Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126556
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 126.556 "ONSALO MARÍA DEL CARMEN C/ BANCO INDUSTRIAL S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)"
I. La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó el fallo de origen que, a su turno, rechazara la acción de daños y perjuicios incoada por María del Carmen Onsalo contra el Banco Industrial S.A., al no encontrar reunidos los extremos legales para su progreso (v. sentencias de fecha 19-IX-2022 y 16-III-2023).
II. Frente a ello, la parte actora -a través de su letrado patrocinante- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 1725 y 1726 del Código Civil y Comercial; 5, 40 y 53 de la ley 24.240; 5 de la ley 13.133; 42 de la Constitución nacional y 38 de su par local. Asimismo, denuncia absurdo y violación de doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 22-III-2023).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz de las constancias obrantes en la especie- para confirmar el pronunciamiento de primer grado sostuvo "... he de coincidir con el magistrado de grado en que -en la especie- la accionante no ha demostrado la relación de causalidad adecuada entre el daño supuestamente sufrido (robo de sumas de dinero) y la conducta imputada a la entidad bancaria (incumplimiento del deber de seguridad), de la cual se desprenda la responsabilidad jurídica de ésta última. Es que si bien encuentro acreditado que las expresiones vertidas por la Sra. Onsalo en el área de atención al público el día 29 de octubre de 2018 de la sucursal del Banco Industrial fueron percibidas por otros clientes, usuarios y/o concurrentes al banco, ello por sí solo no basta para establecer el necesario vínculo causal con el robo perpetrado en su domicilio el 9 de noviembre de 2018." (v. págs. 14/15).
Tal fundamento, que se erige en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logra ser conmovido por los escuetos reproches expuestos en las págs. 2/12 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con el nexo de causalidad entre la operación bancaria y el ilícito, la revisión de las circunstancias fácticas del juicio y los deberes de la entidad bancaria) se han limitado a reiterar -con mayor amplitud- lo expuesto ante el órgano anterior que ha sido tratado y desechado, omitiendo atacarse de modo directo y eficiente las afirmaciones y conclusiones vertidas por la Cámara. Con tal proceder, el impugnante ha desinterpretado el contenido de lo resuelto sin realizar un ataque hábil sobre los pilares jurídicos que lo fundamentan (v. escrito electrónico de fecha 4-X-2022; conf. art. 279, cit. y doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.474, "Botta", resol. de 24-II-2016; C. 121.700, "Galli", resol. de 20-IX-2017; e. o.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para desestimar esta porción impugnativa y permite, además, descartar las infracciones legales indicadas a lo largo de la presentación (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. El mismo déficit contiene la aducida conculcación a las garantías constitucionales que se expresan en la pág. 2 del escrito electrónico, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de la interesada -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
III.3. Finalmente, no puede atenderse la alegada violación a la doctrina legal indicada en la pág. 2 de la pieza en estudio, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción, es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga ésta última no abastecida por la impugnante que conlleva a repeler este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:00:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:37:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2023 08:30:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2023 20:46:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/11/2023 14:13:23 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/11/2023 13:59:46 hs. bajo el número RR-711-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia