Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 125090
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 125.090 "KUJARECHEN RICARDO MIGUEL Y OTROS C/ EMPRESA DISTRUBUIDORA SUR S.A. (EDESUR S.A.) S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)"
I. El apoderado de la accionada, Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR S.A.), deduce recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que hizo lugar -parcialmente- al de inaplicabilidad de ley interpuesto por la entidad. En consecuencia, por un lado, estableció el modo en que deben computarse los intereses y, por el otro -en lo que corresponde destacar- confirmó el progreso de los rubros incapacidad sobreviniente y gastos de atención médica de Juan Agustín Kujarechen, así como también el de daño moral a favor de sus progenitores (v. sent. de 1-VIII-2023, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 16-VIII-2023 y su archivo adjunto identificado como "INTERPONE...PDF").
En el caso, conforme fuera dispuesto por este Tribunal en su sentencia de fecha 11 de agosto de 2020, la Cámara interviniente -con nueva integración- modificó la cuantía de los rubros indemnizatorios estimados en el fallo de primera instancia y determinó los intereses a aplicar (v. sents. de 25-X-2015 y 20-V-2021).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, debido proceso, igualdad y razonabilidad (arts. 16, 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 4, 15, 17/18, 20 y 26/27, adjunto "INTERPONE...PDF" cit.).
II.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria, no constituye una derivación razonada del derecho aplicable con las circunstancias comprobadas del expediente y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte apartándose de las constancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -erróneamente, según su modo de ver- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que, en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 300:362; 325:1511; 326:3734; 327:5438; 330:4983; 315:29; 326:3142; 316:2894; 334:1821; 340:1185; 344:672, entre otros), en particular la causa "Rey c/ Rocha" (Fallos: 112:384).
En tal sentido, aduce que la decisión objetada omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce- referidos a las normas aplicables -puntualmente cuestiona que la Cámara haya declarado la inconstitucionalidad del art. 1.078 de Código Civil-, las circunstancias fácticas y las pruebas del litigio. Insiste en que resulta inadmisible el rubro daño moral a favor de los padres, por las lesiones padecidas por el damnificado directo del hecho ilícito. Reitera que son desproporcionados, tanto el porcentaje de incapacidad establecido, como los montos reconocidos por esa parcela. Y que no corresponde indemnización alguna por gastos de atención médica, traslados y colaterales.
Asevera, finalmente, que los agravios vertidos eran suficientes para acreditar que el Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa y, en consecuencia, refutar las razones dadas por la Cámara y demostrar el absurdo de su fallo (v. págs. 18/30, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 23-VIII-2023), el mismo fue contestado por la parte actora (v. escrito electrónico de fecha 6-IX-2023 y su archivo adjunto).
IV.1. En relación al remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
Al respecto, debe señalarse que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local (en el caso, se controvierte la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias y la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
De allí que, en el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
Por otro lado, si bien en el caso se puso en tela de juicio la validez constitucional del art. 1.078 del Código Civil derogado y la sentencia del Tribunal de Alzada declaró su inconstitucionalidad, lo cierto es que el pronunciamiento de este Tribunal descartó el agravio traído en la vía local, por considerarlo insuficientemente fundado (art. 279, CPCCBA; v. pto. IV.1.c.ii., de la sent. en crisis). Y en tal sentido, el Máximo Tribunal nacional tiene dicho que si el recurso extraordinario local de inaplicabilidad de ley fue desestimado por la Suprema Corte provincial por no haberse cumplido con el requisito de fundamentación -en los términos del art. 279 del Código Procesal local- y el remedio federal tiene por base argumentos que también habían sido vertidos en aquél, la parte frustró -por una causa sólo a ella imputable- una vía que estimó apta para reparar el gravamen invocado, circunstancia que determina la inadmisibilidad del recurso extraordinario federal intentado también en lo que hace a dicha parcela (arg. art. 14, inc. 1, ley 48; Fallos: 308:389; 329:4356 y 335:519: e. o.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad denunciada, basada en las causales de falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el interesado se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto al fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con el criterio tomado por este Tribunal para descartar el recurso de inaplicabilidad de ley intentado. En efecto, reitera -en sustento de su postura- los cuestionamientos expuestos en el referido remedio local, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 8/17 del trámite "RECURSO EXTRAORDINARIO-INTERPONE" de fecha 8-VI-2021, págs. 18/30 del adjunto "INTERPONE...PDF" cit. y sent. en crisis cit.).
IV.3. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 16, 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 4, 15, 17/18, 20 y 26/27, adjunto "INTERPONE...PDF" cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, en particular la doctrina derivada de la causa "Rey c/ Rocha", no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 123.818, "Metalúrgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 123.501, "Gutiérrez", resol. de 18-II-2021; C. 124.002, "Casanovas", resol. de 19-IV-2021, C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; C. 122.580, "Cedraschi", resol. de 23-IX-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodríguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.510, "Italcred S.A.", resol. de 5-IV-2023, C. 125.785, "Suárez", resol. de 1-VIII-2023; C. 125.691, "Labarthe", resol. de 29-IX-2023; entre otros).
IV.4. Resta agregar que tampoco se advierte un arbitrario apartamiento de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citados por el recurrente (v. págs. 21/24, adjunto "INTERPONE...PDF" cit.), toda vez que, conforme se explicó en el segundo párrafo del punto IV.1. que antecede, las circunstancias allí juzgadas difieren de lo decidido por este Tribunal en la etapa extraordinaria.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/04/2024 18:47:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 08:58:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/04/2024 11:49:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/04/2024 18:50:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/05/2024 09:05:27 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/05/2024 10:48:38 hs. bajo el número RR-263-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia