Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 131625
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca parcialmente la apelada resolución del día 7/6/2024 determinando la adición al importe de condena de la tasa activa restantes operaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, como tasa diferencial, desde la fecha en que fuera pedida la actualización como consecuencia de la nueva doctrina legal surgente del caso "Barrios" el 26/5/2024 (en reemplazo de la tasa pasiva digital) y hasta la de su efectivo pago. Se confirma lo demás resuelto en cuanto ha sido materia de recurso y agravios. Las costas de Alzada se imponen por su orden.
MCM / ND
Jdo. Civil y Comercial nro. 1 En la ciudad de La Plata, a los 29 días del mes de Octubre de 2024, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro, Ricardo Daniel Sosa Aubone y por disidencia, el Señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits (art. 36 de la ley 5827), para dictar sentencia en los autos caratulados: "LASAGA LAURA IRMA C/ RICARDO NINI S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
" (causa: 131625 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es ajustada a derecho la apelada resolución de fecha 07/06/2024?.
2da. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1. Antecedentes.
1.1. En la resolución recurrida del 07/06/2024 la Juez de la instancia previa declaró la inconstitucionalidad sobreviniente de las normas sobre prohibición de indexación y la actualización del crédito dinerario a través del índice IPC, quedando las restantes pautas establecidas en la sentencia - intereses desde la fecha del siniestro- conforme allí se expusiera. Atento la cuestión novedosa no impuso costas.
Consideró el proceso inflacionario, estar involucrado un consumidor y la doctrina legal "Barrios" correspondiendo decretar la inaplicabilidad en el caso del art. 7 de la ley 23928, según ley 25561.
1.2. Contra esa forma de decidir se alza la parte demandada mediante recurso de apelación que llega fundado en la presentación del 28/6/2024, replicado por la parte actora el 30/7/2024.
Refiere que la admisión del pedido de actualización de la actora es extemporáneo; que modifica una sentencia firme y consentida, que ha hecho cosa juzgada material y formal; y que el pedido de actualización no fue introducido de manera previa por la interesada mientras se encontraba aún abierto el curso del debate.
Agrega que el derecho de los litigantes a realizar planteos ha precluido con el dictado de la sentencia no pudiendo ser discutida y/o alterada a través de una resolución posterior; que lo resuelto atenta contra el valor "justicia" y garantías constitucionales de propiedad privada y defensa en juicio (arts. 14 y 18 Const. Nac.); y que la actualización admitida vulnera el derecho del demandado a saber cuál es el monto de su obligación de pago, además de provocar un enriquecimiento injustificado de la contraparte, resultando palmario el perjuicio que le genera e implicado un menoscabo directo del principio de congruencia y seguridad jurídica.
Señala que el 22/5/2024, ya en la instancia de origen, solicitó a la actora que practicara liquidación de la deuda con la intención de cumplir de manera urgente con la condena dispuesta, circunstancia en la cual la accionante formula el pedido de actualización extemporáneo.
Por último destaca que la juez funda su decisión en el proceso inflacionario cuando en la sentencia los rubros indemnizatorios liquidados fueron cuantificados a valores actuales; que así la pérdida en el valor adquisitivo de la moneda que la inflación pudo haber generado, fue subsanada por la a quo quien recurriendo a pautas objetivas de valoración (valor de plaza) fijó en la sentencia del 27/10/2023 los rubros de condena conforme actuales valores, y los parámetros de actualización determinando las tasas de interés aplicar.
1.3. El 26/8/2024 el Adjunto de Fiscal de Cámaras departamental emitió su dictamen en el sentido que el resolutorio en crisis efectúa una adecuada interpretación y aplicación de la normativa vigente, en particular de los principios que constituyen el plexo protectorio de usuarios y consumidores.
2. Tratamiento de los agravios.
2.1. Luego de la reseña formulada, se aprecia que la cuestión a revisar es si la doctrina sentada por la Suprema Corte de Justicia local en el caso "Barrios" (C. 124.096, del 17 abril de 2024), en cuanto declaró la inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la ley 23.928, es aplicable tal como sostuvo la sentenciante de grado.
He sostenido con anterioridad al presente, aunque para otro supuesto, que lo resuelto en el caso “Barrios” debe ser interpretado con cuidado y suma prudencia, dado que son esas lecturas posteriores las que van definiendo y redefiniendo el sentido y proyecciones del caso precedente. En virtud de lo expuesto, tal labor debe concretarse cuidadosamente, a medida que los casos se suceden (cfr. Garay, Alberto F., La doctrina del precedente..., Abeledo Perrot, pág. 143/158; Silva, Juan A., "Aproximaciones al precedente...", ElDial on line, del 29/05/2017, DC232F; esta Sala, causa 137629, RS-350-2024).
Dicha reflexión surge a poco de pensar en la multiplicidad de casos ya decididos donde se habrá de invocar dicha doctrina legal, lo cual habrá de ser decidido por un lado conforme el principio de seguridad jurídica, sobre el cual reposan los principios de preclusión, cosa juzgada y estabilidad; y por el otro el de reparación integral, y su afectación por el paso del tiempo frente a un deudor que no cumple con la prestación debida en tiempo y forma.
2.2. La parte demandada, apelante, yerra en cuanto sostiene que la actora no introdujo el pedido de actualización previamente toda vez que ello surge del escrito de demanda, capítulo XII, "FORMULA PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY 23.928 modificada por ley 25.651".
No obstante ello y a pesar de que el reclamo de autos fue anterior al precedente indicado (la demanda se inició el 09/09/2021), al igual que la sentencia definitiva de primera instancia previa se dictó con posterioridad (27/10/2023), habiendo omitido la jueza tratar la cuestión constitucional oportunamente planteada, la actora no cuestionó tal omisión, ya que no solicitó aclaratoria ni interpuso recurso de apelación -que es comprensivo del de nulidad por omisión de cuestión (art. 253, C.P.C.C.)- sino que consintió lo decidido, por lo que el vicio incurrido ha sido saneado, no siendo posible abordar ahora dicha cuestión a fin de no afectar los principios de cosa juzgada y defensa en juicio (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.; 163, 164, 166, 242, 253, 272, 273 y 384, C.P.C.C.).
En consecuencia, ante el consentimiento de la actora, ese aspecto no tratado en el decisorio quedó firme y consentida, no pudiéndose reeditar aquello que no debatido en el momento procesal oportuno, operando la preclusión que impide volver sobre estadios superados del proceso (arts. 163, 164, 255, 272, 273 y 384, C.P.C.C.).
Pretender modificar los términos de la sentencia con pautas que no fueron consideradas en ella, pese a que pudieron serlo, se revela improcedente (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.; 163, 164, 497, 501 C.P.C.C.).
2.3. No es ocioso destacar que en la causa C. 124.096, "Barrios c/Lascano s/Ds. y Perj.", en el voto del Dr. Soria, al cual adhirieron los restantes ministros, se establecieron pautas para determinar la efectiva aplicación del precedente en casos similares, que a mi entender cabe resumir de la siguiente manera:
a) antes del escrutinio constitucional negativo del art. 7 de la ley 23.928, es necesario verificar la posibilidad de acudir a un camino discursivo alternativo que pueda recomponer los valores comprometidos (V.7.d.v), como podría ser la utilización de la tasa activa (V.9.e.ii);
b) si la inflación que aqueja la economía del país produce la licuación del pasivo, los jueces no pueden darle la espalda a la realidad (V.1.b); c) el alza generalizada de los precios y la depreciación monetaria, son hechos notorios que han impulsado el replanteo de la doctrina legal de la SCBA (V.1.e), lo cual si bien está exento de prueba (SCBA, Ac. 61.024, 7/7/98; Ac. 82.684, 31/3/2004; L. 120.519, 28/11/2018), requiere no sólo de la alegación del interesado -lo cual descarta la aplicación de oficio- sino la realización de los cálculos matemáticos que demuestren -tal es su carga (art. 375, C.P.C.C.)- la licuación de la deuda;
d) para que la merma o licuación del capital adeudado justifique sin lugar a dudas la tacha constitucional, debe ser “considerable” (V.9.e), lo cual abre un interrogante frente a los casos donde la pérdida no tiene tal carácter y es afectado el principio de reparación integral (situación con considerada en el precedente “Barrios”);
e) se debe observar el principio de congruencia (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC); y f) en el análisis de la solución aplicable debe analizarse i) la interdicción del enriquecimiento sin causa; ii] la interdicción de conductas que importen un abuso del derecho; iii] la buena fe; iv] la equidad; v] la equivalencia de las prestaciones; vi] la morigeración de los resultados excesivos que arrojare el uso de mecanismos de actualización, variaciones de precios o costos, indexación o repotenciación, cuando sobrepasen el valor actual del daño o de la prestación debida y, si correspondiere, vii] en su caso, el esfuerzo compartido (arts. 17, 28 y concs. Const. Nac; arts. 1, 2, 3, 9, 10, 332, 729, 772, 88 inc. "b", 961, 965, 1.061, 1.091, 1.716, 1.732, 1.738, 1.747, 1.794 y cctes. C.C.C.N.).
Sentado ello, frente a una sentencia que quedó firme y consentida, el Tribunal se encuentra imposibilitado de evaluar, a fin de no quebrantar los principios de congruencia, cosa juzgada y preclusión, la constitucionalidad y métodos de actualización e indexación con anterioridad a la petición, siendo sólo posible atender los hechos sobrevinientes fruto de la mora del deudor (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 272 y 273 C.P.C.C.).
2.4. Consecuentemente, cabe analizar la posibilidad de aplicar la doctrina legal emergente del precedente “Barrios” como cuestión sobreviniente por los períodos que corren a partir de su invocación. Así, frente a un importe de condena como el de autos, donde el capital ha sido determinado a valores actuales, y a partir de su cuantificación en pesos se ordenó la aplicación de la tasa pasiva, que resulta insuficiente frente al proceso inflacionario (ver series históricas en https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec- InformacionDeArchivo-1 ) o la aplicación del CER (ver Liquidaciones (colproba.org.ar) ), ya que tales índices que tienden a recomponer el capital - por lo que no hacen a la deuda más onerosa en su origen- registran un aumento significativo respecto de la utilización de la tasa pasiva prealudida, se justifica atender lo requerido, que puede ser corregido con la aplicación de la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires, restantes operaciones, cuya utilización a partir de la fecha de petición (26/05/2024) da un importe similar al que resultaría de la aplicación de alguno de los mecanismos prohibidos por el art. 7 de la ley 23.928.
2.5. Además de la doctrina legal sentada en el caso “Barrios”, tengo presente que la determinación de la tasa de interés aplicable, queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión (CSN, 17/5/94, “Banco Sudameris c/Belcam S.A. y otra”, J.A. 1994-
II, 690; D.T. 1994-B, 1975; L.L. 1994-C, 30).
2.6. En consecuencia, corresponde rechazar la pretensión indexatoria y consiguiente declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 y determinar la adición al importe de condena de la tasa activa Banco Provincia restantes operaciones, desde la fecha en que fue peticionado (25/06/2024) en lugar de la tasa pasiva más alta, y ello hasta la de su efectivo pago.
2.7. Por las razones expuestas voto por la NEGATIVA y propongo revocar parcialmente la apelada resolución del día 7/6/2024 determinando la adición al importe de condena de la tasa activa restantes operaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, como tasa diferencial, desde la fecha en que fuera pedida la actualización como consecuencia de la nueva doctrina legal surgente del caso "Barrios" el 26/5/2024 (en reemplazo de la tasa pasiva digital) y hasta la de su efectivo pago. Se confirma lo demás resuelto en cuanto ha sido materia de recurso y agravios. Postulo que las costas de Alzada, se impongan por su orden atento la existencia de vencimiento parcial y mutuo (arts. 68, 69, 71 y 384, CPCC).
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo :
Discrepo respetuosamente con mi colega, el Dr. Sosa Aubone, ya que considero que la sentencia apelada debe ser confirmada en su totalidad. Mi posición se apoya en dos fundamentos esenciales: la realidad económica actual y la necesidad de garantizar una reparación integral y justa para el acreedor I. El principio de realismo jurídico y la crisis inflacionaria.
Es evidente que la doctrina expuesta en el fallo "Barrios" nos obliga a abandonar una interpretación puramente formalista de las normas para enfrentar la realidad inflacionaria. La prohibición de indexación establecida por la ley 23.928, que fue válida en tiempos de estabilidad económica, resulta hoy insostenible. El deterioro constante del valor adquisitivo del dinero, impulsado por una emisión monetaria descontrolada, ha creado una situación en la que el cumplimiento nominal de las obligaciones en dinero no garantiza el cumplimiento real de la deuda.
1. El “principio de realismo” que ha expuesto el voto del Dr. Soria en el caso “Barrios” fue sostenido por el suscripto con motivo del análisis del proceso inflacionario y su negativa a considerarlo por parte de la Suprema Corte, por razones estrictamente formales que merecieron entonces mi crítica. Dije entonces que ese realismo era una “garantía constitucional” que obligaba a los jueces a mirar los hechos y no desentenderse de ellos (Revista CALP 119, oct/Dic 2005 pp 19/29). Denuncié entonces el error de considerar válida la prohibición del art. 7 de la ley 23.928 cuando el propio Estado, haciendo caso omiso de los límites que se habían impuesto a la emisión de dinero, generó un aumento tal de la base monetaria, que significó la destrucción de los apoyos económicos de la matriz generada durante los primeros años del sistema de convertibilidad. La salida de la convertibilidad importó en primer lugar el reconocimiento de una diferencia de más del 300% entre la paridad cambiaria sostenida hasta ese momento. Lo que se observó posteriormente fue un nuevo deslizamiento del endeudamiento público, más emisión y un aparato productivo incapaz de desarrollar un progreso mantenido, sofocado por la enorme presión impositiva, la ineficiencia y la corrupción.
Dije entonces que no era cuestión de gran conocimiento económico sino de tener el valor de abrir los ojos y enfrentar los hechos.
2. Han pasado largos años desde entonces, en los que la Suprema Corte, con una doctrina que se convirtió en causa de muchas inequidades, negó la posibilidad de indexar, no solo los contratos, sino todo tipo de indemnización, y aún hizo extensiva tal limitación a las tasas de interés cuando interpretó que las mismas importaban una implícita actualización de la deuda. Entretanto, parte de la doctrina y jurisprudencia confundieron, quizá para poder justificar tal desaguisado, las deudas de dinero con las deudas de valor, afirmando que, frente al proceso devaluatorio, habrían de recibir un tratamiento dispar. Pero, en definitiva, todo se trató, más o menos, según el mismo error. Así y por vía imperativo procesal que exige determinar con precisión el reclamo, las deudas de valor se convirtieron en dinero, y a estás se les aplicó la tasa pasiva desde la fecha del hecho.
Se trató de lo que en lógica formal se llama “falacia del cuarto término”. Lo explicaré más abajo.
Fue necesaria una verdadera explosión inflacionaria para abastecer un cambio de rumbo en esa tesitura desentendida de la economía real. No he de analizar aquí las causas remotas de tal inflación. Me remito al trabajo ya citado. Basta con evidenciar las inmediatas: una desenfrenada emisión monetaria destinada a solventar el gasto público.
Tal hecho, denunciado por el Dr. Soria como una inflación excesiva y sobreviniente, permitió que la Suprema Corte provincial, después de más de dos décadas de sostener lo contrario, admitiera que la aplicación de la ley de convertibilidad importaba ir en contra de la integralidad de la reparación del daño generado.
Si bien, como lo reconoce la propia Corte, el proceso fue “sobreviniente”, he de señalar que dicho proceso no comenzó allí. Muchas voces se levantaron denunciado la existencia de desajustes que provocarían un desfasaje. Ya durante los primeros años de la década de la convertibilidad se advertía de un quiebre del sistema productivo. El consumo interno se mantenía merced a importaciones que significaban un creciente endeudamiento. Después de la salida de la convertibilidad y el reacomodamiento que ello significó en todos los estadíos del sistema económico, los analistas más serios mantuvieron su postura crítica respecto del gasto y la emisión, lo que se fue agudizando en los años sucesivos, sin solución de continuidad.
El reconocimiento que el Dr. Soria ha hecho de la desatención que la Corte tuvo respecto un proceso inflacionario que resulta evidente, importa una visión acabada y total de un hecho público y notorio que ha afectado, por su propia naturaleza, a todas las relaciones económicas expresadas en moneda corriente, sea que éstas hayan nacido como una deuda “de dinero” o bien como una obligación de dar cosas o reparar el patrimonio. Y es que, como también lo dije en aquel trabajo arriba citado, lo que ha ocurrido no es ni más ni menos que la “destrucción del dinero” por la vía de su emisión indiscriminada.
II. La falacia de la estabilidad del valor nominal.
Pretender que una suma de dinero establecida en una sentencia conserva su valor adquisitivo meses o años después de dictada es un error. Como he señalado en trabajos anteriores, el dinero no es una constante económica. Su valor varía, y ante la inflación, una cantidad de dinero fijada hoy puede ser insuficiente mañana para cumplir con el objetivo de reparar integralmente al acreedor. La actualización de los valores indemnizatorios no es un simple ajuste técnico; es una obligación moral y legal para evitar que la inflación desvirtúe la justicia.
Esto merece una mínima explicación: el dinero “signo” o “papel” fue creado con la finalidad de ser el medio de intercambiar todos los demás bienes y servicios de la economía. Por ello el dinero, llamado también “fiduciario” tiene varias características: 1) su uso es generalizado y todas las personas lo admiten, no por su valor, sino porque les permite cambiarlo por otros bienes; 2) es divisible, fácil de transportar y conservar; 3) su relación con los otros bienes (precio) es estable; 4) es fácil de identificar y difícil de falsificar. (Ver. e. o. Menguer Karl, “El origen de la moneda”, Ed. Libertas N°. 2 BA pp. 229 ó Krause Martín y colaboradores, “Elementos de Economía Política”, La Ley, BA, 2007 pp. 362 y ss).
Vale la pena detenerme en algo que, aunque obvio, no lo es tanto. El nominalismo monetario, nacido en el seno de sociedades capitalistas, con moneda estable y aparatos productivos pujantes, ha generado la ilusión de que una cantidad de dinero en un momento determinado es igual a esa cantidad de dinero a futuro, con más los intereses de plaza, que compensan a quien se ha desprendido del dinero y también a quien toma el crédito para invertirlo en el aparato productivo. Este error fue advertido antaño por el Ministro Hitters (“No puede acudirse a la división entre "deudas de dinero" y "deudas de valor" para excluir a las segundas de las previsiones de la ley 23.928, por lo que su actualización deberá detenerse el 31 de marzo de 1991.” Sumario Juba B 22921 SCBA LP Ac 55137 S 24/11/1998 Juez HITTERS” Pérez, Angela María c/Mérida, Rosa Blanca y otro s/Petición de herencia y nulidad” Tribunal Origen: CC0102BB Publicación: AyS 1998 VI, 124)
La realidad nos ha demostrado duramente que cuando la producción es exigua y la emisión monetaria grande se genera el fenómeno de la depreciación del dinero o su contracara: la suba generalizada y constante de los precios de bienes y servicios.
Se concluye que una cantidad de dinero no es igual a la misma cantidad de dinero después de un cierto tiempo aún cuando se le adicionen los intereses de plaza y mucho menos si, como en el caso que nos ocupa, son fijados por un tercero –el juez- según el dogma de que tales intereses son los de la “tasa pasiva”.
Y podemos agregar, entonces, que no puede presumirse que la tasa fijada por los jueces sea justa si responde a los “intereses de plaza”. Es bien sabido que los bancos utilizan diferentes tasas, que a los deudores les imponen la utilización de paquetes comerciales que aumentan el costo de cualquier préstamo y que, además, en muchos casos los préstamos se llevan a cabo mediante “acuerdos” que generan capitalización de intereses y gastos cada treinta días. Tales costos totales no son publicados cuando se habla de las “tasas” que la banca cobra y sin embargo, son pagados por los deudores.
De acuerdo a ello, se concluye también que la aplicación de la nueva doctrina de la SCBA in re Barrios no debe excluirse en los supuestos en que se haya dictado una sentencia, ahora firme, aplicando los criterios anteriores, excepto que el deudor haya cumplido su obligación.
Como se ha dicho, los argumentos a favor de mantener la sentencia y sus alcances fincan, particularmente, en el principio de preclusión o cosa juzgada, y en el de seguridad jurídica. Empero ninguno de los dos puede aplicarse al caso de marras y similares.
a) Mi primer argumento es que lo juzgado no es una cantidad.
Lo que el juez juzga y debe declarar es el derecho que una de las partes tiene y que la contraria debe reconocerle bajo apercibimiento de ejecutar la sentencia. En definitiva y como reiteradamente se ha dicho, lo que hace la justicia es evitar que los particulares deban recurrir a otras vías para procurársela. No es el lugar aquí para explayarme en la conveniencia que la sociedad ha encontrado, desde tiempos inmemoriales, en que sea la fuerza del Estado, regulada y controlada por sus funcionarios, la que haga cumplir la ley. Ahora bien, las particularidades de cada proceso pueden conllevar que el juez disponga modalidades para que se lleve adelante la sentencia, todas ellas con el objetivo de que el derecho sea debidamente reconocido e integralmente compensado en especie o en otras formas, entre las que se encuentra, habitualmente, la de declarar una cantidad de dinero que el deudor debe entregar.
Es claro que dicha cantidad es la que el juez considera adecuada para compensar el derecho del que ha sido privado el acreedor. Pero esa determinación crematística no es el derecho que se ha reconocido, sino una conversión del mismo en moneda corriente. Detrás de ello se encuentra implícita la suposición de que esa moneda es estable a lo largo del tiempo. Y he allí el error. El voto del Dr. Soria en Barrios ha dejado en claro que ante la inflación “sobreviniente”, imprevisible en su magnitud e inevitable, se da un situación de clara injusticia si se aplica, sin cortapisas, el criterio seguido hasta entonces por la SCBA. El ministro que ha elaborado el voto ha sido cauto y cuidadoso en sus expresiones, pero no puede dejar de advertir que lo que su reflexión refleja es que la línea seguida por la Corte hasta entonces, sosteniendo la aplicación del art. 7 de la ley 23.938 a cualquier pretensión que pudiera significar ajuste por índices, fue un error, claramente advertido en los votos de los ministros De Lazzari quienes claramente aclararon que “el art. 7 de la ley 23.928 no ha vedado un resultado sino un mecanismo”.
SCBA LP AC 60168 S 28/10/1997 Juez DE LAZZARI (OP) Carátula: Venialgo, Ramón A. y otros c/Díaz, Héctor A. y otros s/Daños y perjuicios Publicación: DJBA 154, 115 LLBA 1998, 346). b) Lo hemos dicho en más de una oportunidad, con los mismos fundamentos. Con énfasis hemos sostenido que no es necesario llegar a inequidades graves, desfasajes importantes o lo que ha sido llamado “desbaratamiento de derechos” para declarar que algo es ilegítimo y en su caso inconstitucional la ley que ampara tal inequidad. He dicho y lo sostengo que en campo de los principios constitucionales no nos podemos permitir tolerancia, pues por ese camino el límite de la inequidad se expande y el avasallamiento de los derechos subjetivos llega, poco a poco, a dimensiones gravísimas.
c) Entiendo, así, que declarado el derecho y “cuantificada” la obligación en “dinero”, tal moneda debe reunir, al tiempo del pago, las mismas condiciones que tenía al tiempo en que fue cuantificado el derecho. Y ello no ocurre cuando, por efectos del proceso, la inflación deteriora la capacidad adquisitiva del dinero, de modo que la “cuantificación” realizada tiempo atrás no es igual, en términos reales, que lo que representa esa misma cantidad de dinero meses después.
d) Concluyendo este primer argumento diré que no puede hablarse de cosa juzgada o principio de preclusión suponiendo ingenuamente que lo que el juez dispuso y particularmente la cuantificación en dinero que hizo de ello en un momento ya pasado es lo mismo meses o años después..
III. De la perversidad del sistema.
Ha llamado la atención las circunstancias excepcionales que se tuvieron en cuenta al plantear el caso “Barrios”, esto es que la actora pidió la actualización de su crédito y mantuvo tal pretensión hasta llegar a la Corte. Esta revisó entonces años de doctrina legal y señaló otro rumbo. Sin embargo, desde hace décadas, quienes intentaron tal camino recursivo obtuvieron al fin y al cabo, el capital determinado históricamente con más la tasa pasiva, lo que significó licuar la deuda. Y si hubieran intentado la revisión de la solución dada interponiendo recuso ante la Suprema Corte, habrían llegado a la misma solución, años más tarde, con consecuencias mucho más ruinosas.
En suma, mal podía pretenderse que quienes procuraban que se les reconociera su derecho, llevara adelante una pretensión destinada al fracaso por imperio de la “doctrina legal”.
La doctrina de Barros dice mucho más que la inconstitucionalidad de la ley de convertibilidad.
Aunque se ha hecho singularmente hincapié en la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 dispuesta en el caso en análisis, éste ha ido mucho más allá, en la dirección que había manifestado en ”Vera” y “Nidera”.
En tales oportunidades, la Corte admitió que la cuantificación de los derechos podía hacerse a fechas más próximas a la sentencia y que, en tales supuestos, la tasa a aplicar sería del 6% anual desde la fecha del hecho hasta la fecha de determinación del “quantum” de la obligación. Admitió, por ello, que los jueces podrían estimar el contenido crematístico de los derechos, con criterios diversos, a una fecha posterior a la ocurrencia del daño.
Esta Sala, desde hace años, en previsión del deterioro económico que pudiera conllevar el proceso, venía aplicando valores de plaza a la fecha de la sentencia (o las más próxima a ella) o bien difiriendo para la etapa de ejecución la determinación de los valores que debería abonar el condenado (ver entre otras causa 130.900 Travella y esta Cámara, Sala II en Causas 126999, 127000, 127001, 127002, 127003 caratuladas: "LUCCA, HORACIO MARTIN Y OTROS C/FISCO DE LA PCIA DE BS AS S/ DAÑOS Y PERJ- RESP.EST-POR DELITOS Y CUASID.SIN USO AUTOMOT." Y otras 24/08/2020”.
Por ello me parece que la evaluación de que la actora consintió la sentencia y que su pretensión de actualización ha precluido es desconocer lo que el mismo fallo Barros ha dicho: la Corte aplicó un criterio equivocado y ahora lo reconoce. Y no se trata de adjudicar nuevos derechos al acreedor, sino simplemente de reconocer que la interpretación que se venía utilizando para evaluar la cantidad de dinero a lo largo del tiempo era errada.
IV. La inconsistencia de actualizar parcialmente los valores.
La sentencia de primera instancia ya reconoció la necesidad de adecuar los valores indemnizatorios al momento de la prueba, lo que evidencia un reconocimiento implícito del efecto inflacionario. Sin embargo, detener este proceso en el momento de la sentencia y no actualizar los montos hasta el momento del pago resulta una contradicción. Si era justo actualizar los valores a la fecha de la sentencia, también lo es mantener ese criterio hasta que el deudor cumpla efectivamente con su obligación. No se puede ignorar la pérdida adquisitiva del dinero durante el tiempo que transcurre entre la sentencia y el pago. Si es justo realizar dicha evaluación a una fecha posterior a la demanda y más próxima a la sentencia, no se advierte que sea razonable “cristalizar” ese proceso una vez dictada la sentencia y pasar por alto el hecho objetivo de que durante los primeros seis meses del año corriente la depreciación monetaria superó el 80% y que ello no puede ser considerado como un hecho “consentido” ni consentida una sentencia que resultaría por ello auto contradictoria.
Tampoco parece que los efectos de la depreciación monetaria deban ser corregidos por una modificación en la “tasa” de interés a calcularse sobre el monto fijado. Ello significaría aceptar, por un lado, que la misma sentencia que se pretende confirmar con el argumento de la preclusión debe ser revisada.
Considero, entonces, que efectivamente debe ser revisada, dejando de lado las razones formales que propone mi distinguido colega, en la medida que no aplican para el caso de marras por las tres razones que, en síntesis, resultan: a) la deuda no fue cancelada y el deudor está en mora; b) el proceso devaluatorio exige mantener el valor del crédito reconocido al tiempo del pago y c) el criterio interpretativo de la SCBA in re Barrios no deja dudas acerca de que las interpretación que se impone es que, frente a los hechos probados, es facultad de los jueces garantizar la integralidad de la indemnización adecuado razonablemente el importe de los mismo al tiempo del pago, con la metodología más adecuada al caso en análisis.
V. La nueva doctrina del fallo "Barrios".
El fallo "Barrios" establece claramente que los jueces no deben desentenderse de la realidad económica cuando esta afecta la integridad de la reparación. Aplicar de forma rígida el principio de preclusión y cosa juzgada, como sostiene mi colega, en un contexto de grave inflación, implica desconocer que la sentencia ha quedado desactualizada. En cambio, debemos garantizar que la deuda se pague en condiciones que mantengan su valor real. Esto no solo protege al acreedor, sino que también asegura que la justicia cumpla su función de otorgar una reparación efectiva y no meramente simbólica.
VI. Conclusión.
En consecuencia, considero que la actualización del crédito hasta el momento del pago no implica un menoscabo a los principios procesales, sino una necesaria adaptación a la realidad económica. La sentencia de primera instancia debe ser confirmada en todos sus términos, permitiendo que el crédito reconocido conserve su valor real al tiempo del cumplimiento. Así se asegura la plena satisfacción del derecho del acreedor, conforme lo exige nuestra Constitución y la doctrina del caso "Barrios". Por lo tanto, propongo la confirmación de la resolución y la imposición de costas a la parte demandada. Voto por la AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el Sr. Presidente doctor Hankovits dijo:
Adhiero al voto del Dr. Sosa Aubone.
1. A mayor abundamiento he de incorporar algunas consideraciones que entiendo pertinentes expresar en relación a la temática general y al caso en particular.
A. Como punto de inicio, entiendo necesario precisar que “doctrina legal” y “precedente” asumen dos esencias distintas, lo que conlleva consecuencias prácticas desde que su diferenciación no se reduce a una cuestión simplemente teorética o academicista.
En primer término, es posible sostener que la jurisprudencia es una fuente material del derecho en el supuesto de lagunas normativas (art. 1 del Código Civil y Comercial; en adelante: CCyC), ya sea considerada por su fuerza argumental y persuasiva, como enunciado normativo secundario, o como enunciados definitorios de un concepto. La doctrina legal a su vez es una subespecie de la misma cuyo aspecto distintivo es que asume carácter vinculante por fuerza de ley (arts. 279 y 289 del Código Procesal Civil y Comercial; en adelante: CPCC) Por ello, la jurisprudencia despliega solo una labor persuasiva mientras que, en cambio, la doctrina casacional desarrolla una función propiamente justificativa. Así, esta ha sido definida como un tipo de producción de dogmática jurídica que adquiere indirectamente carácter vinculante a través de la casación, órgano encargado de asegurar el valor y la eficacia de los enunciados jurídicos (Antonio Serrano, Dogmática jurídica y análisis sociológico: el derecho histórico de la doctrina legal, Doxa- 10 (1991), p. 175. Carácter vinculante que puede ser interpretado como una particular necesidad de asegurar el efecto de retroalimentación de las decisiones judiciales (Antonio Serrano, cit. p. 190).
Verdaderamente, concretiza una de las funciones primordiales de la casación, cual es la unificación de la jurisprudencia como modo de brindar seguridad jurídica, predictibilidad a las decisiones y previsibilidad en el intercambio jurídico, asegurando el principio de igualdad en sede judicial (arts. 16 de la Constitución nacional y 11 de la Carta Magna local) ante idénticas situaciones en juzgamiento. Así, es viable afirmar que el caso o asunto es el pretexto para que el órgano de la casación intervenga, cumpla su cometido inherente y esencial, y ejercite como tal el ius constitutionis (conf. Michele Taruffo, El vértice ambiguo, Palestra, 2006, p. 131). Su fallo es vinculante para las partes del proceso sentenciado, mientras que el enunciado dogmático expresado, razón fundante de lo resuelto, se extiende con su autoridad doctrinal a todos los casos idénticos (conf. Juan Carlos Hitters Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, LEP, 1998.
P. 330).
Mas, sucede que los pronunciamientos de casación se analizan para descubrir la regula juris abstracta que se pretende aplicar a un nuevo caso y se omite la individuación del factum concreto del caso antecedente que ha sido objeto decisión y sobre el cual se determinó aquella. A su vez, cualquier parte de la sentencia que resulte útil se invoca como doctrina legal. Ello es lo que ha sido denominado por Diez Picaso como dogmatización de la jurisprudencia, al elevar a tal categoría cualquier afirmación contenida en el decisorio y dotándola de un grado de generalización a través de su descontextualización –libre de contexto- que así abstraída desvirtúa el real contenido y alcance de la misma (conf. Juan Carlos Hitters, cit. p. 328). En relación con los precedentes, ha sido expuesto “que es un error metodológico adoptar una teoría, la de los precedentes anglosajones, que es extraña al sistema continental, para explicar un fenómeno como la referencia a decisiones anteriores. Y es un error porque difícilmente se podría así comprender (y menos regular) una práctica que ha surgido al margen de una teoría de vinculación a los precedentes, es decir, al margen de una teoría (la del stare dicisis) que es ajena a nuestros sistemas” (Leonor Moral Soriano, El precedente judicial, Marcial Pons, 2002, p. 18). Más allá de ello, los fallos de la casación no se pueden considerar, en sentido estricto, fuentes del derecho del modo del precedente anglosajón en el cual Judges make law. La función casatoria es aplicar e interpretar el derecho (arts. 161 apartado 3 de la Constitución provincial y 279 del CPCC) mas, por aplicación del criterio jerárquico, de modo final en cuanto a la elección de criterios interpretativos imperantes y prevalentes. El control de la Casación a la violación de su doctrina es un modo de dotar de fuerza vinculante a sus pronunciamientos, lo cual no conlleva que la misma se constituya en una norma. Mas, la eficacia de la doctrina, “si bien no es un precedente autoritativo, sí está dotado de singular autoridad jurídica” (Leonor Moral Soriano, cit., p. 172).
Por ello se puede decir, de forma paralela, que en el sistema continental judges interpret the law, y en el caso de la SCBA que su jurisprudencia es obligatoria pero no pétrea (normas antes citadas).
Por lo expresado, considerar la “doctrina legal” emanada de la sentencia “Barrios” como un “precedente” o una regla de derecho estatuida por el pronunciamiento de marras equiparándola a una norma legal general aplicable es, en mi opinión, un manifiesto error, más grave aun cuando se lo hace como si fuera un precepto jurídico abstracto; esto es pretiriendo las circunstancias particulares del caso sobre el cual se cimentó dicha “doctrina legal”. Se instituye así un tipo de “precedente criollo” dado que, por un lado, se la considera como una regla jurídica nacida del derecho judicial propio del derecho anglosajón, pero a diferencia del “precedente” de dicho sistema legal hay un desprecio por los hechos, material sobre el cual se estableció el mismo (material facts).
Se ha sostenido así claramente que si las situaciones de hecho son diferentes no hay precedente aplicable (conf. Juan Carlos Hitters, cit., p. 329; entre otros autores).
Doctrina legal y casación son dos conceptos inescindibles desde que, como podrá advertirse, ésta se vale de aquélla para cumplir uno de sus fines esenciales: la uniformidad de la jurisprudencia mediante la elección del criterio jurídico hermenéutico prevalente de entre todos los juicios admisibles de interpretación sobre el material jurídico en meritación conforme la situación fáctica que presenta el caso a resolver. Se brinda así predictibilidad, seguridad y se garantiza la igualdad desde que se fiscaliza que situaciones idénticas o muy similares –ante supuestos fácticos y normativos equivalentes- sean resueltas en derecho del mismo modo. B. Así como en el ordenamiento jurídico aparece la zona de penumbra al decir de H.L.A Hart, paralelando podríamos manifestar que, en lo que respecta a la doctrina legal, dicha situación se genera en determinar si su aplicación se inscribe dentro o fuera de los márgenes de la misma. Y es -en mi criterio- lo que motiva la presente disidencia entre los distinguidos colegas en relación hasta dónde se extiende y cómo se aplica la doctrina legal emanada del fallo C. 124.096 “Barrios”, en cuanto jurisprudencia vinculante por emanar de la Suprema Corte; máxime que ésta se configura como una doctrina legal abierta en cuanto instituye estándares generales para su aplicación a casos concretos (ver particularmente el apartado V. 17 de dicha sentencia). Es pues así que el mismo decisorio brinda pautas de ponderación para su aplicación sustancial a casos sucesivos (parágrafos V. 16 y especialmente. V. 17) y, además –fundamentalmente en lo que aquí nos interesa a tenor la disidencia planteada- otorga el marco adjetivo relativo a en qué condiciones procesales es viable de aplicación a un litigio a ser resuelto (que hace a la no transgresión de la garantía del debido proceso adjetivo y vulneración de la defensa en juicio). En este orden, dispone observar el principio de congruencia, con cita de los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC; que –vale recordarlo- preceptúan, respectivamente, que son “deberes” de los jueces respetar el principio de congruencia y por ende, decidir de modo expreso, positivo y preciso de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio.
Nuestro máximo Tribunal nacional (custodio final en el ámbito doméstico de las garantías constitucionales) se ha pronunciado sosteniendo que el carácter constitucional del principio de congruencia, como expresión de los derechos de defensa en juicio y de propiedad, obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos: de ahí que lo esencial sea "que la justicia repose sobre la certeza y la seguridad lo que se logra con la justicia según ley, que subordina al juez en lo concreto, respetando las limitaciones formales sin hacer prevalecer tampoco la forma sobre el fondo, pero sin olvidar que también en las formas se realizan las esencias" (Fallos: 315:106; 329:5903; 338:552 y 344:1857). En efecto, la sentencia civil no puede exceder las pretensiones (Fallos: 252:13) ni las defensas oportunamente planteadas por las partes (Fallos: 256:504). Asimismo, la CSJN expresó que el control de constitucionalidad de las normas debe realizarse de oficio, siempre y cuando se respete el principio de congruencia, es decir, que los jueces ciñan su decisión a los hechos y planteos definidos al trabarse la Litis (Fallos: 347:178). Y ello no está amparado por el iura novit curia. Ciertamente, dicho principio no habilita a apartarse de lo que resulte de los términos de la demanda o de las defensas planteadas por los demandados (conf. Fallos: 306:1271; 312:2504;315:103; 317:177, entre otros) ni declarar la inconstitucionalidad sobreviniente con vulneración del principio de congruencia (CSJN, en “MIERES, WALTER ALFREDO c/ SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - VARIOS”, sent. del 26/09/2023; en Fallos: 346:1082). Efectivamente, dicho Tribunal juzgó también que “La facultad de los jueces de examinar de oficio la constitucionalidad de las leyes, en ningún caso podría conducir a dictar sentencias violatorias del principio de congruencia, tanto más si se pondera que con la inconstitucionalidad de la ley 25.820 se llega a un resultado económico más amplio que el pretendido por el actor” (causa “GOMEZ CARLOS ALBERTO c/ ARGENCARD S.A. Y OTRO s/S/ORDINARIO”, sent.
del 27/12/2006; en Fallos: 329:5903).
2. En la causa C. 124.096 “Barrios” la accionante introdujo y fundó la necesidad de actualización de su crédito en el escrito inicial del proceso, pretensión que le fue denegada y que renovó en todas las instancias hasta que en la extraordinaria encontró acogimiento favorable en el fallo de la SCBA. En la especie, como ha quedado ya claro de los votos precedentes, si bien el actor peticionó ello en su demanda, luego renunció a sostener dicho planteo y recién luego lo retoma al momento de ejecutar la sentencia en la que obviamente, y por lo señalado, su crédito no se ordenó actualizar. Ello marca una distinción relevante entre la presente causa y la antecedente citada.
La Corte nacional, en una situación equiparable, estimó arbitraria la sentencia que modificó lo establecido en cuanto a la tasa de interés aplicable, si ello no había sido objeto de impugnación en el memorial de agravios, dado que la Corte provincial no podía volver a considerar un aspecto de la cuestión que se encontraba firme, transgrediendo el principio de congruencia, sustentado en los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional. (Fallos: 345:716)
Por ello, lo resuelto en la instancia anterior viola, no solo el principio de congruencia sino, además, como acertadamente afirma el Dr. Sosa Aubone en su voto, la cosa juzgada de raigambre constitucional ya que la sentencia firme integra el derecho de propiedad de la parte beneficiada (art. 17 de la Constitución nacional y 10 de su par provincial).
La cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional y por ello, salvo en los supuestos excepcionales en los que se ha admitido la nulidad de un pronunciamiento judicial firme, no es susceptible de alteración ni aun por vía de la invocación de leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía superior (CSJN, “Recurso Queja Nº 5 - G.,S.M. Y OTRO c/ K.,M.E.A. s/ ALIMENTOS”, sent. del 20/02/2024; en Fallos: 347:51, Voto del juez Rosenkrantz del antecedente “Milantic”, en Fallos: 344:1857, al que remite). Efectivamente, se reconoce jerarquía constitucional a la cosa juzgada, en razón de que la inalterabilidad de los derechos definitivamente adquiridos por sentencia firme tiene fundamento en los derechos de propiedad y defensa en juicio y que la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica. (Fallos: 343:1894). Igualmente, en un supuesto semejante a la de estos actuados, la Corte nacional decidió también que es arbitraria la sentencia de cámara que, desconociendo la cosa juzgada, afectó el derecho de propiedad del acreedor al disponer que la liquidación del crédito se realice con el tipo de cambio vigente al momento de cada gasto, sin respetar aquello que se había dispuesto en el pronunciamiento de primera instancia y se encontraba firme (causa “ALVAREZ ARMANDO DAVID c/ EN-M° RREECI Y C-CANCILLERIA- RESOL 1702/05 s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”, sent. 19/10/2023; en Fallos: 346:1205).
3. Finalmente, en cuanto a la solución propiciada en el voto al que adhiero, la estimo razonable. Por un lado, no me resulta irrelevante que el legitimado activo haya solicitado en el libelo de inicio de este juicio la pretensión actualizatoria (aunque, como se sostuvo, luego no insistió con la misma frente a la omisión de resolución de ella en la primera instancia, lo que inhabilita –en mi criterio- a la aplicación retroactiva del criterio jurisprudencial vinculante establecido en el caso “Barrios”); como igualmente que haya renovado luego dicho planteo anteriormente formulado, permitiendo a la contraria desde su nueva proposición ejercer su derecho de defensa en juicio al respecto. Afirmo que la congruencia no debe ser concebida como un principio estático desde que no se trata del acatamiento del principio por el principio mismo, sino que está entronizado a un fin: mantener el equilibrio procesal de los litigantes. Y esto no lo advierto transgredido en la solución que el Dr. Sosa Aubone alienta.
Por otro lado considero, como propone el Dr. Soria en la sentencia del caso “Barrios”, explorar otras posibilidades menos extremas como la de declarar la inconstitucionalidad sobreviniente de los artículos 7 y 10 de la Ley 23.928 para dar una solución adecuada y razonable a la litis (conforme el estándar del apartado V. 17 de dicho fallo; art. 3 del CCyC). En ese sentido, advierto como pertinente la formulada por el Juez que lleva lo voz en el Acuerdo, el Dr. Sosa: fijar la tasa activa para restantes operaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde la fecha en que fuera pedida la actualización hasta la de su efectivo pago. Ello así pues, observo que lo propiciado es respetuoso tanto del debido proceso formal como sustancial. Con este alcance, doy también mi voto por la NEGATIVA A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
Atendiendo al Acuerdo logrado por mayoría, corresponde y así lo propongo, revocar parcialmente la apelada resolución del día 7/6/2024 determinando la adición al importe de condena de la tasa activa restantes operaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, como tasa diferencial, desde la fecha en que fuera pedida la actualización como consecuencia de la nueva doctrina legal emergente del caso "Barrios" el 26/5/2024 (en reemplazo de la tasa pasiva digital) y hasta la de su efectivo pago. Se confirma lo demás resuelto en cuanto ha sido materia de recurso y agravios. Las costas de Alzada se imponen por su orden.
ASÍ LO VOTO.
En un todo de Acuerdo, los doctores López Muro y Hankovits adhieren al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
POR ELLO, se revoca parcialmente la apelada resolución del día 7/6/2024 determinando la adición al importe de condena de la tasa activa restantes operaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, como tasa diferencial, desde la fecha en que fuera pedida la actualización como consecuencia de la nueva doctrina legal surgente del caso "Barrios" el 26/5/2024 (en reemplazo de la tasa pasiva digital) y hasta la de su efectivo pago. Se confirma lo demás resuelto en cuanto ha sido materia de recurso y agravios. Las costas de Alzada se imponen por su orden. REGISTRESE.
NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia