Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 138836
En la ciudad de La Plata, a los 13 días del mes de marzo de dos mil veinticinco, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces que integran la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, doctores Jaime Oscar LÓPEZ MURO y Ricardo Daniel SOSA AUBONE, para dictar sentencia en los autos caratulados: "FRANCOZ, GRISELDA LILIA c/BANCO ITAU ARGENTINA S.A. Y OTRO/A s/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) (80)", causa número 138.836, se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código 248/Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA EXCMA. CÁMARA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia definitiva de fecha 18/8/2024?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL DOCTOR SOSA AUBONE DIJO:
I. Antecedentes.
1.1. La sentencia. El juez de la instancia de origen dictó sentencia: “1°) Admitiendo la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada "MASTERCARD MERCOSUR INC."; rechazándose, entonces, la acción incoada a su respecto, con costas a la actora Francoz.
2. Haciendo lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por GRISELDA LILIA FRANCOZ, DNI N°20.750.684, contra "BANCO ITAU ARGENTINA S.A.".
3. Condenando en consecuencia a las mencionada coaccionada "BANCO ITAU ARGENTINA S.A., a pagar a la demandante dentro del plazo de 10 (diez) días de quedar firme esta sentencia, la suma total de PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000), con más los intereses que se indican en el punto siguiente, bajo apercibimiento de ejecución en caso de incumplimiento.
4. Ordenando que a la suma de $300.000 ("Daño moral"), deberá adicionársele los accesorios, aplicándose la alícuota del 6% anual como interés "puro" y simple, desde la fecha en que la parte demandada quedó constituida en mora con la notificación del traslado de la acción: 26/04/2017, o sea en que quedó trabada la litis, y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda, esto es la fecha de este pronunciamiento; en tanto que de allí en más, los réditos en cuestión se devengarán según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa, y hasta su efectivo pago.
5. Estableciendo que la cantidad de $500.000 determinada por daño punitivo, no devengará intereses hasta el vencimiento del plazo fijado para el cumplimiento de la presente sentencia.
6. Imponiendo las costas del proceso a la codemandada "Banco Itau Argentina S.A.", en su condición de vencida. …”.
1.2. El recurso. Recurrieron la actora (22/8/2024), quien expresó agravios (26/11/2024), los que fueron contestados por el banco demandado (10/12/2024) y el Banco Itau (23/8/2024), quien expresó agravios (2/12/2024), los que fueron contestados por la contraria (2/12/2024).
El Fiscal de Cámaras se expidió (19/12/2024), propiciando la elevación del daño punitivo.
1.3. Autos para sentencia. El llamamiento de “autos para sentencia” está firme y consentido.
II. Los agravios del banco demandado.
2.1. Primer agravio: responsabilidad. El banco demandado como primer agravio trae la atribución de responsabilidad.
Sostiene que “…la situación reputada como dañosa tuvo lugar cuando la accionante financió su celular de la empresa Movistar a través de mi mandante”, perdiendo de vista que la actora pagó todas las cuotas emergentes de dicho crédito, tal como surge sin hesitación alguna de la mera lectura de los resúmenes que acompañó el perito (resúmenes que pudo haber consultado en la etapa previa o en la oportunidad de contestar la demanda).
A continuación agrega que “…que quedó acreditada la mora en el cumplimiento de las obligaciones de la actora, motivo por el cual mi poderdante, en cumplimiento de su deber como entidad financiera, informó esta situación al Banco Central de la República Argentina (BCRA), luego de lo cual VERAZ, una empresa independiente, tomó y publicó dicha información.”, cuando tal situación de mora no se produjo a raíz del incumplimiento del financiamiento otorgado para la compra del celular, sino de los cargos generados por la renovación de la tarjeta luego de haber pagado dicho crédito y cuando quiso dar de baja la misma.
Después, cuestiona el fundamento de la sentencia referente a que el juez tuvo por ciertos y probados los reclamos tendientes a la baja de la tarjeta con base en la dificultad que presentan los usuarios para acreditar los llamados telefónicos, o las consultas o quejas formuladas ante las ventanillas de atención al público, aludiendo una evidente desigualdad procesal, a lo que añadió la falta de producción de prueba en contrario por parte de la demandada, con argumentos que desconocen la asimetría que existe entre la actora y la entidad bancaria y que quien se encuentran en mejor condiciones para aportar la prueba necesaria para esclarecer los hechos es el propio banco (conf. arts. 1735, C.C.C.N.; 53, ley 24.240).
Estima que el fundamento que tuvo por probados los reclamos de la actora es meramente conjetural, puramente dogmático y agrega que la pericia no permite sostener tal razonamiento, a través de una argumentación que desconoce lo normado por los arts. 53 de la ley 24.240 y 1735 del C.C.C.N.
Dice que de la pericia contable realizada en el expediente surge que "De la compulsa efectuada en los registros contables del Banco Itaú Argentina S. A., la cuenta fue cerrada por deuda, no hay pedido firmado de baja.", omitiendo ponderar que tal prueba es incompleta, ya que se trata de una deuda generada por la actitud negligente del propio banco.
Argumenta que la ausencia de documentación escrita, como cartas documento o correos electrónicos, que respalden los reclamos verbales, debilita significativamente las alegaciones de la accionada, aunque no indica cuál es el correo al cual pueden efectuar reclamos los clientes y que por haber alegado la actora que reclamó personalmente en determinada sucursal y telefónicamente a cierto número, debió intentar desvirtuar ello con las constancias correspondientes (arg. art. 53, ley 24.240).
Con relación al compromiso asumido por Banco en la audiencia de Defensa del Consumidor afirma -sosteniendo una postura que contradice sus propios actos- que no implica una admisión de que la baja fue solicitada previamente, sino una solución conciliatoria a un reclamo.
Concluye que la falta de evidencia documental de la solicitud de baja debería haber llevado al Juez a tener por no acreditada dicha solicitud y la ausencia de responsabilidad por parte del banco, lo cual -tal como será desarrollado en el punto 4.3- no se ajusta a derecho (arts. 163, 164, 260, 261, 375 y 384, C.P.C.C.; 1, 2, 3, 53, ley 24.240; 1, 2, 3, 7, 1092, 1093, 1094, 1095 y 1735, C.C.C.N.).
2.2. Segundo agravio: inexistencia de daño moral. Como segundo agravio cuestiona la indemnización por daño moral, establecida en $300.000, por falta de prueba sobre su existencia y extensión. Pide su rechazo.
2.3. Tercer agravio: daño punitivo. Se agravia por la suma fijada como indemnización en concepto de daño punitivo $500.000, con base en el carácter excepcional y restrictivo del mismo, con cita de jurisprudencia de otro fuero.
Estima que se debe acreditar su existencia y que para su aplicación se debe tratar de faltas graves.
Discrepa con el fundamento de la sentencia de que su conducta “refleja, además, el desprecio por el trato humano, personalizado y digno que merece todo usuario, siendo que revisar las cuentas como debía hacerlo forma parte de su propia actividad empresarial y que no le requería ninguna actividad extraordinaria …”.
Dice que la accionante alega haber solicitado la baja de la tarjeta de crédito y de todos los productos asociados a esta parte, situación que no se produjo y que no ha podido acreditar en autos. Entiende que del informe pericial contable se desprende no existen constancias en los registros de mi poderdante que respalden dicha solicitud.
Y que contrariamente a lo manifestado por el sentenciante, la actora contaba con todos los canales de información necesarios para resolver sus consultas, dudas, cuestionamientos y reclamos. La prueba irrefutable de que no hubo violación alguna al deber de información está dada por el envío en tiempo y forma del resumen de cuenta.
Sostiene que es absolutamente falso que el banco no haya informado y brindado las explicaciones pertinentes y que no infringió norma alguna, ya que siempre actuó cumpliendo con las obligaciones que rigen la materia.
En síntesis, no existe ni la transgresión de una norma ni un comportamiento flagrante o exageradamente grave por parte del Banco que justifique la aplicación de una pena que por naturaleza debe ser resguardada para los casos más severos, que debería servir de ejemplo a cualquier otro que piense en transgredir el derecho de manera tan intolerable.
Culmina pidiendo el rechazo del rubro en cuestión.
III. Los agravios del actor.
3.1. En primer término, se agravia por el rechazo del concepto Daño emergente, gastos de intimación, mediación y reclamo al tratarlos como costas del proceso, cuando fueron costos insumidos previamente por la actora para poder entrar en proceso, debiendo diferenciarse los costos de las costas procesales, solicita se revoque el rechazo y se concedan, a valores actuales.
3.2. En segundo lugar, se agravia por el monto otorgado en concepto de Daño Punitivo, por estimarlo extremadamente bajo.
3.3. En tercer lugar, se agravia por el monto otorgado en concepto de Daño Moral ($ 300.0000 a la fecha de la sentencia), por ser extremadamente bajo.
Indica que como se sintió cada día, de cada mes, de todo el tiempo que duró el problema financiero (2014 a 2017) ello surge de la pericia psicológica, que si bien expresó que no hay incapacidad psicológica, “…se puede suponer como hipótesis diagnóstica que las alteraciones psíquicas descriptas, y posteriores consecuencias familiares y sociales refieren a una reacción del psiquismo ante una situación que altera su funcionamiento y generan sufrimiento psíquico. En tanto la sintomatología se circunscribe y aparece angustia exclusivamente en cuestiones referidas al hecho en autos, mientras que en cualquier otra área de la vida no aparecen signos de arrasamiento subjetivo, alteraciones, etc. ... Se pueden observar alteraciones en relación a la vida social y económica durante el tiempo que duró la inhibición para realizar operaciones financieras, bancarias o de crédito. En la actualidad se puede inferir solamente el sufrimiento por el recuerdo de aquella situación. ... Permanecen aún signos de presencia de enojo, frustración, angustia y sentimientos de injusticia por el hecho en autos. ....Si bien la actora manifiesta rechazo a todo lo referido a actividad bancaria del Banco Itaú puntualmente, esto no puede ser psicopatológicamente considerado como una fobia, en tanto ella continúa teniendo cuentas bancarias y tarjetas de crédito del banco por el cual cobra su jubilación. El sufrimiento psíquico referido en el apartado hipótesis diagnósticas, generan en la actualidad los sentimientos anteriormente descriptos”.
Insiste con los problemas que le generó la categorización de cinco en VERAZ y la actitud desaprensiva del banco demandado al omitir, sabiendo (ver pericia contable) que se había obligado a cumplir algo que no hizo, dejando a la actora en VERAZ S.A. por mucho tiempo (2014-2017) y si no fuera por la traba de la litis, hoy seguiría en esa situación y hasta quizás le hubieran iniciado un juicio ejecutivo.
3.4. En cuarto lugar, se agravia por la mora en la fijación de los intereses, ya que la establecida a partir de la traba de la litis no corresponde, debiendo ser desde la fecha de baja presentada en la entidad demandada o desde la fecha en que se celebró la audiencia en la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata (02/12/2014).
3.5. En quinto lugar, se agravia por la omisión de tratamiento de los planteos de inconstitucionalidad, y en especial de la Ley 23.928. En el capítulo IX de la demanda, introdujo, en el año 2016, el planteo cuya inconstitucionalidad ha sido declarada en el caso Barrios, respecto de los arts. 7 y 10 de la mentada ley, entendiendo que su falta de tratamiento causa un grave perjuicios, ya que ello permitirá a elevar considerablemente los montos de condena y lograr la reparación integral buscada.
También cuestiona la omisión de parte del a quo a expedirse en favor de la tasa activa.
3.6. Por último y de prosperar el planteo de inconstitucionalidad con la consiguiente modificación de los montos en cuanto a actualización, indexación o intereses, deja planteada su admisión con relación a os demás rubros.
IV. Tratamiento de los agravios.
4.1. Introducción.
4.1.1. En las presentes actuaciones la actora reclamó los daños y perjuicios generados a raíz de que no se hizo efectiva en su oportunidad la baja del servicio de tarjeta de crédito expedida por el Banco Itaú.
4.1.2. El sentenciante de primer grado consideró que de la documentación aportada “surge evidente que el Banco Itaú no había cumplido con el pedido de baja de la tarjeta de crédito efectuado por la actora, pese al compromiso asumido por el letrado de la demanda en la audiencia del 2/12/2014 de los autos iniciados por la actora en la oficina de Defensa del Consumidor Municipal con fecha 3/10/2014; lo cierto es que, la baja tardía de la tarjeta de crédito extendida por el Banco surge del reclamo citado. Tengo para mí que el incumplimiento del Banco, el reclamo de sumas dinerarias para su renovación y su incorporación al Veraz, por razones que no ha logrado esclarecerse, implicó un incumplimiento imputable al Banco Itaú suficiente para generar el daño moral que reclama aquí la actora según se desarrolla en el considerando correspondiente (art. 384 del CPCC y arts. 1717, 1723, 1725 y 1735 del Código Civil y Comercial; art. 3 de la Ley 25065, y art. 40 de la Ley 24240).”
4.2. Suficiencia.
4.2.1. La expresión de agravios efectuada por la actora, analizada globalmente y en forma amplia por estar en juego el derecho de defensa en juicio (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.), supera el test de admisibilidad, por lo que se desestima el pedido de deserción efectuado por el banco demandado (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, C.P.C.C.).
4.2.2. Superada la etapa de admisibilidad corresponde analizar la procedencia de la acción entablada.
4.3. Responsabilidad.
4.3.1. De la incuestionada pericia contable de fecha 7/5/2022 surge que:
a) El perito sólo constató los registros contables para informar si había pedido de baja de la tarjeta de crédito firmado por la actora.
Cabe destacar que la demandada no informó ni le requirió al perito que se expida en orden a cómo se registran los reclamos efectuados personalmente y/o telefónicamente, ni si los mismos se registran en los libros contables, lo cual se aparta del deber de colaboración que le impone el art. 53 de la ley 24.240 y justifica el desplazamiento del peso de la prueba en la entidad demandada (arts. 163, 164, 375, 384 y 474, C.P.C.C.; 1, 2 y 1735, C.C.C.N.).
b) De los incuestionados resúmenes de cuenta Master Card Gold adjuntados por el perito correspondiente al año 2014, surge lo siguiente:
Estado al 30/1/2014 con vencimiento en febrero 2014: $ 949,37 (este sería el primer resumen recibido por la actora).
Estado al 27/2/2014 con vencimiento en marzo 2014: $ 946,01 (informa un pago de $ 950 correspondiente al vencimiento del mes anterior e inexistencia de saldo deudor de la actora).
Estado al 27/3/2014 con vencimiento en abril 2014: $ 943,94 (informa un pago de $ 946,01 e inexistencia de saldo deudor de la actora).
Estado al 30/4/2014 con vencimiento en mayo 2014: $ 97,89 (informa un pago de $ 944 e inexistencia de saldo deudor de la actora).
Estado al 29/5/2014 con vencimiento en junio 2014: $ 256,74 (informa un pago de $ 98 e inexistencia de deuda de la actora).
Estado al 26/6/2014 con vencimiento en julio 2014: $ 254,68 (informa un pago de $ 260 e inexistencia de deuda de la actora).
Estado al 31/7/2014 con vencimiento en agosto 2014: $ 1,79 (informa un pago de $ 255 e inexistencia de deuda de la actora). Si bien no tiene consumo, se le cobran intereses compensatorios ($ 1,30) y punitorios ($ 0,23), impuesto de sellos por dichos consumos e IVA, totalizando $1,79.
ESTE FUE EL ULTIMO RESUMEN QUE LA ACTORA PAGO, surgiendo del siguiente resumen que fue pagado EN TÉRMINO y por la TOTALIDAD DEL IMPORTE.
Estado al 30/8/2014 con vencimiento en septiembre 2014: $ 529,62 (informa un pago de $ 2 y la inexistencia de deuda). Si bien no hay consumos, se incorpora una deuda de $ 400 por comisiones y ajustes (QUE SERIA LA PRIMERA CUOTA POR LA RENOVACION DE LA TARJETA), mas otros cargos (por procesamiento, impuesto de sellos e IVA), totalizando $ 529,62, el que al no registrar pago y desoir el reclamo que efectuó la actora, fue informado como saldo adeudado en el resumen posterior, con el agregado de $ 400 por “comisiones y ajustes” (SEGUNDA CUOTA RENOVACION TARJETA), llegando a la suma de $ 1095,30 al mes siguiente, y $ 1684,05 al siguiente (este es el resumen que figura a fs. 6/7 donde se incluyó la TERCERA Y ULTIMA CUOTA RENOVACION TARJETA), y $ 1818,45 al otro, aumentando en los meses siguientes por cargos de financiación, punitorios y otros.
De los resúmenes acompañados surge que la actora, desde el inicio de la relación, pago la totalidad y no el mínimo, y que la situación de mora referida al contestar la demanda se generó a raíz del cargo impuesto por la renovación de una tarjeta que se había querido dar de baja, situación que se mantuvo pese a los reclamos posteriores (arts. 163, 164, 375, 384 y 474, C.P.C.C.).
c) De la Captura de pantalla del sistema de reclamos del Banco que se le exhibió al perito, el único registrado es el reclamo en Defensa del Consumidor, lo cual a tenor de la pasividad del banco en la averiguación de la verdad, me permite inferir que los recamos presenciales de la actora no fueron registrados o que se le ocultó información al perito. Además, no es razonable que una persona concurra por primera ver a Defensa del Consumidor antes que al banco a efectuar un reclamo, máxime cuando en dicha instancia se llegó a un acuerdo que no involucraba desembolso alguno hacia la actora y cuyo cumplimiento hubiera permitido evitar estas acciones (la única deuda que registraba la actora en ese momento era por la renovación de la tarjeta que se había querido dar de baja y los cargos adicionales que ello generaba periódicamente) (arts. 163, 164, 375, 384 y 474, C.P.C.C.; 53, ley 24.240).
En el punto 4.3.3 ampliaré lo expuesto.
d) Del informe presentado por la organización Veraz S.A., surge que la Sra. Francoz fue informada por Banco Itau Argentina S.A. en situación 1 en fecha 8/2014 hasta 9/2014, situación 3 desde el 12/2014 hasta 02/2025, situación 4 desde 03/2015 hasta 08/2015 y situación 5 desde 09/2015 hasta 11/2016 no habiendo información posterior. Por último aclara que por solicitud de la entidad en fecha 05/2017, se procedió a la eliminación de la información.
La tardía eliminación de dicha información por parte de la entidad bancaria es otro indicio en favor de la veracidad de la versión de la actora (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
4.3.2. Cabe destacar que la demanda fue notificada el 26/4/2017 (ver cédula a fs. 67) y contestada el 12/5/2017 (ver cargo de fs. 120 vta.), por lo que la solicitud de eliminación fue efectuada coetáneamente con la contestación de demanda.
4.3.3. No es ocioso poner de relieve que en una relación de consumo -como la habida entre las partes-, los proveedores deben aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme las cara
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.