Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 127693
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para continuar interviniendo en estas actuaciones -en los términos en que ha quedado entablada la contienda y atento al estado de la causa- al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°12 del Departamento Judicial de Mar del Plata.
C. 127.693 "ROBLES SERVÍN ROSSANNA MABEL C/ JUEGOS DE LA COSTA S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)"
I. La señora Rossanna Mabel Robles Servín -con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- promovió, el 6 de septiembre de 2023 y ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°12 del Departamento Judicial de Mar del Plata, demanda por los daños y perjuicios derivados del accidente ocurrido el día 20 de noviembre de 2022, en el local de juegos "Family Park" ubicado en la localidad de Santa Teresita, partido de la Costa. Relató que, en oportunidad de caer de la atracción denominada Toro Loco, sufrió heridas que desencadenaron la amputación de la falange distal del dedo anular de su mano izquierda. Accionó contra Juegos de la Costa S.A. o quien resulte civilmente responsable. Asimismo, citó en garantía a San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, con domicilio legal en la provincia de Santa Fe. En torno a la competencia -punto VIII- manifestó que resulta del domicilio de la aseguradora, ubicado en Mar del Plata, en el que se celebró el contrato de seguro con la demandada. Solicitó que se encuadre el presente en la ley 24.240 de Defensa del Consumidor y en las disposiciones correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación (v. Sist. Augusta, trámite: "Demanda-se presenta", de fecha 6-IX-2023 y PDF adjs.).
Seguidamente -sin perjuicio de lo dictaminado por el señor Fiscal- (v. trámite: "Agente Fiscal-presenta dictamen", de fecha 13-IX-2023), el juez se declaró incompetente para intervenir. Argumentó para ello que constató la existencia de oficinas de la compañía aseguradora en la ciudad de Dolores, además de las denunciadas por la accionante en la ciudad de Mar del Plata. Agregó que el domicilio de la demandada se ubica en Santa Teresita y concluyó que los autos debían tramitar ante el Departamento Judicial de Dolores a cuya Receptoría General de Expedientes remitió las actuaciones, a efectos del sorteo de rigor (v. trámite: "Proveído", de fecha 19-X-2023).
El órgano del mismo fuero y grado n°2 de Dolores que resultó desinsaculado (v. trámite: "Receptoría-oficio de respuesta", de fecha 7-XI-2023), previa vista al señor agente fiscal, tampoco aceptó la atribución endilgada. Ello, al entender que no corresponde el apartamiento del juzgado de origen en forma oficiosa, toda vez que las presentes se encuentran comprendidas dentro de las materias de su competencia, vedando -con esa postura- la prórroga de jurisdicción reglada para las cuestiones patrimoniales. Adicionó que, corresponde la aplicación de la ley 24.240 -modificada por la ley 26.631- por ser el actor consumidor y haber optado por incoar el presente en el Departamento Judicial de Mar del Plata, donde la citada en garantía posee oficinas, situación contemplada en la ley de mención. Finalmente, atento a la contienda de competencia negativa suscitada, elevó los autos a esta Corte (v. trámites: "Escrito electrónico", de fecha 27-XI-2023 e "Interlocutorio (concluye la causa)", de fecha 28-XII-2023).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2. Const. prov.).
II. Este Tribunal ha sostenido que la normativa concreta relativa a las relaciones de consumo no constituye una mera regulación de determinado ámbito de las relaciones jurídicas, como tantas otras. Es eso y mucho más. La preocupación del legislador -signada por la clarísima previsión del art. 42 de la Constitución nacional y la correlativa contenida en el art. 38 de la Constitución provincial- radica en obtener la efectividad en la protección del consumidor. El principio protectorio como norma fundante es cimiento que atraviesa todo el orden jurídico. El propio art. 1 de la ley 24.240, texto ley 26.361, así lo expresa terminantemente: "la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario" (causas C. 117.760, "G., A. C.", sent. de 1-IV-2015; C. 122.162, "Ianni", resol. de 15-VIII-2018 y C. 125.280, "Pilman S.A.", resol. de 24-V-2022).
En el presente caso y en los términos en que ha sido trabada la contienda de competencia, no se encuentra discutido -por los magistrados intervinientes- el encuadre jurídico de la presente acción en el marco de la ley 24.240, conforme lo solicitado por la accionante. Y en ese sentido, cabe señalar que, tratándose de acciones iniciadas por un sujeto tutelado por la citada ley de Defensa del Consumidor, razones de conveniencia práctica y economía procesal lo habilitan a optar sobre un abanico de posibilidades en cuanto al juez ante quién deducir su pretensión (arg. arts. 36, últ. pte., ley 24.240 y 5 inc. 3 CPCC).
En uso de tal atribución, se desprende del escrito postulatorio que la propia actora -como consumidora- eligió iniciar la demanda ante el juez de lugar donde presuntamente la citada en garantía -San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales- posee oficinas y se firmó el contrato de seguro en cuestión (v. trámite: "Demanda-se presenta", de fecha 6-IX-223 y PDF. adjs., puntos III y VIII).
De allí que, en este estadio procesal y sin perjuicio de lo que más adelante pueda incorporarse a la causa, la declaración oficiosa de incompetencia resulta prematura y desvirtúa el fin de esta norma de orden público, tendiente a la protección de los derechos de los consumidores. Corresponde -en consecuencia- devolver las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n °12 del Departamento Judicial de Mar del Plata para que continúe interviniendo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para continuar interviniendo en estas actuaciones -en los términos en que ha quedado entablada la contienda y atento al estado de la causa- al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°12 del Departamento Judicial de Mar del Plata.
Regístrese y hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía correspondiente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/06/2024 12:13:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/06/2024 20:48:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/07/2024 15:54:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2024 16:44:03 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2024 11:40:00 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/08/2024 13:00:50 hs. bajo el número RR-524-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia