Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 142187
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, y demás fundamentos expuestos se confirma la apelada resolución del 13/08/2026 en lo que fuera materia de recurso y agravios. Costas de Alzada al apelante.
En la ciudad de La Plata, a los 17 días del mes de Septiembre de 2026, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "ECHARRI TOMAS C/ CARSA S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)" (causa: 142187), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada resolución del 13/08/2026 ?.
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1.1. Mediante resolución de fecha 13/08/2026, la Jueza de primera instancia reguló los honorarios del doctor Alan Paul Cardiff, correspondientes a la ejecución de honorarios promovida el día 14/04/2026, en la cantidad de un (1) Jus, con más los adicionales legales que correspondieren.
Para así decidir tomó como base el importe de $355.215, equivalente a 4,73 Jus al día en que se trabó la cautelar, y encuadró la labor profesional en el artículo 34 de la ley 14.967.
Asimismo, con sustento en el artículo 1255, segundo párrafo, del Código Civil y Comercial, consideró que la aplicación literal del mínimo previsto por el artículo 22 de la ley arancelaria conduciría, dada la escasa cuantía de la base, a un resultado desproporcionado, apartándose en consecuencia de dicho piso legal.
1.2. Contra ese pronunciamiento el Dr. Cardiff, beneficiario de los honorarios, interpuso recurso de apelación por bajos refiriendo en lo sustancial que el régimen legal aplicado no resulta correcto, pues tratándose específicamente de una ejecución de honorarios, corresponde acudir a la previsión especial del artículo 41 de la ley 14.967, y no al régimen genérico de los procesos ejecutivos contemplado en el artículo 34; que el artículo 22 de la ley 14.967 establece que, con prescindencia del contenido económico del asunto, la regulación no puede resultar inferior a siete (7) Jus.
Cuestionó, asimismo, que la sola invocación de la escasa cuantía y del artículo 1255 del Código Civil y Comercial resulten suficiente para reducir aquel mínimo hasta un (1) Jus, especialmente cuando esta misma Alzada había reconocido previamente el carácter útil, concreto y económicamente apreciable de la actividad profesional desarrollada.
1.3. El 31/08/2026 contestó el letrado de la parte actora, a cargo del pago de los honorarios regulados al Dr. Cardiff, solicitando la confirmación de lo resuelto.
2. Tratamiento de los agravios.
2.1. En la provincia de Buenos Aires los honorarios de los letrados están regulados por la ley 14867, que fija las bases para el cálculo de los honorarios en los procesos civiles, comerciales y de familia, entre otros, para lo cual tiene en cuenta distintos factores:
i. Valor del proceso: el monto del litigio es un criterio esencial para determinar el mínimo (arts. 16 inc. "a", 21, 23, 25, 27, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45. 46, 47, 49).
ii. Importancia del trabajo realizado: naturaleza del caso, complejidad, resultado, extensión temporal y calidad del trabajo profesional (arts. 16 incs. "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" y "j" ).
iii. Etapas procesales: los honorarios se distribuyen según las etapas del proceso (demanda, contestación, prueba, etc.) (art. 28).
iv. La posición económica y social de las partes (art. 16 inc. "i").
De lo expuesto se extrae que la regulación de honorarios se debe ajustar a la importancia del juicio y trabajos realizados, lo cual no sólo se relaciona con el monto del asunto, sino -tal como emerge de la lectura del art. 16, LH- también con la naturaleza del caso que se discute, la complejidad del mismo, resultado obtenido, la extensión temporal de las tareas y la calidad del trabajo profesional. Por último, la norma alude a la "posición económica y social de las partes", todo lo cual es operativo dentro de los mínimos y máximos que establece la norma arancelaria.
2.2. El mínimo legal. Posibilidad de su perforación. El art. 16, en el anteúltimo párrafo, LH dispone que "En ningún caso el juez del proceso podrá violar, bajo pena de nulidad, los mínimos legales establecidos en esta ley"; por su parte el art. 22, LH establece que: "Con prescindencia del contenido económico del asunto, la regulación del o de los profesionales de cada parte, no podrá ser inferior a siete (7) Jus, cualquiera fuese su actividad y el órgano jurisdiccional de que se trate".
En consecuencia, según tal plataforma jurídica, el mínimo que corresponda según el monto del juicio, no podría ser inferior a siete (7) ius.
2.3. En el supuesto de autos, la suma de dinero que tuvo que ejecutar el actor para obtener su cobro, conforma una base arancelaria cuyo importe, por más que se aplique el máximo de la escala, no permitirá arribar a una suma que supere el mínimo de siete (7) ius prealudido (arts. 22, 41LHP)
En función de ello, y por ser materia de agravio, cabe analizar la posibilidad de perforar el mínimo legal precitado y, si ello es posible, cual sería el piso legal.
2.4. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta lo resuelto por mayoría con relación a la aplicación del art. 22 de la ley arancelaria, en las causas 132.237-1 "Guerrero Lucas Julio Leandro c/ Kiara Automotora S.A S/ Ejecución honorarios" sentencia del 09/05/2025; 140629 “Banco Patagonia
S.A. C/ Juarez, Cristian Diego S/ Cobro Ejecutivo” sentencia del 14/08/2025, e.o. a cuyos argumentos me remito.
En ese sentido, si bien en principio el juez debe ceñirse a los parámetros que consagra la ley arancelaria, como excepción y por motivos serios, puede efectuar una regulación inferior a la que arrojaría la mecánica adopción de sus pisos mínimos, si el resultado de aplicarlos fuese irrazonable.
En el presente supuesto, ejecución de honorarios, considero que la aplicación del mínimo legal de 7 ius que emerge del mencionado art. 22 de la ley 14.967, torna desproporcionada la regulación en relación al monto del juicio por cuanto superaría su importe, y las tareas realizadas (importancia de la labor cumplida); por lo que corresponde hacer uso de la facultad otorgada por el art. 1255 CCCN, que permite perforar los mínimos legales, y regular en función de la equidad, preservándose asimismo la dignidad en el ejercicio de la profesión del abogado y la afectación del acceso a la justicia (arts. 18 Const. Nac; 15 Const. Pcia.).
De tal forma, han de ponderarse 2 (dos) principios: 1) la proporcionalidad que debe existir en cuanto al monto de la causa, la importancia de la labor cumplida y la remuneración de los demás profesionales; y 2) la dignidad del ejercicio profesional del letrado al momento de cuantificar sus emolumentos, que debe tener un piso mínimo más allá de la cuantía del proceso para lo cual tengo como parámero -en función de la analogía-la pauta utilizada por el legislador provincial para los juicios de apremio (3 ius). Dignidad, deriva de "dignus", valioso y se refiere al que merece algo, proporcionado al mérito y condición de una persona o cosa, lo cual sería desmerecido frente a una regulación ínfima en rlación a las tareas realizadas.
Asimismo, el citado art. 1255 CCCN prevé que si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución.
De tal manera, se presenta una situación que torna inadecuada la aplicación de los mínimos y las escalas porcentuales dispuestos por las leyes arancelarias locales, e impone regular los emolumentos de acuerdo con el principio de "equidad"; evitándose así retribuciones irrazonables o arbitrarias, esto es, excesivamente superiores al monto del proceso, o ínfimas que resulten contrarias a la dignidad del profesional en función de las tareas realizadas, e impidan el ejercicio del derecho de accionar en procura de lo que a cada uno le corresponde (arts. 17, 18, 28 y 33 Const. Nac.).
Es dable destacar que la rigidez de los mínimos legales tiene como objetivos proteger la dignidad del profesional, y desalentar a los deudores de cantidades de modesta relevancia, a que se mantengan renuentes al pago bajo el amparo de la dificultad de que un letrado tome el asunto por el magro honorario que puede generar.
Por consiguiente, cuadra armonizar el derecho a una justa retribución (art. 14 bis Const. Nac.), con el de propiedad (art.17 Const. Nac.) y el acceso a la jurisdicción (art. 18 Const. Nac.), en procura de una solución coherente; aplicándose equitativa y razonablemente las diversas normas en juego, con el fin de alcanzar un punto de encuentro que permita conjugar los diferentes intereses en juego y no resulte excluyente (art. 28 y 33 Const. Nac; 1, 2 y 3 CCCN).
Recuerdo que la SCBA en la causa P.133138, convalidó la facultad de reducir los mínimos legales en virtud de un pronunciamiento de esta Sala en la causa 123977, sent. del 07/08/2018 "Laberre" y que el diálogo de fuentes que emerge del CCCN, y la interpretación coherente del ordenamiento jurídico, permiten concluir que los jueces pueden . (retius: deben) perforar los mínimos legales en las situaciones de excepción explicitadas, lo cual requiere una adecuada fundamentación (arts. 1, 5, 18, 28, 31, 75 inc. 12 y 126 de la Const. Nac. y 1, 3, primer párrafo, 15, 57, 160, 161 inc. 3 a, 171, 173, 184 y ccs de la Const. Pcial; 1, 2, 3 CCCN y 163, 164 y 384 CPCC) tal como surge del reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Puebla, Julio César c/EN-M Salud de la Nación -expte. 139524691/22 y otros s/amparo ley 16986, del 20/08/2026.
2.5. En función de todo lo expuesto, siendo que el monto del juicio -ejecución de honorarios interpuesta el 14/04/2026 - utilizado por el sentenciante es de $355.215, equivalente a 4,73 Jus al día en que se trabó la cautelar, que llega sin cuestionamiento, y que la labor profesional no obstante su encuadre normativo en el artículo 34 de la ley 14.967 y no en el 41 del mismo cuerpo legal, a tenor de lo resuelto por esta Alzada el 23/06/2026 en cuanto a que su labor profesional en pos de obtener el cobro de sus estipendios fue de utilidad aunque no transitó todas las etapas sino que por el contrario, a poco de iniciada, el 28/04/2026 se ordenó a la entidad bancaria transferir la suma reclamada por ese concepto (ver constancia del 28/04/2026 ), y teniendo en cuenta los precedentes de la Sala citados anteriormente con relación a la aplicación del art. 22, ley 14967, y sobre aquellos argumentos, no encuentro mérito para apartarme de la regulación fijada en la instancia previa.
Consecuentemente, voto POR LA AFIMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo que en supuestos como el de autos vengo sosteniendo, voto tras voto, la misma posición en disidencia con la postura de mi distinguido colega. Ello no ha logrado modificar el resultado pues, integrada la sala con el Sr. Presidente, éste apoya la posición del Dr. Sosa Aubone (ver mi voto en las causas 136881, 141479, 140629 e.o.)
Por tal razón, carece de sentido, con la actual composición de esta Cámara, reiterar tal posición, generando la convocatoria al Sr. Presidente para obtener un resultado que se anticipa adverso. Opto entonces por una solución que considero más apropiada para agilizar el proceso y evitar injustificado dispendio de recursos.
Por ello, dejando a salvo mi parecer, adhiero al voto del Dr. Sosa Aubone. y en consecuencia, también voto POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, confirmar la apelada resolución del 13/08/2026 en lo que fue materia de recurso y agravios. Postulo que las costas de Alzada se impongan al apelante que reviste objetiva condición de vencido (arts. 68, 69 CPCC).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos se confirma la apelada resolución del 13/08/2026 en lo que fuera materia de recurso y agravios. Costas de Alzada al apelante. REG. NOT y DEV.
Fin de la sentencia