Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 137900
En la ciudad de La Plata, a los 5 días del mes de mayo de dos mil veintiséis, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces que integran la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, doctores Francisco Agustin HANKOVITS y Ricardo Daniel SOSA AUBONE, para dictar sentencia en los autos caratulados: "GYG NOGA CONSTRUCCIONES SRL C/ FOURNES GASTON y otros S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)”, causa número 137.900, se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia de fecha 22/10/2025?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
1.1. La sentencia de primera instancia (22/10/2025) desestimó la aplicación de la Ley 24.240 y rechazó la excepción de transacción opuesta por Gorla y Fournes; hizo lugar parcialmente a la demanda contra Gorla y Fournes, condenándolos a abonar a la actora: (i) $800.000 por pintura (valores al 21/11/2024), con intereses a la tasa del 6% anual desde la restitución y luego tasa pasiva digital BAPRO; (ii) $86.188 (al 11/07/2022) por alquileres/expensas y privación de uso reconocidos en el acuerdo, con tasa pasiva digital; (iii) reintegro de servicios (gas: $29.392,70 y $23.188,54; luz: $2.139,82), con intereses; (iv) la cláusula penal del 0,50% diario sobre alquileres adeudados; y (v) el costo de colocación de zócalos (materiales y mano de obra), cuya cuantificación difirió a la etapa de ejecución con nueva vista pericial. Rechazó el rubro daño moral por tratarse de persona jurídica (art. 1741 CCyCN), acogió la excepción de falta de legitimación pasiva y desestimó la demanda respecto de Siman (art. 1225 CCyCN), y rechazó la sanción por temeridad y malicia (art. 45 CPCC). Impuso costas: por lo admitido, a Gorla y Fournes; y por lo rechazado respecto de Siman, a la actora, difiriendo la regulación de honorarios.
1.2. Recurrieron el actor (22/10/2025), quien expresó agravios (26/11/2025), los que fueron contestados (23/2/2026).
También apelaron los demandados Fournes (24/10/2025), Gorla (27/10/2025) y Siman (31/10/2025), quienes expresaron agravios (3/12/2025), los que fueron contestados (16/2/2026).
1.3. Se llamó autos para sentencia (13/3/2026), providencia que se encuentra firme y consentida, venciendo el plazo para dictar sentencia el 22/6/2026.
II. Análisis de los agravios.
2.1. Agravios de la parte actora. La actora solicita la revocación integral del fallo y, en síntesis, cuestiona: a) la valoración del acta notarial y la apreciación de la prueba, sosteniendo que el estado “en perfecto estado” constatado el 20/08/2022 corresponde a un momento posterior a las reparaciones y no desvirtúa el deterioro al restituirse el inmueble; b) la denegatoria de la prueba confesional y testimonial, que califica de arbitraria y cuya producción pide en Alzada (la cual luego se produjo); c) la interpretación del acuerdo prejudicial de desocupación, afirmando que su incumplimiento —reconocido en sentencia— debía producir la reactivación íntegra de la deuda original conforme la cláusula sexta; d) la omisión de tratar rubros reclamados (piso flotante, carpinterías, muebles, griferías, limpieza, expensas y servicios, falta de entrega de llaves, cochera y penalidades), denunciando incongruencia y nulidad; e) la utilización de la pericia arquitectónica, sosteniendo que no podía descartarse el rubro principal (piso) por falta de discriminación y que correspondía ordenar su desagregación; f) la responsabilidad solidaria de los fiadores (Fournes y Siman), impugnando la liberación de este último; g) el régimen de intereses/actualización (crítica a la tasa del 6% y a la tasa pasiva) y h) la procedencia del daño moral.
2.2. Agravios de la parte demandada. a) Fournes: sostiene que la relación debe encuadrarse como consumo (Ley 24.240 y art. 42 CN) por tratarse de locación de vivienda con locadora empresaria; denuncia omisión de tratamiento de la excepción de falta de representación suficiente; invoca perspectiva de género/vulnerabilidad y nulidades (plazo mínimo legal y cláusulas abusivas); plantea que la recepción del inmueble sin reserva y el acuerdo implican acto propio/efecto liberatorio; cuestiona la imposición de costas por vencimiento recíproco (art. 71 CPCC) y pide morigeración de la multa del 0,5% diario e intereses (art. 771 CCCN), alegando además incidencia del DNU 320/2020 y anatocismo sobre capital ilíquido. b) Gorla: reitera el encuadre consumeril y la nulidad del plazo, denuncia omisión del control de convencionalidad y perspectiva de género; insiste en el efecto liberatorio de la recepción/actos propios y en la procedencia de la transacción; cuestiona costas por prosperar menos del 10% y pide morigeración de la multa e intereses. c) Siman: limita su recurso a la omisión de sancionar temeridad y malicia (art. 45 CPCC) y a la falta de imposición de costas a la actora por pluspetición —en especial, el rubro daño moral—, solicitando revocación parcial en tales aspectos.
2.3. Contestaciones. a) Contestación de la actora: pide el rechazo de los agravios de los demandados por reiterativos y/o novedosos, invocando preclusión y congruencia; defiende la inaplicabilidad de la Ley 24.240 por falta de habitualidad/profesionalidad locativa; rechaza los planteos de perspectiva de género y nulidades por falta de articulación y prueba idónea y por conducta contradictoria (invocación del acuerdo como transacción); sostiene que no hubo renuncia ni recepción liberatoria, que la renuncia no se presume, y que existieron intimaciones/mediación/reclamo; controvierte el vencimiento recíproco y sostiene la procedencia de costas (art. 68 CPCC), destacando rubros diferidos; afirma la validez de la cláusula penal del 0,5% diario y la inaplicabilidad del DNU 320/2020 a rubros del año 2022, negando anatocismo. Respecto de Siman, niega temeridad y malicia y sostiene que existió fundamento razonable para demandarlo por la continuidad del vínculo y por incumplimientos con hecho generador durante la vigencia del contrato afianzado, alegando ausencia de desobligación expresa. b) Contestación de la demandada al memorial de la actora (Fournes y Gorla): solicita la deserción del recurso por incumplimiento del art. 260 CPCC (falta de crítica concreta y razonada) o, subsidiariamente, su rechazo; sostiene que la propia conducta de la actora al recibir el inmueble y labrar el acta notarial días después impide atribuir con certeza los daños; reafirma el encuadre consumeril y la necesidad de perspectiva de género; y remarca la improcedencia del daño moral reclamado por persona jurídica.
2.4. Consideración preliminar: deserción (art. 260 CPCC). La pretensión de la demandada de que se declare desierto el recurso de la actora no puede prosperar. En efecto, la presentación recursiva, analizada globalmente y con un carácter amplio por estar en juego el derecho de defensa en juicio (art. 18, Const. Nac.), contiene una crítica concreta —más allá de que se comparta— que permite superar el test de admisibilidad y avanzar en el análisis de procedencia, sin perjuicio de que algún agravio concreto pueda no resultar suficiente (arts. 260 y 261 CPCC).
2.5. Mandato vencido. El mandato vencido de un gerente en una SRL no le quita legitimación automáticamente ni lo cesa en sus funciones de representación, conforme la Ley General de Sociedades N° 19.550 (LGS), cuyo art. 157 establece que la representación y administración de una SRL estará a cargo de uno o más gerentes, remitiendo en cuanto a la continuidad al régimen de los directores de la SA, cuyo art. 257 dispone que los directores [y gerentes] permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados. El vencimiento del plazo no produce la cesación automática del cargo, sino que implica una continuidad de derecho para evitar la acefalía. Por último, conforme el art. 60 la falta de inscripción de la designación o cese no le quita legitimación para actuar ante terceros de buena fe.
En consecuencia, los administradores con mandato vencido mantienen su capacidad para obligar a la sociedad, lo cual protege la buena fe de terceros. Por ello el vencimiento del plazo no convierte al administrador en un funcionario de hecho, sino que es una continuidad de derecho destinada a garantizar la seguridad jurídica, razón por la cual la defensa que esgrime la demandada en tal sentido no tiene sustento, ya que no permite esgrimir válidamente un vicio en el ejercicio de la acción promovida y ha de ser rechazada (arts. 157 y 257, LGS; 163, 164, 260, 261 y 384, CPCC).
2.6. Relación de consumo y perspectiva de género. La sentencia descartó la aplicación de la Ley 24.240 por no hallarse acreditado que la actora se desempeñe como proveedora profesional u habitual en el mercado locativo (art. 2, LDC), extremo que —según allí se ponderó— no se sigue, sin más, de su objeto social ni de su carácter de empresa constructora.
Con tal valoración no tuvo en cuenta que el art. 2 LDC comprende no sólo a quien actúa de manera profesional, sino al que desarrolla su actividad “aún ocasionalmente”, por lo que el destino habitacional del inmueble locado es suficiente para activar la tutela consumeril, de conformidad al dictamen Fiscal de primera instancia (arts. 42, Const. Nac.; 1, 2, 3, 52 y 53, ley 24.240; 1, 2, 1092, 1093, 1094 y 1095, CCCN; 375 y 384 CPCC).
A mayor abundamiento, corresponde precisar —desde una lectura sistemática y teleológica del estatuto consumeril— que el art. 2 de la LDC, al definir al proveedor como quien “desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente” actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, distribución o comercialización de bienes o prestación de servicios, no erige la habitualidad como presupuesto constitutivo, sino que deliberadamente la relativiza: la inclusión expresa de la actuación “aun ocasionalmente” tiene por finalidad impedir que, por la sola ausencia de reiteración o frecuencia, queden extramuros del régimen tuitivo quienes introducen bienes o servicios en el mercado en una operación singular. La “profesionalidad” a la que alude la norma debe entenderse en clave funcional —esto es, referida al rol de oferente/colocador en el mercado y a la asimetría técnica, informativa o económica que ordinariamente lo caracteriza— y no como un criterio meramente cuantitativo (pluralidad de actos o inmuebles) que termine por restringir el ámbito de aplicación de una legislación de orden público. En tal sentido, la unicidad del bien locado o la circunstancia de que la locación no sea el giro principal del locador no resultan, por sí, incompatibles con la noción legal de proveedor, desde que el propio legislador contempló la actuación ocasional; de ahí que el análisis deba concentrarse en la estructura de la relación (destinatario final + provisión en el mercado) y no en una exigencia de habitualidad que el texto expreso procura evitar.
Por lo demás, aun cuando se atendiera el estándar reforzado de protección invocado en virtud de estar ante una relación de consumo, ello no exonera al locatario en su condición de consumidor de las obligaciones básicas de restituir el inmueble en el estado debido (buen estado) ni del cumplimiento de lo acordado (pago del alquiler, expensas y servicios).
En cuanto al pedido de juzgamiento con perspectiva de género, no se advierte —en el marco estrictamente patrimonial del litigio y en el estado de las actuaciones— un punto decisorio que permita alterar el encuadre dado en la instancia anterior por esa sola invocación, sin perjuicio de la obligación de tratar a las partes con especial cuidado y sin estereotipos (arts. 34 inc. 5, 163, 164 y 384, CPCC; 31 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 1, 2, 9, 1117, 1118, 1119, 1121 y 1122, CCCN; 1, 2, 3, 37 y 65, LDC; Reglas de Brasilia).
Los aspectos señalados por el apelante -plazo por debajo del mínimo legal, desalojo- no tienen relación causal adecuada con los daños reclamados. En cuanto a la nulidad de la cláusula abusiva, si con ello se refirió a la cláusula sexta del acuerdo de desocupación que decía que el incumplimiento de “cualquiera de las obligaciones” dejaría sin efecto el pacto, no puede considerarse abusiva ya que no se ha demostrado que la inquilina Gorla haya satisfecho alguna de las obligaciones asumidas (pintura del departamento, colocación de zócalos nuevos, conservación en perfecto estado al momento de la entrega sin contar el piso), por lo que no me queda duda que no es abusiva. No se trata de un incumplimiento menor, ni se ha probado un vicio en la voluntad de la locataria ni una situación de desventaja o aprovechamiento que la exima de abonar los daños causados en el inmueble, el alquiler, las expensas y los servicios de luz y gas (arts. 42, Const. Nac.; 3, LDC; 1, 2, 1092, 1093, 1094, 1095, 1117, 1118, 1119, 1726, 1727, 1728, 1729, 1732, 1734,1736 y 1737, CCCN).
2.7. Acuerdo de desocupación. No se discute que en el apartado cuarto del "Acuerdo prejudicial de desocupación y entrega de inmueble" arribado en julio de 2022 se pactó que "...La Sra. Gorla abonará el costo del trabajo de pintura del total del departamento y colocación de zócalos nuevos (materias y mano de obra) atento el deterioro existente, monto que será depositado el día 5.8.2022 en la cuenta de la propietaria. Las partes determinarán el valor en los próximos 7 días de la firma del presente. Se aclara que los deterioros del piso estarán a cargo de la propietaria. La propietaria accederá al inmueble el día 8.8.2022 a los fines de inspeccionar el inmueble y constatar el estado de funcionamiento y conservación, que salvo por lo acordado en la presente cláusula deberá ser en perfectas condiciones y a cargo de la Sra. Gorla...".
Los agravios vertidos me imponen destacar que la sociedad actora y la codemandada Gorla celebraron el día 27 de diciembre de 2018 un contrato de locación respecto de un departamento y una cochera ubicado en la calle 40 número 965 entre 14 y 15 (1ero. C) de la ciudad de La Plata por el plazo de 24 meses (ver contrato acompañado con la demanda), que la locataria utilizó como destinataria final a cambio del pago de un precio en dinero, lo cual también arriba indiscutido. La locataria recibió el inmueble a “estrenar”, comprometiéndose en el contrato a mantener el bien en perfecto estado de uso y conservación y al tiempo de la entrega. Luego del vencimiento, se prorrogó el contrato por 18 meses (hasta el 28/6/2022), estableciéndose como nuevo fiador al Dr. Gastón Fournes.
Tampoco se cuestiona que en la cláusula sexta del mencionado acuerdo se dejó establecido que, ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, quedaría sin efecto el mismo, tomándose lo abonado como pago a cuenta y pudiendo la propietaria iniciar y continuar las acciones legales por la totalidad de la deuda original, con más intereses y multas y daños.
La jueza consideró que no surge probado el cumplimiento por parte de la locataria de las obligaciones asumidas en el apartado cuarto precitado (luz y gas, alquiler de junio, julio y agosto 2022, pago de pintura y expensas) y en función de ello desestimó la excepción de transacción opuesta. Si bien no lo dijo expresamente, habría considerado caído el acuerdo frente al incumplimiento de la inquilina, lo cual se ajusta a lo pactado y, por ende, a derecho (arts. 1, 2, 9, 10, 948, 957, 960, 989, 1641 1642, 1643, 1645 y 1647, CCCN; 1, 2, 3, 37, 52, 53 y 65, LDC; 163, 164, 260, 261 y 384, CPCC).
Tampoco se discute que la inquilina desocupó el departamento el 12/8/2022 y que cuando se realizó la constatación notarial, esto es el 20/8/2022, dicho bien estaba en manos de la empresa locadora (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, CPCC). No hubo una recepción expresa, ni un documento que de cuenta de la entrega. Sólo se reconoce la desocupación, por lo que no se puede aludir válidamente a una entrega acordada y sin reservas, que permita eximir al inquilino de los daños existentes a dicho momento, por lo que la argumentación desarrollada en dicho sentido no tiene sustento válido (arts. 163, 164, 260, 261 y 384, CPCC).
2.8. Acta notarial, valoración probatoria y prueba en la Alzada. La actora cuestiona la valoración del acta notarial de constatación del 20/08/2022 y afirma que el “perfecto estado” relevado por el notario a dicha fecha responde a un momento posterior a las reparaciones y que cuando pudo ingresar al inmueble el mismo estaba deteriorado.
La sentenciante de origen no empleó el acta notarial para tener por inexistentes los deterioros denunciados, sino para concluir —con apoyo en que no se incorporaron al expediente las fotografías “cotejadas” por la escribana que habrían sido sacadas luego que la inquilina se fuera— que el instrumento no permitía reconstruir con certeza el estado del inmueble al momento de la restitución ni asignar, sin más, la autoría de las reparaciones reclamadas.
De la prueba testimonial producida en esta instancia (arquitectas Ribas y Guzman quienes vieron el departamento antes de la entrega, se refirieron a su estado y reconocieron las fotos que dan cuenta de ciertos deterioros, abogado Graschinsky que vio el inmueble antes de la entrega y reconoció las fotos precitadas, maestro mayor de obras Tabieres quien trabajo en los arreglos del departamento y reconoció las fotos referidas), surge sin hesitación alguna la autenticidad de las fotografías tomadas antes del arreglo y la entidad de los daños que presentaba el inmueble locado a la fecha de desocupación. Por más que dichos testimonios puedan considerarse comprendidos en las generales de la ley, aspecto que ha llevado a un análisis más estricto, no hay elementos que permitan inferir que su declaración ha sido parcial, sino que es coincidente con los demás elementos de autos en orden a los deterioros del inmueble, para lo cual no es necesaria la prueba pericial, máxime cuando se trata de la presencia de daños y/o deterioros y no su origen y la realización de los arreglos (arts. 384 y 456, CPCC).
Entonces, el razonamiento de la jueza no se ajusta a las reglas de la sana crítica (art. 384 CPCC) y no debe ser convalidado. En ese marco, la petición de producir en Cámara prueba testimonial y confesional —denegada en primera instancia por innecesaria— ha sido fructífera al permitir en esta etapa, demostrar los daños que tenía el inmueble a la fecha de la entrega, tal como el deterioro del piso frotante, zócalo, vanitory, pileta, muebles de cocina, frente de placard, puerta de ingreso (arts. 163, 164, 260, 261, 266, 375, 384 y 456, CPCC).
2.9. Acuerdo de mediación: transacción, incumplimiento y alcance del reclamo. La actora sostiene que, reconocido el incumplimiento del acuerdo prejudicial, debió reactivarse “toda la deuda original” conforme la cláusula sexta.
En la sentencia apelada se desestimó la excepción de transacción opuesta por la demandada, en base a un acuerdo en donde si bien las partes delimitaron que ciertos conceptos serán asumidos por la locataria (pintura y zócalos) y se asignó a la propietaria locadora la reparación de los “deterioros del piso” (cláusula segunda), el incumplimiento de los arreglos y/o el pago de los mismos por parte de la inquilina hizo caer el convenio (conf. cláusula sexta), por lo que ya no rige la limitación de reparación de daños que contenía la cláusula segunda y hace operativa la reparación de la totalidad de los daños que tenía el inmueble locado al momento de su desocupación, circunstancia que surge debidamente acreditada luego de la audiencia testimonial producida en segunda instancia, lo cual lleva a considerar irrazonable la pretensión de la demandada de restringir la condena a las deudas locativas reconocidas y torna procedente la reparación de la totalidad de los daños ocasionados, en la medida
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