Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 127956
En la ciudad de La Plata, a los 6 días del mes de Marzo de 2025, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, y por disidencia, el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits (art. 36 de la ley 5827), para dictar sentencia en los autos caratulados: "LEONE MARIELA PAOLA C/ RIDELLA ROBERTO JUAN S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)" (causa: 127956), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la regulación de honorarios de fecha 20/09/24?
2da. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. En la resolución de fecha 20/09/2024 la señora juez regulo los honorarios de los doctores Rodríguez Juan Manuel, Monzón Marina Gabriela (intima cumplimiento), Portela Julian y Lo Presti Fernando, en las sumas de $35.000 (1,14 jus), $35.000 (1,14 jus), $25.000 (0,8 jus) y $25.000 (0,8 jus), respectivamente (arts. 1,16, 21 y 40 ley 14967), por los actos tendientes al cumplimiento de la sentencia homologatoria bajo la vigencia de la ley 14967 y tomando como base la suma de $812.746 .
1.2. Contra esa decisión la doctora Monzón Marina Gabriela, beneficiaria de la regulación de honorarios -por su propio derecho-, recurre la misma por considerarlos reducidos y estar por debajo del mínimo de siete (7) ius previsto por el art. 22 de la ley 14.967.
II. Tratamiento de los agravios.
2.1. Introducción. Dando inicio a la tarea revisora, no es ocioso destacar que en la provincia de Buenos Aires, los honorarios de los letrados están regulados por la Ley 14.967 -LH-, que establece los honorarios de abogados y procuradores de la provincia de Buenos Aires.
Dicha normativa fija las bases para el cálculo de los honorarios en los procesos civiles, comerciales y de familia -entre otros-, para lo cual tiene en cuenta distintos factores, a saber:
I. Valor del proceso: el monto del litigio es un criterio esencial que emerge del análisis del articulado para determinar el honorario mínimo (arts. 16 inc. "a", 21, 23, 25, 27, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45. 46, 47 y 49), en cuyo defecto los arts. 9 y 49 establecen un mínimo para asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria o sin contenido económico, en base a una unidad de medida cuyo valor se determina en función de la remuneración de un juez bonaerense de primera instancia, denominado JUS.
II. Importancia del trabajo realizado: naturaleza del caso, complejidad, resultado, extensión temporal y calidad del trabajo profesional (arts. 16 incs. "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" y "j", 30 y 42).
III. Etapas procesales: los honorarios se distribuyen según las etapas del proceso (demanda, contestación, prueba, etc.) (art. 28).
IV. La posición económica y social de las partes (art. 16 inc. "i").
De lo expuesto se extrae que la regulación de honorarios se debe ajustar a la importancia del juicio y trabajos realizados, lo cual no sólo se relaciona, en su caso, con el monto del asunto, sino -tal como emerge de la lectura del art. 16, LH- también con la naturaleza del asunto que se discute, la complejidad del mismo, resultado obtenido, la extensión temporal de las tareas y la calidad del trabajo profesional. Por último, la norma alude a la posición económica y social de las partes, lo cual es operativo dentro de los mínimos y máximos que establece la norma arancelaria.
2.2. La cuestión a debatir. La cuestión que se plantea en autos, donde el monto del juicio que sirve de base regulatoria asciende a la suma de $ 812.746, es si por la tramitación completa de la ejecución de lo resuelto en un proceso de conocimiento, corresponde atenerse al mínimo legal de siete (7) JUS que establece el art. 22 de la ley arancelaria -por más que resulte desproporcionada en relación al monto del juicio- o si cabe perforar dicho mínimo, en cuyo caso habría que realizar una estimación teniendo como principio la "equidad", considerar la analogía y modular la valoración del estipendio sobre varios factores -que en el caso se presentan divergentes- como ser el monto del juicio y una retribución que respete la dignidad del profesional en función de las tareas realizadas.
Cabe aclarar que el art. 57 de la ley 14.967 establece que la fundamentación del recurso de apelación podrá fundarse sólo en el mismo acto de deducirse el recurso, lo cual hace que la fundamentación de la apelación sea facultativa -expuesta con el vocablo “pudiendo”- y que en el caso que se quiera ejercer esa facultad, sólo se la podrá efectuar al interponer el recurso. En virtud de ello, sólo es necesario que el recurrente indique el sentido de su apelación, es decir, si apela “por altos” o “por bajos”.
2.3. El mínimo legal. Posibilidad de su perforación. El art. 16, en el anteúltimo párrafo, LH dispone que "En ningún caso el juez del proceso podrá violar, bajo pena de nulidad, los mínimos legales establecidos en esta ley"; por su parte el art. 22, LH establece que: "Con prescindencia del contenido económico del asunto, la regulación del o de los profesionales de cada parte, no podrá ser inferior a siete (7) Jus, cualquiera fuese su actividad y el órgano jurisdiccional de que se trate".
En consecuencia el mínimo que corresponda, con prescindencia del monto del juicio, no podría ser inferior a siete (7) ius, para lo cual en este caso corresponde acudir al Acuerdo 4163 del 26/9/2024 que fijo el valor del IUS conforme el art. 9 de la ley 14.967 de la SCBA en $ 32.922.
Por más que se aplique el máximo de la escala porcentual arancelaria, para un proceso de ejecución completo (mitad de la escala del 21 -del 10% al 25%-), que es del 12,5%, se arribaría a una suma inferior al mínimo de siete (7) ius prealudido (7 x $32.922: $230.454), esto es a $ 101.593.
En función de ello, y por ser materia de agravio, cabe analizar la posibilidad de perforar el mínimo legal precitado.
Tengo presente que la ley arancelaria es de orden público (art. 1, LH) y que -tal como surge de la exposición de motivos- ha tenido por objeto "...evitar interpretaciones que han llevado a establecer remuneraciones tan ínfimas que afectan gravemente el decoro y la dignidad de los abogados..." y que “... Las limitaciones establecidas a la discrecionalidad judicial obedecen a la necesidad de preservar el carácter tuitivo del régimen arancelario...", lo cual tiene como piso de marcha la necesidad de patrocinio letrado en el Servicio de Justicia, aspecto que excede el mero interés privado patrimonial del letrado a una justa retribución por el servicio prestado -que tiene innegable carácter alimentario, hace a su dignidad y forma parte de su patrimonio (arts. 1 y 10, LH)-, sino que interesa al Estado por contribuir a sustentar una adecuada prestación del Servicio de Justicia y del Derecho de defensa en juicio, posibilitando su llegada a todos los sectores de la sociedad.
Aunque no pierdo de vista -tal como lo ha expresado la SCBA en la causa P. 133.318, del 24/9/2020, con valor de doctrina legal (art. 161 inc. 3 a, Const. Prov.)- que "El apartamiento del umbral arancelario constituye por cierto un arbitrio que debe emplearse ante situaciones marcadamente singulares. Sin embargo, por más que no represente la regla general en la materia, es indudable que en tales casos la aplicación a ultranza de los aranceles impuestos, cualquiera fuere la situación de la causa, puede conducir a resultados irrazonables o a refrendar estipendios injustificadamente elevados, desvinculados de la importancia de las tareas cumplidas o de la cuantía del litigio (arts. 28, Const. Nac.; 171, Const. Prov.)."
"Un fallo que no reparase en esas notas esenciales y prescindiera del análisis de la extensión, calidad, complejidad de la labor profesional, de la trascendencia y magnitud económica del asunto, así como de la situación económica y social de las partes, entre otros factores relevantes -varios de los cuales se mencionan en el propio art. 16-, omitiendo el examen circunstanciado del caso (art. 171, Const. prov.) sería arbitrario y no se correspondería con los valores superiores del ordenamiento (arg. arts. 2 y 3, Cód. Civ. y Com.)."
"Esa línea de razonamiento se ha trazado en diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ello se ha considerado procedente -o al menos no cuestionable- el apartamiento del umbral arancelario en la regulación de los honorarios para atender al imperativo racional que procura una adecuada proporción entre la cuantía de tales accesorios, el monto del juicio y los trabajos realizados (Fallos: 239:123; 244:299; 251:516; 256:232; 305:1897, e.o.)."
"De todo cuanto se lleva dicho es dable concluir que: I) justipreciar los honorarios es una labor inherente a la jurisdicción que exige valorar las constancias de cada casa; II) en ese empeño el juez por principio debe ceñirse a los parámetros que consagra el arancel; III) mas, como excepción y por motivos serios, puede discernir una regulación inferior a la que arrojaría la mecánica adopción de tales parámetros o de sus pisos mínimos, si el resultado de aplicarlos fuese irrazonable; IV) la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido la pertinencia de dicha potestad para salvaguardar la vigencia del principio de razonabilidad (art. 28 en conc. arts. 14 y 33, Const. nac.); V) en el respeto a esa actividad jurisdiccional se halla comprometida la independencia del Poder Judicial (arts. 1, 5, 109 y concs., Const. nac.; 1, 3, 57 y concs., Const. prov.; VI) todas esas pautas han sido abiertamente ignoradas por la regla bajo examen de la ley provincial de honorarios (art. 16, in fine)".
Por otra parte, una interpretación absoluta del mínimo que establece el mentado art. 22 importaría desconocer el contenido inequívoco del art. 1255 del Código Civil y Comercial -que permite al juez fijar una retribución de equidad cuando la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la labor cumplida y la retribución resultante- con lo que trasgrediría tanto la supremacía constitucional como la cláusula de los códigos (arts. 31, 75 inc. 12 y 126, Const. Nac.; 1 y 2, C.C.C.N.).1
En este sentido la SCBA ha aplicado el criterio que reconoce y mantiene la indicada norma de fondo, en un supuesto en el que el estricto apego a los mínimos fijados hubiese conducido a regular un estipendio desvinculado de la actuación profesional que le diera origen (cfr. causa Q. 75.064, "Pallasa", resol. de 6/11/2019; postura reiterada en las causas Q. 75.121, "Gallina", A. 74.011, "Cifuentes", Q. 74.919, "Gallina", resols. de 11/12/2019 y B. 59.440, "Gorg", resol. de 15/4/2020).
El elenco normativo se completa -entre otros supuestos- con: a) lo normado por el art. 13 de la ley 24.432 que permite perforar los montos o porcentuales mínimos establecidos en los regímenes arancelarios nacionales o locales, "cuando la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes que se consideren, indicaren razonablemente que la aplicación estricta lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder" 2; b) el art. 22 de la ley de apremio 13.406 que establece un mínimo de 3 Jus para los juicios de apremio; c) lo normado por la ley de concursos y quiebras (art. 287, L.C.Q. que prima sobre el mínimo del art. 36 inc. "c", LH); y d) art. 254 del C.C.C.N. que establece un mínimo del 3% de la valuación fiscal tratándose de una vivienda protegida.
CONCLUSION: El diálogo de fuentes que emerge del C.C.C.N. y la interpretación coherente del ordenamiento jurídico, 3 permiten concluir que los jueces pueden perforar los mínimos legales en las situaciones de excepción explicitadas, a fin de regular en función de "equidad", lo cual requiere una adecuada fundamentación (arts. 1, 5, 18, 28, 31, 75 inc. 12 y 126 de la Constitución nacional y 1, 3 primer párrafo, 15, 57, 160, 161 inc. 3 a, 171, 173, 184 y concordantes de su equivalente provincial, 1, 2 y 3, C.C.C.N.; 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
2.4. Solución propuesta. Tal como se ha expresado, en principio, el juez debe ceñirse a los parámetros que consagra la ley arancelaria. Como excepción y por motivos serios, puede efectuar una regulación inferior a la que arrojaría la mecánica adopción de tales parámetros o de sus pisos mínimos, si el resultado de aplicarlos fuese irrazonable.
Considero que en el presente caso, la aplicación del mínimo legal de siete (7) ius que emerge del art. 22 LH es desproporcionado con el monto del juicio y la tarea realizada, por lo que corresponde hacer uso de la facultad otorgada por el art. 1255 del C.C.C.N., 4 que permite perforar los mínimos legales y regular en función de equidad, lo cual pone en escena el art. 16, LH, la necesidad de preservar la dignidad en el ejercicio de la profesión del abogado y la afectación del acceso a la justicia (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.).
Ello nos enfrentará a la aplicación de dos principios: a) la PROPORCIONALIDAD que debe existir con relación al monto del proceso, importancia de la labor cumplida y la retribución de los demás profesionales; y b) la DIGNIDAD del ejercicio profesional del abogado al momento de cuantificar sus emolumentos, que debe tener un piso mínimo más allá del monto del proceso, para lo cual tengo como parámetro -en función de la analogía- la pauta utilizada por el legislador provincial para los juicios de apremio (3 jus). Dignidad, deriva de "dignus", valioso y se refiere al que merece algo, proporcionado al mérito y condición de una persona o cosa.5
Agrego que el derecho a una retribución justa está consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional (el trabajo gozará de la protección de las leyes y la retribución debe ser "justa"); y que la rigidez de los mínimos legales tiene -además de la protección de la dignidad del profesional- como objetivo desalentar a los deudores de cantidades de modesta relevancia, a que se mantengan renuentes al pago bajo el amparo de la dificultad de que un letrado tome el asunto por el magro honorario que puede generar. En estos casos, la actuación de profesionales eficientes e idóneos podría verse restringida en causas de limitada cuantía económica, con perjuicio evidente para la parte afectada y la sociedad en general.
Lo expresado, llevado al mecanismo de cálculo, nos coloca frente a la etapa de ejecución de un juicio sumario, donde por más que se aplique el máximo de la escala arancelaria para este tipo de juicios ($ 812.746 x 25% = $203.186, y el 50% por aplicación del art. 41 = $101.593 dividido 32.922 = 3,08 JUS por toda la etapa de ejecución), la regulación resultaría inferior al mínimo retributivo consagrado por el art. 22 de 7 jus. Cabe aclarar, que en el caso de autos la doctora Monzon intervino luego de iniciada la ejecución del convenio (22/08/23).
Se esta frente a una situación que torna inadecuada la aplicación mecánica del piso de la ley arancelaria local e impone regular conforme el principio de "equidad", a fin de que el honorario no lleve a retribuciones irrazonables o arbitrarias.
En función de ello, corresponde armonizar el derecho a una justa retribución (art. 14 bis C.N.), con el de propiedad (arts.17 C.N.) y acceso a la jurisdicción (art. 18, C.N.), que tienen rango superior al límite de responsabilidad que reposa en el citado art. 730 del C.C.C.N. -que no tiene la base y jerarquía constitucional de los derechos citados anteriormente- en procura de una solución armónica y coherente, aplicando equitativa y razonablemente la diversas normas en juego, buscando un punto de encuentro que permita armonizar el orden jurídico aplicable (arts. 1, 2 y 3, CCCN).
En este caso tengo en cuenta que el legislador provincial ha considerado que el mínimo legal para un juicio de apremio es de tres (3) ius (art. 22, ley 13.406), cuya estructura se asimila a este proceso, y que con ello se respeta un mínimo que pondera el decoro del profesional, y retribuye desde la perspectiva de un piso mínimo adecuadamente la labor desplegada en el presente proceso de ejecución (arts. 1, 2, 3 y 7, C.C.C.N.; 163, 164 y 384, C.P.C.C).
Siendo ello así y en atención a la importancia del asunto y mérito de las tareas realizadas, se fijan los emolumentos de la doctora Monzón Marina Gabriela (T° 64 - F° 322 CALP), en la suma de tres (3) jus, modificándose así el auto de fecha 20/09/24 (arts. 163, 164 y 384, CPCC; 1, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 28, 41, 54 y 57, ley 14967; 1 jus = $32.922). Con más aporte legal e IVA si correspondiere (art. 12 ley 6716 modificado por la ley 10.268).
Consecuentemente, voto POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo: 1. Estoy de acuerdo en el planteo que se formula en el voto que antecede en los puntos 1 a 2.3 inclusive. Disiento con la “solución propuesta” (punto 2.4 y ss) por las razones que a continuación expreso.
2. He tenido oportunidad de expedirme sobre tal cuestión recientemente (ver mi vito en autos "CONSORCIO DE PROPIETARIOS 6 N 938 C/ GUICCIARDINI NICOLAS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) " (causa: 136516) sentencia de fecha 26/12/2024).
Me remito a ello en extenso, pero formularé una síntesis (no un resumen) de aquella argumentación, a la que debo agregar algunas consideraciones adicionales en el caso que nos ocupa.
3. Esta Sala se expidió sobre los mínimos fijados en la ley 14.967 y en autos "LABARRE CECILIA ELIZABETH Y OTRO/A S/ DIVORCIO POR PRESENTACION CONJUNTA " (causa: 123977 ), resolvió “declarar la inconstitucionalidad del Art. primero de la ley 14.967, en cuanto dispone la aplicación exclusiva y excluyente de la misma y del artículo decimosexto de citada norma en su parte final que dispone que el juez que no aplique sus pautas incurrirá en falta en los términos del artículo 21 de la Ley N° 13661 y modificatorias”. Con tal piso de marcha se dispuso “dejar sin efecto la regulación practicada y disponer que en la instancia de origen, y con arreglo a los lineamientos referidos, se practique nueva regulación (arts. 18 Const. Nac.; 15 Const. Prov.; arts. 34 incs. 4to. y 5to., 163, 164, 260, 261, 266, 272, 273, 274 y 384, CPCC, Art. 1255 CCCN y Art. 13 ley 24.432).”
Para llegar a tal conclusión se tuvo en cuenta que la ley 14.967 no solamente era formalmente contraria a la división de poderes, sino que importaba un incorrecto desempeño de la función legislativa (aspecto que fue denunciado por los propios legisladores y se expuso en dicho voto, con referencia a las fuentes correspondientes, tal como expuse en mi voto en la causa citada, punto IV, 3 con cita de la denuncia formulada por el legislador Lisalde).
La Suprema Corte ratificó la posición de esta Sala y declaró la inconstitucionalidad del art. 16, última parte, de la ley 14.967, por similares razones en autos P. 133.318-RC, "Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Recurso de Inconstitucionalidad en Expte. N° 492/18 seguido a López Muro, Jaime Oscar y Sosa Aubone, Ricardo Daniel".
En tal oportunidad el Tribunal por unanimidad se refirió al art. 1255 CCCN como corrector de las pautas de la ley de honorarios que pueden llevar a una desproporción entre la regulación el importe del pleito y señaló:
“IV.2.b. Recientemente esta Suprema Corte ha aplicado el criterio que reconoce y mantiene la indicada norma de fondo, en un supuesto en el que el estricto apego a los mínimos fijados hubiese conducido a regular un estipendio desvinculado de la actuación profesional que le diera orig
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