Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126278
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplidas en término las intimaciones dispuestas por este Tribunal el día 8 de noviembre de 2023 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 126.278 "ALONSO MARCELO DANIEL C/ ASOCIACIÓN TROTE PEHUAJENSE S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)"
I. Con las presentaciones electrónica de fechas 9 y 10 de noviembre de 2023, ténganse por cumplidas en término las intimaciones dispuestas el día 8 de noviembre del mismo año.
II. El apoderado de la parte actora deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que -con remisión al dictamen del señor Procurador General- rechazó el remedio de nulidad por haberse planteado agravios desestimados por el Tribunal en otros casos análogos y repelió el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto ley 13.812; 289 y 298, CPCC; v. resol. 29-IX-2023 y dictamen de 5-IX-2023; trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 18-X-2023 y su archivo adjunto titulado "CARATULA+Y+REF+ALONSO.pdf")
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, por un lado, había denegado la acción de daños y perjuicios promovida por Marcelo Daniel Alonso contra la Asociación Trote Pehuajense, al ponderar probada la eximente prevista en el art. 1.730 del ordenamiento civil y comercial -caso fortuito o fuerza mayor- y, por el otro, había desestimado, el reclamo resarcitorio dirigido contra la citada en garantía SMG LIFE Seguros de Vida S.A., al no encontrar acreditados los extremos necesarios para su progreso (v. sents. de 25-III-2022 y 17-VIII-2022 y aclaratoria de fecha 19-IX-2022).
III.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, debido proceso, legalidad, defensa en juicio, acceso a la justicia, razonabilidad y división de poderes (Preámbulo y arts. 17, 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. págs. 4/5, 11/12 y 15/19, adjunto cit.).
III.2. Sostiene que el fallo en crisis resulta arbitrario, encuadra dentro del supuesto de negación de justicia, no constituye una derivación razonada del derecho aplicable a las circunstancias comprobadas del expediente y debe ser dejado sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, la prueba aportada y de la normativa aplicable, omitió tratar y resolver cuestiones debidamente propuestas y conducentes a la resolución del caso -que ahora reproduce-. En consecuencia, rechazó -dogmáticamente y con exceso ritual- los recursos deducidos, con la consiguiente afectación de los derechos constitucionales mencionados. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 295:834; 342:93; 341:161; 342:65; 344:1142; 343:625; 341:1704, entre otros; v. págs. 11/18, adjunto cit.).
En tal sentido, objeta que se haya descartado el remedio de nulidad deducido. Así, denuncia que este Tribunal soslayó tratar y resolver debidamente los planteos en él esgrimidos -que aquí reedita- relacionados con que no medió decisión sobre la aplicación al caso de la doctrina legal sentada en la causa Ac. 45.645, "Ré, María Inés c/ Jockey Club de Mar del Plata s/ indemnización por daños y perjuicios". Y asevera, que dichos agravios resultaban suficientes para dejar sin efecto el fallo de la Cámara (v. págs. 12/13, adjunto cit.).
Cuestiona, también, el rechazo del recurso de inaplicabilidad de ley, con base en que el mismo había sido insuficientemente fundado. Aduce que esta Corte, desestimó mediante fundamentos aparentes los planteos en él esgrimidos, relacionados con el encuadre legal del caso en el supuesto previsto por el art. 1.730 del Código Civil y Comercial, sin considerar que el accidente ocurrido configuraba una contingencia propia de la actividad riesgosa desarrollada, conforme lo normado por el art. 1.733 inc. "e" del mismo cuerpo legal. Y asevera que dichos agravios no eran meras discrepancias y resultaban aptos para refutar las razones dadas por la instancia anterior en grado y demostrar el absurdo de su sentencia (v. págs. 13/16, adjunto cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 25-X-2023), el mismo fue contestado por el apoderado de la citada en garantía (v. presentaciones de fechas 7 y 9-XI-2023) y por el apoderado de la entidad demandada (v. presentaciones de fechas 6 y 10-XI-2023).
V.1. En lo que refiere a la vía federal intentada, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones referidas a los hechos y la prueba y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el presente, el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por el Tribunal de Alzada, la interpretación del art. 1.730 del Código Civil y Comercial y el rechazo de los recursos de nulidad y de inaplicabilidad de ley, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 310:405; 330:4770; 329:646; 325:1201; 330:133; 329:5424; entre otros).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el recurrente se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto al fallo en crisis -y el de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar los recursos intentados. En efecto, mediante los planteos ensayados sólo insiste el agraviante con cuestionamientos expuestos en los remedios locales que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 11/18, adjunto cit.; págs. 3/8 del trámite "RECURSO EXTRAORDINARIO-INTERPONE" de fecha 19-VIII-2022; resol. de fecha 1-VIII-2023 y dictamen de 5-IX-2023).
V.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (Preámbulo y arts. 17, 18, 19 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. págs. 4/5, 11/12 y 15/19, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; C. 124.505, "Aquino", resol. de 15-III-2022; C. 123.866, "Toncovich Rodriguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.021, "Stradella", resol. de 19-XII-2022 y C. 125.381, "Banco De La Pampa", resol. de 1-VIII-2023, entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplidas en término las intimaciones dispuestas por este Tribunal el día 8 de noviembre de 2023 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/05/2024 19:59:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 10:44:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 13:04:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/07/2024 22:48:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/07/2024 10:05:00 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/07/2024 12:58:21 hs. bajo el número RR-448-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia