Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 136592
Causa N° 136592; Juzgado en lo Civil y Comercial N°19
TORRES SILVIO RAUL Y OTRO/A C/ DESPEGAR.COM.AR S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
Sala III
En la ciudad de La Plata, en el día de la firma digital, reunidos en acuerdo ordinario el señor juez de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Andrés Antonio Soto, el señor Presidente Francisco Agustín Hankovits, integrando la Sala Tercera (LA-1839/26) y, por disidencia, el doctor Ricardo Daniel Sosa Aubone, integrando la Presidencia, de la Excma. Cámara Segunda de Apelación para pronunciar sentencia en los obrados caratulados: “TORRES SILVIO RAUL Y OTRO/A C/ DESPEGAR.COM.AR S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", (causa nº136592), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts.168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Soto.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Se ajusta a derecho el apelado decisorio dictado el día 31 de marzo de 2026?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
1. Mediante decisorio dictado el 31 de marzo de 2026, la Jueza de grado resolvió prorratear las costas establecidas conforme las consideraciones VII y VIII e impuso las costas de la incidencia a la perita informática Cecilia Beatriz Vera.
2. Contra tal modo de decidir, el 06/04/2026 se alzó la perita informática fundando en el mismo escrito, y en igual fecha se concedió el recurso, disponiendo traslado que mereció réplica de la parte demandada con fecha 14/04/2026.
Asimismo el 09/04/2026 apelaron los legitimados activos, concediéndose el recurso el 13/04/2026, que fue fundado el 22/04/2026 y el mismo día ordenado el traslado, respondido los pasivos el 04/05/2026.
El 04/06/2026 dictaminó el Fiscal de Cámaras.
3. a. La perita sostuvo que con ese decidir, vería mermados sus ingresos, atentando contra el derecho de propiedad y el carácter alimentario de los estipendios regulados. Dijo que se invaden potestades propias de las diversas provincias que se reservaron atribuciones exclusivas para la reglamentación en su territorio del ejercicio de distintas profesiones (art.121 CN). Entendió manifiesta la inconstitucionalidad conculcando lo preceptuado por los artículos 14, 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional.
Alegó la inexistencia de principio o norma constitucional o internacional de derechos humanos que justifique la previsión legal del art.730 CCyCN, refiriendo que se trata de una eximición concedida, graciosa y arbitrariamente por la ley, a quien perdió el juicio y fue condenado en costas.
Cuestionó que quien no fue condenado en costas afronte el pago de la diferencia por costas que la norma limita, calificando de injusto e inequitativo que la vencedora resigne una parte de la indemnización recibida para afrontar una fracción de las costas que no le fueron impuestas a ella sino al derrotado en la contienda, la cual no se puede hacer efectiva, ya que al actor se le ha concedido el beneficio de litigar sin gastos.
Invocó grave afectación del derecho de propiedad (art.17 de la CN y art.21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), del derecho a trabajar, a ejercer lícitamente la profesión y a obtener una retribución justa (arts.14, 14 bis, 33 de la CN y art.11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
b. Respondió la legitimada pasiva que la limitación establecida por el art.730 del CCyCN no importa una restricción del derecho de propiedad, sino más bien una distribución equitativa del mayor costo en el litigio, que reproduce el temperamento del antiguo art.505 del Código Civil. Recordó que los letrados y auxiliares pueden reclamar a la parte no condenada.
Citó jurisprudencia y que la CSJN, ha establecido que el art.730 CCC no afecta el derecho de propiedad ni el derecho a una retribución efectiva, en tanto el beneficiario tiene la posibilidad de reclamar a su patrocinada el excedente de su crédito.
Requirió el rechazo de lo solicitado por la perita informática y que se apruebe el prorrateo oportunamente practicado.
4.a. Los coactores adhirieron a los planteos realizados por la perita informática, en un todo a los hechos y derechos invocados en su memorial, solicitando se los tenga por reproducidos.
Indicaron que el decisorio atacado adolece de una falencia que lo torna nulo o al menos erróneo, merecedor de ser revocado, toda vez que se indicó que ante el traslado de la presentación de la codemandada Despegar.com de que se aplique la limitación de art.730 del código de fondo, ese letrado guardó silencio, omitiendo abordarse lo que se presentó con fecha 11 de febrero de 2026. Explicaron que esa pieza fue suficiente para tratar la constitucionalidad cuestionada de la aplicación de dicha norma en el ámbito provincial, requiriendo que se tengan por reproducido el mismo en dicho memorial.
Agregaron que el fallo ataca derechos y garantías de carácter constitucional, como el derecho de propiedad, la división de la competencia territorial y por sobre todo el art.14 bis en la parte que el constituyente le reconoce al trabajo.
b. Replicó la parte demandada que el art.730 del CCyCN busca otorgar predictibilidad a los costos judiciales, evitando que las condenas se vuelvan expropiatorias para quien debe pagarlas.
Afirmó que la limitación de la responsabilidad por costas es una norma de fondo dictada por el Congreso Nacional, cuya validez ha sido ratificada por reiterada jurisprudencia.
Refirió que no se ha incurrido en una falencia ideológica, sino que se ha aplicado una norma vigente que limita la responsabilidad de las condenadas en costas al 25% del monto de la sentencia, por lo que solicitó se confirme el resolutorio atacado en todas sus partes.
5. Dictaminó el Fiscal de Cámaras coincidiendo con los fundamentos esgrimidos en el decisorio para desestimar el pedido de inconstitucionalidad de la norma, empero lo consideró inaplicable al caso.
Expuso que mediando relación de consumo, la parte actora goza de beneficio de gratuidad y que la perita informática no puede perseguir el cobro del remanente de sus estipendios de aquélla, dado el beneficio que la asiste. Agregó que no puede tampoco promover el incidente de solvencia, pues el art.53 de la ley 24.240 solo legitima a tal efecto a la parte demandada.
Concluyó que en virtud del peculiar escenario, de sostenerse el temperamento de primera instancia, el excedente de los estipendios no asumidos por la parte demandada, se transformaría en una obligación sin sujeto pasivo alguno, equivaliendo al desconocimiento del derecho creditorio y en la práctica una reducción de los emolumentos profesionales, resultado ajeno al propósito del precepto en examen.
Citó jurisprudencia.
6. a. Abordando la tarea revisora, dando en consecuencia las necesarias razones del caso (artículos 171 Constitución provincial y 3 del Código Civil y Comercial) han de recordarse las brindadas por la Jueza para así resolver, al considerar que para la procedencia de la inconstitucionalidad se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma atacada contraría la Constitución causándole con ello un agravio. Memoró que nuestro Máximo Tribunal Provincial, ha resuelto a favor de la validez de la limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas prevista en el art.505 del Código Civil, receptada en iguales términos en el Código Civil y Comercial de la Nación art.730.
Sumó que la Suprema Corte provincial ha dicho que la norma impugnada (aunque refiriéndose al 505 del CC), por el carácter que reviste en razón de la sustancia que regula, es decir, la responsabilidad en materia de costas, no requiere adhesión y resulta aplicable en la Provincia, sin que ello implique vulnerar la autonomía local. Que la facultad de establecer normas procesales, no puede considerarse privativa de las Provincias, ya que en determinados supuestos excepcionales, podrá hacerlo el Congreso Nacional, particularmente cuando haya que asegurar la efectividad de los derechos que consagra la legislación de fondo que le incumbe sancionar. Con fundamento en ello, considera a la norma en cuestión, constitucional (SCBA LP 78984, entre otros).
Entendió estar ante un orden público atenuado, sin encontrar fundamentos que le permitan apartarse de la doctrina legal impuesta por nuestro Máximo Tribunal.
b. Inicialmente, por un buen orden lógico ha de adentrarse en el agravio traído por los accionantes en su memorial relativo a la nulidad que aparejaría la falta de tratamiento de los fundamentos por esa parte brindados en un responde que alegaron haber presentado el día 11/02/2026.
Sobre el punto, ha de destacarse, que los recurrentes se limitaron a invocar la existencia de la aludida presentación, no obstante, no han ofrecido, ni acompañado documento tendiente a acreditar tal extremo. Asimismo, conforme lo informado precedentemente la Actuaria (art.116 del CPCC), no se constata la incorporación del aludido escrito, por lo cual no se corrobora el extremo fáctico sobre el cual pretenden los recurrentes cimentar la nulidad del decisorio, debiendo desestimar el agravio en tal parcela (arts.242, 246 y 253 del CPCC).
Despejada tal cuestión, no es ocioso apuntar que si bien los fundamentos del memorial de la perita principian como reiteración del responde incidental del 10/02/2026, repetidamente ha decidido esta Sala que la existencia en torno al cumplimiento de los recaudos de la expresión de agravios no debe ser tan rigurosa y estricta como para arribar a la deserción cuando exista un mínimo de ataque a la sentencia que sirva para justificar la efectiva salvaguarda del principio constitucional de defensa en juicio (arts.18 C.N.; 260 y 261 -texto y doctrina- C.P.C.C.; esta Sala, causa B-82.689, RSD. 121/96, B- 80.424, RSD 30/95; e.o.). Y, consectariamente, la sanción prevista por el art.261 del C.P.C.C. debe interpretarse con criterio restrictivo a fin de mantener intacta, en la medida de lo posible, la garantía constitucional de la defensa en juicio de la persona y de los derechos (art.18 C.N.; 15 C.P.B.A.; esta Sala causas B-80.228, RSD 84/95; B-78.321 del 27-5-94; e.o.).
Sobre este piso de marcha, tal lo ha dicho esta Sala (causa 128.135, RS224/22) la Corte Suprema se ha expedido ("Latino, Sandra Marcela c/ Sancor Coop. de Seg. Ltda. y otros s/ daños y perjuicios", 1-VII-2019, Fallos: 342:1193 y recientemente “Garro, Diego Alberto y otro c/Cardozo Ricardo Manuely otros s/Daños y Perj. (Acc. Tran. c/Les o Muerte)” sentencia del 11-VI-2026, causa 053397/2009) al pronunciarse sobre la constitucionalidad del mencionado art.730 del Código Civil y Comercial. El alto tribunal ha reiterado que el beneficiario de la regulación tiene la posibilidad de reclamarle a su patrocinada el excedente de su crédito por sobre el límite porcentual establecido en la norma en cuestión y en virtud de ello se dijo que no se ha demostrado que resulte lesionado su derecho de propiedad ni comprometido su derecho a una retribución efectiva por su labor. En el caso, aplicable a los honorarios de la perita informática.
Ahora ha de traerse lo decidido por esta Sala en la causa 131.480, RR319/24, al decir que si bien cabe concluir que el beneficio de gratuidad establecido por las leyes de defensa de los derechos de los consumidores abarca también el pago de las costas judiciales, ello al igual que el beneficio de litigar sin gastos, es lo cierto que se debe aplicar el instituto en la armónica interpretación del plexo normativo que lo regula, y en él el artículo 84 del C.P.C.C. establece su alcance para el supuesto en que el beneficiario venciere en el pleito, determinando que deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba. Por lo tanto, configuradas las circunstancias fácticas que habilitan la aplicación de la manda del art. 84 del Código de forma, se entiende que procede proveer en los términos de la citada normativa (art.53, LDC texto según ley 26.361 -BO 07/04/2008-; 25 ley 13.133; arg. arts.78, 84 y cc. del C. Proc.).
En virtud de ello, es que se hace inatendible el argumento dado por la perita y por el Fiscal de Cámaras en el análisis del particular en razón del beneficio de gratuidad que ampara a los accionantes por su calidad de consumidores, ya que, tal el precedente se encuentra un supuesto que habilita la aplicación de la manda del art. 84 del Código de forma (arts.78 CPCC; 53 LDC y 25 ley 13.133).
Conforme lo expuesto, se entiende que no procede receptar los agravios de los apelantes, debiéndose confirmar la recurrida decisión en lo que ha sido materia de análisis.
7. Atento al modo de resolver, las costas se han de imponer a los apelantes por su condición de vencidos (arts.68 y 69 del CPCC).
La regulación de honorarios habrá de diferirse para su oportunidad procesal (ley 14.967).
Voto por la POSITIVA.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
Discrepo con el voto del distinguido colega que me precede en el Acuerdo.
En efecto, acorde con el dictamen de Sr. Fiscal de Cámara, considero que el recurso debe prosperar de conformidad con fundamentos que paso a exponer.
1. Liminarmente, he de señalar que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación (CSJN) ha expuesto que una razonable interpretación armónica de los artículos 53 y 55 de la ley 24.240 (con las modificaciones introducidas por la ley 26.361) permite sostener que el Congreso Nacional ha tenido la voluntad de eximir a quienes inician una acción en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor del pago de las costas del proceso, en tanto la norma no requiere a quien demanda en el marco de sus prescripciones la demostración de una situación de pobreza para otorgar el beneficio, sino que se lo concede automáticamente y solo en determinados supuestos, esto es en acciones iniciadas en defensa de intereses individuales, se admite que la contraparte acredite la solvencia del actor para hacer cesar la eximición -Del precedente "ADDUC" (Fallos:344:2835) al que la Corte remite- (causa “Recurso Queja Nº2 USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS c/ DG MEDIOS Y ESPECTACULOS S.A. s/SUMARISIMO”, sentencia del 27/12/2024, en Fallos: 347:2318).
En base a ello, el actor ganancioso en estas actuaciones está exento del pago de las costas (art.53, Ley 24.240).
No obstante, según el pronunciamiento puesto es crisis, el consumidor legitimado activo debería, a tenor del prorrateo realizado en los términos del artículo 730 de Código Civil y Comercial (en adelante: CCyC), abonar parte de los estipendios profesionales; resolución que se propone por el Dr. Soto que sea confirmada por aplicación -y con el alcance- del artículo 84 Código Procesal Civil y Comercial (en adelante: CPCC).
Mas, existen criterios jurisprudenciales que, en contrario, afirman que en el supuesto en juzgamiento no tiene cabida el artículo 84 del CPCC. Así, la Cámara civil y comercial federal - sala II - en la causa "D. M., D. A. Y OTRO C/EDESUR SA S/DAÑOS Y PERJUCIOS" -sentencia del 1/9/2022 - al respecto estableció que, “en el precedente ‘Latino’ antes referido se ponderó el agravio introducido respecto a la existencia de un beneficio de litigar sin gastos. Mas aquellas argumentaciones no conllevan a decidir del mismo modo, a poco que se repare que en el sub lite, por tratarse del instituto del beneficio de gratuidad, no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 84 del Código Procesal. Pues bien, tal precepto legal regula los alcances del instituto regulado en el Capítulo VI del Código de rito, mas no así del beneficio de gratuidad contemplado en la ley 24240. En otras palabras, la posibilidad a la que hace referencia el Cimero Tribunal de que quien goza del beneficio de litigar sin gastos ‘si venciere en el pleito, deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba’, no puede ser importada al supuesto en el cual, quien resulta victorioso en el pleito reviste el carácter de consumidor y litiga con el beneficio de gratuidad”.
Como puede observarse, sin desconocer los fallos de la CSJN que han determinado “el beneficiario de la regulación tiene la posibilidad de reclamarle a su patrocinada el excedente de su crédito por sobre el límite porcentual establecido en la norma en cuestión (art.730 del CCyC) de allí que no ha demostrado que resulte lesionado su derecho de propiedad ni comprometido su derecho a una retribución efectiva por su labor. Esa conclusión no se ve controvertida por la circunstancia de que su patrocinada hubiera obtenido el beneficio de litigar sin gastos. Al respecto, el artículo 84 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé el pago de las costas causadas en defensa de quien obtuvo el beneficio hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba si venciere en el pleito y reconoce a los profesionales la posibilidad de exigir el pago tanto a la parte condenada en costas como a su cliente, con la misma limitación.” - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. (causa “Latino Sandra Marcela c/ Sancor Coop de Seg. Ltda. y otros s/ daños y perjuicios”, sentencia del 11/07/2019, en Fallos: 342:1193), se juzgó que esos precedentes no eran de aplicación al Beneficio gratuidad, por la razón antes transcripta.
Este temperamento nos conduce a plantearnos si ambos institutos (el Beneficio de litigar sin gastos -art.78 y sigtes. del CPCC- y el Beneficio de gratuidad -art.53, Ley 24.240-), más allá de cumplir una finalidad común (exención del pago de costas), se identifican de modo tal que las normas que regulan al primero le son aplicables al segundo.
En ese orden, antes de ahora he considerado que “el beneficio de gratuidad es una figura autónoma y con características distintas al beneficio de litigar sin gastos. Es en ese entender que tanto la ley nacional 24.240 como la ley provincial 13.133 lo han regulado sin remitir –ni aun supletoriamente- al instituto del Beneficio de litigar sin gastos” (mi voto en las causas 129.206 -RSD 84/21- Sentencia del 15/04/2021 y 126.699 -RSD 12/20-, Sentencia del 12/02/2020).
En efecto, he expuesto que “el beneficio de justicia gratuita, aun cuando es igual en sus alcances al beneficio de litigar sin gastos en cuanto exime al beneficiario de las mismas erogaciones -así del depósito del artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; del pago de la tasa de justicia; y de las costas del proceso- no se confunde con aquél, desde que el primero no depende de instancia o pedido de parte, es definitivo y no provisional, no se acuerda a las resultas del pleito pues la ley lo contempla para todas las acciones iniciadas, aprehende necesariamente la gratuidad de todos los gastos de justicia y no está sujeto a la condición resolutoria de que el beneficiario mejore de fortuna, a diferencia de lo que en tal sentido se establece en el Código Procesal Civil y Comercial con relación al beneficio de litigar sin gastos” (causas 129.206 y 126.699, antes citadas). Más aun, he dicho que “a diferencia del beneficio de litigar sin gastos, en el cual se entiende que la mentada franquicia carece de operatividad para la actividad jurisdiccional desarrollada con anterioridad a la solicitud del mismo (conf. arg. art.78, CPCC), en el beneficio de gratuidad, tanto la ley nacional como la provincial, no establecen estadio temporal alguno dado que el mismo opera ope legis (de pleno derecho; arts.53, ley 24.240 y 25, ley 13.133)”. (conforme mi voto en causa 126.699 -RSD 12/20-, Sentencia del 12/02/2020).
Por otra parte, el beneficio de gratuidad atiende al colectivo plural de usuarios y consumidores en base a la debilidad estructural que se hallan frente a los proveedores de servicios o productos. Así lo referenció la Corte nacional afir
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.