Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126969
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48; 3, inc. "d", Ac. 4/2007, CSJN) y 2) rechazar el pedido de sanción en los términos del art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial. Sin costas, atento a la falta de contradicción (art. 68, segundo párrafo, CPCC).
C. 126.969 "SANTOS MARÍA ALEJANDRA Y OTRO/A C/ CONFORT TURISMO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)"
I. La parte demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, con sustento en que no se habían expuesto ni desarrollado agravios basados en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial y que los planteos traídos no eran propios de la vía incoada, declaró mal concedido el remedio local de nulidad y lo reputó inoficioso a los fines regulatorios (arts. 296, CPCC y 30, ley 14.967; v. resol. 24-IV-2024; trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 20-V-2024 y su adjunto identificado como "REF+SANTOS...").
En el caso, en el marco de un proceso por daños y perjuicios por incumplimiento contractual, la Cámara interviniente, por un lado, confirmó -en lo principal- el fallo de primera instancia -y su aclaratoria- que, a su turno, había hecho lugar a la demanda incoada por las señoras María Alejandra y Silvia Noelia Santos contra Confort Turismo S.R.L. y los señores Carlos Hugo Lombardi y Clara María Corradini y condenado a los accionados a abonar a las actoras las sumas que fijó y, por el otro, la modificó en cuanto a los intereses adicionados al concepto de lucro cesante, los cuales dispuso que comenzarán a computarse desde la fecha en que cada período es adeudado (v. sent. de 26-X-2022 y aclaratoria de 12-XII-2022 y sent. de 24-VIII-2023).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio, acceso a la justicia, doble instancia, tutela judicial, razonabilidad y seguridad jurídica (arts. 14, 18, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2, CADH; v. págs. 2, 6/7, 12/15 y 40, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que el fallo en crisis resulta arbitrario y debe ser dejado sin efecto. Ello, por cuanto esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa aplicable, omitió tratar y resolver cuestiones debidamente propuestas y conducentes a la resolución del caso -que ahora reproduce-. En consecuencia, denuncia que -con exceso ritual- se declaró mal concedido el remedio de nulidad, con la consiguiente afectación de los derechos constitucionales mencionados. Y cita -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 219:392; 305:1945; 312:1580; 238:550; 236:27; 240:99; 247:176; 235:548, entre otros).
En tal sentido, denuncia que este Tribunal soslayó tratar y resolver debidamente los planteos en él esgrimidos -que aquí reedita- relacionados con el progreso de la acción de daños y perjuicios, los rubros fijados y su cuantía, la errónea ponderación de la normativa que rige al caso y la prueba aportada, la falta de legitimación de la parte actora y la responsabilidad atribuida a los codemandados. Y asevera, que dichos agravios resultaban suficientes para dejar sin efecto el fallo de la Cámara (v. págs. 8/40, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 24-V-2024), el mismo fue contestado por la parte actora (v. adjunto identificado como "CONTESTAN+REF.pdf" al trámite titulado "CONTESTA TRASLADO RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL" de 7-VI-2024), solicitando la aplicación de una sanción económica al letrado recurrente, en los términos del art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial (v. págs. 24/26, adjunto cit.).
IV.1. En lo que refiere a la vía federal intentada, corresponde recordar que -por un lado- para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48). Y -por el otro- que la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema nacional establece la carga de refutar todos y cada uno de los fundamentos independientes que dan sustento a la resolución apelada (art. 3, inc. "d").
De ahí que las cuestiones de admisibilidad, así como las referidas a las de hecho y prueba y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el presente, el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias efectuado por el Tribunal de Alzada para hacer lugar a la acción de daños y perjuicios y la denegatoria por parte de esta Corte del recurso de nulidad para atacar dicha decisión) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 310:405; 330:4770; 329:646; 325:1201; 330:133; 329:5424; entre otros).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de falta de fundamentación, exceso ritual manifiesto, omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes y apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el recurrente se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto al fallo en crisis -y el de la instancia anterior en grado- alegando que se ha incurrido en un supuesto de exceso ritual. Así, reitera -casi textualmente- los agravios allí expuestos, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 5/28, del trámite "RECURSO EXTRAORDINARIO-INTERPONE" de fecha 10 de septiembre de 2023, págs. 15/40, del adjunto cit. y resol. en crisis cit.).
Y en dicha tarea soslaya rebatir -debidamente- las razones brindadas en la decisión en crisis, que destacan que, si bien se invocó la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, no se desarrollaron agravios sustentados en el contenido normativo de tales preceptos y que los embates traídos se dirigen a atacar el acierto jurídico del fallo objetado, resultando -por tanto- ajenos al mentado carril local incoado (v. resol. objetada, cit.).
En razón de lo expuesto, no habiéndose cumplido con el deber impuesto por el inc. "d" del art. 3 de la citada reglamentación de la Corte nacional, la vía intentada deviene inadmisible (Ac. 4/07, CJSN).
IV.3. En lo que atañe a la alegación del derecho a recurrir, cabe indicar que la garantía de la doble instancia judicial no es, por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio en el proceso civil y comercial (conf. dictamen de la Procuración General, al que se remitió la Corte nacional en la causa C.1796.XXXVIII, "Conductil S.A.C.I.F.I.A. c/ Music House Jujuy S.R.L.", sent. de 20-III-2007, Fallos: 330:1036). Conforme fuera destacado en otros precedentes, la Corte federal ha resuelto que el debido proceso legal no se afecta por la falta de doble instancia en materia civil, salvo cuando las leyes específicamente lo establecen (conf. causa I.81.XXXIII., "Instituto de Vivienda del Ejército c/ Empresa Constructora Indeco S.A. y Crivelli S.R.L. y otro", sent. de 21-XII-1999, Fallos: 322:3241; causa H.45.XXXVII., "Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina", sent. de 11-IV-2006, Fallos: 329:1180; voto de los Dres. Fayt, Lorenzetti y Argibay).
IV.4. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 14, 18, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2, CADH; v. págs. 2, 6/7, 12/15 y 40, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.979, "Sismail", resol. de 23-XII-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; C. 124.505, "Aquino", resol. de 15-III-2022; C. 123.866, "Toncovich Rodriguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.021, "Stradella", resol. de 19-XII-2022; C. 125.311, "Sosa", resol. de 1-VIII-2023, C. 126.125, "Piperino", resol. de 19-II-2024; entre otros).
V. Finalmente corresponde referir que la solicitud de sanciones por temeridad y malicia formulada en el escrito electrónico de fecha 7 de junio de 2024 (v. pto. VI de dicha pieza), no resulta atendible. Ello, en la medida que no se observa -a criterio de esta Corte- la concurrencia de la conducta sancionada por el art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial (causas C. 89.123, "Biancucci", sent. de 5-IV-2006; C. 102.209, "Bonnebouche", sent. de 25-II-2009; C. 119.991, "Frigorífico Mellino SA", resol. de 13-IX-2017; C. 121.419, "Consorcio De Propietarios", resol. de 19-IX-2018; C. 124.645, "Automat", resol. de 12-XI-2021; CSJN Fallos: 318:1506; 322:139; 2090; 325:273).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48; 3, inc. "d", Ac. 4/2007, CSJN) y 2) rechazar el pedido de sanción en los términos del art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial. Sin costas, atento a la falta de contradicción (art. 68, segundo párrafo, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/08/2024 18:22:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2024 13:20:41 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 11:06:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/09/2024 09:06:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2024 09:44:49 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/09/2024 10:56:25 hs. bajo el número RR-655-2024 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia