Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 136127
En la ciudad de La Plata, a los 28 días del mes de Diciembre de 2023 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "CLAR SOLEDAD C/ CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) " (causa: 136127 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES :
1ra. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada de fecha 4 de septiembre de 2023?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
Como el incumplimiento del contrato de ahorro previo para la compra de un automóvil arriba firme, ya que la sentencia ha sido cuestionada respecto de los montos fijados en concepto de “daño moral” y “daño punitivo”, y los hechos que hacen a los mismos constituyen antecedentes inexorables al momento de cuantificar dichos rubros, se destaca lo siguiente:
1.1. En la sentencia de primera instancia, de fecha 4 de septiembre de 2023, la jueza consideró, luego de encuadrar el caso en una relación de consumo, que
“II) … La ley 23.270 -art. 40- atribuyó a la Inspección General de Justicia el contralor y reglamentación de las siguientes actividades: a) de capitalización, acumulación de fondos y de capital; b) de créditos recíprocos y ahorro para fines determinados … Entonces, en el marco de esas atribuciones establecidas por ley, la resolución 8/15 de la IGJ regula en el anexo 16.2.1.1 la declaración sobre el precio de los bienes que debe efectuar la administradora. Ese precio de lista es el precio oficial de venta del producto al público determinado por su fabricante. El incremento del precio de lista -valor móvil- del bien cuya adquisición se pretende, impacta en el valor de la cuota, con fundamento en la circunstancia de que los grupos se forman de modo tal que la suma de las cuotas de cada período alcance para la adjudicación de por lo menos un bien a uno de los miembros del grupo en cada período … Se advierte así que poder establecer a cuánto asciende el valor móvil resulta central, ya que si el mismo resultara por encima del valor en que se los comercializa en las concesionarias con descuentos y bonificaciones por otros canales de comercialización existiría una contradicción con el punto 32 de la resolución ya mencionada en tanto establece que toda bonificación o descuento que efectúe el fabricante a los agentes y concesionarios de su red de comercialización deberá trasladarse, en las mejores condiciones de su otorgamiento, al precio del bien-tipo a los fines de la determinación de la cuota pura.
Las entidades administradoras deberán incluir dichas bonificaciones en la comunicación de precios que presenten. … El precio definido por la fábrica no puede fundarse en fórmulas caprichosas sino que debe adecuarse a los valores oficiales o de lista que el fabricante comercializa en las operaciones de compraventa generales. Cualquier otro supuesto constituiría no sólo la infracción a la normativa de la IGJ sino, más importante, un supuesto de abuso en el marco de esa vinculación contractual. … art. 37 de la ley 24.240 … Se produjo, como prueba central … pericial contable … la contadora García … Indicó allí a cuánto ascendía el precio de valor de lista al cual vendía el automóvil la demandada, y frente a la requisitoria para que comparara estos valores con los que se asignaba cuando el vehículo se compraba a través del plan de ahorro, manifestó no contar con la información para dar esa respuesta.
La perita incorporó en su informe un cuadro en el que se indicó desde la cuota 1 hasta la cuota 41 cuáles eran los valores de la cuota y del vehículo mes a mes y cómo el porcentaje de variación de la cuota superaba en mucho al aumento del valor del auto. Se constata allí que a partir de mayo de 2018, la diferencia de aumento se acelera y con la última cuota, el acumulado por variabilidad de la cuota ascendía al 919 %, en tanto por variabilidad del precio del automóvil era del 460 %. En cuanto a los gastos administrativos, señaló la contadora que no se le había exhibido documentación donde constara los gastos administrativos (respuesta punto v). Entonces, permanece el interrogante acerca de cuál ha sido la razón del incremento de la cuota por fuera de los elementos objetivos que la legislación establece.
Y aquí corresponde señalar que las demandadas eran quienes se encontraban en mejor situación para explicar y probar esta situación. Es más podríamos asegurar que hubiera bastado la prueba documental para hacerlo, sin embargo han omitido acompañarla hacerlo (arts. 354, 386 del C.P.C.C.; 1735 del C.C.C.N.; 53 3er. párrafo de la ley 24.240). Aunque comparáramos estos incrementos mensuales con el índice de precios emitido por el INDEC tampoco llegaríamos al cálculo que generó mensualmente la cuota pagada por la accionante. A modo de ejemplo podemos señalar que desde mayo de 2018 a noviembre de 2020 la variación acumulada fue del 171,31 % (ver información remitida por el organismo oficial 31/3/23; arts. 384 y 394).
A este cuadro de situación corresponde agregar que se incluyó en las cuotas el ítem "cuota reducida" que generaba un diferimiento de parte de la cuota hacia el futuro. Sin embargo esta opción no fue admitida por la parte actora, teniendo en cuenta que la pericia cumplida por el calígrafo Marcelo Miguel Vázquez el 23/11/22 -y que ha sido consentida por las partes (v. proveído 19/12/22)- ha permitido establecer que la firma que se le atribuía a la actora en la documentación de fs. 24/25 no le pertenece (arts. 384, 474 del C.P.C.C.). … en función de la prueba reunida se advierte un desajuste en el impacto que esta variable tiene en la cuota mensualmente pagada. Entonces, al momento de celebrar el plan de ahorro la actora pudo tener como previsión, una progresión de incremento escalonado y razonable de la evolución de la cuota que mensualmente debería afrontar en concordancia con el incremento del valor del vehículo.
Inducción, además, que tiene un efecto especial en la consideración de la consumidora cuando debía enfrentarse a un contrato de larga duración (84 cuotas) en el cual el tiempo, el plazo, el precio y el cumplimiento merecían una especial consideración en la evaluación del impacto en su economía personal (art. 1101 del C.C.C.N. … La ya aludida Res. 8/15 de IGJ indica que “Las entidades administradoras, en su condición de mandatarias de los suscriptores, deberán obrar con la lealtad, buena fe, .. (art. 28.2). … Así entonces, meritando que llega comprobado que: a) no existe una relación adecuada y ajustada entre el valor del bien y aquel que arrojaba la cuota que mensualmente la parte actora abonaba; y b) que se incorporó el mecanismo de cuota reducida que no obedecía a pacto alguno entre las partes, sino a una documentación en la que se había falsificado la firma de la accionante; el incumplimiento contractual se ha visto acreditado (arts. 375, 384, 394 y 474 del C:P.C.C.).
Así, se puede advertir que los montos que la administradora ha computado y que han dado origen a cada una de las cuotas, aparecen como desproporcionados en comparación con la suba experimentada por bienes y servicios en iguales períodos, mereciendo la tutela judicial en los términos de los arts. 10 y 11 del C.C.C.N. y de la protección que para los consumidores y usuarios establece tanto el aludido código como la ley 24.240 … En función de ello corresponde ordenar la reliquidación de las cuotas y la devolución a la accionante de los montos mensualmente percibidos en exceso. … III) La segunda pretensión en orden al incumplimiento se centra en lo que la actora identifica como tardía entrega del vehículo. … el vehículo fue entregado el 18/5/2018 … fue entregado fuera del término conferido, el que había vencido el 12 de abril de 2018 (arts. 957, 959, 984, 985, 1092 y cc.
C.C.C.N.). En consecuencia, se admitirá la pretensión, condenando a las demandadas a responder en los términos de la multa establecida por la cláusula 18.8 de las condiciones fijadas en el contrato (fs. 11; arts. citados en el párrafo anterior; y 163 del C.P.C.C.). … V) La actora solicitó, también, se la indemnizara por el daño moral padecido. … fijaré esta indemnización en la suma de $ 100.000 a valores actuales (arts. 1726, 1741 del C.C.C.N.; CC0202 LP 130970 RSD 09/2022 S 15/02/2022, igual tribunal 120882 61 S 11/04/2017). VI) Daño punitivo. … conforme la valoración del caso, el alcance del incumplimiento y la condena, no se advierte que estemos en presencia de un hecho que por su gravedad amerite la sanción, o que se haya configurado un trato indigno para el consumidor, por lo cual se desestimará esta porción del reclamo (arts. 8 bis y 52 bis de la ley 24.240; …). … Por último, y de conformidad a lo expuesto, V.S. concluye en la parte resolutiva: F A L L O: 1) Hacer lugar a la demanda promovida por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios por SOLEDAD CLAR contra CHEVROLET S.A.
DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L. y BETA AUTOMOTORES S.A.. 2) Condenarlas, solidariamente, a pagar a la actora en le plazo de diez días de que la presente adquiera firmeza: a) la suma que resulte de la reliquidación de las cuotas y devolución de las sumas percibidas en concepto de cuota reducida; b) la multa por entrega del automóvil fuera del plazo contractualmente fijado; y c) la suma de $ 100.000 en concepto de daño extrapatrimonial. 3) Aplicar a las sumas de condena los intereses establecidos en el considerando VIII). 4) Imponer las costas a las demandadas. …”.
1.2. Esta forma de decidir es apelada por el codemandado Beta Automotores (6/9/2023), el que es declarado desierto el 26/10/2023; por la actora, quien presentó su memoria el 20/9/2023, que fue contestada por Beta Automotores (4/10/2023) y Chevrolet y General Motors (5/10/2023); y por Chevrolet y General Motors, que fue considerado desierto por memoria fuera de termino (6/11/2023).
1.3. El Fiscal de Cámara emitió su dictamen (7/12/2023), quien consideró que corresponde hacer lugar al “daño punitivo”.
14. Se llamaron “autos para sentencia” (7/12/2023), providencia que esta firme y consentida.
II. Los agravios.
2.1. El actor como PRIMER AGRAVIO cuestiona el resarcimiento fijado como daño moral, al que considera insuficiente.
2.2. Como SEGUNDO AGRAVIO cuestiona el rechazo del daño punitivo.
2.3. Por último, cuestiona los intereses fijados así como la fecha de cómputo.
2.4. Destaco, dando respuesta a la contestación de una codemandada, que la memoria presentada por la actora para fundar el recurso interpuesto, analizada globalmente y con un criterio amplio por estar en juego el derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.), supera el test de admisibilidad, por lo que corresponde desestimar el pedido de deserción efectuado, sin perjuicio de que algún agravio en particular pueda ser considerado no suficientemente fundado (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
III. Análisis de los agravios.
3.1. Daño moral.
3.1.1. En términos generales ha de considerarse daño moral o no patrimonial a la lesión a derechos que afectan la tranquilidad, la seguridad personal, padecimientos físicos y espirituales originados en el hecho dañoso, y que se traduce en una modificación disvaliosa del espíritu del individuo o de su actitud para actuar (art. 1471, C.C.C.N.). El daño moral puede ser directo o indirecto: es directo cuando deriva del atentado contra un bien extrapatrimonial, como los derechos personalísimos -honor, intimidad, etc.,- o los atributos del sujeto -nombre, estado familiar, etc.-, en tanto que es indirecto cuando el bien menoscabado es patrimonial, y en cuanto se lesione un interés espiritual ligado a su preservación (llamado interés de afección) y, consectariamente, debe indagarse si el menoscabo patrimonial lesiona un interés de afección para así establecer la configuración de un supuesto de daño moral indirecto. El daño moral indirecto o derivado de la lesión de bienes patrimoniales es resarcible cuando existe una relación espiritual entre la persona y el objeto, distinta y autónoma del interés económico que representa el objeto, siendo el interés de afección un recaudo insoslayable para la resarcibilidad (art. 522 Cód. Civil; ver BUERES-HIGHTON, "Código Civil...", T. 3-A, págs. 177/179, parág. 7) y, en cuanto a la afectación de la actora a raíz de los hechos relatados, cabe analizar la suficiencia de la reparación otorgada ($ 100.000) (arts. 163, 164, 165, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
En este sentido es doctrina legal que la indemnización por daño moral tiene por objeto reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos -rectius: altos afectos- (conf. SCBA, Ac. 40.082, 9/5/89, “Ac. y Sent.” 1989-II, 13; Ac. 52.258, 2/8/94, “Ac. y Sent.” 1994-III, 208 y 54.767, 11/7/95, “Ac. y Sent.” 1995-III, 15; Ac. 78.287, 17/10/2001; Ac. 81.092, 18/12/2002; Ac. 79.922, 29/10/2003; C. 94.847, 29/4/2009; C. 99.018, 3/11/2010; C. 93.343, 30/3/2011) (art. 161, inc. 3 a, Const. Prov.).
La cuantificación del daño moral o no patrimonial -atento la naturaleza de este resarcimiento- depende preponderantemente del arbitrio judicial asentado en un criterio de prudencia y razonabilidad, no teniendo por qué guardar proporción con el daño material. Por otra parte, no se trata de punir al responsable, infringirle un castigo, sino procurar una compensación del daño sufrido (art. 1741, CCCN; ORGAZ, Alfredo, "El daño resarcible", 2da. ed., Bs. As., 1960, pág. 230, Nº 57). En este sentido se ha dicho que el reconocimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio de los jueces, para lo cual basta la certeza de que haya existido sin que sea necesario otra precisión (conf. SCBA, causas Ac. 41.539, 21/11/89; Ac. 59834, 12/5/95; Ac. 55.648, 14/6/96; Ac. 57.523, 28/5/96; Ac. 56.328, 5/8/97; Ac. 64.247, 2/3/99; Ac. 82.369, 23/3/2003; entre otras).
En materia contractual, la alteración disvaliosa del bienestar psicofísico del individuo debe presentar cierta magnitud para ser reconocida como perjuicio moral. Un malestar trivial, de escasa importancia, propio del riesgo cotidiano de la convivencia o de la actividad que el individuo desarrolle, nunca lo configurarán. Esto quiere decir que hay un "piso" de molestias, inconvenientes o disgustos recién a partir del cual este perjuicio se configura jurídicamente y procede su reclamo (conf. SCBA, Ac. 53.110, 20/9/94; Ac. 56.328, 5/8/97), lo cual no varía en el ámbito consumeril.
Si bien se ha dicho que para que sea indemnizable el daño moral en materia contractual se requiere la clara demostración de la existencia de una lesión de sentimientos, de afecciones o de tranquilidad anímica (conf. SCBA, causas Ac. 45.648, 15/10/91; Ac. 42.356, 12/6/90; Ac. 56.328, 5/8/97; Ac. 69.113, 21/11/2001; entre otros), tratándose de una relación de consumo, cuya tutela tiene base constitucional (art. 42), considero que la demostración del daño no tiene que ser tan “clara” o “manifiesta”. Por ello, si bien se ha considerado que el daño moral en materia contractual debe ser interpretado con criterio restrictivo, para no atender reclamos que respondan a una susceptibilidad excesiva o que carezcan de significativa trascendencia jurídica (SCBA, Ac. 57.978, 6/8/96; Ac. 56.328, 5/8/97; Ac. 57.978, 6/8/96), dicho criterio debe ser morigerado tratándose de una relación de consumo, ya que las normas de la ley 24.240 deben ser interpretadas de modo que no produzcan un conflicto internormativo, ni malogren o controviertan los derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el art. 42 de la Constitución Nacional (C.S.N., causas C.745.XXXVII., in re "Caja de Seguros S.A. c/Caminos del Atlántico S.A.C.V.", 21/3/2006, "Fallos" 329:695, voto del doctor Zaffaroni). Lo expuesto no quita que el daño moral siga teniendo un carácter resarcitorio y no punitivo o ejemplificador -por lo que su entidad no tiene que ver con la envergadura del deudor-; y que su resarcimiento no tiene relación con la intención sino con el resultado de la conducta ilícita (salvo dolo).
Es así -aunque no se ha expresado en orden a la forma en que debe ser interpretado el daño moral en materia contractual- que la Suprema Corte provincial ha considerado que es procedente la indemnización en concepto de daño moral cuando ha quedado demostrado que al adquirir un auto de alta gama, este no reunía las características ofrecidas por el instructivo del vehículo así como las vicisitudes que el consumidor tuvo que transitar para hacer valer la garantía (arts. 505, 509, 522, 622 y concs., Cód. Civil; 3 y 17, ley 24.240; 42, Const. Nacional) (SCBA, C. 115.486, 30/09/2014, “Capaccioni, Roberto Luis c/Patagonia Motor S.A. y BMW de Argentina S.A. Infracción a la Ley del Consumidor”).
Ahora bien, Determinar el valor de “sufrimiento” es más presuntuoso que real. En este sentido el art. 1741 establece que la reparación “…debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas” , para lo cual no se ha producido prueba alguna, sin perjuicio de que para realizar tal ponderación se debe tener en cuenta un standard medio -de lo contrario el dolor “valdría” más para el que más tiene y ello sería inconstitucional por infringir el art. 16 de la Carta Magna- en función de los hechos comprobados, lo cual activa la ponderación judicial a tenor del art. 165 “in fine del C.P.C.C.
3.1.2. En atención a lo afirmado considero que los inconvenientes suscitados por la demandada, que han sido descriptos en el punto I, ameritan una reparación mayor de la otorgada que estimo fijar en PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000) (arts. 16, 17, 18, 28, 31 y 42, C.N.; 38, Const. Prov.; 1, 2, 7, 1092, 1093 y 1741, C.C.C.N.; 1, 2, 3, 4, 10 bis, 12, 19, 37, 53 y 65, ley 24.240; 163, 164, 165, 260, 261, 266, 375, 384 y 474, C.P.C.C.).
3.2. Daño punitivo.
3.2.1. En cuando al Daño Punitivo la magistrada de origen lo rechazó por considerar que no se esta frente a un hecho -en realidad son varios hechos- que por su gravedad amerita dicha sanción o que se haya configurado un trato indigno para el consumidor.
3.2.2. La actora cuestiona el rechazo con base en la insuficiente fundamentación del rechazo y en la ausencia de motivos concretos que sustenten el rechazo; que el art. 52 bis no requiere para su procedencia de gravedad ni culpa grave, los cuales sólo hacen a la cuantificación o graduación del daño punitivo.
3.2.3. Las sanciones pecuniarias disuasivas, que podemos caracterizar como las multas privadas impuestas por jueces civiles para castigar conductas reprochables y disuadir su futura ocurrencia, encontraron su origen en los Estados Unidos, en el marco del sistema de derecho anglo-norteamericano (punitive damages). El Anteproyecto de Reforma del Código Civil del año 1998 receptó el instituto bajo el nombre de “multa civil”. Sin embargo, a pesar de las reformas realizadas por la Cámara de Diputados, este Anteproyecto no logró sancionarse. La consagración de los daños punitivos en el régimen argentino se logra efectivamente en el año 2008, cuando el régimen de Defensa del Consumidor recepta estas sanciones para las relaciones de consumo (art. 52 bis ley 24.240, incorporado por la ley 26.361 del año 2008, con vigencia a partir del 15/4/2008). El Anteproyecto de Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial de la Nación del año 2012, incorporaba en su artículo 1714 la figura de las “sanciones pecuniarias d
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