Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 136516
En la ciudad de La Plata, a los 26 días del mes de Diciembre de 2024, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, doctores Jaime Oscar López Muro, Ricardo Daniel Sosa Aubone y por disidencia, el Señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits (art. 36 de la ley 5827), para dictar sentencia en los autos caratulados: "CONSORCIO DE PROPIETARIOS 6 N 938 C/ GUICCIARDINI NICOLAS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) " (causa: 136516 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es conforme a derecho la regulación de honorarios de fecha 02/10/24?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. En la resolución de fecha 20/8/2024 la Sra. jueza de Primera Instancia tomó como base para regular honorarios la suma de $ 220.325,43 y reguló los honorarios del doctor Federico Chiesa -letrado de la actora-, por la interposición de la demanda y por su labor en toda la etapa probatoria hasta la sentencia, en la suma de UN (1) JUS, y los del Dr. Juan Antonio -letrado del demandado- por su intervención en la contestación de demanda, actuación en etapa de prueba hasta la sentencia favorable a su cliente, en la suma de UN CON CINCUENTA (1,50) JUS, con más el aporte legal y cita de los arts. 1255, CCCN; 1, 9, 10,13, 15, 16, 23, 28, 54 y 57 de la ley 14.967. Asimismo reguló los honorarios del perito ingeniero civil en la suma de $ 6600 y tornó en definitivos los honorarios ya regulados al mediador.
1.2. Contra esa decisión interpuso recurso de apelación el Dr. Antonio, por considerar que el honorario es demasiado bajo y no respeta el mínimo previsto por el art. 22 de la ley 14.967.
II. Tratamiento de los agravios.
2.1. Introducción. Dando inicio a la tarea revisora, no es ocioso destacar que en la provincia de Buenos Aires, los honorarios de los letrados están regulados por la Ley 14.967 -LH-, que establece el Arancel de Honorarios Profesionales de Abogados y reemplaza el régimen anterior (Dec. ley 8904/77).
Dicha normativa fija las bases para el cálculo de los honorarios en los procesos civiles, comerciales y de familia -entre otros-, para lo cual tiene en cuenta distintos factores, a saber:
Valor del proceso: el monto del litigio es un criterio esencial que emerge del análisis del articulado para determinar el honorario mínimo (arts. 16 inc. “a”, 21, 23, 25, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47 y 49), en cuyo defecto los arts. 9 y 49 establecen un mínimo para asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria o sin contenido económico, en base a una unidad de medida cuyo valor se determina en función de la remuneración de un juez de primera instancia, denominado JUS.
Importancia del trabajo realizado: naturaleza del caso, complejidad, resultado, extensión temporal y calidad del trabajo profesional (arts. 16 incs. “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” y “j”, 30 y 42).
Etapas procesales: los honorarios se distribuyen según las etapas del proceso (demanda, contestación, prueba, etc.) (art. 28).
La posición económica y social de las partes (art. 16 inc. “i”).
De lo expuesto se extrae que la regulación de honorarios se debe ajustar a la importancia del juicio y trabajos realizados, lo cual no sólo se relaciona, en su caso, con el monto del asunto, sino -tal como emerge de la lectura del art. 16, LH- también con la naturaleza del caso que se discute, la complejidad del mismo, resultado obtenido, la extensión temporal de las tareas y la calidad del trabajo profesional. Por último, la norma alude a la “posición económica y social de las partes”, lo cual es operativo dentro de los mínimos y máximos que establece la norma arancelaria.
2.2. La cuestión a debatir. La cuestión que se plantea en autos, donde el monto del juicio que sirve de base regulatoria asciende a $ 220.325,43 -por lo que si se aplica la escala arancelaria en el máximo de los porcentuales establecidos para un proceso de conocimiento se arribaría a una regulación similar a la establecida en la instancia de origen (1,5 JUS)-, es si por la tramitación completa de un proceso de conocimiento corresponde atenerse al mínimo legal de siete (7) JUS que establece el art. 22 de la ley arancelaria -por más que resulte desproporcionada en relación al monto del juicio- o si cabe perforar dicho mínimo, en cuyo caso habría que realizar una estimación del estipendio profesional en función de la “equidad” y modular la valoración del honorario sobre varios factores -que en el caso se presentan divergentes- como ser el monto del juicio y una retribución que respete la dignidad del profesional en función de las tareas realizadas.
2.3. Posibilidad de perforar los mínimos legales.
El art. 16, en el anteúltimo párrafo, LH dispone que “En ningún caso el juez del proceso podrá violar, bajo pena de nulidad, los mínimos legales establecidos en esta ley”; por su parte el art. 22, LH establece que: “Con prescindencia del contenido económico del asunto, la regulación del o de los profesionales de cada parte, no podrá ser inferior a siete (7) Jus, cualquiera fuese su actividad y el órgano jurisdiccional de que se trate”.
En consecuencia el mínimo que corresponde según el monto del juicio, no podría ser inferior a siete (7) ius, fijado por el Acuerdo 4167 SCBA del 25/11/2024 con vigencia desde el 1º de octubre de 2024 en la suma de pesos treinta y cuatro mil sesenta y siete ($34.067) y desde el 1° de noviembre de 2024 en la suma de pesos treinta y cinco mil doscientos doce ($35.212) (art. 1, Acuerdo citado), lo cual llevaría a una regulación que superaría el monto de condena.
Arriba firme a esta instancia -luego del cuestionamiento producido al respecto-, que la suma de dinero por la cual se promovió la demanda conforma la base arancelaria aplicable ($ 220.325,23). Por más que se aplique el máximo de la escala arancelaria para abogados, para un proceso de conocimiento completo, se arribaría a una suma inferior al mínimo de siete (7) ius al valor vigente al momento de la regulación, importe este último que sería desproporcionado con relación al monto del asunto.
En función de ello, y por ser materia de agravio, cabe analizar la posibilidad de perforar el mínimo legal precitado.
Tengo presente que la ley arancelaria es de orden público (art. 1, LH), que -tal como surge de la exposición de motivos- ha tenido por objeto “…evitar interpretaciones que han llevado a establecer remuneraciones tan ínfimas que afectan gravemente el decoro y la dignidad de los abogados…”, y que “…Las limitaciones establecidas a la discrecionalidad judicial obedecen a la necesidad de preservar el carácter tuitivo del régimen arancelario…”, lo cual tiene como piso de marcha la necesidad de patrocinio letrado en el Servicio de Justicia, aspecto que excede el mero interés privado patrimonial del letrado a una justa retribución por el servicio prestado -que tiene innegable carácter alimentario, hace a su dignidad y forma parte de su patrimonio (arts. 1 y 10, LH)-, sino que interesa al Estado por contribuir a sustentar una adecuada prestación del Servicio de Justicia y del Derecho de defensa en juicio, posibilitando llegue a todos los sectores de la sociedad.
Aunque no pierdo de vista -tal como lo ha expresado la SCBA en la causa P. 133.318, del 24/9/2020, con valor de doctrina legal (art. 161 inc. 3 a, Const. Prov.)- que “El apartamiento del umbral arancelario constituye por cierto un arbitrio que debe emplearse ante situaciones marcadamente singulares. Sin embargo, por más que no represente la regla general en la materia, es indudable que en tales casos la aplicación a ultranza de los aranceles impuestos, cualquiera fuere la situación de la causa, puede conducir a resultados irrazonables o a refrendar estipendios injustificadamente elevados, desvinculados de la importancia de las tareas cumplidas o de la cuantía del litigio (arts. 28, Const. Nac.; 171, Const. Prov.).”
“Un fallo que no reparase en esas notas esenciales y prescindiera del análisis de la extensión, calidad, complejidad de la labor profesional, de la trascendencia y magnitud económica del asunto, así como de la situación económica y social de las partes, entre otros factores relevantes -varios de los cuales se mencionan en el propio art. 16-, omitiendo el examen circunstanciado del caso (art. 171, Const. prov.) sería arbitrario y no se correspondería con los valores superiores del ordenamiento (arg. arts. 2 y 3, Cód. Civ. y Com.).”
“Esa línea de razonamiento se ha trazado en diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ello se ha considerado procedente -o al menos no cuestionable- el apartamiento del umbral arancelario en la regulación de los honorarios para atender al imperativo racional que procura una adecuada proporción entre la cuantía de tales accesorios, el monto del juicio y los trabajos realizados (Fallos: 239:123; 244:299; 251:516; 256:232; 305:1897, e.o.).”
“De todo cuanto se lleva dicho es dable concluir que: i] justipreciar los honorarios es una labor inherente a la jurisdicción que exige valorar las constancias de cada casa; ii] en ese empeño el juez por principio debe ceñirse a los parámetros que consagra el arancel; iii] mas, como excepción y por motivos serios, puede discernir una regulación inferior a la que arrojaría la mecánica adopción de tales parámetros o de sus pisos mínimos, si el resultado de aplicarlos fuese irrazonable; iv] la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la pertinencia de dicha potestad para salvaguardar la vigencia del principio de razonabilidad (art. 28 en conc. arts. 14 y 33, Const. nac.); v] en el respeto a esa actividad jurisdiccional se halla comprometida la independencia del Poder Judicial (arts. 1, 5, 109 y concs., Const. nac.; 1, 3, 57 y concs., Const. prov.; vi] todas esas pautas han sido abiertamente ignoradas por la regla bajo examen de la ley provincial de honorarios (art. 16, in fine)”.
Por otra parte, una interpretación absoluta del mínimo que establece el mentado art. 22 importaría desconocer el contenido inequívoco del art. 1255 del Código Civil y Comercial -que permite al juez fijar una retribución de equidad cuando la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la labor cumplida y la retribución resultante- con lo que trasgrediría tanto la supremacía constitucional como la cláusula de los códigos (arts. 31, 75 inc. 12 y 126, Const. Nac.; 1 y 2, C.C.C.N.).
En este sentido la SCBA ha aplicado el criterio que reconoce y mantiene la indicada norma de fondo, en un supuesto en el que el estricto apego a los mínimos fijados hubiese conducido a regular un estipendio desvinculado de la actuación profesional que le diera origen (cfr. causa Q. 75.064, "Pallasa", resol. de 6/11/2019; postura reiterada en las causas Q. 75.121, "Gallina", A. 74.011, "Cifuentes", Q. 74.919, "Gallina", resols. de 11/12/2019, B. 59.440, "Gorg", resol. de 15/4/2020; y P. 133.318, 24/9/2020, "Colegio").
El elenco normativo en orden a la posibilidad de perforar los mínimos legales se completa -entre otros supuestos- con: a) lo normado por el art. 13 de la ley 24.432 que permite perforar los montos o porcentuales mínimos establecidos en los regímenes arancelarios nacionales o locales, “cuando la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes que se consideren, indicaren razonablemente que la aplicación estricta lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder”; b) el art. 22 de la ley de apremio 13.406 que establece un mínimo de 3 Jus para los juicios de apremio; c) lo normado por la ley de concursos y quiebras (art. 287, ley 24.522 -L.C.Q.- que prima sobre el mínimo a que alude el art. 36 inc. “c”, LH); y d) art. 254 del C.C.C.N. que establece un mínimo del 3% de la valuación fiscal tratándose de una vivienda protegida.
CONCLUSION. El diálogo de fuentes que emerge del C.C.C.N. y la interpretación coherente del ordenamiento jurídico, permiten concluir que los jueces pueden perforar los mínimos legales en las situaciones de excepción explicitadas, a fin de regular en función de “equidad” -en cuyo caso se relativiza el uso de los porcentuales que fija la ley arancelaria para las situaciones que están por encima de dicho piso-, lo cual requiere una adecuada fundamentación (arts. 1, 5, 18, 28, 31, 75 inc. 12 y 126 de la Constitución nacional y 1, 3 primer párrafo, 15, 57, 160, 161 inc. 3 a, 171, 173, 184 y concordantes de su equivalente provincial; 1, 2, 3 y 7, C.C.C.N.; 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
2.4. Solución propuesta. Tal como se ha expresado, en principio, el juez debe ceñirse a los parámetros que consagra la ley arancelaria. Como excepción y por motivos serios, puede efectuar una regulación inferior a la que arrojaría la mecánica adopción de tales parámetros o de sus pisos mínimos, si el resultado de aplicarlos fuese irrazonable.
Si bien en este caso la aplicación del mínimo legal de siete (7) ius que emerge del art. 22 LH, puede aparecer desproporcionada en relación al monto del juicio, no lo es con relación a las tareas realizadas por el letrado apelante, tiempo insumido, importancia del asunto y resultado obtenido (lo cual se puede resumir en la “importancia de la labor cumplida”), por lo que no corresponde acudir a la facultad otorgada por el art. 1255 del C.C.C.N., ya que dicha norma sólo permite regular por debajo de los mínimos legales en caso de desproporción entre las tareas realizadas y la retribución resultante (situación que -reitero- no es la de autos).
La desproporción entre los trabajos realizados y regulación resultante, también es contemplada por el art. 13 de la ley 24.432 (ya citado).
No existiendo desproporción entre las tareas realizadas por el letrado de la demandada que obtuvo el rechazo de la demanda y la regulación en el mínimo de siete (7) jus, no tiene suficiente entidad que se este frente a una base regulatoria numéricamente baja, ya que dicha base no tiene relación con la importancia del asunto -ha quedado desfasada producto de la desvalorización de la moneda- y el mínimo legal precitado hace a la dignidad -desde la óptica del legislador bonaerense- del ejercicio profesional del abogado al momento de cuantificar sus emolumentos, lo cual no aflora inconstitucional ni inaplicable. Dignidad, deriva de “dignus”, valioso y se refiere al que merece algo, proporcionado al mérito y condición de una persona o cosa.
Agrego que el derecho a una retribución justa está consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional (el trabajo gozará de la protección de las leyes y la retribución debe ser “justa”); y que el establecimiento de un mínimo legal de siete (7) JUS tiene -además de la protección de la dignidad del profesional- como objetivo desalentar a los deudores de cantidades de modesta relevancia, a que se mantengan renuentes al pago bajo el amparo de la dificultad de que un letrado tome el asunto por el magro honorario que puede generar. O -como en el presente caso- permitir una adecuada defensa para asuntos de escaso valor económico. En estos casos, la actuación de profesionales eficientes e idóneos podría verse restringida en causas de limitada cuantía del asunto, con perjuicio evidente para la parte afectada y la sociedad en general.
Lo expresado, llevado al mecanismo de cálculo, nos coloca frente a un juicio de conocimiento (proceso sumario), con una actuación completa por parte de un solo letrado (conforme etapas del art. 28, L.H.), donde por más que se aplique el máximo de la escala arancelaria para este tipo de juicios ($ 220.325,43 x 25% = $ 55.081,35, que sería equivalente a 1,80 JUS a la fecha de regulación -valor IUS 30.488 conforme Acuerdo 4159 SCBA-), importe que sería demasiado bajo con relación a las tareas realizadas, importancia de la labor, tiempo de desempeño y resultado obtenido (luego de varios años de tramitación se logró el rechazo de la demanda). Atento ello y como dicha regulación resultaría inferior al mínimo retributivo consagrado por el art. 22 de 7 jus vigente a la fecha de regulación (7 x 30.488: $ 213.416), no corresponde acudir a los porcentuales establecidos por la ley arancelaria, ya que los mismos tiene plena operatividad por encima de los mínimos legales, debiéndose como principio, estar al mínimo legal de siete (7) JUS.
En función de ello, corresponde armonizar el derecho a una justa retribución (art. 14 bis C.N.), con el de propiedad (arts.17 C.N.) y acceso a la jurisdicción (art. 18, C.N.), que tienen rango superior al límite de responsabilidad que reposa en el citado art. 730 del C.C.C.N. -que no tiene la base y jerarquía constitucional de los derechos citados anteriormente- en procura de una solución armónica y coherente, aplicando equitativa y razonablemente la diversas normas en juego, buscando un punto de encuentro que permita armonizar el orden jurídico aplicable, utilizando la analogía (arts. 1, 2, 3 y 7, C.C.C.N.; 163, 164 y 384, C.P.C.C), por lo que en atención a la importancia del asunto y mérito de las tareas realizadas, se fijan los emolumentos del Dr. Juan ANTONIO (T. LIII, F. 107 CALP), en la suma de SIETE (7) JUS, modificándose así el auto apelado (arts. 1, 2, 3, 9, 10, 12, 1251, 1252 y 1255, C.C.C.N.;1, 9, 10,13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 54 y 57, ley 14.967). Con más aporte legal e IVA si correspondiere (art. 12 ley 6716 modificado por la ley 10.268).
Consecuentemente, voto POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo: Disiento con mi distinguido colega y expongo mis razones.
1. Coincido con el voto precedente en cuanto a que :
a) la resolución en crisis, por la que se regularon los honorarios, tomó como base la suma de $ 220.325,43 en virtud de lo que dispone el art. 23 de la ley 14.967.
b) se establecieron así los honorarios del doctor Federico Chiesa letrado de la actora vencida en la disputa, en la suma de un ius y los del Dr. Juan Antonio letrado del demandado que resultó victorioso, en la suma de un ius y medio.
c) la resolución funda tales regulaciones, inferiores a los mínimos admitidos legalmente, con cita de los arts. 1255, CCCN; 1, 9, 10,13, 15, 16, 23, 28, 54 y 57 de la ley 14.967.
d) el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Antonio se funda en que el honorario es demasiado bajo y no respeta el mínimo previsto por el art. 22 de la ley 14.967.
Sostiene que el importe de la base regulatoria causa debió haber incorporado intereses.
Agrega que la regulación no ha tomado en cuenta la importancia y calidad del trabajo profesional realizado y concluye insistiendo en que el mínimo de siete ius, exigido por el art. 16 de la ley 14.967 debe ser respetado.
Formula comparaciones entre diversos costos de la actividad profesional con la regulación, a fin de ilustrar que esta mínimo es demasiado escasa.
También coincido con mi distinguido colega en cuanto a que “ corresponde armonizar el derecho a una justa retribución (art. 14 bis C.N.), con el de propiedad (arts.17 C.N.) y acceso a la jurisdicción (art. 18, C.N.), que tienen rango superior al límite de responsabilidad que reposa en el citado art. 730 del C.C.C.N. -que no tiene la base y jerarquía constitucional de los derechos citados anteriormente- en procura de una solución armónica y coherente, aplicando equitativa y razonablemente la diversas normas en juego, buscando un punto de encuentro que permita armonizar el orden jurídico aplicable, utilizando la analogía (arts. 1, 2, 3 y 7, C.C.C
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.