Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 142229
En la ciudad de La Plata, a los 15 días del mes de Septiembre de 2026, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "MURUA SEBASTIAN C/ DESPEGAR.COM.AR S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)" (causa: 142229), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la apelada sentencia del 28 de noviembre de 2025?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. Antecedentes.
El fallo encuadró el vínculo como relación de consumo (arts. 42, Const. Nac.; 1, 2, 3 y 40, ley 24.240; 1092 y ss., CCCN); rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Despegar, por integrar ésta -como intermediaria- la cadena de comercialización del servicio; tuvo por acreditada la infracción a los deberes de información y de trato digno (arts. 4 y 8 bis, ley 24.240), en tanto el voucher emitido por la demandada sólo consignaba "Cobertura parcial por Daños y/o Robo" sin indicar la existencia ni el monto de una franquicia, y el contrato y la liquidación entregados en destino estaban redactados en inglés y en portugués. Sobre esa base extendió la responsabilidad a la tercera citada, Alamo Rent a Car, que no contestó la citación (art. 354 inc. 1, CPCC).
En cuanto a los rubros: a) rechazó el reintegro del precio del alquiler ($ 16.575), por haber sido íntegramente utilizado el servicio (art. 10, CCCN); b) admitió la restitución de lo debitado en concepto de franquicia por el siniestro sufrido en destino, U$S 603,52 (art. 765, CCCN, texto según DNU 70/2023); c) fijó el daño moral en $ 1.500.000 a valores de la sentencia (arts. 1737, 1741, CCCN; 165, CPCC); y d) impuso una multa civil de $ 2.000.000 en concepto de daño punitivo (art. 52 bis, ley 24.240), computando en su graduación la sanción aplicada a la demandada por el Juzgado de Faltas n° 2 de La Plata por el mismo hecho (expte. JDC-10823122018). Dispuso intereses a la tasa pura del 6% anual desde el 27/1/2018 hasta la sentencia y, desde allí, la tasa pasiva plazo fijo digital a 30 días del Banco de la Provincia de Buenos Aires (SCBA, "Vera", "Nidera", "Ponce", "Ginossi", "Cabrera"), con la salvedad de que los réditos sobre la multa civil corren recién desde el incumplimiento del plazo de pago fijado, una vez firme el fallo. Impuso las costas a la demandada y a la tercera citada (arts. 68 y 69, CPCC) y difirió la regulación de honorarios.
1.2. El recurso. Apeló únicamente la demandada (9/12/2025, con el depósito previo correspondiente; recurso concedido el 11/12/2025), quien expresó agravios el 1/7/2026 en siete capítulos. El traslado no fue contestado por la parte actora. Ni el actor ni la tercera citada recurrieron la sentencia, por lo que el rechazo del rubro "reintegro del precio del alquiler" y la extensión de la condena a Alamo Rent a Car han quedado firmes (arts. 242, 260 y 266, CPCC).
1.3. Fiscal. Se expidió el señor Fiscal de Cámara el 3/8/2026, quien propició la confirmación de la sentencia apelada (art. 52, ley 24.240; 27, ley 13.133).
1.4. Autos para sentencia. Se dictó la providencia de "autos para sentencia" (6/8/2026), la que se encuentra firme (consintió el 18/8/2026). El plazo para dictar sentencia vence el 2/11/2026.
II. Los agravios.
La demandada solicita, en definitiva, la revocación de la sentencia. Expresa agravios, que pueden sintetizarse así:
2.1. El rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva y la atribución de responsabilidad, con invocación de su carácter de mera intermediaria (art. 14, dec. 2182/72; art. 1, ley 18.829). Sostiene que cumplió acabadamente con las obligaciones que le impone la ley 18.829 (intermediación en la reserva o locación de servicios de transporte en el extranjero, art. 1), pues coordinó y emitió correctamente la reserva; que en el voucher prepago se informó de manera clara y resaltada que el servicio incluía "Cobertura parcial por Daños y/o Robo"; que el contrato de locación (n° 15135779) fue celebrado en forma directa y autónoma entre el actor y Alamo en Río de Janeiro, instrumento del que Despegar es un tercero ajeno; que cuestiones tales como las pólizas de seguro de la flota de la rentadora, el idioma de sus formularios en destino o el monto de los deducibles exceden su esfera de conocimiento e injerencia; que, ocurrido el siniestro en Búzios, desplegó una conducta diligente y servicial, acreditada por la pericia informática del 5/3/2025 (Lic. Correa), abriendo un reclamo por "cobro indebido", interpelando a Alamo mediante correos de marzo y abril de 2018 y transmitiendo al actor la respuesta del proveedor el 2/5/2018; que el siniestro y sus contratiempos configuran un hecho de la naturaleza o de un tercero ajeno a Despegar; que el cargo de U$S 603,52 no fue un cobro arbitrario suyo sino la aplicación de la franquicia (U$S 1.333,33) dispuesta por Alamo; y que es improcedente imputarle un incumplimiento del deber de información por no haber detallado los límites de una franquicia que no conocía ni debía conocer (primer agravio).
2.2. La supuesta infracción al deber de información del art. 4 de la ley 24.240, sosteniendo que la pericia informática del 5/3/2025 acreditó que su sistema "Fénix" despachó correctamente el voucher con la leyenda "Cobertura parcial por Daños y/o Robo", suficiente a su juicio, y que el idioma de los formularios y el monto de la franquicia son ajenos a su esfera. Alega que la calificación “parcial” cubre perfectamente el estándar exigido por el art. 4 precitado y sostiene que determinar la franquicia es una obligación de imposible ejecución (segundo agravio).
2.3. La procedencia y cuantía del daño moral, por falta de prueba del menoscabo espiritual y por resultar excesiva la suma fijada ($ 1.500.000, veinticinco veces la suma reclamada en la demanda) e improcedente la adición de intereses desde la fecha del siniestro frente a una suma fijada a valores actuales (tercer agravio).
2.4. La aplicación del DNU 70/2023 (art. 765, CCCN) a la condena en dólares, por tratarse -alega- de una aplicación retroactiva a hechos de 2017/2018, reclamando conservar la facultad de liberarse en pesos al cambio oficial.
2.5. La procedencia y cuantía de la multa civil del art. 52 bis, invocando su carácter excepcional, la falta de dolo o culpa grave y de culpa lucrativa, por haber actuado diligentemente como intermediaria y por lo desproporcionado de la multa (quinto y sexto agravio).
2.6. La imposición de costas (séptimo agravio).
III. Cuestiones no controvertidas.
IV. Tratamiento de los agravios.
4.1. Suficiencia. La pieza recursiva contiene, en su capítulo de costas (punto 2.8), un párrafo ajeno a toda argumentación procesal ("Con estas modificaciones, el escrito queda perfectamente alineado formalmente, con la numeración corregida y blindado contra cualquier observación que exponga el uso de fórmulas o plantillas ajenas a la jurisdicción de La Plata.") , que evidencia falta de revisión del escrito presentado.
Sin perjuicio de ello, la pieza recursiva reitera en gran medida los argumentos de la contestación de demanda, individualiza los segmentos del fallo que cuestiona y expone las razones por las que los estima erróneos, lo que satisface el umbral mínimo del art. 260 del CPCC. El criterio para juzgar la suficiencia de la expresión de agravios debe ser amplio, en resguardo de la garantía de la doble instancia (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.), reservándose la deserción para los supuestos de total ausencia de crítica concreta (arts. 260, 261 y 384, CPCC; esta Sala, causa 121.377, 14/7/2026, "Córdoba c/Asatej"). Corresponde, pues, ingresar al tratamiento sustancial del recurso, sin perjuicio de la incidencia que la escasa robustez de algunos de sus capítulos tendrá en su suerte.
4.2. La responsabilidad de Despegar. La falta de legitimación pasiva (primer agravio).
4.2.1. El planteo reedita la tesis de la "mera intermediación" con apoyo en el art. 14 del decreto 2182/72, reglamentario de la ley 18.829. Como lo ha señalado esta Sala en la causa 121.377, del 14/7/2026, “Córdoba”, dicha norma exime de responsabilidad a la agencia que actúa como intermediaria entre el prestador y el usuario únicamente cuando no media dolo, culpa o negligencia en su gestión, extremo que en el caso se encuentra desvirtuado: fue la propia demandada quien debió -y pudo- determinar el alcance de la cobertura ya que ello hace al costo del servicio. De modo que, aun aceptando -a todo evento- que Despegar actuó en el caso como intermediaria, el resultado no varía si se verifica una negligencia propia en su gestión. Y ello es lo que ocurre en autos, e involucra además el incumplimiento del deber de información veraz, detallada y eficaz que pesa sobre todo proveedor en una relación de consumo (arts. 3, 4, 19 y 53, ley 24.240; art. 42, Constitución Nacional; 1100 y 1725, CCCN).
4.2.2. Tengo presente, tal como lo ha sostenido esta Sala (causa 131.369, 18/8/2022, "Solis c/Despegar"), que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y obligan a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor (arts. 9, 961, 1061 y 1725, CCCN); que las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor (art. 1094, CCCN), adoptándose en caso de duda la solución menos gravosa para éste (arts. 1095, CCCN; 3 y 37, ley 24.240); que los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno (arts. 1097, CCCN; 8 bis, ley 24.240); y que pesa sobre ellos el deber de suministrar información cierta, clara y detallada sobre las características esenciales del servicio y las condiciones de su comercialización, proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión (arts. 4, ley 24.240; 1100, CCCN), máxime en contratos de adhesión, donde las clausulas deben estar redactadas en forma clara, completa y fácilmente legible (art. 985, CCCN), y las ambiguas se interpretan en sentido contrario al predisponente (art. 987, CCCN). A ello se agrega que la contratación con las demandadas denota la presencia de contratos conexos, esto es contratos autónomos que se hallan vinculados entre sí por una finalidad económica común, ya que la actividad desplegada por la rentadora de autos “Alamo” hace a la finalidad económica común y propia de “Despegar” en orden a la venta de paquetes turísticos (art. 1073, CCCN). Todo ello viene impuesto por los arts. 42 de la Constitución Nacional y 38 de la Constitución provincial.
4.2.3. La demandada comercializó, a través de su plataforma y bajo su propia marca, un alquiler de vehículo en el exterior con "seguro incluido", que describió en el voucher que ella misma emitió como "Cobertura parcial por Daños y/o Robo". Esa fórmula es, por sí sola, insuficiente para que un consumidor medio comprenda el alcance de su exposición patrimonial en caso de siniestro: no dice en qué consiste la parcialidad de la cobertura, ni que existe un deducible a cargo del conductor, ni cuál es su monto. Que la cobertura fuera parcial y que el conductor debiera asumir hasta U$S 1.333,33 por cada siniestro -cifra que supera holgadamente el precio total del alquiler (U$S 939,50 según el propio voucher)- constituye una condición esencial de la contratación y no un dato accesorio o "ajeno" a la intermediación, como postula la recurrente. Es precisamente el tipo de información que el art. 4 de la ley 24.240 y el art. 1100 del CCCN exigen suministrar en forma cierta, clara y detallada en la etapa precontractual, pues integra la estructura del consentimiento y permite al consumidor decidir si contrata, si amplía la cobertura o si busca otra alternativa. La existencia de una franquicia y su extensión hace al costo del seguro, y por ello es un elemento que se puede perfectamente definir al inicio de la contratación, por lo que su determinación no es de cumplimiento imposible. La agencia de viajes que vende un servicio con una condición relevante (”cobertura parcial”) expresada de modo incomprensible para el pasajero, cuando ello pudo ser razonablemente informado incurre en negligencia propia y en violación del deber de información (arts. 4, ley 24.240; 9, 961, 985, 987, 1092, 1093, 1094, 1095, 1100 y 1725, CCCN).
4.2.4. La recurrente insiste en que el monto de la franquicia excedía su esfera de conocimiento. El argumento, lejos de eximirla, la compromete. Los correos electrónicos que ella misma acompañó y cuya autenticidad corroboró la pericia informática muestran que, ya producido el reclamo, Despegar debió preguntar a la rentadora "¿Hasta qué importe cubre nuestra franquicia el accidente?" y que sólo el 20/4/2018 tomó conocimiento del deducible aplicable. Un proveedor profesional que ofrece al público un producto compuesto (viaje, alquiler de un auto más un seguro), cobra su precio y lo describe en su propio instrumento, tiene el deber de conocer las condiciones esenciales de lo que vende (arts. 1725, CCCN; 2, ley 24.240): no puede ampararse en su propia ignorancia para justificar la omisión de informar. Cuando la recurrente argumenta en orden a que no puede informar lo que no sabe, introduce un argumento que debilita su postura defensiva, ya que más que una defensa es la confesión de una gestión negligente al entender que no podía informar algo que un proveedor diligente debería poder.
4.2.5. A mayor abundamiento, la responsabilidad de Despegar encuentra sustento concurrente en el art. 40 de la ley 24.240, norma que el fallo aplicó y que la recurrente no rebate en concreto. La agencia integra la cadena de comercialización del servicio turístico -fue quien lo ofreció, lo facturó, percibió el precio y lo liquidó luego a la rentadora, según la pericia contable-, y en tal carácter responde solidariamente frente al consumidor por los daños derivados de la prestación defectuosa del servicio, sin perjuicio de las acciones de regreso que pudieran corresponderle contra la rentadora. Sólo se libera quien demuestra que la causa del daño le ha sido ajena, y en el caso la causa del perjuicio -el desconocimiento por el consumidor de una franquicia no informada- no es ajena a Despegar sino que reconoce su origen en la propia información deficiente de su plataforma. El argumento de que el importe de la franquicia "ingresó en las arcas de Alamo" es inconducente: la responsabilidad que se le atribuye no deriva de haber percibido esa suma, sino del incumplimiento de los deberes de diligencia e información propios de su posición de proveedora profesional (arts. 3, 4, 40 y 65, ley 24.240; 9, 10, 12, 961, 1092, 1093, 1094, 1095 y 1100, CCCN; esta Sala, causa 121.377, cit.).
Sin perjuicio de la suficiencia del art. 40 precitado, tratándose de contratos conexos, el incumplimiento de “Alamo” le es oponible a “Despegar”, lo cual refuerza la condena impuesta (arts. 1073, 1074 y 1075, CCCN).
4.2.6. La prueba testimonial producida el 11/8/2025 confirma este cuadro. Los testigos Marta Isabel Palhao y Gabriel Adrián Milillo -acompañantes del actor en el viaje- coincidieron en que la contratación se hizo "todo por despegar", que el contrato de la rentadora estaba redactado en inglés y que, ocurrido el siniestro, el actor debió trasladarse desde Búzios a Río de Janeiro por no haber allí oficinas de Alamo, abonando finalmente el cargo por los daños. Las discordancias que la demandada podría invocar -Milillo ubica la contratación del auto "en el aeropuerto" el día posterior al viaje y menciona un "Chevrolet Spin" en lugar del Fiat Doblo del voucher- no alteran los hechos decisivos, que están documentados (voucher, contrato, correos, informe bancario, pericias) y no dependen del recuerdo de los testigos sobre detalles accesorios; a lo sumo confirman que la información sobre el vehículo y sus condiciones tampoco fue clara para quienes acompañaban al consumidor (arts. 384 y 456, CPCC).
4.2.7. Las gestiones posteriores al siniestro, que la recurrente califica de "serviciales y diligentes", no modifican la conclusión. Sin desconocer que Despegar cursó consultas a la rentadora y mantuvo comunicaciones con el actor, lo cierto es que: a) esas gestiones son posteriores al incumplimiento del deber de información, que ya se había consumado al contratar; b) insumieron más de tres meses (del 27/1/2018 al 2/5/2018) sin que el consumidor, que se hallaba en el exterior al producirse el hecho, recibiera asistencia útil alguna durante la locación; y c) concluyeron en el mero traslado al consumidor de la postura del proveedor, esto es, en la confirmación de que debía soportar el cargo. Como lo ha señalado esta Sala en supuestos análogos, la conducta que se limita a transferir el problema al pasajero no es admisible (esta Sala, causa 132.139, "L. M. c/Despegar"; causa 131.369, cit.). La diligencia en el trámite del reclamo es, en todo caso, un dato relevante para la graduación de la multa civil -a lo que me referiré infra-, no para excluir la responsabilidad.
4.2.8. Tampoco es eficaz la invocación de los "Términos y Condiciones" según los cuales Despegar "no tiene injerencia" en las políticas de cada proveedor. Se trata de cláusulas predispuestas que desnaturalizan las obligacione
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