Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126418
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 126.418 "BUSTAMANTE VALERIA GABRIELA C/ PROVINCIA SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)"
I. La parte actora deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC; v. resol. de 11-VIII-2023, trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 31-VIII-2023 y su segundo archivo adjunto identificado como "BUSTAMANTE+interpone...").
En el caso, la Cámara interviniente revocó el fallo de primera instancia, haciendo lugar a la defensa de ausencia de cobertura planteada por la aseguradora y, en consecuencia, rechazó la pretensión de daños y perjuicios incoada por Valeria Gabriela Bustamante contra Provincia Seguros S.A. (v. sents. de fechas 16-VI-2022 y 16-II-2023).
II.1. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, en la violación de las garantías constitucionales de protección a los consumidores y usuarios, propiedad, defensa en juicio, legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, así como en la vulneración de los principios de congruencia y razonabilidad (arts. 1, 4, 14 bis, 14, 16, 17, 18, 28 y 42, Const. nac.; v. págs. 2/6, 8/13, 26/28, 30/32 y 35/38, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la resolución en crisis resulta arbitraria, no constituye una derivación razonada del derecho aplicable con las circunstancias comprobadas del expediente y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte apartándose de las constancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -dogmáticamente- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que, en tanto se vulnera -de esta manera- la ley 24.240 y las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 291:382; 292:254; 293:176; 209:72; 292:503; 324:4307, entre otros).
En tal sentido, aduce que la decisión objetada omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproduce- referidos a la errónea aplicación de la normativa de seguros por sobre la ley de defensa del consumidor y el análisis de las circunstancias fácticas y las pruebas del litigio. Insiste en que la accionada no actuó de buena fe y faltó al deber de información que, como prestador de un servicio en materia de consumo, le cabe. Y asevera que dichos agravios resultaban suficientes para acreditar que el voto del Tribunal de Alzada -que integró la mayoría- realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa y así refutar las razones dadas por la Cámara, demostrar el absurdo de su fallo y la violación de la doctrina legal invocada (v. págs. 6/9 y 23/39, adjunto cit.).
II.3. Arguye, finalmente, que el caso de marras conforma un supuesto de gravedad institucional, desde que el pronunciamiento de esta Corte excede el interés de las partes y atañe a la colectividad, pues incide en las relaciones de consumo y el modo en que ellas deben ser concebidas a la luz de la normativa que rige la materia (v. págs. 9/10 y 12, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 6-IX-2023), el mismo fue contestado por el apoderado de la entidad accionada (v. trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-CONTESTA TRASLADO", de fecha 25-IX-2023).
IV.1. Respecto al remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, se controvierte la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias, así como la aplicación de las leyes 17.418 y 24.240, y la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827 ), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por la impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que la interesada se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con el criterio tomado por este Tribunal para descartar el recurso de inaplicabilidad de ley intentado, alegando que se ha incurrido en un supuesto de dogmatismo. En efecto, reitera -en sustento de su postura- los cuestionamientos expuestos en el referido remedio local, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 16/25 del trámite "RECURSO EXTRAORDINARIO-INTERPONE" de fecha 7-III-2023, págs. 23/39 del adjunto cit. y resol. en crisis cit.).
IV.3. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 1, 4, 14 bis, 14, 16, 17, 18, 28 y 42, Const. nac.; v. págs. 2/6, 8, 11/13, 26/28, 30/32 y 35/38, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalúrgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 123.501, "Gutiérrez", resol. de 18-II-2021; C. 124.002, "Casanovas", resol. de 19-IV-2021, C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; C. 122.580, "Cedraschi", resol. de 23-IX-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodríguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.510, "Italcred S.A.", resol. de 5-IV-2023, entre otros).
IV.4. Resta agregar que tampoco se observan motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida sobre la base de la doctrina de la gravedad institucional. Independientemente de tratarse de un resorte hábil solamente para sortear aspectos formales, más no para suplir la ausencia de cuestión federal, lo cierto es que ella constituye un supuesto excepcional que no se encuentra configurado en el caso, pues sólo se discuten derechos patrimoniales que no exceden el ámbito de las partes, sin que se advierta la afectación -de modo directo- de intereses comunitarios (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799, v. págs. 9/10 y 12, adjunto cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/05/2024 13:54:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/05/2024 18:46:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 11:24:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 10:53:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/06/2024 12:25:05 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/06/2024 13:08:11 hs. bajo el número RR-344-2024 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia