Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 135670
ND
En la ciudad de La Plata, a los 28 días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "F., G. M. c/ V., M. L. s/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) (80)", causa 135.670, se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone .
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES :
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia definitiva de fecha 5/5/2023?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo :
I. Antecedentes.
1.1. En estos actuados, con fecha 5/5/2023 se dictó sentencia, donde se RESOLVIO: 1) Hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por G. M. F. contra M. L. V. por responsabilidad profesional, condenando a esta última a abonar a la parte actora en el plazo de diez días, la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000) -en concepto de daño moral-, con más intereses. 2) Imponer las costas a la parte demandada en su carácter de vencida.
1.2. Contra esa forma de decidir apelaron el actor y la demandada, quienes expresaron agravios, los cuales fueron contestados.
1.3. Se llamaron “autos para sentencia”, providencia que está firme y consentida.
II. Los agravios.
2.1. El actor recurre la sentencia con base el rechazo del daño patrimonial invocado a título de “chance” y de la tasa de interés fijada.
2.2. Por su parte, la demandada se queja de que se haya considerado configurada una situación de responsabilidad profesional de su parte y, en subsidio, de la procedencia y cuantía del importe fijado en concepto de daño moral. Por último cuestiona la imposición de costas.
III. Aclaración preliminar sobre la normativa aplicable.
3. Antes de ingresar al análisis de los agravios, es importante destacar que a partir del 1/8/2015 entró a regir el Código Civil y Comercial de la Nación (ver ley 26.994, que aprobó el nuevo régimen y derogó el Código Civil y ley 27.077, que adelantó su vigencia), por lo que corresponde analizar si ello tiene incidencia en la resolución a dictarse.
Siendo que las leyes no tienen efecto retroactivo (arts. 3, Código Civil; 7, Código Civil y Comercial) y en autos se debaten hechos que han ocurrido y producido efectos durante la vigencia del Código Civil, cabe estar a lo normado por el régimen anterior, tal como se ha decidido en la instancia de origen (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
IV. Análisis de los agravios.
4.1. Dando inicio a la tarea revisora, cabe comenzar con los agravios vertidos por la accionada en orden a la existencia de responsabilidad y, una vez superada dicha temática, recién ingresar a los cuestionamientos sobre los montos, tasa de interés e imposición de costas.
4.2. Anticipo que el recurso de la accionada sobre la inexistencia de responsabilidad no puede abrirse camino, pues el recurrente no demuestra la existencia de error in iudicando que permita variar el resultado en la sentencia puesta en crisis.
4.3. No es ocioso destacar que la responsabilidad de los abogados constituye parte especial de la responsabilidad profesional y al igual que ésta se halla sometida a los mismos principios que la responsabilidad en general y, en lo que hace a la relación con su cliente, lo real y concreto es la existencia de un pacto, acuerdo o contrato que los relaciona y, si el perjuicio que se alega se produjo como consecuencia de la inejecución de tal contrato -y no por circunstancias ajenas al mismo-, la responsabilidad del abogado habrá de ser necesariamente contractual, ya sea desde la perspectiva de la locación de servicios o de la locación de obra, y evaluarse conforme a las pautas atingentes a ella (arts. 505, 506, 511, 512, 513, 514 y 1623 del Cód. Civil; conf. Trigo Represas, Félix A., “Responsabilidad Civil del Abogado”, págs.. 101/103 y 122/123).
Además, el contrato que celebran cliente y abogado para la defensa de los derechos del primero con motivo del ejercicio profesional, debe enmarcarse en lo que se denomina "contrato atípico", donde el profesional no asegura el éxito del proceso, sino el empleo de los recursos conducentes al mismo, constituyéndose en una obligación de medios y no de resultado (Cám. Civ. y Com. 1ra., Sala I, Mar del Plata, 97.622, RSD. 237/96, 17/9/96, "Guzman Marti, Armando y otra c/ Efron, José Valentín y otro s/ Daños y perjuicios", en "Jurisprudencia Argentina", 1997-III, pág. 32 y "La Ley Buenos Aires", 1998, pág. 235; Cám. Civ. y Com Sala I, Lomas de Zamora, 64.139, 25/9/2007, “Klimko, Ana c/Díaz, Carlos Alberto s/Daños”).
De allí, y recalando específicamente en la de naturaleza subjetiva, y principalmente en la noción de culpa a la luz de la doctrina legal que emana del art. 512 del Código Civil cabe puntualizar, que la misma consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondieren a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (conf. esta Sala, causa B. 73.268, 1/9/92, RSD. 295/92, citada por la SCBA, en la causa Ac. 92.017, del 28/6/2006).
Aunque en el caso de la responsabilidad de los abogados, de la misma manera que sucede con los demás profesionales en su actividad específica al imputarse procederes antijurídicos que contravienen los deberes propios de la misma, se impone obrar con la diligencia y práctica de un buen profesional (arg. art. 902, Código Civil). Su culpa, a la luz de la doctrina que emana del art. 512 del Código Civil, consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondieren a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.
Empero, esto es exclusivamente válido para las obligaciones de medios, pues en las obligaciones de resultado el factor de atribución será puramente objetivo aunque entiendo con la doctrina última que también los abogados pueden comprometerse a un resultado dependiendo de la tarea concreta a cumplir en cada caso, sobre todo cuando actúan como apoderados o procuradores en relación a actos procesales de su específica incumbencia: presentar escritos, concurrir a Secretaría los días de nota, etc., asumiendo en tal caso la responsabilidad por los daños que de ese puntual incumplimiento se deriven (ver Trigo Represas: “Responsabilidad Civil del Abogado” Ed. Hammurabi, Bs.As.1991,p.133 y ss., cit. por Cám. Civ. y Com. San Nicolás, 7014, 19/10/2006, “Sampietro, Oscar Daniel c/Kolberg, Ariel Bernardo s/Daños”, RSD. 192/2006).
Ello quiere decir que cuando el profesional de la abogacía incurre en la omisión de las diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación, ya sea por impericia, imprudencia o negligencia, falta a su obligación y se coloca en la posición de deudor culpable (arts. 512, 902 y 909, Código Civil; 58 y 59, ley 5177).
En ese orden de ideas, la responsabilidad profesional sólo aparece si puede establecerse la conexión causal adecuada entre una acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla (arts. 511, 512, 520, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 929, 1068, 1074, 1109, 1113 y 1114, Código Civil; conf. SCBA, Ac. 65.802, 13/4/99; Ac. 76.198, 7/2/2001; Ac. 80.065, 9/6/2004; C. 91.749, 18/4/2007; C. 100.819, 25/3/2009; C. 93.918, 4/11/2009, por mayoría -el voto de la minoría no propicia el cambio de la doctrina-).
4.4. Cabe agregar, que el art. 58 de la ley 5177 (Ley reglamentaria del ejercicio de la abogacía), en su inc. 7 establece la obligación de no abandonar los juicios mientras dure el patrocinio y en el inc. 8 la de ajustarse a las disposiciones del art. 73 cuando actuare en calidad de abogado, remisión que nos lleva al inc. 2 donde además de establecer la obligación de presentar y suscribir los escritos y activar el procedimiento en las condiciones de ley, en el inc. 3 punto b) fija la de ejercer la representación aceptada hasta que haya cesado legalmente en su cargo de acuerdo a las leyes procesales. Asimismo, el art. 60 de la ley 5177 establece que las simples consultas se consideran como locación de servicio.
En cuanto a la conducta del abogado apoderado en el proceso, el Código Procesal Civil y Comercial dispone, en el art. 50: "... El apoderado estará obligado a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo..." y el art. 53 que regula el cese de la representación dispone "... 1) Por revocación expresa del mandato en el expediente (...) la sola presentación del mandante no revoca poder. 2) Por renuncia [del apoderado]...".
4.5. Reiterando lo señalado por la Suprema Corte provincial (causa Ac. 92.017, 28/6/2006), a la relación jurídica entre un abogado y su cliente, se le aplican los principios generales, esto es, el régimen establecido para la locación de servicios o de la locación de obra (arts. 511, 512 y 1623 del Cód. Civil -hoy contrato de obra o de servicios regulado en los arts. 1251 a 1729 del Código Civil y Comercial de la Nación (C.C.C.N.)-), dependiendo de las circunstancias de cada caso.
De allí entonces que, en principio, cabe calificar a la prestación debida como obligación de medios puesto que el resultado obedece a un álea a que el letrado no puede comprometerse, sin perjuicio de poner al alcance de su defendido todos los medios eficaces para la concreción del fin propuesto (SCBA, Ac. 92.426, 18/2/2009).
Es así que Diez-Picasso y Gullon señalan que los casos de duda deben resolverse atendiendo a la circunstancia de que el resultado esté o no al alcance de quien despliega la actividad de lo que se sigue que no habría posibilidad de determinar apriorísticamente la existencia de una regla y una excepción (en "Tratado de los contratos" de Ricardo Luis Lorenzetti, t. II, págs. 628 y 629) (SCBA, Ac. 92.426, 18/2/2009).
Sin perjuicio de ello, a veces la norma “tipifica” la relación, tal como es el caso del precitado art. 60 de la ley 5177, que en el último párrafo establece que las simples consultas se considerarán como locación de servicio.
4.5. En autos, se esta frente al encargo de acciones judiciales, lo cual constituye una innegable locación de servicios, para cuyo análisis debo tener en cuenta -tal como lo apunta el sentenciante de origen-: a) la existencia de una fuerte asimetría en los conocimientos específicos que hacen al ámbito de incumbencia profesional; b) la brecha psicológica o emocional entre ambos protagonistas; y c) la predominante desinformación del cliente, sin perjuicio de que la informática y/o avances tecnológicos suelen morigerar tales aspectos.
Frente a la existencia del incuestionado recibo de fs. 21, donde con fecha 17/9/2007 la abogada demandada da cuenta de la recepción por parte del actor de la suma de $ 350 en concepto de “Gastos de Iniciación y tramitación de proceso judicial por daños y perjuicios que tramita bajo la carátula de “FERNANDEZ Gustavo Matías c/FIAT CREDITO CIA. FINANCIERA S.A. Y OTROS s/INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS”, y la ausencia de prueba que permita probar lo alegado por la letrada -que la no promoción de la demanda se debió a que el cliente no concurrió al estudio a firmar-, el sentenciante de origen tuvo por probado que la abogada demandada no cumplió con el encargo de iniciar las acciones judiciales que se le habían encomendado, máxime cuando no contestó las intimaciones y requerimientos que por Carta Documento le realizó el actor (ver piezas postales y aviso de recibo a fs. 25/27), ni probó haber intentado comunicarse con su cliente; y que al no ejercitar su labor conforme los medios que tenía para hacerlo incurrió en responsabilidad civil, conducta que calificó como culposa (arts. 902, 931 y 933, Código Civil).
Ante dicha fundamentación, lo afirmado por el apelante, quien considera que no surgen claramente los alcances del vínculo profesional y que no se ha probado que el actor haya comparecido al estudio a firmar la demanda, ni aportado lo necesario para iniciar el juicio, no pasa de ser una mera discrepancia subjetiva con el juzgador de inicio sin sustento para modificar lo resuelto (arts. 163, 164, 260, 261, 330, 354 inc. 1, 375 y 384, C.P.C.C.).
Tampoco tiene sustento lo esgrimido por la apelante, referente a que es necesario que exista un poder o actuación como apoderado, ya que ello no limita la obligación asumida dentro de su incumbencia profesional, máxime cuando la relación profesional emerge claramente del recibo de fs. 21 y piezas postales de fs. 25, 27, 28, 29 y 30 (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
En cuanto a la culpa del cliente, a quien se le atribuye no haber concurrido a firmar y haber renunciado al reclamo, tengo presente que la alegada culpa de la víctima debe ser probada por el demandado, que es quien esgrime dicha causal interruptiva de responsabilidad, situación que en autos no se ha dado, donde los elementos probatorios obrantes permiten presumir lo contrario (arts. 375 y 384, C.P.C.C.).
De la simple lectura del recibo de fs. 21 surge sin hesitación alguna la existencia de un encargo tendiente a iniciar un juicio, el que no fue iniciado -por omisión de la demandada según el actor, por no haber concurrido al estudio a firman según la demandada-. No es razonable interpretar que quien encarga dicha labor, paga por ello, obtiene un recibo por tal encargue y remite tres Cartas Documento reclamando el cobro extrajudicial de los daños y perjuicios bajo apercibimiento de iniciar acciones legales, luego se arrepienta con base en que no se quería meter en reclamos judiciales, y pese a ello intime luego por Carta Documento al abogado y requiera información sobre tal juicio. Tampoco es razonable sostener que un abogado, a quien se le ha encargado un trabajo -y no un resultado como expone la apelante- y luego se lo exime de dicha labor, cuando con posterioridad es intimado para que brinde información sobre la tarea realizada y/o encargada, guarde silencio y considere que ello esta bien. Y mucho menos si luego aduce que el actor no le facilitó los elementos probatorios necesarios para promover la demanda. Por más que no exista una obligación legal de contestar la Carta Documento enviada, existe un deber ético y profesional de contestar, o al menos de informarle al cliente que no inició el juicio porque este no concurrió a firmar o por las razones que tuviere, ya que ello hace al prestigio y dignidad de la labor del abogado. Tal deber de información, que pesa sobre todo abogado respecto de su cliente, no aparece satisfecho. En lugar de ello la accionada guardo silencio. Todo ello permite volcarse hacia la versión del actor e inferir que hubo un encargue incumplido -tal como lo expone ajustadamente el sentenciante de origen y ha sido ponderado en el ámbito disciplinario al censurarse obrar del profesional- y por tal razón, aflora la responsabilidad profesional de la demandada (art. 902, Código Civil; 163, 164, 375 y 384, C.P.C.C.).
4.6. En cuanto al “Daño material” peticionado por el actor y rechazado por falta de prueba, el mismo consiste en la frustración de una eventual pretensión indemnizatoria contra Fiat Crédito Cía. Financiera S.A., el vendedor N. P. y el Ministerio de Seguridad, a raíz del secuestro prendario -que se había mantenido activo- con fecha 17/3/2006 de un automóvil Fiat que había sido comprado en subasta en el año 2004 y luego adquirido por el actor, quien recuperó el automóvil tres meses después de secuestrado (el recibo es del 17/9/2007 y el patrocinio fue revocado por medio de la Carta Documento de fs. 25 del mes de julio del 2008).
Tengo presente que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal), entre una acción u omisión -en el caso referente al proceder del profesional- y el daño sufrido por el damnificado: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquél (arts. 512, 901, 902, 903, 904, 1068, 1074, 1109, 1111, 1112 y 1113, Código Civil; 330, 354 inc. 1, 384 y 474, C.P.C.C.; conf. SCBA, Ac. 37.535, 9/8/88; Ac. 33.305, 3/8/2005; Ac. 93.078, 6/9/2006; C.97.827, 9/6/2010, entre otras).
Por último, la relación de causalidad será el enlace necesario entre el hecho antecedente y el daño consecuente. De su análisis, surgirá la autoría así como la extensión del resarcimiento, que en los casos de responsabilidad contractual abarcará sólo a las consecuencias inmediatas, salvo dolo.
Sentado ello, un aspecto peculiar de la responsabilidad del abogado lo constituye la determinación del daño indemnizable, ya que si bien la frustración de un negocio jurídico debido a un deficiente asesoramiento atribuible a aquél, o la pérdida, frustración o demora de un juicio por omisiones o errores que le sean imputables, tienen entidad para configurar un daño cierto, no lo es menos que el éxito del reclamo que motoriza la actuación del profesional de la abogacía, depende de circunstancias ajenas al profesional que es dable ponderar, todo lo cual hace que el resarcimiento pretendido se deba manejar en el ámbito de una “chance” o posibilidad de éxito en las gestiones -ya sea para obtener un ingreso o evitar una pérdida-. En el caso de autos se está ante un proceso no iniciado, sin que se haya probado que no se pudo llevar a cabo la acción pretendida a partir de la revocación del patrocinio.
Además, la ilicitud del obrar no siempre ocasiona un perjuicio indemnizable, ya que la reparación no es automática sino que depende del daño ocasionado, y el mismo debe ser probado (art. 375, C.P.C.C.).
Los fundamentos del sentenciante de origen, en orden a la ausencia de prueba que permita otorgar la reparación pretendida, no han sido idóneamente atacados por el actor, cuyos agravios no pasan de ser una mera discrepancia subjetiva con el juzgador de primer grado, sin sustento en las constancias de la causa, por lo que cabe desestimarlos (arts. 163, 164, 260, 261, 375 y 384, C.P.C.C.).
4.7. En cuanto al daño moral, que fue otorgado en $ 30.000, no se observan razones que permitan su reducción a la suma de $ 10.000 requeridos por la demandada, ni se esgrimen razones suficientes que permitan morigerar la suma otorgada, por lo que corresponde su confirmación (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.; 522 y 1078, Código Civil).
4.8. Con relación a los intereses, en la sentencia se aplicó la doctrina emergente de las causas C. 120.536 (“Vera”) y C. 121.134 (“Nidera”), esta es una tasa del 6% anual desde el 23/9/2008 (fecha recepción C.D. intimidatoria emitida por el actor) hasta la fecha de la sentencia, y desde allí la tasa pasiva más alta que paga el Banco Provincia de Buenos Aires.
La crítica de la actora, quien considera baja dicha tasa de interés, es insuficiente para modificar lo resuelto que se sustenta en la doctrina legal obligatoria sentada por la SCBA (arts. 161 inc. 3 a, Const. Prov.; 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
4.9. La condena en costas se impuso en función del carácter objetivo de la derrota que asume la demandada (art. 68, C.P.C.C.), sin que corresponda segmentar la condena en costas respecto de alguno de los rubros que no prosperaron, ya que ello no quita al demandado la calidad de vencido a los efectos de las costas, máxime cuando hubo oposición a la responsabilidad y la admisión sólo de alguno de los rubros reclamados no resta relevancia a la necesidad a la que se vio sometido al accionante (arts. 68, 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
Consecuentemente voto, POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo :
Atendiendo al acuerdo alcanzado corresponde y así lo propongo, confirmar la sentencia apelada de fecha 5/5/2023 en cuanto ha sido materia d
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