Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 139571
En la ciudad de La Plata, a los 12 días del mes de Febrero de 2026, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "VELAZQUEZ VICTOR HUGO JESUS C/ RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)" (causa: 139571), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor López Muro.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la sentencia apelada del 24/10/2025?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. López Muro dijo:
1.1. El Juzgado en lo Civil y Comercial n° 14, el 24/10/2025 resolvió "(…) Aprobar la liquidación practicada por la parte actora a fecha 12/10/2025, en la suma de $ 81.844.000 por ajustarse a las pautas fijadas por la sentencia firme, el acuerdo homologado y la tasa de interés determinada por la Cámara interviniente. Asimismo, aprobar la liquidación practicada por la abogada patrocinante de la parte actora en relación a sus honorarios, en la suma de $16.368.800 más aportes, por haber sido la misma consentida por el demandado 2. Desestimar la impugnación formulada por la parte demandada Río Uruguay Cooperativa de Seguros Ltda (…)".
1.2. Contra dicha forma de decidir, el 31/10/2025 la demandada interpuso recurso de apelación, el cual le fuera concedido en fecha 31/10/2025 y funda con la memoria acompañada el 11/11/2025.
Manifestó que el objeto del acuerdo fue determinar a cuánto ascendía la suma fijada en la sentencia de condena ($ 37.200.000,00) a determinada fecha (14/07/2025), para lo cual debían adicionarse al importe antes indicado los intereses fijados en la sentencia de segunda instancia; que el objeto del acuerdo estaba circunscripto a la liquidación de la indemnización determinada judicialmente y a la fecha convenida para el pago del importe resultante; que tal acuerdo no implicó transacción (habida cuente que no mediaban cuestiones litigiosas o dudosas que constituyeran materia sobre la cual transigir -conf. art. 1641 CCYCN) ni tampoco novación de la deuda originaria (la determinada judicialmente -$ 37.200.000.00 más intereses por mora) conforme con las sucesivas resoluciones judiciales dictadas por los Tribunales de Primera Instancia y Alzada, respectivamente; que la intención de novar no se presume -arts. 933 y 934 CCYCN-; y que tampoco importa novación la introducción de una modalidad como sucede con plazo o término para el cumplimiento -conf. art. 935 CCYCN-); que por lo tanto subsiste incólume la obligación originaria que no es otra que la determinada en la sentencia de primera instancia ($ 37.200.000,00; con más sus intereses), con las correcciones en lo que se refiere a la tasa aplicable impuestas por la alzada.
Enfatiza que las partes practicaron liquidación de la deuda tomando como base las pautas antes indicadas hasta la fecha pactada para el pago (14/07/2025), es decir se pusieron de acuerdo en torno a cuánto ascendía el importe de condena a determinada fecha, pero no transigieron, no novaron, ni previeron, ni acordaron consecuencias específicas para el caso de retardo en el cumplimiento del acuerdo de pago de la sentencia, y que la diferencia de intereses debida por la demora en el pago de la condena impuesta en la sentencia ($ 37.200.000,00 más intereses), debía calcularse sobre el capital de condena desde la fecha de la sentencia de primera instancia, y el momento en que el mismo se hizo efectivo.
El 12/11/2025 obra contestación de la actora. Sostiene que la accionada intenta exponer en forma errónea que la suma acordada y homologada no era única, cuando jamás se expuso así en el convenio con fuerza de ley que nunca intentó cumplir; que tal acuerdo implicó una transacción siendo que no existía liquidación aprobada al tiempo del acuerdo, ni fue la misma convenida, sino y solo en un monto determinado en todo concepto y sin discriminación; que al ser incumplido el pago del acuerdo arribado por un monto único, en la fecha acordada, y motivo de ejecución y embargo en esta causa, su parte ha aplicado en la liquidación practicada la Tasa fijada por la Alzada desde la fecha de vencimiento hasta la presentación, atento escrito del 12/10/2025, por ser la forma de efectuar la liquidación, no existiendo capitalización ninguna de intereses por no prever discriminación ninguna el convenio homologado, y ser, reitera, el monto único.
1.3. El 18/12/2025 el Adjunto de Fiscal de Cámaras departamental contestó la vista que le fuera conferida. Dictaminó que el resolutorio puesto en crisis se encuentra ajustado a derecho y se aconseja su confirmación.
2.1. Ingresando en la tarea revisora, es preciso señalar los siguientes antecedentes:
- El 18/10/2024 el Juez de primera instancia dictó sentencia en la cual hizo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por Víctor Hugo Jesús Velázquez, condenando a Rio Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada a pagar la suma total de treinta y siete millones doscientos veinte mil pesos ($37.220.000), en el término de diez (10) días de quedar firme o consentida la presente, con más los intereses indicados en el considerando 5°.
- Apelada la misma por la actora, esta Sala dictó sentencia en 05/06/2025 en la cual se revocó parcialmente la sentencia recurrida y se modificó la tasa de interés en favor de la activa restantes operaciones del Banco Provincia de Buenos Aires confirmando lo demás decidido en cuanto ha sido motivo de recurso y agravios.
- Posteriormente, el 27/06/2025, las partes acompañaron acuerdo para el pago de la condena impuesta en la sentencia y los honorarios profesionales por la asistencia letrada de la parte actora (ver acuerdo), solicitando su homologación.
- El 31/07/2025 la demandada solicitó la habilitación de feria y reiteró el pedido de homologación del acuerdo adunado oportunamente, lo cual fue rechazado.
- El 06/08/2025 el actor realizó presentación denunciando el incumplimiento de la sentencia y convenio, adjuntando la liquidación correspondiente. El 11/08/2025 aclaró que no había acuerdo homologado y estando firme e incumplida la sentencia de autos, encontrándose en mora la condena acompañaba liquidaciones de capital adeudado.
El 11/08/2025 el juez concedió traslado de la liquidación a la accionada.
El 20/08/2025 el demandado señaló que oportunamente celebró un acuerdo con la parte actora para el pago de los importes de condena y los honorarios profesionales de su letrada patrocinante, el cual fuera presentado conjuntamente para su homologación y regulación de honorarios de los restantes profesionales que tomaron intervención en el proceso; que efectivamente y dado que el convenio celebrado aún no estaba homologado, y habida consideración del término convenido para su cumplimiento, solicitó habilitación de feria judicial en pos del dictado de la resolución judicial respectiva; que ello no obstante el pedido fue denegado, quedando pendiente la homologación solicitada por sendas partes del proceso; que en virtud de ello reiteraba el pedido de homologación solicitado y se apruebe la liquidación practicada en forma conjunta por la actora, demandada y citada en garantía; por el monto que surge del mismo, habida cuenta que -al no haber operado su resolución- lo acordado en el mismo es ley para las partes. Ello, sin perjuicio de que puedan incrementarse los intereses conforme las pautas de sentencia, y en atención a los días que transcurran entre el vencimiento del término para cumplir y, hasta el momento del efectivo pago.
- El 26/08/2025 el magistrado resolvió “(…) habida cuenta que la demora en la homologación del acuerdo de pago presentado por las partes no obedece a una conducta atribuible exclusivamente a alguna de ellas, sino que responde a la ausencia de impulso procesal oportuno por parte de ambas, corresponde señalar que dicha dilación no afecta la validez ni la eficacia del convenio suscripto, el cual es ley entre las mismas. En virtud de ello y toda vez que con fecha 18/10/2024 se ha dictado sentencia -la que se encuentra firme- corresponde admitir lo acordado por las partes con el alcance de un convenio de pago que pone fin al litigio (arts. 865, 866, 880, 957 y concs., CCCN). Ello, sin perjuicio de que puedan incrementarse los intereses conforme las pautas de sentencia, y en atención a los días que transcurran entre el vencimiento del término para cumplir y, hasta el momento del efectivo pago (…)”
- El 09/09/2025 la actora denunció incumplimiento de la sentencia y el convenio adjunto en la causa que fuera homologado. En la misma fecha el juzgado dio traslado a la contraria, la cual guardara silencio, con lo cual el 22/09/2025 el juez mandó trabar embargo en concepto de capital, intereses de condena, honorarios, aportes e IVA de la representación letrada de la actora sobre los fondos que el demandado RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA posea, actualmente o en el futuro, depositados en las siguientes entidades bancarias: Banco Credicoop Coop. Ltda., Banco Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y Banco Patagonia S.A.
- El 09/10/2025 la accionada peticionó que existiendo en la cuenta judicial fondos suficientes para la íntegra cancelación de los créditos reclamados por el actor y su letrada; como así también los correspondientes a la tasa de justicia, su contribución y honorarios regulados a favor de los peritos y el mediador, siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, doy en pago y autorizo la extracción/transferencia, a las cuentas denunciadas o que denuncien los respectivos beneficiarios, las sumas necesarias para atender los siguientes conceptos: 1) Tasa de justicia: $ 818.840,00 y contribución s/ tasa $ 81.884,002) Capital de Condena, e intereses $ 72.052.589,91 (…).
- El 12/10/2025 la actora solicitó se ordene la transferencia de las sumas históricas debidas por capital y honorarios atento convenio homologado ($ 70.000.000 y $ 14.000.000 más IVA y Aportes) a cuenta de liquidación final aprobada, toda vez que existía mora desde el 14-7-2025 en su pago, y siendo una cuestión alimentaria no admite dilaciones.
Adjuntó liquidación de capital ($ 81.844.000,00) y honorarios ($ 16.368.800,00 más iva y aportes) adeudados, y solicitó se corra traslado a la condenada y obligada de pago.
El 15/10/2025 la accionada contestó el traslado conferido. Impugnó la liquidación practicada respecto a las diferencias de intereses sobre capital, solicitando su apruebe su cálculo el cual asciende a aprobar la practicada por mi parte por la suma de $ 76.728.542,13.
- El 20/10/2025 obra respuesta bancaria que da cuenta de la transferencia de honorarios a la abogada de la actora -monto que surge del convenio más intereses- y el 21/10/2025 se adunó contestación del banco respecto de la transferencia de la suma de $70.000.000 sobre capital e intereses convenidos oportunamente
2.2. El Código Civil y Comercial de la Nación en su art. 832 define a la transacción como “un acto jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas”. Con la misma se trata de poner fin a un status jurídico inseguro derivado de la traba de una litis judicial o del hecho de mediar desacuerdo entre las partes respecto de las modalidades de algún derecho. La “res dubia” es la esencia de este acto. En vista de lo dicho, el acuerdo acompañado por las partes en la presente causa, efectivizado luego de dictada la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, tiene una naturaleza diferente a la del acto transaccional, dado que a partir del dictado de la sentencia desaparece la “res dubia”, cesando la incertidumbre de las prerrogativas en controversia, resultando evidente que un proceso no puede finalizar por dos formas distintas (ergo, sentencia –modo normal-, y luego acuerdo transaccional de los litigantes -modo anormal).
Al respecto se ha dicho que, con posterioridad a la sentencia, los litigantes podrán convenir cómo ejecutarán la misma, inclusive renunciar expresamente total o parcialmente a los derechos por ella asignados, y efectuar quitas cuando el derecho sea exclusivamente patrimonial y no afecte el orden público. Pero ya no habrá transacción porque los derechos y su interpretación han dejado de ser litigiosos o dudosos para convertirse en legítimamente existentes y garantizados por la jurisdicción (conf. Cam. Civ. y Com. Azul, sala 1ª, 1/3/2012, "Gunther Marcelo F. y otro v. Banco de la Edificadora de Olavarría s/ Nulidad de Acto Jurídico").
Y es que, habiendo concluido el proceso mediante el dictado de una sentencia jurisdiccional que puso fin a los derechos litigiosos de las partes, el acuerdo de pago presentado con posterioridad no tiene efecto transaccional conclusivo, circunstancia que hace a la autonomía de la voluntad de quienes se obligan, mas no puede dejar sin efecto las consecuencias arancelarias de la sentencia definitiva. Una vez que la sentencia es dictada, le quita a la obligación el carácter de litigiosa, por lo que el monto del proceso no podrá estar determinado por el que surja del acuerdo (arg. art. 25 ley 14.967 y arg. art. 308 CPCC; esta Cámara Sala II, causa 137.304, RR 256/2024, sent. int. del 4/6/2024).
Conforme lo expuesto, el acuerdo acompañado y homologado no es más que una forma de cumplimiento de la sentencia, donde las partes voluntariamente determinaron la forma de pago del crédito reconocido por sentencia firme (conf. esta Sala, causa 107283, RSI115/10 del 17/06/2010). No había incertidumbre sobre el derecho ni concesiones recíprocas: solo había una obligación de dar suma de dinero ya determinada.
Por otra parte, el acuerdo realizado tampoco se trata de una novación. El art. 801 del CCyCN define a la misma como la transformación de una obligación en otra, mientras que el art. 812 del código citado expresamente señala que la novación no se presume, debe existir intención clara de extinguir la obligación anterior y sustituirla por una nueva. En el presente caso, no se extinguió la obligación nacida de la sentencia, no se creó una obligación distinta, sino que el acuerdo vino a cuantificar el monto total (capital + intereses) y fijó una modalidad y fecha de pago.
2.3. Entonces, existiendo un convenio de pago que parte de una obligación ya existente (la sentencia), sólo declara cuánto ha de pagarse a la fecha convenida y cómo se realizará el pago (punto 1 del acuerdo denunciado).
En ese apartado las partes expresan que el monto de $ 70.000.000 se ha liquidado conforme "a la sentencia del Superior". En consecuencia, y respecto al capital e intereses fijados en la sentencia de este Tribunal, no debería existir diferencia alguna entre una liquidación realizada de acuerdo a la sentencia o a una liquidación formulada para hacer el pago que se había prometido. Otra interpretación podrá hacerse respecto del monto de los honorarios, costas, etc. en relación a los que efectivamente se advierte una transacción.
Pero en relación al capital e intereses que debía percibir el actor no se advierte que la realización de una liquidación actualizada pueda afectar los derechos de la recurrente. Es que se trata del mismo capital y la misma tasa de interés con la que se estimó el monto a pagar el 14/07/25. Adúnase, a riesgo de ser reiterativo, que la falta de cumplimiento oportuno del pago prometido en el convenio no puede ser interpretada sino del modo en que se señala: es necesario formular una nueva liquidación a la fecha del efectivo pago tal como se dispuso en la sentencia de este Tribunal.
En síntesis: con relación al capital e intereses debidos al actor, el convenio solo disponía la suma líquida a depositar el 14 de julio de 2025 en la cuenta del actor. Vencida la fecha, ha de tenerse por incumplida la parte pertinente del acuerdo por lo que ha de estarse a la obligación original, salvo pacto expreso en contrario que impusiere otra cosa. En consecuencia, la deuda no puede liquidarse como si el acuerdo hubiera sido cumplido, porque eso supondría darle efectos extintivos que no tuvo.
Ello, digámoslo nuevamente, sin perjuicio de las otras cláusulas referidas a honorarios, tasa de justicia, etc. que importan acuerdos respecto de tales obligaciones accesorias.
Cabe así concluir que la sentencia retoma sus efectos pues es la que otorga las pautas a seguir para liquidar la deuda reclamada más sus intereses.
Consecuentemente, cabe confirmar lo resuelto en la instancia de origen y por lo expuesto voto por la AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
Adhiero al voto del Dr. López Muro y por los fundamentos expuestos, voto por la AFIRMATIVA.
Sin perjuicio de ello, dejo sentada mi opinión en cuanto a que el acuerdo acompañado por las partes en la presente causa, efectivizado luego de dictada la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, tiene una naturaleza diferente a la del acto transaccional, dado que si bien a partir del dictado de la sentencia desaparece la “res dubia”, la incertidumbre no desaparece por completo ya que queda delimitada por la fecha u oportunidad en que se hará efectivo el cobro resultante -lo cual no es un tema menor-, más allá de que en principio un proceso de conocimiento no puede finalizar por dos formas distintas, esto es sentencia, como modo normal y luego acuerdo transaccional como modo anormal.
Con posterioridad a la sentencia que pone fin a un proceso de conocimiento, los litigantes podrán convenir cómo ejecutarán o cumplirán la misma, inclusive renunciar o desistir expresamente total o parcialmente a los derechos por ella asignados, y efectuar quitas cuando el derecho sea exclusivamente patrimonial y no afecte el orden público. Pero ya no habrá transacción del derecho en litigio porque los derechos y su interpretación han dejado de ser litigiosos o dudosos para convertirse en legítimamente existentes y garantizados por la jurisdicción
En consecuencia, habiendo concluido el proceso mediante el dictado de una sentencia definitiva que puso fin a los derechos litigiosos de las partes, el acuerdo de pago presentado con posterioridad no tiene el efecto transaccional conclusivo del art. 308 del ritual, sino uno distinto, destinado a regular el cumplimiento de la sentencia en el tramo de ejecución, en un trámite donde las partes, con capacidad suficiente y sin violar el orden público, determinan la forma de pago -aspecto que puede modificar tangencialmente lo resuelto- lo cual satisface la autonomía de la voluntad, más allá de lo que la sentencia definitiva disponga. Ello, sin perjuicio de que, una vez que la sentencia es dictada, la obligación deja de tener el carácter de “litigiosa” -aunque el litigio siga- y el monto del proceso quede establecido a los fines arancelarios (arg. art. 25 ley 14.967 y arg. art. 308 CPCC).
Conforme lo expuesto, el acuerdo acompañado y homologado no es más que una forma de cumplimiento de la sentencia. No había incertidumbre sobre el derecho sustantivo ni concesiones recíprocas sobre su existencia: solo había una obligación de dar suma de dinero ya determinada, que ha sido modulada en cuanto al tiempo en que va a ser cumplida, más allá de ello incide innegablemente en el capital cuando en el mismo impacta la depreciación de nuestro signo monetario.
En el presente caso, no se extinguió la obligación nacida de la sentencia, más allá de que se puede crear una obligación distinta desde el punto de vista monetario, ya que el acuerdo vino a cuantificar el monto total (capital + intereses) y fijó una modalidad y fecha de pago.
Entonces, existiendo un convenio de pago de una obligación ya existente (la sentencia), tal acuerdo
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