estado de rebeldía de ninguno de los demandados, desde que no fue peticionado por la actora, requisito ineludible para ello (art. 59 del C.P.C.C.). En su lugar, ante la no contestación de la demanda por parte de ambos demandados, en providencia del 8 de julio de 2022, se les tuvo por perdido el derecho para hacerlo y por constituido sus domicilios en los Estrados del Juzgado (arts. 41 y 354 párrafo primero del C.P.C.C.), situación procesal por demás clara a no ser porque a renglón seguido el juzgador ordenó notificar -oportunamente- la sentencia que se dicte en el domicilio real de los demandados, conforme al art. 59 del código de rito. A partir de allí, deviene el dictado de las medidas cautelares en razón de la "rebeldía declarada".
4.3. Aclarado ello, cabe advertir que, si bien rebeldía e incontestacion de la demanda son circunstancias procesales diferentes, tanto una como otra habilitan el dictado de medidas cautelares conforme el art. 212 incisos 1ro y 2do, respectivamente, del C.P.C.C., siendo uno de los motivos comunes, en uno y otro caso, la verosimilitud del derecho invocado por la actora que se configura por el reconocimiento tácito del demandado sobre los hechos lícitos afirmado en la demanda y de la documentación adjuntada a ella, a partir de su silencio (art. 354 inciso 1ro, última parte del C.P.C.C.).
En consecuencia, habiendo perdido ambas demandadas el derecho a contestar demanda, conforme providencia de fecha 8 de julio de 2022, operado el reconocimiento tácito del art. 354 inciso 1ro del C.P.C.C. que trae aparejada la verosimilitud de los hechos y el derecho invocados por la actora, a la vez que el reconocimiento de la documentación adjuntada a la demanda, y resultando el peligro en la demora derivado del tiempo que insume la tramitación del juicio, cabe concluir que la medida cautelar dictada contra la recurrente lo fue conforme a derecho (arts. 354 inc. 1 y 212 inciso 2 del C.P.C.C.).
4.4. La posterior presentación de las demandadas en el juicio no modifica los extremos antes señalados, toda vez que, tal intervención no retrotrae el estado procesal de la causa y, en tal sentido, la falta de contestación a la demanda y las consecuencias que de ella surgen con arreglo a lo dispuesto por los arts. 212, inc. 2º, y 354, inc. 1º del Código Procesal han adquirido firmeza y no resultan conmovidas por la sola presentación ahora al juicio. No obstante, atento el carácter provisorio de las medidas cautelares, nada impide su revisión en razón de elementos llevados al juez o valorados por este de oficio que resulten suficientes para dejar sin efecto la presunción antes aludida (arts. 202, 203, 204 del C.P.C.C.).
En razón de los motivos expuestos y conforme la extensión de los agravios, corresponde rechazar el recurso de apelación y confirmar la decisión de grado.
5. Costas de esta instancia se imponen a la apelante vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
POR ELLO, y demás fundamentos desarrollados, se confirma la resolución de fecha 16 de mayo de 2023. Se imponen las costas del recurso al apelante vencido (arts. 68, 69, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
art. 36 ley 5827
Firmas
Funcionario Firmante: 19/09/2023 07:40:38 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2023 08:20:03 - HANKOVITS Francisco Agustín - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 19/09/2023 08:35:55 hs. bajo el número RR-459-2023 por AGUILERA MARIA FLORENCIA.
Fin de la sentencia