Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 127009
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
C. 127.009 "ALDUNCIN EGAÑA S.R.L. C/ SUCESORES DE ANTONIO OSCAR MATEOS, SUSANA MATEOS Y ANTONIO MATEOS Y SUSANA MATEOS S.H. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)"
I. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Trenque Lauquen revocó el pronunciamiento de origen que, a su turno, rechazara la acción de daños y perjuicios incoada por la firma Alducín Egaña S.R.L. contra su par Mateos Antonio Oscar y Susana Esther Mateos de Alessio S.H., admitiéndola al encontrar acreditados los extremos para su progreso (v. sentencias de fecha 14-IX-2022 y 10-IV-2023).
II. Frente a ello, el letrado apoderado de la parte accionada vencida interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce violación y errónea aplicación de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 2, 3 y 6, 164, 253, 272, 375, 384, 456 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial; 17, 18 y concs. de la Constitución nacional y 10, 15, 31, 171 y concs. de su par local. Asimismo, esgrime el vicio de absurdo (v. escrito electrónico de fecha 28-IV-2023).
III. El remedio intentado no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz de las constancias obrantes- para revocar la solución de origen y, en consecuencia, admitir la pretensión por incumplimiento contractual dijo "En concreto, que se hubieran realizado acuerdos para retirar la hacienda del campo, como lo indican los mails intercambiados entre las partes y que se encuentran glosados en la diligencia preliminar y a fs. 192/215; sólo demuestran acuerdos para disminuir las pérdidas que el incumplimiento contractual de la accionada podía generar en los actores, si las vacas o los terneros morían por falta de alimentación adecuada (ver testimonio de Pascuet min. 46:41); pero no un acuerdo que pusiera fin al diferendo existente entre ellas, ante el incumplimiento contractual de la demandada, si tal incumplimiento no quedaba saldado con la producción de la hacienda a favor de la actora como lo indica la cláusula decimoctava del contrato (ver f. 19vta.); pues en tal caso, si las pérdidas fueron mayores la actora está habilitada a reclamarlas, como lo hizo." (v. pág. 13).
Tales fundamentos, que se erigen en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logran ser conmovidos por los escuetos reproches expuestos en las págs. 2/6 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la valoración de la prueba, el alcance del contrato y el acuerdo entre las partes) se desentienden de aquellos dados por el sentenciante de grado anterior, limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para descartar este fragmento recursivo y permite, asimismo, repeler las infracciones normativas indicadas en la pág. 2 del escrito electrónico (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Tampoco puede atenderse la aducida conculcación a las garantías constitucionales que se expresan a lo largo del escrito electrónico, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del interesado -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
III.3. Finalmente, es preciso rememorar que los achaques emparentadas con la violación de las mandas contenidas en los arts. 168 y 171 de la Carta magna local (v. pág. 2 del escrito electrónico), resultan extraños al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, siendo propios de la vía nulitiva (conf. doctr. causas C. 119.528, "Ríos", resol. de 18-III-2015; C. 119.305, "Selvarolo", resol. de 27-V-2015 y C. 120.642, "Aranda", resol. de 1-VI-2016; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/10/2023 17:35:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2023 10:05:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2023 11:03:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2023 20:53:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/11/2023 14:16:22 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/11/2023 14:05:18 hs. bajo el número RR-765-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia