Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 142424
Causa N° 142424; Juz. N° 20
TORRES ERNESTO C/ CAJA DE SEGUROS S.A Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) -DIGITAL- SUMARISIMO
Sala III
En la ciudad de La Plata, siendo primero de Junio de 2026, reunidos en acuerdo ordinario la señora juez de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctora Laura Marta Larumbe y el señor Presidente Francisco Agustín Hankovits, por integración de la Sala Tercera, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “TORRES ERNESTO C/ CAJA DE SEGUROS S.A Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) -DIGITAL- SUMARISIMO", (causa nº 142424), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Larumbe.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Se ajusta a derecho el apelado decisorio dictado el 18 de febrero del corriente año ?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
1. En la sentencia aludida, la Sra. Juez de la instancia precedente, desestimó las excepciones de incompetencia y falta de personería opuestas por Caja de Seguros SA., con costas e hizo lugar a la de prescripción planteada por ambas demandadas, con lo cual rechazó la demanda interpuesta por Ernesto Torres contra Sancor Salud Cooperativa Limitada y Caja de Seguros SA., con costas al actor; difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad correspondiente.
La misma fue apelada por el Sr. Torres, quien expresó agravios el 6 de marzo, con réplica de las aseguradoras del día 10 del mismo mes y año calendario. El 7 de abril el Sr. Fiscal de Cámara contestó la vista oportunamente conferida.
2. En síntesis que se formula, el actor busca revertir la sentencia que rechazó su demanda por prescripción, tras aplicarse el plazo de 1 año previsto en la Ley de Seguros.
Luego de realizar un raconto de los hechos propuestos a debate, entiende que el plazo aplicable es el plazo genérico de 5 años del Código Civil y Comercial (Art. 2.560), entendiéndolo como un "piso mínimo de tutela" que las leyes especiales no pueden perforar.
Reitera que su parte nunca conoció las condiciones de la póliza ni prestó consentimiento para la cobertura de su cónyuge, cobrándose compulsivamente el mismo por recibo de sueldo (Código 500), impidiéndole al consumidor saber qué derechos tenía y cuándo empezaban a correr los plazos para reclamar. Violándose su derecho a la información.
Considera que la Juez aplicó una visión vetusta y que la prescripción corta en seguros es condenatoria de los derechos constitucionales del asegurado, invocando para tales efectos el art. 42 de la Constitución Nacional, citando doctrina y jurisprudencia que entiende aplicable a su caso.
Consecuentemente pide se revoque la decisión, se aplique el plazo de 5 años por ser la norma más favorable al consumidor y teniéndose por acreditado el incumplimiento contractual de las aseguradoras por falta de información y entrega de documentación, se haga lugar a la demanda incoada, con expresa imposición en costas.
A su turno las demandadas replicaron los mismos.
Ambas pidieron la deserción del recurso por considerar que el memorial en traslado no configura una crítica concreta y razonada del fallo.
No obstante y en subsidio los contestan, el apoderado de Sancor Seguros Cooperativa Limitada, sosteniendo que aquél dirigido a la prescripción, ni siquiera alude a lo expresado en la sentencia y a lo probado efectivamente en autos, transcribiendo aquellos párrafos del decisorio que han sido obviados por el recurrente y que desvirtúan los argumentos dirigidos a sostener por parte del quejoso la falta de conocimiento del alcance de las coberturas contratadas.
Destaca que el recurrente nada dice de los hechos que surgen acreditados de la pericia contable, que le permitieron a la Juez sostener que el actor tenía conocimiento de la cobertura contratada, que la misma incluía el adicional por cónyuge, que solicitó su cese, que el mismo se efectivizó en marzo de 2019 y que además, ya obtenido el cese laboral arribó a un acuerdo indemnizatorio en el que se estableció que nada tenía que reclamar de su mandante y que pese a ello promovió una mediación por la devolución de primas por la cobertura adicional por cónyuge tres años después de haber solicitado el cese del descuento.
Tampoco mereció reproche el decisorio al aplicar la doctrina que dimana de la Suprema Corte provincial en la causa C. 125.525, "Toscano, Jorge Luis contra Caja de Seguros S.A. Daños y perjuicios por incumplimiento contractual (Exc. Estado)" o el conteo del plazo formulado por la juez de grado.
Por su parte el apoderado de Caja de Seguros SA, despliega similares argumentos a los de Sancor Salud, afirmando que el plazo de prescripción aplicado es el correcto y se ajusta a la doctrina legal sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa “Toscano, Jorge Luis c/ Caja de Seguros S.A.”, entiende que la pretensión del recurrente carece de todo sustento jurídico.
Amén de ello reitera que el plazo de prescripción anual se encontraba objetivamente vencido al momento de iniciar la acción; que el quejoso nada dice al respecto y sin embargo dedica páginas a argumentos que resultan irrelevantes para la resolución del caso, porque el proceso fue resuelto la vía de la prescripción.
En definitiva ambas demandadas piden la deserción del recurso o su rechazo, con costas al quejoso.
3. El Sr. Fiscal de Cámara emitió su dictamen el 7/4/2026, sin desconocer la doctrina legal de la SCBA que aplica la Juez de grado para resolver sobre el plazo de prescripción, entiende que la misma contiene una interpretación regresiva que afecta derechos del consumidor y violenta el principio pro homine, implicando asimismo un valladar de acceso a la justicia por parte del actor.
4. Inicialmente señalo que, frente al expreso planteo de la parte demandada acerca de la insuficiencia técnica de la expresión de agravios de la actora, considero que el mismo no puede ser compartido. Es que como reiteradamente ha decidido esta Sala, la existencia en torno al cumplimiento de los recaudos de la expresión de agravios no debe ser tan rigurosa y estricta como para arribar a la deserción cuando exista un mínimo de ataque a la sentencia que sirva para justificar la efectiva salvaguarda del principio constitucional de defensa en juicio (arts. 18 C.N.; 260 y 261 -texto y doctrina-, C. Proc.; esta Sala, causas B-82.689, RSD. 121/96, B- 80.424, RSD 30/95; e.o.).
Con ello quiero significar que la sanción prevista por el art. 261 del código citado debe interpretarse con criterio restrictivo a fin de mantener intacta, en la medida de lo posible, la garantía constitucional de la defensa en juicio de la persona y de los derechos (art. 18 C.N.; 15 C.P.B.A.; esta Sala causas B-80.228, RSD 84/95; B-78.321 del 27-5-94; e.o.).
Bajo tales premisas y surgiendo del escrito de expresión de agravios cuestionado un mínimo ataque a la sentencia recurrida, corresponde abordar su análisis -ello con el alcance que se verá en lo que sigue-, desestimándose en consecuencia la deserción requerida.
5. Es de destacar que los agravios, se circunscriben al plazo de prescripción que en la sentencia se aplica, por lo cual y dando las necesarias razones del caso (artículos 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 3 del Código Civil y Comercial), adelanto que si mi opinión es compartida, los mismos no habrán de prosperar.
Pues, más allá de los argumentos esbozados por el recurrente en los mismos, es lo cierto que, como expresara en anteriores causas similares a la que hoy es motivo de revisión, la sentencia dictada por el Superior Tribunal Provincial en la causa C.125.525, "Toscano Jorge Luis c/Caja de Seguros S.A. s/Daños y Perj. Incump. Contractual (Exc. Estado)" , marca un antes y un después en el criterio mantenido por esta Sala en torno al tema.
En efecto, con anterioridad a dicha sentencia, el plazo de prescripción que entendíamos aplicable a esto supuestos era aquél previsto en el artículo 2560 del Código Civil y Comercial (causas 128.304, Reg. Def. 50/21, 125.831, Reg.-Def. 61/23, 134.492, RSD.141/23; e.o.).
En el precedente aludido, en donde se privilegió la norma contenida en la ley especial, no sólo se descartó una superposición regulatoria sino también, un vedada aplicación regresiva de la ley, pues se afirmó que "...atribuir una conducta regresiva al legislador fundada únicamente en el acortamiento de plazos prescriptivos aplicables a las acciones derivadas de contratos de seguro celebrados por o en beneficio de consumidores implica una postura que se desentiende, al menos, de tres cuestiones de relevancia: el estudio de la institución de la prescripción no se agota en la regulación de los plazos; las razones dadas por los integrantes de la comisión reformadora para justificar la protección mínima en los contratos de consumo, la preservación de la coherencia del sistema, de la que no cabe excluir a la regulación especial de prescripción de las acciones judiciales derivadas del contrato de seguro y el articulado en materia de prescripción liberatoria que pretende mantener el sistema en vigencia y asociando el valor de la seguridad jurídica en ciertas relaciones al acortamiento de los plazos aplicables; y las razones que conducen al legislador a la modificación de los plazos de prescripción anidan las atinentes a la seguridad jurídica, y que se aspira a que los plazos de prescripción se acorten, por lo que no cabe suponer que el legislador haya actuado con inconsecuencia o imprevisión al dictar las leyes, por lo que éstas deben interpretarse evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y las deje a todas con valor y efecto...".
Y, como dicha doctrina legal es la que aplica la Juez de grado para resolver la contienda, la que -con acierto señalan las demandadas- no ha recibido embate concreto alguno por parte del recurrente, se concluye que los agravios no pueden ser de recibo.
Ello es así pues, aún cuando hubiera argumentos de peso al respecto, se recuerda -como ya ha dicho esta Sala en innumerables oportunidades-, que el acatamiento que los tribunales hacen a la doctrina legal responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es, procurar y mantener la unidad de la jurisprudencia, y ese propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de la Corte, insistieran en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser casadas. Ello no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de esta Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta dejar a salvo sus opiniones personales (S.C.B.A., Ac. 52.258 del 2-8-94; e.o.; conf. MORELLO-PASSI LANZA-SOSA-BERIZONCE, “Códigos”, T° III p. 502, ap. “b” y “c”; art. 161 inc. 3°, ap. “a”, Constitución Provincial; causas 116.364, RSD 22/14; 119.773, RSD 65/16; 130.200, RSD.40/22; e.o.).
Desde tales presupuestos y más allá de dejar a salvo el criterio que ha sido adoptado por esta Sala en anteriores pronunciamientos, haciendo especial incapié en los argumentos brindados en la causa 134492 del 6 de junio de 2023 a tales fines (RSD 141/23), se impone receptar la desarrollada doctrina de la Suprema Corte Provincial y en razón de ello, deben rechazarse los agravios traídos, debiéndose confirmar la sentencia apelada en aquello que fuere materia de recurso y agravios, lo que así dejo propuesto al acuerdo de mi distinguido colega de Sala (arts.260, 261, 266, 344 del Cód. Procesal; 7, 58 ley 17.418 doctrina y jurisprudencia citada).
Voto por la POSITIVA.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
1. Adhiero al voto de la Dra. Larumbe por el solo hecho del carácter autoritativo que le otorga la ley procesal (arts. 279 y 289 del CPCC) a las sentencias de la Suprema Corte Provincial.
2. No obstante lo cual he dejar salvo mi opinión discrepante en relación con la doctrina legal sentada por nuestro superior Tribunal provincial en las causas C. 125.525 “Toscano”, sentencia del 27-9-2024 y C. 125.629, “Tarcitano”, sentencia del 4-11-2025, conforme lo efectúa el Fiscal de Cámara en dictamen presentado ante este Tribunal.
Acorde dicha doctrina legal, la ley especial (art. 58 de la ley 17.418; en adelante: LS) prevalece por sobre la ley general genérica y residual (art. 2560 del Código Civil y Comercial; en adelante: CCyC). Esto es, la ley especial posee una aplicación preferente por sobre la general; ello como sólido criterio interpretativo. En consecuencia, el plazo de prescripción de las acciones del consumidor de seguro es de un (1) año).
2.A- En orden a la expuesto he de señalar que la constitucionalización del derecho privado implementada el Código Civil y Comercial de la Nación implicó un cambio de paradigma en la aplicación de dicha rama del derecho. Esto es, no se trató de una mera modificación normativa, sino que fue más allá ya que implementó una nueva forma de configurar y aplicar dicho ordenamiento jurídico. A saber, la aplicación e interpretación de las reglas se las debe ahora realizar de modo sistémico, coherente, valorativo, teológico y “pro homine”. Así claramente lo dispone la letra de los artículos 1 (aplicación) y 2 (interpretación) de dicho digesto sustancial, para lograr de ese modo una resolución razonablemente fundada (artículo 3). Bajo esas directrices legales, el juzgador ya no se puede limitar a una mera técnica de subsunción (con sus correlativos criterios ordenadores de ley especial vs. ley general; ley posterior vs. ley anterior) sino que el actual sistema de aplicación e interpretación del derecho requiere que el juez pondere; es decir, “pese” los derechos en disputa en el caso llamado a decidir, conforme las particularidades del mismo. De este modo se cumple con el mandato legal impuesto por los dispositivos normativos citados.
En efecto, como sostienen A. A. Grajales y N. J. Negri “… la nueva legislación constituye, en realidad, un cambio de modelo inspirado en una nueva concepción del derecho. El legislador ha querido elaborar un Código Civil y Comercial unificado, dotado de una teoría de fuentes de carácter dinámica y de nuevas pautas interpretativas para la aplicación de las leyes, con una articulación particularmente fuerte con la Constitución nacional y con los tratados de derechos humanos, también –como tronco del derecho privado- los llamados ‘microsistemas’ (leyes especiales vinculadas con dichas materias, como es el estatuto del consumidor, la ley de concurso, la ley general de sociedades, la ley de ambiente, entre otras)”. (“Interpretación y aplicación del Código Civil y Comercial –elementos para la práctica profesional- “; Ed. Astrea (2016), p. 3).
En definitiva, “El Código Civil y Comercial no se ha quedado, entonces, en la actualización de un sistema legal, sino que ha receptado una nueva matriz jurídica, distinta de la anterior en la que se tiene en cuenta una perspectiva diferente de los derechos y una nueva forma de aplicarlos, y por ende, de protegerlos, confiando esa delicada misión –reiteramos- en a la labor del juez, quien actúa con la colaboración de toda la comunidad jurídica y de la sociedad.” (autores y obra citada, p. 5).
2.B- En ese orden, el artículo 1 del CCyC determina expresamente que “Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte.” (el remarcado es propio).
2.B-1. Desde esta directriz, en lo que respecta al aspecto constitucional, se advierte que los consumidores gozan de tutela constitucional reforzada en un doble orden: tanto nacional (art. 42 de Constitución de la Nación (en adelante; CN) como también en el ámbito de nuestra Provincia (art. 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (en adelante: CPBA). De ello se colige que es aplicable al contrato de seguro la legislación tuitiva del consumidor (arts. 42, CN y 38 CPBA). Y ello conlleva además que ninguna norma, por más especial que sea, puede desplazar a las protectorias que rigen el derecho del consumidor, dada la mayor jerarquía constitucional de éstas por sobre aquella (ver Lorenzetti Ricardo Luís, Consumidores, Segunda edición actualizada, año 2009, p. 49, edit. Rubinzal - Culzoni).
En este sentido y conforme lo antes expuesto en el punto 2.A-, ya no se trata de simplemente aplicar ley especial sobre la general, sino que se ha de privilegiar la vigencia del mandato constitución ya que la ley ha de ser aplicada en consonancia con la Constitución (art. 1 citado).
2.B-2. Asimismo, en lo que refiere a la conformidad con los Tratados de derechos humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que posee jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la CN), impone en su artículo 26 la progresividad de los derechos vedando la regresividad de los mismos. Así, claramente se advierte en la materia que, fijar el plazo de prescripción de un (1) año, partiendo de que era de tres (3) años, en lugar de aplicar un término de cinco (5), es evidentemente regresivo para el colectivo de consumidores.
Además, que se justifique que porque el CCyC prevé otros plazos de prescripción más breves -algunos de los cuales importaron incluso una reducción de sus semejantes anteriores- no comporta una vedada aplicación regresiva, es una enunciación de autoridad que inaplica el art. 1094 CCyC que bajo el título “Interpretación y prelación normativa” establece que Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el del acceso sustentable.
Ciertamente, por mandato legal toda aplicación e interpretación normativa en materia de consumo debe realizarse “conforme con el principio de protección del consumidor” (art. citado).
Deviene necesario indicar que el plexo tuitivo de consumeril asume el carácter de transversal dado que, frente a una relación de consumo, expende sus efectos a los regímenes particulares que atrapan la situación jurídica específica donde se desarrolló la misma. Así, en el caso, desde el plano vertical, el estatuto del consumidor, en relación con la ley especial de seguros, posee preponderancia por sobre ésta en razón de su jerarquía constitucional (arts. 42 CN y 38 de la CPBA); y, desde una perspectiva horizontal, a partir del criterio de prelación normativa legalmente impuesto, ocurre lo mismo (art. 1094 del CCyC). ello así máxime que en la materia prescriptiva rige un criterio restrictivo.
3. La seguridad jurídica se logra con una aplicación normativa sistémica, coherente, y que vele por la tutela efectiva de los derechos (arts. 2 del CCyC y 15 de la CPBA). Los efectos concretos que se siguen de las interpretaciones normativas realizadas en la resolución de los casos son los que determinan si se ha satisfecho esos estándares constitucionales y legales. Esto es, el test de validación de una resolución judicial está dado por los resultados materiales en relación con la vigencia cierta de los derechos conforme lo impuesto por el sistema jurídico como un todo. Enunciar en la sentencia dictada que se preserva la coherencia del ordenamiento legal es una mera declaración si no se ve plasmada en su resultado material según todas las normas llamadas a resolver el litigio, principalmente las de mayor jerarquía legal.
Desde allí, no se advierte que razonablemente se garantice la constitucional tutela efectiva de los consumidores instaurada en 1994 con una ley de 1967 cuando ni siquiera en el universo jurídico se asomaba la figura del consumidor, imponiendo un plazo de prescripción corto que pareciese que estuviese
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