Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126898
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
C. 126.898 "ICEDREAM S.R.L. C/ AVEX S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)"
I. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, en el marco de un reclamo de daños y perjuicios promovido por Icedream S.R.L. contra Avex S.A., confirmó la decisión de la instancia de origen que, a su turno, hiciera lugar a la pretensión y, en consecuencia, condenara a la demandada al pago de la suma de dos millones ochocientos setenta y nueve mil novecientos ochenta pesos con setenta y siete centavos ($2.879.980,77), más intereses (v. resols. de 4-X-2022 y 26-VI-2023).
Frente a lo así resuelto, la firma accionada interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 11-VII-2023). La vía anulativa fue concedida, mientras que la restante fue desestimada con fundamento en la insuficiencia del valor del agravio (v. resol. de 31-VII-2023).
II. Con relación al recurso extraordinario de nulidad otorgado, es del caso recordar que, conforme ha resuelto este Tribunal en repetidas oportunidades, dicho carril impugnativo sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; conf. doctr. causas C. 123.417, "Morgan", resol. de 4-III-2020; C. 124.775, "Acosta", resol. de 24-VIII-2021; C. 125.254, "Ferraris", resol. de 15-VII-2022; C. 125.767, "Lasarte", resol. de 24-VIII-2022 y C. 126.299, "Barili", resol. de 9-VI-2023).
En el caso de la lectura del escrito impugnativo surge que, no obstante invocarse la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, no se han expuesto ni desarrollado agravios sustentados en el contenido normativo de tales preceptos.
Así se observa que, si bien se alega falta de fundamentación del pronunciamiento atacado y se menciona la supuesta omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, las argumentaciones traídas en sostén de la referida vía apuntan, en realidad, a controvertir el mérito de la decisión. En efecto, se aprecia que en su postulación anulatoria la parte recurrente cuestiona el modo en el que fue valorada la prueba, agraviándose de lo expuesto sobre la obligación de las partes de controlar la calidad de los productos y esgrimiendo críticas respecto de la responsabilidad empresaria atribuida (v. escrito electrónico de 11-VII-2023, apdo. VI). Tales manifestaciones se refieren, en rigor, a presuntos errores de juzgamiento, que no son propios del carril recursivo en consideración, sino del de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas C. 119.932, "Varela", resol. de 1-VII-2015; C. 120.728, "Macovoz", resol. de 29-VI-2016; C. 122.241, "Cañas", resol. de 16-V-2018; C. 124.034, "Micucci", resol. de 23-IX-2020; C. 124.005, "De Luca", resol. de 18-II-2021; C. 124.487, "Gonzalez", resol. de 29-X-2021; C. 124.154, "Perroni", resol. de 19-II-2021 y C. 126.086, "Díaz", resol. de 1-VIII-2023).
En cuanto a la denuncia de transgresión del art. 171 de la Constitución provincial, corresponde agregar que, según ha sostenido esta Corte, ella sólo se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. resol. de 26-VI-2023; conf. doctr. causas C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 123.992, "Russo", resol. de 1-XII-2020; C. 126.331, "Bustos", resol. de 1-VIII-2023 y C. 126.777, "García", resol. de 11-VIII-2023).
Finalmente, deviene pertinente indicar que, como también se ha señalado reiteradamente, resultan ajenas al ámbito de esta vía impugnativa la denuncia de arbitrariedad y las alegaciones que se esbozan referidas a la vulneración de garantías constitucionales, como las de propiedad, debido proceso y defensa en juicio que se mencionan (conf. doctr. causas C. 120.402, "Rodríguez", resol. de 2-III-2016; C. 121.186, "Ciolfi", resol. de 28-XII-2016; C. 121.765, "Unzué", resol. de 22-XI-2017; C. 122.902, "Hernández", resol. de 13-II-2019; C. 123.630, "Malin", resol. de 4-III-2020; C. 123.900, "Cabrera", resol. de 29-VII-2020; C. 125.325, "Álvarez", resol. de 10-VIII-2022 y C. 125.862, "Minervino", resol. de 29-XII-2022).
Por último, con respecto a la alegada gravedad institucional, vale recordar que se ha sostenido que tal extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose en el caso la configuración de un supuesto de las características prealudidas. En esta línea de pensamiento se ha juzgado que no cabe hacer lugar a su invocación, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia (doctr. causas C. 117.183, "Verdugo", resol. de 28-XI-2012; C. 117.402 "Municipalidad de General Madariaga", resol. de 17-IV-2013; C. 118.270, "Ramírez", resol. de 9-IV-2014; C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020 y C. 123.376, "Fernández", resol. de 31-III-2021; C. 126.171, "Ferrari", resol. de 5-IV-2023; CSJN Fallos: 303:221), resultando inconducentes los motivos brindados por el impugnante.
En tales condiciones, cabe concluir que la vía extraordinaria de nulidad ha sido mal otorgada (art. 296, CPCC). Se impone, asimismo, reputarla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; conf. doctr. causas C. 121.635, "Rodríguez Vigo", resol. de 28-VI-2017; C. 121.913, "Portela", resol. de 4-IV-2018; C. 123.725, "Vera", resol. de 11-V-2020 y C. 126.199, "Lucero", resol. de 1-VIII-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/03/2024 12:24:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/03/2024 13:11:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2024 10:03:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2024 16:03:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 11:37:45 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:42:55 hs. bajo el número RR-202-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia